Guayaquil. 13 oct 99. La ley permitió los abusos financieros y
logró que la banca pasará al Estado
Olmedo Farfán-Andrés L. Falquez.- El agresivo proceso de
transformaciones y reformas a los diversos sectores de la
economía, llevado a cabo desde 1994, durante la administración
de Sixto Durán-Ballén, fue un paso demasiado acelerado en nuestro
país.
En otras naciones latinoamericanas, estos programas de reformas
fueron llevados a cabo de manera ordenada y mediante etapas,
consolidando cada proceso antes de empezar uno nuevo.
Por ejemplo, en Chile se comenzó con una liberalización comercial
antes que la financiera y se fortalecieron los sistemas de
supervisión y control como requisito básico.
En Ecuador, al contrario de lo acontecido en otros países, se
planificó un esquema que pretendía otorgar amplias facultades y
completa libertad a determinados grupos económicos.
Es así como bajo la tutela del grupo económico del gobierno de
Duran Ballén, liderado por el vicepresidente Alberto Dahik, se
reformaron una serie de leyes trascendentales para la regulación
del sistema financiero.
Entre estas leyes se encuentra la Ley General de Instituciones
Financieras (Lgisf).
¿Tenían algunas de estas reformas algo en común, aparte de
globalizar y modernizar la economía ecuatoriana?
Un objetivo común
Tal parece que todas las reformas realizadas a estas leyes
convergen en un solo objetivo: reducir el ámbito de control y
supervisión del Estado sobre las actividades financieras y el
mercado de capitales.
Es así como la reforma a la Ley de Régimen Monetario limitaba las
funciones del Banco Central; la reforma a la Lgisf, por su parte,
prácticamente le restaba todo poder de intervención bancaria a
la Superintendencia de Bancos; la Ley de Mercado de Valores
permitía una participación demasiado amplia de la banca en sus
operaciones; y, otras, a su vez, profundizaban el principio de
universalidad de la banca.
Se comenzaba así a tejer una red de influencias bajo el amparo
de un marco jurídico.
Existía, al parecer de muchos, un intento por consolidar un poder
hegemónico, a través del cual se gobernaría durante varios años.
Interviene el Estado
Las reformas introducidas en la Lgisf no solo limitan el control,
sino que también protegía a los banqueros de cualquier
responsabilidad administrativa y correspondiente penalización.
El financiero que cometía abusos y malos manejos, por ejemplo en
inversiones de alto riesgo y especulativas, no podía ser
enjuiciado penalmente por dichos procedimientos.
Finalmente, han pasado cinco años para demostrar cuán ineficiente
fue la Lgisf y cuán paternalista ha sido con los excesos y abusos
financieros.
Actualmente, las cifras proporcionadas por la Superintendencia
de Bancos a agosto de 1999, confirman uno de los más graves
efectos de los excesos cometidos bajo esta ley: la estatización
de la banca.
A pesar de la negativa de las autoridades financieras, el hecho
es que el Estado administra actualmente el 52% de los activos del
sistema bancario, equivalente a más de 40 billones de sucres
(3.795 millones de dólares).
El 45% de los activos fijos de los bancos está bajo
administración pública, ya sea vía Agencia de Garantía de
Depósitos (AGD) o por participación directa del Estado, como en
el caso del Continental. Al sistema bancario privado solo le
queda el 44% del total de la cartera de crédito, el saldo ya lo
tiene el Estado.
Lejos de beneficiar al sistema financiero, la Lgisf y otrasleyes
deformaron el concepto de la banca moderna y causaron que ésta
sea estatizada.
Adiós a la administración privada
Las consecuencias de la mala aplicación de leyes financieras y
la ausencia de una eficaz calificación de crédito han generado
un apocalipsis bancario. Desde el caso Continental en 1996, 16
bancos privados han cerrado sus puertas, ya sea temporal o
definitivamente, por razones que van desde la iliquidez a la
cesación de pagos. El reciente cierre de entidades
representativas, como Popular y La Previsora, aumentó
considerablemente el control público sobre un negocio que ha sido
tradicionalmente privado.
Para tener una idea de la dimensión del control estatal en el
sistema financiero, se puede apreciar una comparación realizada
con las cifras de los balances de agosto de 1999 proporcionados
por la Superintendencia de Bancos. El 52% de los pasivos se
encuentra estatizado, lo que equivale a una porción de 3.300
millones de dólares. El 47% del total de los depósitos están
controlado por el Gobierno, estos está representados por 1.600
millones de dólares.
