Quito. 19 ene 2000. La economía ecuatoriana entró en caída libre
hasta penetrar en un caos cambiario que amenaza la perdurabilidad
de la misma democracia. En los primeros seis días del nuevo año,
el sucre cayó un 33% al intensificarse alocadamente un proceso
que viene acumulándose desde la asunción del presidente Jamil
Mahuad en agosto de 1998. En sólo 18 meses de gobierno, el sucre
se devaluó más de un 500%, hasta entrar en los últimos días a
devaluaciones diarias promedio de entre el 6 y el 9%. "Hemos
entrado a la hiperinflación", proclamó el empresario Julio
Guerra, presidente de la Asociación de Importadores. Al comenzar
el año, el dólar se cotizaba a 20.950 sucres. Seis días después,
la divisa norteamericana se vendía en el mercado a 28 mil sucres.
La estampida cambiaria se intensificó rápidamente después
de que el presidente del Banco Central, Pablo Better, anunció en
conferencia de prensa que el Instituto Emisor mantendría la
flotación y acudiría sólo a una programación monetaria más
estricta para tratar de disciplinar al mercado.
Las declaraciones del funcionario causaron el desconcierto
público porque los agentes económicos esperaban medidas drásticas
en torno de una incautación, la convertibilidad o una
dolarización definitiva de la economía. El Banco Central adujo
que la inestabilidad de los últimos días respondía precisamente
a estas expectativas que para las autoridades económicas son
irrealizables en vista de que una incautación no podría ser
respaldada con un fuerte stock de reservas internacionales.
El analista Abelardo Pachano, ex presidente de la Junta
Monetaria, concordó con Better en el sentido de que,, habiéndose
el Ecuador declarado en moratoria, la interrupción consecuente
del flujo de capitales hacia este país no permitiría al Banco
Central satisfacer toda la demanda de divisas proveniente de los
sectores público y privado. Sólo el sector privado había
acumulado deudas externas por 3 mil millones de dólares, cuya
renovación fue rechazada por la banca extranjera a raíz de la
moratoria ecuatoriana.
Pachano estimó que una dolarización también era impracticable
porque severos desajustes fiscales y desequilibrios económicos
no podrían ser satisfechos con un escuálido stock nacional de
dólares, lo que habría causado severos estragos sociales en caso
de que el sucre hubiese sido reemplazado por el dólar como moneda
de curso legal.
Las autoridades del Banco Central apostaron a que la burbuja
especulativa se rompa tras la clara determinación de la autoridad
monetaria de que no habría una incautación, expectativa que había
generado un intenso acaparamiento de divisas. Si bien
inicialmente el dólar trepó a los 28 mil sucres como consecuencia
de la aclaración de las autoridades, después de la media jornada
del día siguiente pareció romperse la burbuja especulativa y el
dólar descendió de 28.000 a 25.300 sucres, en medio de una gran
volatilidad y de una desconcertante incertidumbre.
El drama cambiario del Ecuador era simplemente el reflejo, el
síntoma más conspicuo de un descalabro económico gestado por una
serie de desaciertos del gobierno de Jamil Mahuad y de una
crónica conflictividad política que caracteriza al Ecuador.
El diario El Comercio de Quito opinó en un editorial de primera
página que "la crisis económica es el saldo de decisiones
desacertadas y un bloqueo que raya con una irracionalidad sólo
compatible con mezquinos intereses".
En efecto, el gobierno de Mahuad fue acusado de sacrificar más
de 1.500 millones de dólares en un salvataje bancario que
benefició a administradores corruptos e ineptos de la banca. Al
menos 16 de los 40 bancos ecuatorianos pasaron al control del
Estado bajo el auspicio de una ley que creó la Agencia de
Garantía de Depósitos con una cláusula de devolución sin límites
del dinero de los depositantes.
El Banco Central tuvo que imprimir el equivalente a todo ese
dinero en sucres para satisfacer la devolución de depósitos,
mientras los banqueros responsables fugaban a Miami a llevar una
vida ostentosa que la revista Vistazo, de Ecuador, divulgó a
través de fotografías que indignaron a la opinión pública. Mahuad
fue acusado de recibir como candidato presidencial 3 millones de
dólares del banquero Fernando Aspiazu, lo que provocó la
indignación pública y redujo notablemente su credibilidad y su
aptitud para manejar la crisis.
