Quito. 9 mar 2002. La liquidación definitiva de Filanbanco prorrogada en
esta semana por 30 días no finiquitará los laberintos que se armaron en
los días previos al traspaso de esa institución al Estado y que, al
parecer, fueron sostenidos y alimentados cuando la Agencia de Garantía de
Depósitos administró la entidad financiera, por una sencilla razón: se
mantuvieron los funcionarios contratados por los ex accionistas privados.
Al menos eso revela un caso que se tramita en la Segunda Sala de la Corte
Superior de Justicia de Quito.
El juicio colusorio se instauró con una demanda interpuesta por Kurt
Freund, en contra de, entre otros, funcionarios de Filanbanco que
actuaban como representantes de una empresa formada con un capital social
mínimo y con accionistas cuyo destino se desconoce, y quienes, según
documentos que se adjuntan al proceso, habrían actuado como simples
testaferros de empresarios desconocidos.
El proceso colusorio revela nuevos ángulos de cómo se armaban las
empresas de papel vinculadas con las instituciones financieras, que
perjudicaron no solo a los depositantes, sino, colateralmente, a varias
personas. Aquí se narrará cómo se tejió el perjuicio a un conocido
empresario y cómo se ocultaron las personas involucradas.
El principal acusado en el juicio de colusión, que está próximo a obtener
sentencia en la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito,
es Fabián Serrano Pérez quien, mediante su abogado, Bolívar Napoleón
González, se negó a dialogar con BLANCO y NEGRO, alegando que el caso
está en manos de las autoridades judiciales y que es en esa instancia
donde debe resolverse.
El alegato del abogado es que su defendido fue víctima de extorsión por
parte de funcionarios de Filanbanco que incrementaron una deuda hasta
límites impagables.
La otra acusada es Patricia Victoria Montero Lince, que era
vicepresidenta de la Sucursal Mayor de Quito del Filanbanco S.A. Montero
había trabajado en la Corporación Financiera Nacional desde junio de 1978
hasta junio de 1981; después pasó al Banco de América, en donde laboró
hasta octubre de 1984; posteriormente estuvo en Citibank, hasta agosto de
1987; después pasó al Banco Popular, en donde permaneció hasta marzo de
1993. El 1º de febrero ingresó a Filanbanco. Su número telefónico consta
en la guía de este año, pero cuando BLANCO y NEGRO llamó solo se
escuchaba ocupado o timbraba por largo tiempo, sin que se obtuviera
respuesta alguna (se intentó durante tres días). Su anterior abogado,
Fabián Borja Maldonado, dejó de patrocinarla cuando se decidió la
liquidación de la entidad y su relación laboral con la institución
terminó. Lo único que dijo Borja fue que la demanda no tenía ningún
sustento jurídico.
Josy Medina de Mena, otra de las acusadas, fue gerente de Crédito en
Banca Personal de la Sucursal Quito. Antes de llegar a Filanbanco estuvo
en la Inmobiliaria Sur Compañía Limitada; en Davivienda; en Sarco S.A. y
en Afiliados Voluntarios Pichincha.
Estuardo Mesías Mesías, otro acusado, era presidente de la compañía
Balcomax, mientras que Laura Rubio Portilla, la última sindicada, era
gerente de Balcomax, al tiempo que desempeñaba funciones en Filanbanco.
Todos están nombrados en la demanda interpuesta por una supuesta
confabulación, para lograr que un edificio que en un principio pertenecía
a tres socios, terminara en manos de una compañía panameña que tiene un
representante en Ecuador, en un estudio jurídico en Guayaquil.
La historia revela algunos detalles de cómo se administraban los créditos
y las deudas en una institución bancaria que está próxima a ser
liquidada, por empresas consideradas de papel, como en el caso de
Balcomax, y que fueron legalizadas por intermedio de presuntos
testaferros, de cuyo rastro nada se sabe.
Según el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías,
Balcomax fue constituida el 2 de abril de 1996, su expediente es el
73893, y su oficina se encuentra en Guayaquil. El plazo social fenece el
2 de abril de 2046.
La compañía empezó con un capital de 5 millones de sucres, unos $1 567
según la cotización promedio del dólar en ese año. El objeto social que
registra en la Superintendencia de Compañías es la industrialización y
comercialización de productos lácteos, que nada tiene que ver con la
compra y venta de bienes raíces.
Una vez constituida la empresa, los presuntos accionistas de Balcomax
designaron gerente general a Laura Mercedes Rubio Portilla, el 3 de mayo
de 1996, y como primer presidente a Luis Navarrete (que sería reemplazado
por Mesías), según la Superintendencia de Compañías.
Laura Rubio Portilla, para ese entonces, ya era funcionaria de
Filanbanco.
