Dos años y tres meses han pasado desde que el Gobierno se comprometió con los estudiantes secundarios para formalizar la tarifa estudiantil. Hace 15 días, el Ministerio de Educación y la FESE sellaron un acuerdo para la entrega inmediata del documento. No obstante, se abre otra discusión. Los estudiantes reclaman una vigencia de 365 días y no solo de los 200 del ciclo escolar. Por otro lado, choferes de Quito niegan haber sido consultados.
Los desacuerdos perviven
Transportistas urbanos de Quito dicen que nunca fueron consultados y no hubo entendimientos
Tras cinco días de intensos y violentos enfrentamientos entre estudiantes y policías, el ministro de Educación, Roberto Passailaigue, y la dirigencia de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) suscribieron el 16 de marzo de 2005 el "acuerdo de voluntades" con el cual se sella un entendimiento para la entrega del carné estudiantil.
En una de sus partes medulares (el punto dos) se señala que los estudiantes aceptaban la vigencia y manifestaban su conformidad con el contenido del acuerdo ministerial 1523 del 7 de enero de 2005 y que solicitaban algunas modificaciones en los siguientes puntos:
Uno: Que el carné estudiantil, con el formato único diseñado por el Ministerio de Educación y entregado por cada uno de los establecimientos educativos, entre en vigencia en forma inmediata.
Dos: Que el formato del carné se modifique en su anverso y en la parte final, donde dice período de validez, conste el período lectivo para el cual tendrá vigencia.
Tres: La vigencia del carné en el ciclo Sierra y Oriente iniciará con el período lectivo 2004-2005 (lo que reste) y para el ciclo Costa y Galápagos será para el período lectivo 2005-2006. En lo sucesivo se harán constar los período lectivos correspondientes".
A más de otras ocho precisiones relativas a los procedimientos de emisión del carné, en esos tres aspectos estaba contenida, al parecer, la esencia del reclamo estudiantil con respecto a la emisión inmediata de ese documento, así como el marco con el cual el sector de transportistas aceptaba su aplicación, esto es, de que rija solo en los períodos de clase.
Por eso, el ministro, a 15 días de la firma del acuerdo de voluntades, cree que el tema del carné es un asunto cerrado, o al menos los es para el Ministerio de Educación.
Pero, ¿qué tan realistas son las expectativas del ministro para que las aguas se calmen definitivamente alrededor del tema? Los dirigentes estudiantiles dejan ver que el acuerdo abre una puerta para proseguir con un reclamo.
Dentro de la FESE existe el convencimiento de continuar con "la lucha para que se respete la vigencia de la tarifa estudiantil durante los 365 días del año y no únicamente en los 200 días escolares.
Su argumento básico es la resolución 001 del 22 de enero de 2003 del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que dispone que los estudiantes de los niveles primario y secundario pagarán el 50% de las tarifas establecidas por el transporte público urbano e intraprovincial, intercantonal e interparroquial; en esa fijación no se incluyó ni determinó tiempos ni períodos. Una disposición que, por otro lado, se adoptó en los días en los que el presidente Lucio Gutiérrez trotaba y desayunaba con los estudiantes secundarios al inicio de su mandato.
Andrés Quishpe, presidente de la FESE, insiste en que ese derecho debe ser defendido en todos los escenarios, más aún "cuando la condición de estudiante no termina con las clases, como la condición de presidente, diputado o magistrado no termina por una licencia o una vacancia".
Esta posición de la FESE abre otras interrogantes, como: si el acuerdo con el ministro Passailaigue fue solo una acción desesperada para apagar el reclamo del paro nacional del 10 de marzo. Una medida que a la larga prolongaba la protesta y permitía el uso político del problema, como en efecto varios estudiantes lo denunciaron durante la última protesta.