Por otra parte, la conflictividad política, que el diario El
Comercio atribuye a "mezquinos intereses" bloqueó cualquier
posibilidad del gobierno para introducir enmiendas legislativas
capaces de modernizar la estructura económica del país. El
Ecuador sufre de crónicos déficit fiscales, que hasta 1998 fueron
cubiertos con agresivo endeudamiento externo e interno. Pero al
incurrir en la moratoria, todas las llaves de financiamiento se
le cerraron al país, mientras una coalición de partidos políticos
y de organizaciones sindicales obstruían las propuestas
gubernamentales para desmonopolizar servicios públicos,
modernizar la seguridad social y vender activos improductivos.
Ecuador llega a una crisis parecida a la que otras naciones de
América sufrieron en la década pasada. Burocracia excesiva,
intervencionismo exagerado del Estado en la economía, una banca
oligopólica protegida legalmente de la competencia externa,
industria petrolera, eléctrica y telefónica convertidas en botín
de sindicalistas y políticos, corrupción extrema y una intensa
politización de los sindicatos públicos han agotado al Ecuador.
De esta manera, el país se transformó en una nación rica en
recursos naturales con un pueblo empobrecido. En los últimos años
Ecuador vivió una creciente inestabilidad política. El presidente
populista Abdalá Bucaram fue derrocado a comienzos de 1997. En
su reemplazo fue colocado por el Congreso otro populista, Fabián
Alarcón, sindicado penalmente como corrupto. Este, a su vez, fue
reemplazado por Jamil Mahuad, señalado por el banquero Fernando
Aspiazu como receptor de una contribución electoral que se asocia
a su favoritismo por los banqueros deshonestos.
En estos días, la estabilidad de Mahuad peligra bajo el influjo
de un caos económico que aparece como el preludio de
movilizaciones sociales radicales. La Confederación de
Nacionalidades Indígenas (CONAIE) anuncia un levantamiento
destinado a derrocar a Mahuad, al Congreso y al Poder Judicial
para forjar un nuevo modelo de Estado.
Mientras tanto, la actividad económica está virtualmente
paralizada con una economía que penetra a la hiperinflación. Esta
ha sido contenida parcialmente sólo gracias a una estricta
política salarial que se vuelve insostenible cuando la estampida
cambiaria comienza a hacer que los negocios cambien los precios
de sus productos todos los días.
Al momento de escribir estas líneas, nadie apostaba un dólar (ya
no cabe hablar de un sucre) por el futuro del gobierno
ecuatoriano. Lo que es peor, nadie se aventuraba a predecir qué
es lo que puede pasar.
Créditos de la Corporación Andina
El presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Enrique
García, anunció que en 1999 aprobó operaciones de crédito por
2.100 millones de dólares a los países andinos miembros del
organismo (Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia), y a los
socios (Brasil, Paraguay, Chile, México, Panamá, Trinidad-Tobago
y Ja- maica).
En la última década, al aprobar 20.000 millones de dólares la CAF
se consolidó como la principal fuente de financiamiento
multilateral de los países andinos. En la década del 90 el
financiamiento representó el 50% del total de recursos otorgados
por organismos internacionales como el BID, BM, Fondo Financiero
de la Cuenca del Plata y otros multilaterales.
García detalló que la CAF actuó en varias formas donde la crisis
económica fue dura, como en Ecuador y Colombia, realizando
operaciones destinadas a la reestructuración de los sistemas
financieros y el otorgamiento de recursos a la mediana y pequeña
microempresa a través del sistema financiero.
En el caso de Colombia y Perú otorgó apoyo a los gobiernos para
programas de infraestructura social y atracción de capitales de
países industrializados, permitiendo la captación de 3.800
millones de dólares y la emisión de valores en mercados
internacionales de capital por más de 1.200 millones de dólares.
Se realizaron avances en el cofinanciamiento de programas,
apoyando a Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela en proyectos
especiales con el sector privado, como por ejemplo la generadora
eléctrica de Guaracachi en Bolivia y la telefónica Orbitel en
Colombia.