Los datos de afiliación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) revelan que Laura Rubio ingresó a trabajar en la entidad el 27 de
marzo de 1991, en donde laboró hasta el 15 de enero de 1999, cuando el
banco ya era administrado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Los dos accionistas de la empresa: Milton Tigrero Salvatierra y José Luis
Rosales Arciniegas, serían además propietarios de alrededor de 700
empresas que fueron constituidas en la Notaría de Santa Elena, según una
denuncia enviada por Kurt Freund a la Comisión Anticorrupción. Pese a que
la empresa estaba domiciliada en Guayaquil, los dos presuntos empresarios
no aparecen por ninguna parte, ni siquiera constan en la guía telefónica,
y la dirección que consta en los archivos del SRI es la misma de la
oficina jurídica que tiene en Guayaquil el notario de Santa Elena. (JT)
Un paseo por el edificio rematado en apenas 12 millones de sucres
Los acabados de la construcción son de primera calidad. El avalúo de los
peritos superaba el millón de dólares.
El objeto del juicio colusorio es un edificio ubicado en la calle Pradera
N8-28, entre Diego de Almagro y República, al norte de Quito. Según el
informe del perito Manuel Silva, el inmueble motivo de la litis, está en
un lote de terreno de forma regular, de 504 metros cuadrados. Es de
topografía plana.
"El predio dispone de todas las obras de infraestructura y servicios,
tales como calles asfaltadas, veredas de cemento, alcantarillado, agua
potable, energía eléctrica, teléfono, etcétera", dice el perito, en el
informe remitido a los jueces de la Segunda Sala de la Corte Superior de
Justicia de Quito.
En el lote se levantan 14 pisos: dos subsuelos, planta baja, entrepiso y
10 pisos altos, sin divisiones. Sus estructura es de hormigón armado, con
losas de entrepiso y de cubierta, paredes texturizadas, ventanas de
aluminio con vidrios panorámicos de color bronce.
Cada uno de los 10 pisos altos fue construido con las mismas
características: plantas abiertas sin subdivisiones; pisos alisados,
aptos para colocar terminados de alfombra u otro material; paredes
enlucidas; barrederas; tumbados falsos tipo Amstrom, con luminarias que
tienen difusores acrílicos de luz; instalaciones eléctricas y telefónicas
empotradas en las paredes; dos medios baños, con pisos y paredes de
cerámica; dos piezas sanitarias marca Edesa Galaxie, con grifería dorada
y puertas de madera.
La planta baja es un solo local independiente del resto del edificio, con
pisos de mármol, puerta de ingreso de vidrio, ventanales de aluminio con
vidrios panorámicos claros. Esta planta también posee dos medios baños
con pisos de mármol y dos piezas: inodoro de marca Kohler y lavamanos con
pedestal, grifería dorada y varios accesorios. Las puertas son de madera,
paneladas y lacadas. (JT)
Mármol, adoquín, vidrio, bronce, todo abandonado
El entrepiso del edificio se encuentra totalmente alfombrado, en un solo
ambiente, con barrederas de madera lacadas, ventanas de aluminio con
vidrio color bronce. Dispone de un medio baño; gradas con huella y
contrahuella de mármol y pasamano de madera, tipo tablón lacado.
El primer subsuelo, según el informe de los peritos, cuenta con una rampa
de acceso. Tiene una puerta metálica a control remoto, y está dividido en
16 parqueaderos, con un área de circulación. Además, tiene cinco bodegas
y un equipo de bombeo de agua potable compuesto por un tanque
hidroneumático, con tres bombas y tres tableros de control. En el
subsuelo dos existen nueve estacionamientos y cuatro bodegas.
La construcción cuenta con un área de adoquín de piedra abierta a la
calle.
El acceso a los 10 pisos se realiza por el costado oriental, cruzando un
vestíbulo con baldosas tipo mármol, y mediante dos ascensores de marca
Mitsubishi, con capacidad para ocho personas. Cada piso del edificio
tiene un gabinete contraincendios con manguera y llave de control, y un
extintor de polvo químico.
Toda esta edificación pasó a manos de la compañía Balcomax, empresa al
parecer relacionada con Filanbanco, el 16 de mayo de 1996, por 12
millones de sucres, $3 761, calculados a la cotización promedio del dólar
en ese año (3 190 sucres por cada dólar, según el informe estadístico del
Banco Central). (JT)
Las piezas para armar el rompecabezas
Cuando se constituyó la compañía inmobiliaria Praderapark Sociedad Civil
Comercial, el 21 de marzo de 1994, Kurt Freund nunca imaginó que
terminaría perdiendo todo su capital, que le instaurarían juicios y que
lo incluirían en la lista de clientes riesgosos en los bancos.
Una vez constituida la compañía, se adquirió el inmueble ubicado en la
calle Pradera. La primera irregularidad que descubrió Vicente Arteaga,
abogado de Freund, fue la escrituración del bien a favor de Fabián
Serrano Pérez. Todos los trámites se realizaron con escrituras públicas.
Como propietario del inmueble y como gerente general de la compañía
Serrano Pérez Asociados, Fabián Serrano se dirige ante el notario
decimosexto del cantón Quito para vender y dar en completa enajenación el
mismo inmueble a favor de sí mismo, pero ya en calidad de gerente de la
compañía Praderapark. Es vendedor y comprador al mismo tiempo.
Para construir el edificio, Serrano, con la anuencia de Kurt Freund,
recurrió a préstamos en Filanbanco S.A. y Filanbanco Trust & Banking
Corp., donde se constituyó la primera hipoteca abierta a favor de esas
instituciones. Lo que nunca conoció Freund fue la escritura que se
suscribió ante Fernando Polo Elmir, notario vigesimoséptimo del cantón
Quito, el 16 de mayo de 1996. En la misma Notaría se firmaron los
contratos de cancelación de la hipoteca.