Además, el acuerdo del ministro afronta un dilema de tiempo al haberse autoimpuesto la entrega inmediata del documento. Esto quedó de manifiesto en la protesta de los estudiantes en la provincia del Carchi, esta semana, que se unieron a una movilización provincial empujados por la exigencia de la entrega inmediata del carné, pese a que el acuerdo sobre eso estaba sellado.
Recién el jueves último el ministro explicó a los directores provinciales los procedimientos a seguir. En esta semana se espera el instructivo para las empresas interesadas en dar el servicio a los plantales.
"Transporte no acordó"
Aunque el ministro Passailaigue asegura que hubo un entendimiento con los transportistas sobre el uso del carné estudiantil, Jorge Yánez (ex presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano) lo desmiente.
Según el dirigente, ni el ministro de Gobierno ni el ministro de Educación se reunieron con ese gremio para analizar el tema y por tanto nunca hubo un acuerdo. "Lo que se hizo es acordar con la Federación de Transportistas y los Sindicatos de Choferes", dice, pues esos sectores apoyan al Gobierno.
Yánez sugiere un manejo político. A su juicio, la tarifa estudiantil se aplica en la práctica y la emisión resultaría innecesaria. Este sector, directamente vinculado al transporte urbana, considera que el Estado debe subsidiar pero focalizando a grupos necesitados. El carné beneficia a 3,2 millones de estudiantes de colegios fiscales, fiscomisionales y particulares. El descuento los asumen los transportistas. (LB)
EL DATO
El carné costará $0,80
El acuerdo de voluntades establece que el costo del carné es de $0,80 y no $1,50, que fue el monto base de la licitación. Por disposición del ministro Passailaigue, ese monto debió descontarse del aporte voluntario que se cobra en las matrículas ($25). Los $,070 de diferencia deberán serán devueltos a los centros a favor de los comités de padres de familia.
Dos años de un tira y afloja
El Ministerio de Educación demoró seis meses en establecer las bases de licitación; al final fracasó
El 23 de enero de 2003, las federaciones de Estudiantes Secundarios (FESE) y Univeritarios (FEUE) y la Juventud Revolucionaria (JRE) envían un manifiesto al presidente Lucio Gutiérrez, en donde le plantean la creación del carné estudiantil.
La alianza electoral con el Movimiento Popular Democrático (MPD) permitió ese acercamiento. Pero la luna de miel duró poco tras el alejamiento de emepedistas y Gobierno.
Los esfuerzos de la FESE por concretar el carné estudiantil se dirigieron por el Congreso, al presentarse un proyecto de ley para definir su alcance, a través del diputado del MPD, Xavier Cajilema. La idea no tuvo apoyo político y se estancó.
Tuvo que pasar casi un año para que el tema volviera a nivel del Ejecutivo. Mediante Decreto 1131, del diciembre de 2003, el presidente crea el carné estudiantil a ser distribuido por las direcciones provinciales y los planteles previo el pago de los costos de emisión. Mientras se concretaba en el año lectivo 2003-2004, en el decreto se dispuso el uso de los carné de cada establecimiento, para "que se hiciera efectiva la tarifa estudiantil fijada por el Consejo Nacional de Tránsito".
El ministro Roberto Passailaigue, desde el 17 de diciembre de 2003, día de su posesión, inició el proceso e incorporó la idea de otros beneficios, como rebajas en tiendas y espectáculos públicos.
En una carta aclaratoria, el ministro señala que en esa fase se vio la conveniencia de ampliar la carnetización a maestros y personal del magisterio, exceptuando en los beneficios el pago de transporte público. Además de crear una base de datos a partir de ese proceso. Con todos esos elementos, el Ministerio de Educación inició la fase de licitación, para lo cual pidió -según referencias del propio ministro- el apoyo de Contraloría y Procuraduría.
La convocatoria se hizo en agosto de 2004, con un precio referencial de $9 millones. Siete empresas y entidades compraron las bases a $5 000 y cinco presentaron sus ofertas.