Señaló como un tercer elemento el rol de apoyo pragmático al
proceso de integración, mediante la financiación de obras de
infraestructura vial, como la carretera que une La
Paz-Desaguadero-Ilo (Bolivia-Perú), y el apoyo al Proceso de Paz
entre Ecuador y Perú con el ofrecimiento de un crédito de 500
millones de dólares para proyectos de ambos países en el área,
con obras de infraestructura y apoyo a los sectores productivos.
Se concretaron proyectos que integran Ecuador con Colombia y
Colombo-Venezuela.
Entre los proyectos de magnitud, este año se concluyeron los de
integración eléctrica entre Venezuela y Brasil, líneas de
transmisión dentro del territorio brasileño y la finalización de
la carretera pavimentada que une Manaos (Brasil) con la frontera
de Venezuela.
La CAF priorizó continuar con el proyecto de integración física
de carreteras en la Comunidad Andina de Naciones, presentando a
la reunión de ministros de la región proyectos viales que
demandarían una inversión superior a los 8.000 millones de
dólares.
En el campo energético se apoyó la construcción del gasoducto
Bolivia-Brasil y otros de desarrollo en Camisea, así como la
venta de energía con mayor valor agregado.
García reveló que este año se "consolidó" el proyecto de la
"Integración Fluvial Latinoamericana" que significará el apoyo
que otorga el organismo a la integración de las Cuencas del
Plata, Amazonas y el Orinoco, que permitiría, dentro de 15 a 20
años, pensar en "movilizarse" por el centro del continente
sudamericano: partiendo del Río de la Plata, en Buenos Aires y
Montevideo, se llegaría a Bogotá, Colombia, por vía fluvial.
El proyecto, desde el punto de vista ecológico y de desarrollo
sostenible es muy importante, porque permitiría la integración
real del centro de Sudamérica que hoy está desarrollada sólo en
la costa. El programa, si bien es ambicioso, es factible, y por
ello tiene el respaldo de los gobiernos andinos y países
amazónicos que son socios de la CAF. (Texto tomado de Tiempos del
Mundo)
hasta penetrar en un caos cambiario que amenaza la perdurabilidad
de la misma democracia. En los primeros seis días del nuevo año,
el sucre cayó un 33% al intensificarse alocadamente un proceso
que viene acumulándose desde la asunción del presidente Jamil
Mahuad en agosto de 1998. En sólo 18 meses de gobierno, el sucre
se devaluó más de un 500%, hasta entrar en los últimos días a
devaluaciones diarias promedio de entre el 6 y el 9%. "Hemos
entrado a la hiperinflación", proclamó el empresario Julio
Guerra, presidente de la Asociación de Importadores. Al comenzar
el año, el dólar se cotizaba a 20.950 sucres. Seis días después,
la divisa norteamericana se vendía en el mercado a 28 mil sucres.
La estampida cambiaria se intensificó rápidamente después
de que el presidente del Banco Central, Pablo Better, anunció en
conferencia de prensa que el Instituto Emisor mantendría la
flotación y acudiría sólo a una programación monetaria más
estricta para tratar de disciplinar al mercado.
Las declaraciones del funcionario causaron el desconcierto
público porque los agentes económicos esperaban medidas drásticas
en torno de una incautación, la convertibilidad o una
dolarización definitiva de la economía. El Banco Central adujo
que la inestabilidad de los últimos días respondía precisamente
a estas expectativas que para las autoridades económicas son
irrealizables en vista de que una incautación no podría ser
respaldada con un fuerte stock de reservas internacionales.
El analista Abelardo Pachano, ex presidente de la Junta
Monetaria, concordó con Better en el sentido de que,, habiéndose
el Ecuador declarado en moratoria, la interrupción consecuente
del flujo de capitales hacia este país no permitiría al Banco
Central satisfacer toda la demanda de divisas proveniente de los
sectores público y privado. Sólo el sector privado había
acumulado deudas externas por 3 mil millones de dólares, cuya
renovación fue rechazada por la banca extranjera a raíz de la
moratoria ecuatoriana.