"En forma por demás arbitraria e ilegal, sin el consentimiento ni el
conocimiento de la Junta General de Accionistas, el señor Fabián Serrano,
en contubernio con Patricia Montero, Josy Medina, Estuardo Mesías Mesías,
y Laura Rubio Portilla, firman los contratos de cancelación de la
hipoteca", dice Freund.
¿Qué alcances tiene la firma de esa escritura? El documento contiene los
contratos en los cuales Patricia Montero Lince y Josy Medina de Mena,
como funcionarias de Filanbanco y a nombre de Filanbanco Trust & Banking
Corp. cancelan la hipoteca abierta que pesaba sobre el edificio. ¿Con qué
fines?
Lo que sorprende a Freund es que luego de levantada la hipoteca abierta y
la prohibición de enajenar el bien, Serrano, en calidad de gerente de
Praderapark, vende el edificio a favor de la compañía Balcomax por 12
millones de sucres. "Mi cliente fue extorsionado por los funcionarios de
Filanbanco que lo obligaron a entregarle todos los documentos", asegura
ahora su abogado, Bolívar Napoléon González. Pero, el acusado se negó a
dialogar con BLANCO y NEGRO. (JT)
Los actos pugnan con la más elemental lógica
Balcomax adquiere Praderapark en Quito, el mismo día que se inscribe en
el Registro Mercantil en Guayaquil.
Fue un proceso vertiginoso el que ocurrió el 16 de mayo de 1996, según el
alegato del abogado acusador, Vicente Arteaga: ese día se inscribieron en
Guayaquil los nombramientos del presidente y gerente general de Balcomax.
Ese mismo día, Patricia Montero Lince y Josy Medina de Mena, en
representación de Filanbanco y Filanbanco Trust & Banking Corp. cancelan
la hipoteca abierta y la prohibición para enajenar el bien que firmó
Praderapark para levantar el edificio y, acto seguido el gerente general
de Praderapark, Fabián Serrano Pérez (sin el conocimiento de los socios,
según Kurt Freund) decide vender el edificio a Balcomax, una compañía
representada por dos funcionarios de Filanbanco, que habrían pagado de
contado los 12 millones de sucres ante el notario vigesimoséptimo del
cantón Quito, Fernando Polo Elmir.
El mismo procedimiento se utilizó para la posterior venta del edifico a
Balcomax a favor de Sault Investment Inc., según consta en la cancelación
parcial de la hipoteca que otorga Filanbanco (ya en poder de la Agencia
de Garantía de Depósitos) a favor de Balcomax, el 22 de febrero de 2000,
y la posterior compraventa que otorga Balcomax a favor de la compañía
Sault Investment Inc., por $306 250 000, que habrían cancelado con
certificados de depósitos reprogramables, de acuerdo con el representante
de la empresa panameña en Ecuador, Carlos Ramos Andrade.
Paralelo a este rápido proceso de traspasos del Praderapark, Filanbanco y
Filanbanco Trust & Banking Corp. instauraron procesos civiles por
incumplimiento de deudas en contra de Kurt Freund.
"Todos estos hechos constituyen actos contradictorios que pugnan con la
más elemental lógica, puesto que al existir dichas deudas no se explica
cómo las instituciones financieras cancelan las hipotecas existentes
sobre el bien inmueble materia de las negociaciones; y lo que es más
grave, que permitan, faciliten y coadyuven a la transferencia del dominio
del terreno y del edificio", dice el dictamen fiscal de Jorge German,
quien acepta la demanda colusoria y declara nulos todos los contratos que
llama fraudulentos; German dispone, además, el pago por daños y
perjuicios (lucro cesante y daño emergente) a Kurt Freund. Solicitó la
máxima pena estipulada para estos casos en contra de todos los
sindicados. (JT)
- Los CDR sirven para comprar
La inmobiliaria Sault Invesment Inc. fue constituida a inicios de 2000,
después de adquirir el inmueble Praderapark. Tiene domicilio en Panamá, y
pertenece a inversionistas que tenían dinero congelado en Filanbanco y
que en lugar de vender el papel con descuento en el mercado financiero
compraron bienes con certificados de depósitos.
Carlos Ramos Andrade, representante legal de la compañía panameña,
aseguró que "los accionistas de Sault Invesment Inc. compraron el
edificio pagando con certificados de depósitos. Filanbanco transfirió el
dominio del inmueble a comienzos de junio del 2000", aseguró Ramos, quien
argumenta que la empresa posee un bien que originalmente pertenecía a un
deudor de Filanbanco (Balcomax), el cual no pudo pagar. "Hasta la fecha
tratamos de venderlo o alquilarlo", dijo.
Los nuevos propietarios intentaron, sin éxito, vender el edificio a la
Policía, compañías petroleras y a la Superintendencia de
Telecomunicaciones en una subasta pública el año anterior. (CHM)
- ¿Son puras coincidencias?