Los depósitos a la vista captados por entidades públicas
ascienden a 642 millones de dólares, equivalentes al 40% del
total. El caso de los depósitos a plazo es más grave, ya un poco
más de 1.000 millones de dólares han sido estatizados,
representando el 53%.
Más de 690 millones de dólares del patrimonio del sistema
bancario están estatizados, y le otorgan a la administración
pública el control del 62% del total. La mitad de las reservas
de las entidades bancarias está en manos privadas. Un punto
interesante es que ninguno de los 24 bancos que han sobrevivido
hasta ahora (excepto Solbanco y Préstamos, que están en el limbo
bancario) reportó resultados negativos. Pichincha y Machala
registraron cero resultados, mientras que solo el Citibank superó
los 3 millones de dólares de ganancias.
A pesar que las autoridades indican que este no ha sido su
objetivo, las estadísticas demuestran el nivel de estatización
existente en el sistema bancario. Si bien somos los últimos en
América Latina en atravesar por este tipo de crisis, una pronta
solución sistémica es imprescindible para volver a ser sujetos
de crédito y regresar el control de los bancos al sector privado.
La cartera vencida derrota a los bancos
Otro indicador importante es el nivel de cartera vencida que ha
sido asumida por el Estado, luego de haber intervenido los
bancos. Las cifras de agosto indican que el 82% de los créditos
vencidos del sistema están en manos públicas, porcentaje
equivalente a 900 millones de dólares. Los bancos que aún se
mantienen privados tienen en su poder un saldo de 200 millones
de dólares en créditos vencidos. La participación de la cartera
vencida ha aumentado dramáticamente en el último año, ubicándose
en el 31% del total de créditos concedidos. En agosto de 1998,
los créditos vencidos totalizaban 1.4 billones de sucres (300
millones de dólares) y un año después se dispararon a más de 12
billones de sucres (cerca de 1.100 millones de dólares). Esto
equivale a una variación récord de más del 700% y a un incremento
de 800 millones de dólares. Al estatizar los bancos, el Estado
ha debido asumir más de 650 millones de dólares en créditos
vencidos. Ese es el retrato del gran salvataje bancario realizado
por el actual gobierno. (Texto tomado de El Expreso)
logró que la banca pasará al Estado
Olmedo Farfán-Andrés L. Falquez.- El agresivo proceso de
transformaciones y reformas a los diversos sectores de la
economía, llevado a cabo desde 1994, durante la administración
de Sixto Durán-Ballén, fue un paso demasiado acelerado en nuestro
país.
En otras naciones latinoamericanas, estos programas de reformas
fueron llevados a cabo de manera ordenada y mediante etapas,
consolidando cada proceso antes de empezar uno nuevo.
Por ejemplo, en Chile se comenzó con una liberalización comercial
antes que la financiera y se fortalecieron los sistemas de
supervisión y control como requisito básico.
En Ecuador, al contrario de lo acontecido en otros países, se
planificó un esquema que pretendía otorgar amplias facultades y
completa libertad a determinados grupos económicos.
Es así como bajo la tutela del grupo económico del gobierno de
Duran Ballén, liderado por el vicepresidente Alberto Dahik, se
reformaron una serie de leyes trascendentales para la regulación
del sistema financiero.
Entre estas leyes se encuentra la Ley General de Instituciones
Financieras (Lgisf).
¿Tenían algunas de estas reformas algo en común, aparte de
globalizar y modernizar la economía ecuatoriana?
Un objetivo común
Tal parece que todas las reformas realizadas a estas leyes
convergen en un solo objetivo: reducir el ámbito de control y
supervisión del Estado sobre las actividades financieras y el
mercado de capitales.
Es así como la reforma a la Ley de Régimen Monetario limitaba las
funciones del Banco Central; la reforma a la Lgisf, por su parte,
prácticamente le restaba todo poder de intervención bancaria a
la Superintendencia de Bancos; la Ley de Mercado de Valores
permitía una participación demasiado amplia de la banca en sus
operaciones; y, otras, a su vez, profundizaban el principio de
universalidad de la banca.
Se comenzaba así a tejer una red de influencias bajo el amparo
de un marco jurídico.
Existía, al parecer de muchos, un intento por consolidar un poder
hegemónico, a través del cual se gobernaría durante varios años.
Interviene el Estado
Las reformas introducidas en la Lgisf no solo limitan el control,
sino que también protegía a los banqueros de cualquier
responsabilidad administrativa y correspondiente penalización.