Tras adjudicarse al Consorcio y Asociados, un informe de Procuraduría del 25 de noviembre de 2004 establece que la licitación adolece de violaciones sustanciales al proceso precontractual.
Frente a eso, el ministro echó mano del Acuerdo Ministerial 152 del 7 de enero de 2004 para delegar a los establecimientos educativos la entrega directa del carné estudiantil. Este hecho provocó el reclamo de un sector de transportistas, que señaló el riesgo de adulteraciones y falsificaciones.
Eso, y ante el anuncio de la Asociación de Rectores de la imposibilidad de carnetizar en sitios alejados, los estudiantes decidieron un paro nacional para el 10 de marzo. (LB)
"Para mí esto está concluido"
Al emitir los colegios el carné, ¿no se traslada una responsabilidad con muchos riesgos?
No, pues se les dio un formato único y todos se sujetan a él. Se supone que los directores y rectores deben tener credibilidad en sus actos; caso contrario, serán sancionados. Si ya los estudiantes proponen ese sistema y los transportistas lo aceptan, entonces lo mejor es aplicarlo y nos quitamos el problema de que cada determinado tiempo el Ministerio haga esa licitación.
¿Cuál es la ventaja real?
Es más práctico. Como Ministerio, no tendremos los beneficios (habla de que en proceso el Ministerio de Educación iba a tener una base de datos de alumnos y maestros en todo el país), pero a veces es preferible resignar beneficios y mantener la estabilidad y la tranquilidad en el sector.
¿Es preferible resignar esos beneficios?
Sí, pues si los estudiantes no querían el otro proceso es preferible que yo me quede sin mi base de datos y soluciono este problema.
¿Pero no es mejor establecer un carné único que facilite ciertas ventajas (descuentos, tarifas especiales) para los estudiantes?
No obstante, no se pudo hacer algo así, yo estoy hablando con las empresas para que se incorporen a este proceso. De hecho, el carné va a tener otros beneficios.
¿Pero los transportistas no aceptan todo?
Ellos autorizan y respetan, pero siempre habrá conductores que no cumplan.
¿Cómo ejercer el control?
Establecer comisiones de trabajo, para que el Consejo Nacional de Tránsito pueda efectuar un control con la Policía de Tránsito y sancionar enérgicamente a quienes no acaten la tarifa.
¿Quién garantiza la efectividad de este sistema?
Tal como lo han concebido los estudiantes, ajustando ciertos detalles, no va a dar el resultado deseado, ya no depende de mí. Para mí, ya no hay conflicto, esto está concluido. Son los colegios los que deben ejecutar esas disposiciones.
Tal como está el proceso, ¿no se mantiene la informalidad de los choferes con respecto a un servicio que sí requiere un sistema más estricto?
Curiosamente, los mismos choferes, una vez que aceptan el proceso, dicen que la solución no es esa. Ellos plantean, como ocurre en otros países, ir al sistema de tiquetes. O sea, con el carné se compra el tiquete y no interviene el chofer.
¿Y qué pasará con los colegios que cobraron demás y no devuelven el dinero, como en la escuela José Peláez, en Tena, donde se cobró $5?
Eso ocurría antes, cada escuela cobraba por cuenta propia lo que quería. Todo el dinero, que se depositó en una cuenta, ya se devolvió y, en caso no hacerlo, se nos tiene que comunicar. (OP/LB)
Al interior del régimen, proceso fue "poco claro"
Ex ministro Jaime Damerval dispuso una análisis de los trámites realizados y las razones por las que había fracasado la licitación; eso ante el malestar en las calles
La interpretación en la FESE de que la demora en la entrega del carné estudiantil es por "falta de voluntad política" del régimen tuvo eco en el mismo Ejecutivo. Eso quedó de manifiesto en un informe del 20 de enero de 2004 del entonces subsecretario de Gobierno, Víctor Hugo Olmedo, que destaca algunos aspectos del proceso y las razones por las cuales se truncó.
