La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) inició ayer las incautaciones de los bienes de los deudores de la banca cerrada que, hasta el 15 de junio, no presentaron propuestas de reestructuración de pago.
El proceso comenzó simultáneamente a las 08:00 en Quito y Guayaquil. El cronograma incluía 25 empresas en la capital y 16 en el puerto. La primera firma en ser incautada fue Tripetrol del ex propietario del Banco de Préstamos, Alejandro Peñafiel.
Las oficinas están en el edificio Torre Azul (av. República de El Salvador N34-1). Allí la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, como jueza de Coactivas, comenzó los operativos con el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía.
También acudieron: el abogado de coactivas de la AGD, Bolívar González; el representante del Directorio de la Agencia, Fernando Buendía; el secretario de Planificación de la Presidencia de la República, Augusto Barrera y delegados de las organizaciones indígenas afines a Pachakutik.
En ese edificio se designó como incautador a Rafael Razo y se dispuso que todas las oficinas en los 11 pisos queden incautadas hasta que demuestren "con documentos", que no tienen ninguna relación con Peñafiel.
Hubo malestar. Por ejemplo, María Leonor Machado de Thomson PLN, piso nueve, se quejó de que "han llegado sin ninguna orden judicial".
Razo explicó que no hay ningún allanamiento, sino que "se les ha comunicado que se ha incautado el edificio".
En Tripetrol, las autoridades constataron que los empleados habían abandonado el lugar antes del arribo de Salgado (08:15). Las computadoras estaban encendidas y cuatro vehículos Grand Blazer salieron del segundo subsuelo antes de que se ejecute la medida.
Tres horas después acudieron a la Gerencia de la AGD las hermanas de Peñafiel, María Fernanda y Paulina. La reunión no duró más de 20 minutos y la primera dijo que se seguirá buscando un acuerdo.
Salgado explicó que ellas presentaron el viernes documentos para garantizar el pago de la deuda, pero "tras revisarlos, se constató que eran falsos".
La segunda empresa en ser incautada ayer fue Autosueco del Ecuador (av. 10 de Agosto e Isaac Albéniz). Esteban Ortiz fue incautador. Las autoridades no hallaron vehículos y constataron que el taller de reparaciones estaba vacío. Hasta el domingo estuvo un bus Volvo blanco, dijeron testigos.
Salgado fue recibida por Alejandro Franco, en representación del apoderado de la empresa Rubén Rodríguez. Él dijo que desde hace cinco años "habían entregado solicitudes para buscar un acuerdo, pero nadie les había atendido".
Según el crnl. Eddy Ortiz, coordinador del operativo, ayer en la mañana se procedió de la misma manera con 23 empresas y bienes en la capital.
La medida irá hasta que los deudores paguen. Si no, después de 15 días se valorarán los bienes para su venta, que pudiera aplicarse por subasta o comercialización directa.
3 bienes incautados en Guayaquil
Los patrulleros de la Policía Nacional salieron presurosos a las 08:30 del patio del Cuartel Modelo de Guayaquil, para iniciar los operativos de incautación de bienes que impulsa desde ayer la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
La consigna era intervenir 18 bienes inmuebles, pero solo en tres pudieron ingresar junto a personal de la Agencia. Las FF.AA. no se sumaron a la movilización. Solo participaron alrededor de 50 policías.
Hubo contratiempos. En compañías como Industria Pesquera Jambelí, cuyas oficinas administrativas están en 5 de Junio 501 y Colombia, al sur, nada se encontró. Solo Germán Haro, del Departamento de Recursos Humanos, apareció para decir que laboraron normalmente hasta el viernes.
A una cuadra del lugar, otro equipo solicitaba vía radio que les instruyan si la dirección donde estaban pertenecía a Icomar, otra empresa del grupo Jambelí. Allí solo daban con el edificio de La Portuguesa.
La mayor dificultad ocurrió en los exteriores de Gelati Cía, fábrica de helados Il Gelato, cuyo representante legal es Aldo Faidutti y está en Durán. La familia del funcionario en pleno, incluyendo al ex contralor Juan Carlos Faidutti, impidió el ingreso de la Policía y reclamó con documentos en mano, que la acción era injusta.
Según papeles notarizados que mostraron, la firma reestructuró nueve millones de dólares en enero del 2003, con la AGD y la Corporación Financiera Nacional (CFN), a un plazo de diez años. "La primera amortización vence recién en julio próximo", indicó uno de los parientes. Sin embargo, la entidad se basa en que el monto de la deuda de Gelati suma 17 millones de dólares y analiza incautarla esta semana.