¿Dónde está Balcomax? En los archivos del Servicio de Rentas Internas
(SRI), con información actualizada hasta el 2 de enero de 2002, Balcomax
no tiene un nombre comercial específico; la actividad económica que
registra es "la explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas:
explotación de criaderos de camarones, reproducción y cría de peces,
explotación de criaderos de larvas de camarones, ostras, embriones de
mejillones y otros moluscos".
Ahora, las coincidencias extrañas. La dirección de Balcomax que se
registra en la base de datos del SRI es la calle Los Ríos Nº 811 y
avenida Nueve de Octubre, en el centro de Guayaquil.
El hecho en sí no tendría importancia si no fuera porque en esa dirección
no hay ninguna oficina de Balcomax, sino el despacho del notario del
cantón de Santa Elena, en donde se realizó la protocolización de
constitución de más de 700 compañías, incluida Balcomax. La representante
legal de esta empresa, según los archivos del SRI, sigue siendo Laura
Rubio Portillo. (JT)
El arte del notario para desaparecer de sus oficinas
Pese a que BLANCO Y NEGRO intentó obtener por seis ocasiones una
entrevista con el notario primero del cantón Santa Elena, provincia del
Guayas, abogado José Zambrano Salmón (quien desde 1992 ocupa el cargo y
habría constituido alrededor de 700 compañías), no obtuvo respuesta.
Se conoció que Zambrano distribuye su tiempo entre su cómoda oficina,
ubicada en la calle Los Ríos 811 y avenida Nueve de Octubre, en el centro
de Guayaquil, y la notaría.
El martes anterior, a las 11:00, una secretaria de su estudio jurídico,
en Guayaquil, informó que había salido a agilizar unos trámites
pendientes.
"Cuando llegue le daré su mensaje", dijo. Por la tarde, la secretaria
dijo que "quizá regresaba a las 17:30".
Al día siguiente, a las 09:00, una de sus tres asistentes de la Notaría
Primera de Santa Elena dijo que el abogado "tenía previsto realizar
algunas diligencias en Salinas y que tal vez llegaba al medio día".
Finalmente, dijeron que posiblemente regresaría por la tarde. "Dimos el
mensaje al abogado, pero está muy ocupado", dijo la sexta vez una de las
tres asistentes con las que desarrolla sus actividades. ¿Evasivas o arduo
trabajo? (CHM)
ANALISIS
¿El edificio más barato del mundo?
El enredo es de tal magnitud, que se requiere de extremo cuidado, y de
conocimientos legales para descifrar el entramado mediante el cual los
bancos, incluso en manos de la estatal AGD, castigaron a clientes de la
banca nacional y los despojaron no solo de sus ahorros sino de sus
bienes.
El caso que denuncia hoy BLANCO y NEGRO, y que se refiere a un perjuicio
del que fue víctima el empresario Kurt Freund, evidencia una nueva forma
de atraco que se hizo desde la banca con la complicidad de notarios,
quienes se apresuraron a constituir una empresa con apenas unos cuantos
dólares de capital, cuya intencionalidad no tiene otro nombre sino el de
hacerse de bienes que no les correspondían.
Eso aquí y en todas partes se llama robar, aunque para ello se hayan
utilizado argucias legales, que tienen otras denominaciones.
En el caso en mención, sencillamente el empresario terminó perdiendo todo
su dinero de la inmobiliaria que constituyó en 1994, y para cuya
expansión había pedido un crédito a Filanbanco.
Ocho años después de un trajín por oficinas de abogados y de entregar
miles de documentos, Kurt Freund no solo es deudor del banco, sino que
consta en el listado de los clientes riesgosos de las instituciones
financieras, que constituye en sí mismo otra forma de atentar contra las
personas naturales.
La historia de la enajenación de un edificio de 14 pisos, que quedó en
manos de una empresa de papel, es digna de una novela de misterio, pero
sobre todo es un caso de corrupción.
En un abrir y cerrar de ojos, y en un solo día, funcionarios de
Filanbanco le quitaron la propiedad a Freund y la trasladaron a terceras
personas.
Hoy, una compañía panameña aparece como propietaria de un edificio de 14
pisos en una de las zonas más desarrolladas de Quito.
En este negociado, que con certeza no debe ser el único, ya que cientos
de clientes de la banca han denunciado haber sido extorsionados, se
terminó vendiendo el edificio en apenas $3 761 a una empresa que parece
ser de papel. O sea que cada piso de una construcción con acabados de
primera valía apenas $268; seguramente el edificio más barato del mundo.
¿A quién corresponde juzgar y castigar estos ilícitos?
Lamentablemente la legislación ecuatoriana, en especial aquella que tiene
que ver con el funcionamiento de la AGD, no tiene nada claro en cuanto a
una fiscalización, pero indudablemente le corresponde a la Función
Judicial sentenciar, ya que el caso está en uno de los juzgados de Quito.
La acción de la justicia es la última esperanza para los perjudicados por
este y otros casos vinculados con la corrupción bancaria, ya que su
obligación es justamente administrar justicia.