El informe consta en el memorando dirigido al ex ministro de Gobierno Jaime Damerval, quien había pedido un análisis del problema luego de que fracasó la licitación y el malestar se sentía en las calles.
En sus conclusiones, Olmedo señala que "habiéndose creado un sistema poco claro en la emisión del carné estudiantil, sin establecer costos y beneficios, ni medidas compensatorias (esto es: para los transportistas que asumen el descuento), ha quedado desnaturalizado el espíritu del Decreto Ejecutivo 1131 de diciembre de 2003 que crea el carné".
"Por eso -agrega- el amplio sector poblacional (los estudiantes) ahora se siente defraudado por el fallido contrato antes las observaciones hechas por la Procuraduría".
En el análisis, se considera que se establece un subsidio directo del Estado para la ejecución del proyecto del 20% (se había considerado una partida de $1,8 millones) y de los usuarios el 80% (el $1,50 dispuesto para ser descontado del aporte voluntario de $25).
De su investigación, Olmedo concluye que no se conoce si los empresarios del transporte recibirán una compensación, siendo "ellos uno de los actores principales del proyecto". Tampoco se conoce, dice, si intervinieron en las deliberaciones para la adjudicación del contrato por $9,2 millones a la empresa Controles y Asociados.
Olmedo deja constancia que esa Cartera se ha mantenido al margen de los procesos precontractuales y contractuales, pese a que el decreto 1131 dispone que los ministerios de Gobierno, Economía y Educación deben ejecutarlo.
Por esa razón recomendó: "Para atenuar los niveles de conflictividad, que ya se están presentando, sugiero un arbitraje del Ministerio de Gobierno, convocando a los diversos actores para encontrar una salida, al menos coyuntural, al problema social y de conflictividad que está presentándose".
Dos semanas antes de la salida de Damerval, el Ministerio de Gobierno ingresó en la Secretaría de la Presidencia un proyecto de decreto en el que se sugería que se contratara directamente con el Instituto Geográfico Militar (IGM), uno de los concursantes eliminados. En el entorno Damerval se manejaba el criterio de que el carné era una especie valorada y, por tanto, la ley obligaba a contratar con el IGM.
Una de las observaciones de fondo que hizo Procuraduría al proceso precontractual es que se había considerado un sistema inadecuado en la contratación pública, como es la ejecución de obra, cuando para debió seguirse el de adquisición de bienes y servicios.
Tras el informe del 25 de noviembre, el ministro Passailagiue pidió en dos comunicados la reconsideración, pero Procuraduría se ratificó en su dictamen el 22 de diciembre de 2004. Y volvió a ratificarse el 20 de enero pasado ante la insistencia de reconsideración del ministro en cartas del 22 y 23 de diembre de 2004. (LB)
PUNTO DE VISTA
Se pierde la ocasión de un gran proyecto
El presidente de la República, Lucio Gutiérrez, encantó a los estudiantes con un anhelo siempre latente: acceder a facilidades en el pago de tranporte público; pero abandonó la oferta y creó un problema sin fin y cerró cualquier salida.
El hecho, por sí solo, no sería un grave conflicto sino estuviera atravesado por la improvisación, el gesto populista y la toma de decisiones sin la consideración social del caso.
Esto prueba, una vez más, que el Ecuador carece de sistemas de regularización de los intereses entre los actores sociales (en este caso choferes y estudiantes) y sus dirigentes usan a su modo el poder coyuntural que les otorga estar en o con el Gobierno.
Y también es cierto que se perdió (y nadie sabe hasta cuándo) la oportunidad de crear un sistema de atención al estudiante por medio de un simple carné estudiantil. En otros países es la forma de facilitar el acceso a museos, eventos culturales y deportivos y, en consecuencia, el mejoramiento de la calidad de la formación personal y académica.
¿Por qué ocurre este reiterado mal en un país que requiere "sembrar" hombres y mujeres con una alta formación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Hay una sola razón: no hay interés de cambiar las cosas; con ello se mantien una forma de convivencia que favorece el populismo, la desigualdad y el privilegio de unos pocos, en todos los campos.