Pachano estimó que una dolarización también era impracticable
porque severos desajustes fiscales y desequilibrios económicos
no podrían ser satisfechos con un escuálido stock nacional de
dólares, lo que habría causado severos estragos sociales en caso
de que el sucre hubiese sido reemplazado por el dólar como moneda
de curso legal.
Las autoridades del Banco Central apostaron a que la burbuja
especulativa se rompa tras la clara determinación de la autoridad
monetaria de que no habría una incautación, expectativa que había
generado un intenso acaparamiento de divisas. Si bien
inicialmente el dólar trepó a los 28 mil sucres como consecuencia
de la aclaración de las autoridades, después de la media jornada
del día siguiente pareció romperse la burbuja especulativa y el
dólar descendió de 28.000 a 25.300 sucres, en medio de una gran
volatilidad y de una desconcertante incertidumbre.
El drama cambiario del Ecuador era simplemente el reflejo, el
síntoma más conspicuo de un descalabro económico gestado por una
serie de desaciertos del gobierno de Jamil Mahuad y de una
crónica conflictividad política que caracteriza al Ecuador.
El diario El Comercio de Quito opinó en un editorial de primera
página que "la crisis económica es el saldo de decisiones
desacertadas y un bloqueo que raya con una irracionalidad sólo
compatible con mezquinos intereses".
En efecto, el gobierno de Mahuad fue acusado de sacrificar más
de 1.500 millones de dólares en un salvataje bancario que
benefició a administradores corruptos e ineptos de la banca. Al
menos 16 de los 40 bancos ecuatorianos pasaron al control del
Estado bajo el auspicio de una ley que creó la Agencia de
Garantía de Depósitos con una cláusula de devolución sin límites
del dinero de los depositantes.
El Banco Central tuvo que imprimir el equivalente a todo ese
dinero en sucres para satisfacer la devolución de depósitos,
mientras los banqueros responsables fugaban a Miami a llevar una
vida ostentosa que la revista Vistazo, de Ecuador, divulgó a
través de fotografías que indignaron a la opinión pública. Mahuad
fue acusado de recibir como candidato presidencial 3 millones de
dólares del banquero Fernando Aspiazu, lo que provocó la
indignación pública y redujo notablemente su credibilidad y su
aptitud para manejar la crisis.
Por otra parte, la conflictividad política, que el diario El
Comercio atribuye a "mezquinos intereses" bloqueó cualquier
posibilidad del gobierno para introducir enmiendas legislativas
capaces de modernizar la estructura económica del país. El
Ecuador sufre de crónicos déficit fiscales, que hasta 1998 fueron
cubiertos con agresivo endeudamiento externo e interno. Pero al
incurrir en la moratoria, todas las llaves de financiamiento se
le cerraron al país, mientras una coalición de partidos políticos
y de organizaciones sindicales obstruían las propuestas
gubernamentales para desmonopolizar servicios públicos,
modernizar la seguridad social y vender activos improductivos.
Ecuador llega a una crisis parecida a la que otras naciones de
América sufrieron en la década pasada. Burocracia excesiva,
intervencionismo exagerado del Estado en la economía, una banca
oligopólica protegida legalmente de la competencia externa,
industria petrolera, eléctrica y telefónica convertidas en botín
de sindicalistas y políticos, corrupción extrema y una intensa
politización de los sindicatos públicos han agotado al Ecuador.
De esta manera, el país se transformó en una nación rica en
recursos naturales con un pueblo empobrecido. En los últimos años
Ecuador vivió una creciente inestabilidad política. El presidente
populista Abdalá Bucaram fue derrocado a comienzos de 1997. En
su reemplazo fue colocado por el Congreso otro populista, Fabián
Alarcón, sindicado penalmente como corrupto. Este, a su vez, fue
reemplazado por Jamil Mahuad, señalado por el banquero Fernando
Aspiazu como receptor de una contribución electoral que se asocia
a su favoritismo por los banqueros deshonestos.
En estos días, la estabilidad de Mahuad peligra bajo el influjo
de un caos económico que aparece como el preludio de
movilizaciones sociales radicales. La Confederación de
Nacionalidades Indígenas (CONAIE) anuncia un levantamiento
destinado a derrocar a Mahuad, al Congreso y al Poder Judicial
para forjar un nuevo modelo de Estado.