En la vivienda de Juan José Pons, en Entre Ríos, se colocó un sello declarando que nadie puede entrar o salir de la casa. Allí solo estaban dos empleadas domésticas que fueron desalojadas. Otras empresas incautadas fueron Sontalsa, en el centro, y Faproban, en La Garzota. A pocos pasos de la misma estaba Costa Fumigación, totalmente cerrada. Un abogado de esa compañía dijo que las deudas están pagadas.
Gutiérrez demanda el respaldo a su Régimen
El presidente Lucio Gutiérrez ratificó, anoche, en cadena nacional de Radio y TV, el apoyo incondicional de su Gobierno a la tarea de la AGD de cobrar a los deudores.
Pero advirtió que esa decisión "ha sido, quizá, el detonante que ha desatado oscuras fuerzas conspirativas".
También defendió el compromiso que el Régimen adquirió con la UNE, la semana anterior, para atender las necesidades del Magisterio y de la educación nacional. Y dijo que eso no es debilidad, porque cree que los maestros merecen mejores salarios.
En cambio, enfatizó, mantendrá firmeza con un sector (dirigentes sindicales petroleros), "que no solo es privilegiado en sus salarios, sino que apunta peligrosamente a acciones de lesa patria con sabotajes terroristas, que afectan la integridad y el patrimonio nacional".
Por eso, dijo, el Gobierno los sancionará de acuerdo con la Constitución y la Ley. Para lo cual se ha iniciado el trámite de visto bueno en contra de esos dirigentes.
También se refirió implícitamente a las críticas del movimiento Pachakutik. "Mi Gobierno ha buscado en las alianzas, fortalezas. Una alianza significa que sus integrantes deben actuar concertadamente hasta alcanzar los objetivos propuestos. El arte de gobernar no es imponer criterios..."
Asimismo, insistió en su decisión de moralizar las Aduanas con el apoyo de las FF.AA.. Así como conseguir las extradiciones, continuar impulsando el bono de desarrollo humano; imponer la austeridad y la disciplina fiscal. Y "ajustarnos a una auditoría de gestión y rendimiento en todos los niveles, iniciando este proceso con los ministros de Estado".
Gutiérrez pidió a los ecuatorianos que respalden las políticas económicas y sociales que impulsa su Gobierno. También los convocó a unir esfuerzos para alcanzar un país moderno, equitativo y justo.
El proceso comenzó simultáneamente a las 08:00 en Quito y Guayaquil. El cronograma incluía 25 empresas en la capital y 16 en el puerto. La primera firma en ser incautada fue Tripetrol del ex propietario del Banco de Préstamos, Alejandro Peñafiel.
Las oficinas están en el edificio Torre Azul (av. República de El Salvador N34-1). Allí la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, como jueza de Coactivas, comenzó los operativos con el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía.
También acudieron: el abogado de coactivas de la AGD, Bolívar González; el representante del Directorio de la Agencia, Fernando Buendía; el secretario de Planificación de la Presidencia de la República, Augusto Barrera y delegados de las organizaciones indígenas afines a Pachakutik.
En ese edificio se designó como incautador a Rafael Razo y se dispuso que todas las oficinas en los 11 pisos queden incautadas hasta que demuestren "con documentos", que no tienen ninguna relación con Peñafiel.
Hubo malestar. Por ejemplo, María Leonor Machado de Thomson PLN, piso nueve, se quejó de que "han llegado sin ninguna orden judicial".
Razo explicó que no hay ningún allanamiento, sino que "se les ha comunicado que se ha incautado el edificio".
En Tripetrol, las autoridades constataron que los empleados habían abandonado el lugar antes del arribo de Salgado (08:15). Las computadoras estaban encendidas y cuatro vehículos Grand Blazer salieron del segundo subsuelo antes de que se ejecute la medida.
Tres horas después acudieron a la Gerencia de la AGD las hermanas de Peñafiel, María Fernanda y Paulina. La reunión no duró más de 20 minutos y la primera dijo que se seguirá buscando un acuerdo.
Salgado explicó que ellas presentaron el viernes documentos para garantizar el pago de la deuda, pero "tras revisarlos, se constató que eran falsos".
La segunda empresa en ser incautada ayer fue Autosueco del Ecuador (av. 10 de Agosto e Isaac Albéniz). Esteban Ortiz fue incautador. Las autoridades no hallaron vehículos y constataron que el taller de reparaciones estaba vacío. Hasta el domingo estuvo un bus Volvo blanco, dijeron testigos.