Si un carné era una vía para varios cambios, se quedó en un lío burocrático. (OP) (Blanco y Negro)
Los desacuerdos perviven
Transportistas urbanos de Quito dicen que nunca fueron consultados y no hubo entendimientos
Tras cinco días de intensos y violentos enfrentamientos entre estudiantes y policías, el ministro de Educación, Roberto Passailaigue, y la dirigencia de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) suscribieron el 16 de marzo de 2005 el "acuerdo de voluntades" con el cual se sella un entendimiento para la entrega del carné estudiantil.
En una de sus partes medulares (el punto dos) se señala que los estudiantes aceptaban la vigencia y manifestaban su conformidad con el contenido del acuerdo ministerial 1523 del 7 de enero de 2005 y que solicitaban algunas modificaciones en los siguientes puntos:
Uno: Que el carné estudiantil, con el formato único diseñado por el Ministerio de Educación y entregado por cada uno de los establecimientos educativos, entre en vigencia en forma inmediata.
Dos: Que el formato del carné se modifique en su anverso y en la parte final, donde dice período de validez, conste el período lectivo para el cual tendrá vigencia.
Tres: La vigencia del carné en el ciclo Sierra y Oriente iniciará con el período lectivo 2004-2005 (lo que reste) y para el ciclo Costa y Galápagos será para el período lectivo 2005-2006. En lo sucesivo se harán constar los período lectivos correspondientes".
A más de otras ocho precisiones relativas a los procedimientos de emisión del carné, en esos tres aspectos estaba contenida, al parecer, la esencia del reclamo estudiantil con respecto a la emisión inmediata de ese documento, así como el marco con el cual el sector de transportistas aceptaba su aplicación, esto es, de que rija solo en los períodos de clase.
Por eso, el ministro, a 15 días de la firma del acuerdo de voluntades, cree que el tema del carné es un asunto cerrado, o al menos los es para el Ministerio de Educación.
Pero, ¿qué tan realistas son las expectativas del ministro para que las aguas se calmen definitivamente alrededor del tema? Los dirigentes estudiantiles dejan ver que el acuerdo abre una puerta para proseguir con un reclamo.
Dentro de la FESE existe el convencimiento de continuar con "la lucha para que se respete la vigencia de la tarifa estudiantil durante los 365 días del año y no únicamente en los 200 días escolares.
Su argumento básico es la resolución 001 del 22 de enero de 2003 del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que dispone que los estudiantes de los niveles primario y secundario pagarán el 50% de las tarifas establecidas por el transporte público urbano e intraprovincial, intercantonal e interparroquial; en esa fijación no se incluyó ni determinó tiempos ni períodos. Una disposición que, por otro lado, se adoptó en los días en los que el presidente Lucio Gutiérrez trotaba y desayunaba con los estudiantes secundarios al inicio de su mandato.
Andrés Quishpe, presidente de la FESE, insiste en que ese derecho debe ser defendido en todos los escenarios, más aún "cuando la condición de estudiante no termina con las clases, como la condición de presidente, diputado o magistrado no termina por una licencia o una vacancia".
Esta posición de la FESE abre otras interrogantes, como: si el acuerdo con el ministro Passailaigue fue solo una acción desesperada para apagar el reclamo del paro nacional del 10 de marzo. Una medida que a la larga prolongaba la protesta y permitía el uso político del problema, como en efecto varios estudiantes lo denunciaron durante la última protesta.
Además, el acuerdo del ministro afronta un dilema de tiempo al haberse autoimpuesto la entrega inmediata del documento. Esto quedó de manifiesto en la protesta de los estudiantes en la provincia del Carchi, esta semana, que se unieron a una movilización provincial empujados por la exigencia de la entrega inmediata del carné, pese a que el acuerdo sobre eso estaba sellado.