Asimismo, es de absoluta responsabilidad de sus autoridades, así como del
Consejo Nacional de la Judicatura, vigilar el trabajo de los notarios,
quienes no pueden, como en este caso, crear empresas de papel. (TFF)
(Diario Hoy) (Blanco y Negro)
esta semana por 30 días no finiquitará los laberintos que se armaron en
los días previos al traspaso de esa institución al Estado y que, al
parecer, fueron sostenidos y alimentados cuando la Agencia de Garantía de
Depósitos administró la entidad financiera, por una sencilla razón: se
mantuvieron los funcionarios contratados por los ex accionistas privados.
Al menos eso revela un caso que se tramita en la Segunda Sala de la Corte
Superior de Justicia de Quito.
El juicio colusorio se instauró con una demanda interpuesta por Kurt
Freund, en contra de, entre otros, funcionarios de Filanbanco que
actuaban como representantes de una empresa formada con un capital social
mínimo y con accionistas cuyo destino se desconoce, y quienes, según
documentos que se adjuntan al proceso, habrían actuado como simples
testaferros de empresarios desconocidos.
El proceso colusorio revela nuevos ángulos de cómo se armaban las
empresas de papel vinculadas con las instituciones financieras, que
perjudicaron no solo a los depositantes, sino, colateralmente, a varias
personas. Aquí se narrará cómo se tejió el perjuicio a un conocido
empresario y cómo se ocultaron las personas involucradas.
El principal acusado en el juicio de colusión, que está próximo a obtener
sentencia en la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito,
es Fabián Serrano Pérez quien, mediante su abogado, Bolívar Napoleón
González, se negó a dialogar con BLANCO y NEGRO, alegando que el caso
está en manos de las autoridades judiciales y que es en esa instancia
donde debe resolverse.
El alegato del abogado es que su defendido fue víctima de extorsión por
parte de funcionarios de Filanbanco que incrementaron una deuda hasta
límites impagables.
La otra acusada es Patricia Victoria Montero Lince, que era
vicepresidenta de la Sucursal Mayor de Quito del Filanbanco S.A. Montero
había trabajado en la Corporación Financiera Nacional desde junio de 1978
hasta junio de 1981; después pasó al Banco de América, en donde laboró
hasta octubre de 1984; posteriormente estuvo en Citibank, hasta agosto de
1987; después pasó al Banco Popular, en donde permaneció hasta marzo de
1993. El 1º de febrero ingresó a Filanbanco. Su número telefónico consta
en la guía de este año, pero cuando BLANCO y NEGRO llamó solo se
escuchaba ocupado o timbraba por largo tiempo, sin que se obtuviera
respuesta alguna (se intentó durante tres días). Su anterior abogado,
Fabián Borja Maldonado, dejó de patrocinarla cuando se decidió la
liquidación de la entidad y su relación laboral con la institución
terminó. Lo único que dijo Borja fue que la demanda no tenía ningún
sustento jurídico.
Josy Medina de Mena, otra de las acusadas, fue gerente de Crédito en
Banca Personal de la Sucursal Quito. Antes de llegar a Filanbanco estuvo
en la Inmobiliaria Sur Compañía Limitada; en Davivienda; en Sarco S.A. y
en Afiliados Voluntarios Pichincha.
Estuardo Mesías Mesías, otro acusado, era presidente de la compañía
Balcomax, mientras que Laura Rubio Portilla, la última sindicada, era
gerente de Balcomax, al tiempo que desempeñaba funciones en Filanbanco.
Todos están nombrados en la demanda interpuesta por una supuesta
confabulación, para lograr que un edificio que en un principio pertenecía
a tres socios, terminara en manos de una compañía panameña que tiene un
representante en Ecuador, en un estudio jurídico en Guayaquil.
La historia revela algunos detalles de cómo se administraban los créditos
y las deudas en una institución bancaria que está próxima a ser
liquidada, por empresas consideradas de papel, como en el caso de
Balcomax, y que fueron legalizadas por intermedio de presuntos
testaferros, de cuyo rastro nada se sabe.
Según el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías,
Balcomax fue constituida el 2 de abril de 1996, su expediente es el
73893, y su oficina se encuentra en Guayaquil. El plazo social fenece el
2 de abril de 2046.
La compañía empezó con un capital de 5 millones de sucres, unos $1 567
según la cotización promedio del dólar en ese año. El objeto social que
registra en la Superintendencia de Compañías es la industrialización y
comercialización de productos lácteos, que nada tiene que ver con la
compra y venta de bienes raíces.
Una vez constituida la empresa, los presuntos accionistas de Balcomax
designaron gerente general a Laura Mercedes Rubio Portilla, el 3 de mayo
de 1996, y como primer presidente a Luis Navarrete (que sería reemplazado
por Mesías), según la Superintendencia de Compañías.
Laura Rubio Portilla, para ese entonces, ya era funcionaria de
Filanbanco.
Los datos de afiliación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) revelan que Laura Rubio ingresó a trabajar en la entidad el 27 de
marzo de 1991, en donde laboró hasta el 15 de enero de 1999, cuando el
banco ya era administrado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Los dos accionistas de la empresa: Milton Tigrero Salvatierra y José Luis
Rosales Arciniegas, serían además propietarios de alrededor de 700
empresas que fueron constituidas en la Notaría de Santa Elena, según una
denuncia enviada por Kurt Freund a la Comisión Anticorrupción. Pese a que
la empresa estaba domiciliada en Guayaquil, los dos presuntos empresarios
no aparecen por ninguna parte, ni siquiera constan en la guía telefónica,
y la dirección que consta en los archivos del SRI es la misma de la
oficina jurídica que tiene en Guayaquil el notario de Santa Elena. (JT)
Un paseo por el edificio rematado en apenas 12 millones de sucres
Los acabados de la construcción son de primera calidad. El avalúo de los
peritos superaba el millón de dólares.