Mientras tanto, la actividad económica está virtualmente
paralizada con una economía que penetra a la hiperinflación. Esta
ha sido contenida parcialmente sólo gracias a una estricta
política salarial que se vuelve insostenible cuando la estampida
cambiaria comienza a hacer que los negocios cambien los precios
de sus productos todos los días.
Al momento de escribir estas líneas, nadie apostaba un dólar (ya
no cabe hablar de un sucre) por el futuro del gobierno
ecuatoriano. Lo que es peor, nadie se aventuraba a predecir qué
es lo que puede pasar.
Créditos de la Corporación Andina
El presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Enrique
García, anunció que en 1999 aprobó operaciones de crédito por
2.100 millones de dólares a los países andinos miembros del
organismo (Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia), y a los
socios (Brasil, Paraguay, Chile, México, Panamá, Trinidad-Tobago
y Ja- maica).
En la última década, al aprobar 20.000 millones de dólares la CAF
se consolidó como la principal fuente de financiamiento
multilateral de los países andinos. En la década del 90 el
financiamiento representó el 50% del total de recursos otorgados
por organismos internacionales como el BID, BM, Fondo Financiero
de la Cuenca del Plata y otros multilaterales.
García detalló que la CAF actuó en varias formas donde la crisis
económica fue dura, como en Ecuador y Colombia, realizando
operaciones destinadas a la reestructuración de los sistemas
financieros y el otorgamiento de recursos a la mediana y pequeña
microempresa a través del sistema financiero.
En el caso de Colombia y Perú otorgó apoyo a los gobiernos para
programas de infraestructura social y atracción de capitales de
países industrializados, permitiendo la captación de 3.800
millones de dólares y la emisión de valores en mercados
internacionales de capital por más de 1.200 millones de dólares.
Se realizaron avances en el cofinanciamiento de programas,
apoyando a Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela en proyectos
especiales con el sector privado, como por ejemplo la generadora
eléctrica de Guaracachi en Bolivia y la telefónica Orbitel en
Colombia.
Señaló como un tercer elemento el rol de apoyo pragmático al
proceso de integración, mediante la financiación de obras de
infraestructura vial, como la carretera que une La
Paz-Desaguadero-Ilo (Bolivia-Perú), y el apoyo al Proceso de Paz
entre Ecuador y Perú con el ofrecimiento de un crédito de 500
millones de dólares para proyectos de ambos países en el área,
con obras de infraestructura y apoyo a los sectores productivos.
Se concretaron proyectos que integran Ecuador con Colombia y
Colombo-Venezuela.
Entre los proyectos de magnitud, este año se concluyeron los de
integración eléctrica entre Venezuela y Brasil, líneas de
transmisión dentro del territorio brasileño y la finalización de
la carretera pavimentada que une Manaos (Brasil) con la frontera
de Venezuela.
La CAF priorizó continuar con el proyecto de integración física
de carreteras en la Comunidad Andina de Naciones, presentando a
la reunión de ministros de la región proyectos viales que
demandarían una inversión superior a los 8.000 millones de
dólares.
En el campo energético se apoyó la construcción del gasoducto
Bolivia-Brasil y otros de desarrollo en Camisea, así como la
venta de energía con mayor valor agregado.
García reveló que este año se "consolidó" el proyecto de la
"Integración Fluvial Latinoamericana" que significará el apoyo
que otorga el organismo a la integración de las Cuencas del
Plata, Amazonas y el Orinoco, que permitiría, dentro de 15 a 20
años, pensar en "movilizarse" por el centro del continente
sudamericano: partiendo del Río de la Plata, en Buenos Aires y
Montevideo, se llegaría a Bogotá, Colombia, por vía fluvial.
El proyecto, desde el punto de vista ecológico y de desarrollo
sostenible es muy importante, porque permitiría la integración
real del centro de Sudamérica que hoy está desarrollada sólo en
la costa. El programa, si bien es ambicioso, es factible, y por
ello tiene el respaldo de los gobiernos andinos y países
amazónicos que son socios de la CAF. (Texto tomado de Tiempos del
Mundo)
Más en el