Recién el jueves último el ministro explicó a los directores provinciales los procedimientos a seguir. En esta semana se espera el instructivo para las empresas interesadas en dar el servicio a los plantales.
"Transporte no acordó"
Aunque el ministro Passailaigue asegura que hubo un entendimiento con los transportistas sobre el uso del carné estudiantil, Jorge Yánez (ex presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano) lo desmiente.
Según el dirigente, ni el ministro de Gobierno ni el ministro de Educación se reunieron con ese gremio para analizar el tema y por tanto nunca hubo un acuerdo. "Lo que se hizo es acordar con la Federación de Transportistas y los Sindicatos de Choferes", dice, pues esos sectores apoyan al Gobierno.
Yánez sugiere un manejo político. A su juicio, la tarifa estudiantil se aplica en la práctica y la emisión resultaría innecesaria. Este sector, directamente vinculado al transporte urbana, considera que el Estado debe subsidiar pero focalizando a grupos necesitados. El carné beneficia a 3,2 millones de estudiantes de colegios fiscales, fiscomisionales y particulares. El descuento los asumen los transportistas. (LB)
EL DATO
El carné costará $0,80
El acuerdo de voluntades establece que el costo del carné es de $0,80 y no $1,50, que fue el monto base de la licitación. Por disposición del ministro Passailaigue, ese monto debió descontarse del aporte voluntario que se cobra en las matrículas ($25). Los $,070 de diferencia deberán serán devueltos a los centros a favor de los comités de padres de familia.
Dos años de un tira y afloja
El Ministerio de Educación demoró seis meses en establecer las bases de licitación; al final fracasó
El 23 de enero de 2003, las federaciones de Estudiantes Secundarios (FESE) y Univeritarios (FEUE) y la Juventud Revolucionaria (JRE) envían un manifiesto al presidente Lucio Gutiérrez, en donde le plantean la creación del carné estudiantil.
La alianza electoral con el Movimiento Popular Democrático (MPD) permitió ese acercamiento. Pero la luna de miel duró poco tras el alejamiento de emepedistas y Gobierno.
Los esfuerzos de la FESE por concretar el carné estudiantil se dirigieron por el Congreso, al presentarse un proyecto de ley para definir su alcance, a través del diputado del MPD, Xavier Cajilema. La idea no tuvo apoyo político y se estancó.
Tuvo que pasar casi un año para que el tema volviera a nivel del Ejecutivo. Mediante Decreto 1131, del diciembre de 2003, el presidente crea el carné estudiantil a ser distribuido por las direcciones provinciales y los planteles previo el pago de los costos de emisión. Mientras se concretaba en el año lectivo 2003-2004, en el decreto se dispuso el uso de los carné de cada establecimiento, para "que se hiciera efectiva la tarifa estudiantil fijada por el Consejo Nacional de Tránsito".
El ministro Roberto Passailaigue, desde el 17 de diciembre de 2003, día de su posesión, inició el proceso e incorporó la idea de otros beneficios, como rebajas en tiendas y espectáculos públicos.
En una carta aclaratoria, el ministro señala que en esa fase se vio la conveniencia de ampliar la carnetización a maestros y personal del magisterio, exceptuando en los beneficios el pago de transporte público. Además de crear una base de datos a partir de ese proceso. Con todos esos elementos, el Ministerio de Educación inició la fase de licitación, para lo cual pidió -según referencias del propio ministro- el apoyo de Contraloría y Procuraduría.
La convocatoria se hizo en agosto de 2004, con un precio referencial de $9 millones. Siete empresas y entidades compraron las bases a $5 000 y cinco presentaron sus ofertas.
Tras adjudicarse al Consorcio y Asociados, un informe de Procuraduría del 25 de noviembre de 2004 establece que la licitación adolece de violaciones sustanciales al proceso precontractual.