El objeto del juicio colusorio es un edificio ubicado en la calle Pradera
N8-28, entre Diego de Almagro y República, al norte de Quito. Según el
informe del perito Manuel Silva, el inmueble motivo de la litis, está en
un lote de terreno de forma regular, de 504 metros cuadrados. Es de
topografía plana.
"El predio dispone de todas las obras de infraestructura y servicios,
tales como calles asfaltadas, veredas de cemento, alcantarillado, agua
potable, energía eléctrica, teléfono, etcétera", dice el perito, en el
informe remitido a los jueces de la Segunda Sala de la Corte Superior de
Justicia de Quito.
En el lote se levantan 14 pisos: dos subsuelos, planta baja, entrepiso y
10 pisos altos, sin divisiones. Sus estructura es de hormigón armado, con
losas de entrepiso y de cubierta, paredes texturizadas, ventanas de
aluminio con vidrios panorámicos de color bronce.
Cada uno de los 10 pisos altos fue construido con las mismas
características: plantas abiertas sin subdivisiones; pisos alisados,
aptos para colocar terminados de alfombra u otro material; paredes
enlucidas; barrederas; tumbados falsos tipo Amstrom, con luminarias que
tienen difusores acrílicos de luz; instalaciones eléctricas y telefónicas
empotradas en las paredes; dos medios baños, con pisos y paredes de
cerámica; dos piezas sanitarias marca Edesa Galaxie, con grifería dorada
y puertas de madera.
La planta baja es un solo local independiente del resto del edificio, con
pisos de mármol, puerta de ingreso de vidrio, ventanales de aluminio con
vidrios panorámicos claros. Esta planta también posee dos medios baños
con pisos de mármol y dos piezas: inodoro de marca Kohler y lavamanos con
pedestal, grifería dorada y varios accesorios. Las puertas son de madera,
paneladas y lacadas. (JT)
Mármol, adoquín, vidrio, bronce, todo abandonado
El entrepiso del edificio se encuentra totalmente alfombrado, en un solo
ambiente, con barrederas de madera lacadas, ventanas de aluminio con
vidrio color bronce. Dispone de un medio baño; gradas con huella y
contrahuella de mármol y pasamano de madera, tipo tablón lacado.
El primer subsuelo, según el informe de los peritos, cuenta con una rampa
de acceso. Tiene una puerta metálica a control remoto, y está dividido en
16 parqueaderos, con un área de circulación. Además, tiene cinco bodegas
y un equipo de bombeo de agua potable compuesto por un tanque
hidroneumático, con tres bombas y tres tableros de control. En el
subsuelo dos existen nueve estacionamientos y cuatro bodegas.
La construcción cuenta con un área de adoquín de piedra abierta a la
calle.
El acceso a los 10 pisos se realiza por el costado oriental, cruzando un
vestíbulo con baldosas tipo mármol, y mediante dos ascensores de marca
Mitsubishi, con capacidad para ocho personas. Cada piso del edificio
tiene un gabinete contraincendios con manguera y llave de control, y un
extintor de polvo químico.
Toda esta edificación pasó a manos de la compañía Balcomax, empresa al
parecer relacionada con Filanbanco, el 16 de mayo de 1996, por 12
millones de sucres, $3 761, calculados a la cotización promedio del dólar
en ese año (3 190 sucres por cada dólar, según el informe estadístico del
Banco Central). (JT)
Las piezas para armar el rompecabezas
Cuando se constituyó la compañía inmobiliaria Praderapark Sociedad Civil
Comercial, el 21 de marzo de 1994, Kurt Freund nunca imaginó que
terminaría perdiendo todo su capital, que le instaurarían juicios y que
lo incluirían en la lista de clientes riesgosos en los bancos.
Una vez constituida la compañía, se adquirió el inmueble ubicado en la
calle Pradera. La primera irregularidad que descubrió Vicente Arteaga,
abogado de Freund, fue la escrituración del bien a favor de Fabián
Serrano Pérez. Todos los trámites se realizaron con escrituras públicas.
Como propietario del inmueble y como gerente general de la compañía
Serrano Pérez Asociados, Fabián Serrano se dirige ante el notario
decimosexto del cantón Quito para vender y dar en completa enajenación el
mismo inmueble a favor de sí mismo, pero ya en calidad de gerente de la
compañía Praderapark. Es vendedor y comprador al mismo tiempo.
Para construir el edificio, Serrano, con la anuencia de Kurt Freund,
recurrió a préstamos en Filanbanco S.A. y Filanbanco Trust & Banking
Corp., donde se constituyó la primera hipoteca abierta a favor de esas
instituciones. Lo que nunca conoció Freund fue la escritura que se
suscribió ante Fernando Polo Elmir, notario vigesimoséptimo del cantón
Quito, el 16 de mayo de 1996. En la misma Notaría se firmaron los
contratos de cancelación de la hipoteca.