Salgado fue recibida por Alejandro Franco, en representación del apoderado de la empresa Rubén Rodríguez. Él dijo que desde hace cinco años "habían entregado solicitudes para buscar un acuerdo, pero nadie les había atendido".
Según el crnl. Eddy Ortiz, coordinador del operativo, ayer en la mañana se procedió de la misma manera con 23 empresas y bienes en la capital.
La medida irá hasta que los deudores paguen. Si no, después de 15 días se valorarán los bienes para su venta, que pudiera aplicarse por subasta o comercialización directa.
3 bienes incautados en Guayaquil
Los patrulleros de la Policía Nacional salieron presurosos a las 08:30 del patio del Cuartel Modelo de Guayaquil, para iniciar los operativos de incautación de bienes que impulsa desde ayer la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
La consigna era intervenir 18 bienes inmuebles, pero solo en tres pudieron ingresar junto a personal de la Agencia. Las FF.AA. no se sumaron a la movilización. Solo participaron alrededor de 50 policías.
Hubo contratiempos. En compañías como Industria Pesquera Jambelí, cuyas oficinas administrativas están en 5 de Junio 501 y Colombia, al sur, nada se encontró. Solo Germán Haro, del Departamento de Recursos Humanos, apareció para decir que laboraron normalmente hasta el viernes.
A una cuadra del lugar, otro equipo solicitaba vía radio que les instruyan si la dirección donde estaban pertenecía a Icomar, otra empresa del grupo Jambelí. Allí solo daban con el edificio de La Portuguesa.
La mayor dificultad ocurrió en los exteriores de Gelati Cía, fábrica de helados Il Gelato, cuyo representante legal es Aldo Faidutti y está en Durán. La familia del funcionario en pleno, incluyendo al ex contralor Juan Carlos Faidutti, impidió el ingreso de la Policía y reclamó con documentos en mano, que la acción era injusta.
Según papeles notarizados que mostraron, la firma reestructuró nueve millones de dólares en enero del 2003, con la AGD y la Corporación Financiera Nacional (CFN), a un plazo de diez años. "La primera amortización vence recién en julio próximo", indicó uno de los parientes. Sin embargo, la entidad se basa en que el monto de la deuda de Gelati suma 17 millones de dólares y analiza incautarla esta semana.
En la vivienda de Juan José Pons, en Entre Ríos, se colocó un sello declarando que nadie puede entrar o salir de la casa. Allí solo estaban dos empleadas domésticas que fueron desalojadas. Otras empresas incautadas fueron Sontalsa, en el centro, y Faproban, en La Garzota. A pocos pasos de la misma estaba Costa Fumigación, totalmente cerrada. Un abogado de esa compañía dijo que las deudas están pagadas.
Gutiérrez demanda el respaldo a su Régimen
El presidente Lucio Gutiérrez ratificó, anoche, en cadena nacional de Radio y TV, el apoyo incondicional de su Gobierno a la tarea de la AGD de cobrar a los deudores.
Pero advirtió que esa decisión "ha sido, quizá, el detonante que ha desatado oscuras fuerzas conspirativas".
También defendió el compromiso que el Régimen adquirió con la UNE, la semana anterior, para atender las necesidades del Magisterio y de la educación nacional. Y dijo que eso no es debilidad, porque cree que los maestros merecen mejores salarios.
En cambio, enfatizó, mantendrá firmeza con un sector (dirigentes sindicales petroleros), "que no solo es privilegiado en sus salarios, sino que apunta peligrosamente a acciones de lesa patria con sabotajes terroristas, que afectan la integridad y el patrimonio nacional".
Por eso, dijo, el Gobierno los sancionará de acuerdo con la Constitución y la Ley. Para lo cual se ha iniciado el trámite de visto bueno en contra de esos dirigentes.
También se refirió implícitamente a las críticas del movimiento Pachakutik. "Mi Gobierno ha buscado en las alianzas, fortalezas. Una alianza significa que sus integrantes deben actuar concertadamente hasta alcanzar los objetivos propuestos. El arte de gobernar no es imponer criterios..."
Asimismo, insistió en su decisión de moralizar las Aduanas con el apoyo de las FF.AA.. Así como conseguir las extradiciones, continuar impulsando el bono de desarrollo humano; imponer la austeridad y la disciplina fiscal. Y "ajustarnos a una auditoría de gestión y rendimiento en todos los niveles, iniciando este proceso con los ministros de Estado".
Gutiérrez pidió a los ecuatorianos que respalden las políticas económicas y sociales que impulsa su Gobierno. También los convocó a unir esfuerzos para alcanzar un país moderno, equitativo y justo.
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