El financiero que cometía abusos y malos manejos, por ejemplo en
inversiones de alto riesgo y especulativas, no podía ser
enjuiciado penalmente por dichos procedimientos.
Finalmente, han pasado cinco años para demostrar cuán ineficiente
fue la Lgisf y cuán paternalista ha sido con los excesos y abusos
financieros.
Actualmente, las cifras proporcionadas por la Superintendencia
de Bancos a agosto de 1999, confirman uno de los más graves
efectos de los excesos cometidos bajo esta ley: la estatización
de la banca.
A pesar de la negativa de las autoridades financieras, el hecho
es que el Estado administra actualmente el 52% de los activos del
sistema bancario, equivalente a más de 40 billones de sucres
(3.795 millones de dólares).
El 45% de los activos fijos de los bancos está bajo
administración pública, ya sea vía Agencia de Garantía de
Depósitos (AGD) o por participación directa del Estado, como en
el caso del Continental. Al sistema bancario privado solo le
queda el 44% del total de la cartera de crédito, el saldo ya lo
tiene el Estado.
Lejos de beneficiar al sistema financiero, la Lgisf y otrasleyes
deformaron el concepto de la banca moderna y causaron que ésta
sea estatizada.
Adiós a la administración privada
Las consecuencias de la mala aplicación de leyes financieras y
la ausencia de una eficaz calificación de crédito han generado
un apocalipsis bancario. Desde el caso Continental en 1996, 16
bancos privados han cerrado sus puertas, ya sea temporal o
definitivamente, por razones que van desde la iliquidez a la
cesación de pagos. El reciente cierre de entidades
representativas, como Popular y La Previsora, aumentó
considerablemente el control público sobre un negocio que ha sido
tradicionalmente privado.
Para tener una idea de la dimensión del control estatal en el
sistema financiero, se puede apreciar una comparación realizada
con las cifras de los balances de agosto de 1999 proporcionados
por la Superintendencia de Bancos. El 52% de los pasivos se
encuentra estatizado, lo que equivale a una porción de 3.300
millones de dólares. El 47% del total de los depósitos están
controlado por el Gobierno, estos está representados por 1.600
millones de dólares.
Los depósitos a la vista captados por entidades públicas
ascienden a 642 millones de dólares, equivalentes al 40% del
total. El caso de los depósitos a plazo es más grave, ya un poco
más de 1.000 millones de dólares han sido estatizados,
representando el 53%.
Más de 690 millones de dólares del patrimonio del sistema
bancario están estatizados, y le otorgan a la administración
pública el control del 62% del total. La mitad de las reservas
de las entidades bancarias está en manos privadas. Un punto
interesante es que ninguno de los 24 bancos que han sobrevivido
hasta ahora (excepto Solbanco y Préstamos, que están en el limbo
bancario) reportó resultados negativos. Pichincha y Machala
registraron cero resultados, mientras que solo el Citibank superó
los 3 millones de dólares de ganancias.
A pesar que las autoridades indican que este no ha sido su
objetivo, las estadísticas demuestran el nivel de estatización
existente en el sistema bancario. Si bien somos los últimos en
América Latina en atravesar por este tipo de crisis, una pronta
solución sistémica es imprescindible para volver a ser sujetos
de crédito y regresar el control de los bancos al sector privado.
La cartera vencida derrota a los bancos
Otro indicador importante es el nivel de cartera vencida que ha
sido asumida por el Estado, luego de haber intervenido los
bancos. Las cifras de agosto indican que el 82% de los créditos
vencidos del sistema están en manos públicas, porcentaje
equivalente a 900 millones de dólares. Los bancos que aún se
mantienen privados tienen en su poder un saldo de 200 millones
de dólares en créditos vencidos. La participación de la cartera
vencida ha aumentado dramáticamente en el último año, ubicándose
en el 31% del total de créditos concedidos. En agosto de 1998,
los créditos vencidos totalizaban 1.4 billones de sucres (300
millones de dólares) y un año después se dispararon a más de 12
billones de sucres (cerca de 1.100 millones de dólares). Esto
equivale a una variación récord de más del 700% y a un incremento
de 800 millones de dólares. Al estatizar los bancos, el Estado
ha debido asumir más de 650 millones de dólares en créditos
vencidos. Ese es el retrato del gran salvataje bancario realizado
por el actual gobierno. (Texto tomado de El Expreso)
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