"En forma por demás arbitraria e ilegal, sin el consentimiento ni el
conocimiento de la Junta General de Accionistas, el señor Fabián Serrano,
en contubernio con Patricia Montero, Josy Medina, Estuardo Mesías Mesías,
y Laura Rubio Portilla, firman los contratos de cancelación de la
hipoteca", dice Freund.
¿Qué alcances tiene la firma de esa escritura? El documento contiene los
contratos en los cuales Patricia Montero Lince y Josy Medina de Mena,
como funcionarias de Filanbanco y a nombre de Filanbanco Trust & Banking
Corp. cancelan la hipoteca abierta que pesaba sobre el edificio. ¿Con qué
fines?
Lo que sorprende a Freund es que luego de levantada la hipoteca abierta y
la prohibición de enajenar el bien, Serrano, en calidad de gerente de
Praderapark, vende el edificio a favor de la compañía Balcomax por 12
millones de sucres. "Mi cliente fue extorsionado por los funcionarios de
Filanbanco que lo obligaron a entregarle todos los documentos", asegura
ahora su abogado, Bolívar Napoléon González. Pero, el acusado se negó a
dialogar con BLANCO y NEGRO. (JT)
Los actos pugnan con la más elemental lógica
Balcomax adquiere Praderapark en Quito, el mismo día que se inscribe en
el Registro Mercantil en Guayaquil.
Fue un proceso vertiginoso el que ocurrió el 16 de mayo de 1996, según el
alegato del abogado acusador, Vicente Arteaga: ese día se inscribieron en
Guayaquil los nombramientos del presidente y gerente general de Balcomax.
Ese mismo día, Patricia Montero Lince y Josy Medina de Mena, en
representación de Filanbanco y Filanbanco Trust & Banking Corp. cancelan
la hipoteca abierta y la prohibición para enajenar el bien que firmó
Praderapark para levantar el edificio y, acto seguido el gerente general
de Praderapark, Fabián Serrano Pérez (sin el conocimiento de los socios,
según Kurt Freund) decide vender el edificio a Balcomax, una compañía
representada por dos funcionarios de Filanbanco, que habrían pagado de
contado los 12 millones de sucres ante el notario vigesimoséptimo del
cantón Quito, Fernando Polo Elmir.
El mismo procedimiento se utilizó para la posterior venta del edifico a
Balcomax a favor de Sault Investment Inc., según consta en la cancelación
parcial de la hipoteca que otorga Filanbanco (ya en poder de la Agencia
de Garantía de Depósitos) a favor de Balcomax, el 22 de febrero de 2000,
y la posterior compraventa que otorga Balcomax a favor de la compañía
Sault Investment Inc., por $306 250 000, que habrían cancelado con
certificados de depósitos reprogramables, de acuerdo con el representante
de la empresa panameña en Ecuador, Carlos Ramos Andrade.
Paralelo a este rápido proceso de traspasos del Praderapark, Filanbanco y
Filanbanco Trust & Banking Corp. instauraron procesos civiles por
incumplimiento de deudas en contra de Kurt Freund.
"Todos estos hechos constituyen actos contradictorios que pugnan con la
más elemental lógica, puesto que al existir dichas deudas no se explica
cómo las instituciones financieras cancelan las hipotecas existentes
sobre el bien inmueble materia de las negociaciones; y lo que es más
grave, que permitan, faciliten y coadyuven a la transferencia del dominio
del terreno y del edificio", dice el dictamen fiscal de Jorge German,
quien acepta la demanda colusoria y declara nulos todos los contratos que
llama fraudulentos; German dispone, además, el pago por daños y
perjuicios (lucro cesante y daño emergente) a Kurt Freund. Solicitó la
máxima pena estipulada para estos casos en contra de todos los
sindicados. (JT)
- Los CDR sirven para comprar
La inmobiliaria Sault Invesment Inc. fue constituida a inicios de 2000,
después de adquirir el inmueble Praderapark. Tiene domicilio en Panamá, y
pertenece a inversionistas que tenían dinero congelado en Filanbanco y
que en lugar de vender el papel con descuento en el mercado financiero
compraron bienes con certificados de depósitos.
Carlos Ramos Andrade, representante legal de la compañía panameña,
aseguró que "los accionistas de Sault Invesment Inc. compraron el
edificio pagando con certificados de depósitos. Filanbanco transfirió el
dominio del inmueble a comienzos de junio del 2000", aseguró Ramos, quien
argumenta que la empresa posee un bien que originalmente pertenecía a un
deudor de Filanbanco (Balcomax), el cual no pudo pagar. "Hasta la fecha
tratamos de venderlo o alquilarlo", dijo.
Los nuevos propietarios intentaron, sin éxito, vender el edificio a la
Policía, compañías petroleras y a la Superintendencia de
Telecomunicaciones en una subasta pública el año anterior. (CHM)
- ¿Son puras coincidencias?