Frente a eso, el ministro echó mano del Acuerdo Ministerial 152 del 7 de enero de 2004 para delegar a los establecimientos educativos la entrega directa del carné estudiantil. Este hecho provocó el reclamo de un sector de transportistas, que señaló el riesgo de adulteraciones y falsificaciones.
Eso, y ante el anuncio de la Asociación de Rectores de la imposibilidad de carnetizar en sitios alejados, los estudiantes decidieron un paro nacional para el 10 de marzo. (LB)
"Para mí esto está concluido"
Al emitir los colegios el carné, ¿no se traslada una responsabilidad con muchos riesgos?
No, pues se les dio un formato único y todos se sujetan a él. Se supone que los directores y rectores deben tener credibilidad en sus actos; caso contrario, serán sancionados. Si ya los estudiantes proponen ese sistema y los transportistas lo aceptan, entonces lo mejor es aplicarlo y nos quitamos el problema de que cada determinado tiempo el Ministerio haga esa licitación.
¿Cuál es la ventaja real?
Es más práctico. Como Ministerio, no tendremos los beneficios (habla de que en proceso el Ministerio de Educación iba a tener una base de datos de alumnos y maestros en todo el país), pero a veces es preferible resignar beneficios y mantener la estabilidad y la tranquilidad en el sector.
¿Es preferible resignar esos beneficios?
Sí, pues si los estudiantes no querían el otro proceso es preferible que yo me quede sin mi base de datos y soluciono este problema.
¿Pero no es mejor establecer un carné único que facilite ciertas ventajas (descuentos, tarifas especiales) para los estudiantes?
No obstante, no se pudo hacer algo así, yo estoy hablando con las empresas para que se incorporen a este proceso. De hecho, el carné va a tener otros beneficios.
¿Pero los transportistas no aceptan todo?
Ellos autorizan y respetan, pero siempre habrá conductores que no cumplan.
¿Cómo ejercer el control?
Establecer comisiones de trabajo, para que el Consejo Nacional de Tránsito pueda efectuar un control con la Policía de Tránsito y sancionar enérgicamente a quienes no acaten la tarifa.
¿Quién garantiza la efectividad de este sistema?
Tal como lo han concebido los estudiantes, ajustando ciertos detalles, no va a dar el resultado deseado, ya no depende de mí. Para mí, ya no hay conflicto, esto está concluido. Son los colegios los que deben ejecutar esas disposiciones.
Tal como está el proceso, ¿no se mantiene la informalidad de los choferes con respecto a un servicio que sí requiere un sistema más estricto?
Curiosamente, los mismos choferes, una vez que aceptan el proceso, dicen que la solución no es esa. Ellos plantean, como ocurre en otros países, ir al sistema de tiquetes. O sea, con el carné se compra el tiquete y no interviene el chofer.
¿Y qué pasará con los colegios que cobraron demás y no devuelven el dinero, como en la escuela José Peláez, en Tena, donde se cobró $5?
Eso ocurría antes, cada escuela cobraba por cuenta propia lo que quería. Todo el dinero, que se depositó en una cuenta, ya se devolvió y, en caso no hacerlo, se nos tiene que comunicar. (OP/LB)
Al interior del régimen, proceso fue "poco claro"
Ex ministro Jaime Damerval dispuso una análisis de los trámites realizados y las razones por las que había fracasado la licitación; eso ante el malestar en las calles
La interpretación en la FESE de que la demora en la entrega del carné estudiantil es por "falta de voluntad política" del régimen tuvo eco en el mismo Ejecutivo. Eso quedó de manifiesto en un informe del 20 de enero de 2004 del entonces subsecretario de Gobierno, Víctor Hugo Olmedo, que destaca algunos aspectos del proceso y las razones por las cuales se truncó.
El informe consta en el memorando dirigido al ex ministro de Gobierno Jaime Damerval, quien había pedido un análisis del problema luego de que fracasó la licitación y el malestar se sentía en las calles.