¿Dónde está Balcomax? En los archivos del Servicio de Rentas Internas
(SRI), con información actualizada hasta el 2 de enero de 2002, Balcomax
no tiene un nombre comercial específico; la actividad económica que
registra es "la explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas:
explotación de criaderos de camarones, reproducción y cría de peces,
explotación de criaderos de larvas de camarones, ostras, embriones de
mejillones y otros moluscos".
Ahora, las coincidencias extrañas. La dirección de Balcomax que se
registra en la base de datos del SRI es la calle Los Ríos Nº 811 y
avenida Nueve de Octubre, en el centro de Guayaquil.
El hecho en sí no tendría importancia si no fuera porque en esa dirección
no hay ninguna oficina de Balcomax, sino el despacho del notario del
cantón de Santa Elena, en donde se realizó la protocolización de
constitución de más de 700 compañías, incluida Balcomax. La representante
legal de esta empresa, según los archivos del SRI, sigue siendo Laura
Rubio Portillo. (JT)
El arte del notario para desaparecer de sus oficinas
Pese a que BLANCO Y NEGRO intentó obtener por seis ocasiones una
entrevista con el notario primero del cantón Santa Elena, provincia del
Guayas, abogado José Zambrano Salmón (quien desde 1992 ocupa el cargo y
habría constituido alrededor de 700 compañías), no obtuvo respuesta.
Se conoció que Zambrano distribuye su tiempo entre su cómoda oficina,
ubicada en la calle Los Ríos 811 y avenida Nueve de Octubre, en el centro
de Guayaquil, y la notaría.
El martes anterior, a las 11:00, una secretaria de su estudio jurídico,
en Guayaquil, informó que había salido a agilizar unos trámites
pendientes.
"Cuando llegue le daré su mensaje", dijo. Por la tarde, la secretaria
dijo que "quizá regresaba a las 17:30".
Al día siguiente, a las 09:00, una de sus tres asistentes de la Notaría
Primera de Santa Elena dijo que el abogado "tenía previsto realizar
algunas diligencias en Salinas y que tal vez llegaba al medio día".
Finalmente, dijeron que posiblemente regresaría por la tarde. "Dimos el
mensaje al abogado, pero está muy ocupado", dijo la sexta vez una de las
tres asistentes con las que desarrolla sus actividades. ¿Evasivas o arduo
trabajo? (CHM)
ANALISIS
¿El edificio más barato del mundo?
El enredo es de tal magnitud, que se requiere de extremo cuidado, y de
conocimientos legales para descifrar el entramado mediante el cual los
bancos, incluso en manos de la estatal AGD, castigaron a clientes de la
banca nacional y los despojaron no solo de sus ahorros sino de sus
bienes.
El caso que denuncia hoy BLANCO y NEGRO, y que se refiere a un perjuicio
del que fue víctima el empresario Kurt Freund, evidencia una nueva forma
de atraco que se hizo desde la banca con la complicidad de notarios,
quienes se apresuraron a constituir una empresa con apenas unos cuantos
dólares de capital, cuya intencionalidad no tiene otro nombre sino el de
hacerse de bienes que no les correspondían.
Eso aquí y en todas partes se llama robar, aunque para ello se hayan
utilizado argucias legales, que tienen otras denominaciones.
En el caso en mención, sencillamente el empresario terminó perdiendo todo
su dinero de la inmobiliaria que constituyó en 1994, y para cuya
expansión había pedido un crédito a Filanbanco.
Ocho años después de un trajín por oficinas de abogados y de entregar
miles de documentos, Kurt Freund no solo es deudor del banco, sino que
consta en el listado de los clientes riesgosos de las instituciones
financieras, que constituye en sí mismo otra forma de atentar contra las
personas naturales.
La historia de la enajenación de un edificio de 14 pisos, que quedó en
manos de una empresa de papel, es digna de una novela de misterio, pero
sobre todo es un caso de corrupción.
En un abrir y cerrar de ojos, y en un solo día, funcionarios de
Filanbanco le quitaron la propiedad a Freund y la trasladaron a terceras
personas.
Hoy, una compañía panameña aparece como propietaria de un edificio de 14
pisos en una de las zonas más desarrolladas de Quito.
En este negociado, que con certeza no debe ser el único, ya que cientos
de clientes de la banca han denunciado haber sido extorsionados, se
terminó vendiendo el edificio en apenas $3 761 a una empresa que parece
ser de papel. O sea que cada piso de una construcción con acabados de
primera valía apenas $268; seguramente el edificio más barato del mundo.
¿A quién corresponde juzgar y castigar estos ilícitos?
Lamentablemente la legislación ecuatoriana, en especial aquella que tiene
que ver con el funcionamiento de la AGD, no tiene nada claro en cuanto a
una fiscalización, pero indudablemente le corresponde a la Función
Judicial sentenciar, ya que el caso está en uno de los juzgados de Quito.
La acción de la justicia es la última esperanza para los perjudicados por
este y otros casos vinculados con la corrupción bancaria, ya que su
obligación es justamente administrar justicia.
Asimismo, es de absoluta responsabilidad de sus autoridades, así como del
Consejo Nacional de la Judicatura, vigilar el trabajo de los notarios,
quienes no pueden, como en este caso, crear empresas de papel. (TFF)
(Diario Hoy) (Blanco y Negro)
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