En sus conclusiones, Olmedo señala que "habiéndose creado un sistema poco claro en la emisión del carné estudiantil, sin establecer costos y beneficios, ni medidas compensatorias (esto es: para los transportistas que asumen el descuento), ha quedado desnaturalizado el espíritu del Decreto Ejecutivo 1131 de diciembre de 2003 que crea el carné".
"Por eso -agrega- el amplio sector poblacional (los estudiantes) ahora se siente defraudado por el fallido contrato antes las observaciones hechas por la Procuraduría".
En el análisis, se considera que se establece un subsidio directo del Estado para la ejecución del proyecto del 20% (se había considerado una partida de $1,8 millones) y de los usuarios el 80% (el $1,50 dispuesto para ser descontado del aporte voluntario de $25).
De su investigación, Olmedo concluye que no se conoce si los empresarios del transporte recibirán una compensación, siendo "ellos uno de los actores principales del proyecto". Tampoco se conoce, dice, si intervinieron en las deliberaciones para la adjudicación del contrato por $9,2 millones a la empresa Controles y Asociados.
Olmedo deja constancia que esa Cartera se ha mantenido al margen de los procesos precontractuales y contractuales, pese a que el decreto 1131 dispone que los ministerios de Gobierno, Economía y Educación deben ejecutarlo.
Por esa razón recomendó: "Para atenuar los niveles de conflictividad, que ya se están presentando, sugiero un arbitraje del Ministerio de Gobierno, convocando a los diversos actores para encontrar una salida, al menos coyuntural, al problema social y de conflictividad que está presentándose".
Dos semanas antes de la salida de Damerval, el Ministerio de Gobierno ingresó en la Secretaría de la Presidencia un proyecto de decreto en el que se sugería que se contratara directamente con el Instituto Geográfico Militar (IGM), uno de los concursantes eliminados. En el entorno Damerval se manejaba el criterio de que el carné era una especie valorada y, por tanto, la ley obligaba a contratar con el IGM.
Una de las observaciones de fondo que hizo Procuraduría al proceso precontractual es que se había considerado un sistema inadecuado en la contratación pública, como es la ejecución de obra, cuando para debió seguirse el de adquisición de bienes y servicios.
Tras el informe del 25 de noviembre, el ministro Passailagiue pidió en dos comunicados la reconsideración, pero Procuraduría se ratificó en su dictamen el 22 de diciembre de 2004. Y volvió a ratificarse el 20 de enero pasado ante la insistencia de reconsideración del ministro en cartas del 22 y 23 de diembre de 2004. (LB)
PUNTO DE VISTA
Se pierde la ocasión de un gran proyecto
El presidente de la República, Lucio Gutiérrez, encantó a los estudiantes con un anhelo siempre latente: acceder a facilidades en el pago de tranporte público; pero abandonó la oferta y creó un problema sin fin y cerró cualquier salida.
El hecho, por sí solo, no sería un grave conflicto sino estuviera atravesado por la improvisación, el gesto populista y la toma de decisiones sin la consideración social del caso.
Esto prueba, una vez más, que el Ecuador carece de sistemas de regularización de los intereses entre los actores sociales (en este caso choferes y estudiantes) y sus dirigentes usan a su modo el poder coyuntural que les otorga estar en o con el Gobierno.
Y también es cierto que se perdió (y nadie sabe hasta cuándo) la oportunidad de crear un sistema de atención al estudiante por medio de un simple carné estudiantil. En otros países es la forma de facilitar el acceso a museos, eventos culturales y deportivos y, en consecuencia, el mejoramiento de la calidad de la formación personal y académica.
¿Por qué ocurre este reiterado mal en un país que requiere "sembrar" hombres y mujeres con una alta formación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Hay una sola razón: no hay interés de cambiar las cosas; con ello se mantien una forma de convivencia que favorece el populismo, la desigualdad y el privilegio de unos pocos, en todos los campos.
Si un carné era una vía para varios cambios, se quedó en un lío burocrático. (OP) (Blanco y Negro)
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