Quito. 1 ene 2002. La frontera norte y con ella el territorio
ecuatoriano, se están convirtiendo en un polvorín a punto de estallar.
Sobre todo si en Colombia fracasan las conversaciones de paz, y los
marines, triunfantes en Afganistán, pero indecisos frente a Irán, fueran
enviados a reemplazar ese teatro bélico por otro escenario para sus
computarizadas hazañas. Todo puede pasar, y todo puede estarse
planificando para que ocurra.
Como país vecino, el Ecuador está expuesto a varias consecuencias nacidas
del desarrollo y presumible extensión del conflicto colombiano: traslado
de actividades de los narcotraficantes a su territorio y a su aparato
productivo; afectación de territorios fronterizos a causa de fumigaciones
indiscriminadas; desplazamiento de campesinos refugiados; incremento de
problemas sociales, ambientales y políticos. Los narcotraficantes,
perseguidos hasta cierto punto que no implique la erradicación del
negocio, pueden ir buscando, y de hecho lo están haciendo desde hace
varios años, un lugar menos expuesto a la acción de las autoridades y,
sobre todo, a la opinión pública que en cierta medida aún ve con malos
ojos un negocio que degrada instituciones y personas.
Ese nuevo territorio puede ser el Ecuador: vecino a Colombia, proclive de
ser colonizado sobre todo en las extensas regiones amazónicas pobladas
apenas por comunidades indígenas indefensas e influenciables; núcleos
urbanos susceptibles de crecimiento; justicia y autoridades permeables a
la corrupción; legislación confusa y permisiva con abundantes leyes sin
reglamentos claros; una clase política ocupada en rencillas
interpartidarias, odios absurdos y rencores acumulados; en fin, fértil
caldo de cultivo para los tentáculos de un negocio que no tiene
prejuicios éticos ni escrúpulos.
Economía, seguridad y medio ambiente
En términos económicos, la industria del narcotráfico, mientras se
mantenga ilegal y rentable, está en capacidad de introducir en una
economía pequeña como la ecuatoriana, recursos financieros impensables
con efectos inflacionarios inmediatos. Se dispararían los precios en
áreas como la construcción, el mercado del arte y de los bienes
suntuarios, vehículos, turismo de alto nivel, etc. Una escalada de
precios en estos sectores, arrastrará consigo los precios de los
artículos corrientes. No necesariamente, empero, afectará los salarios,
al menos no en el trabajo básico poco o nada especializado, con el
consiguiente ensanchamiento de la brecha económica entre ricos y pobres.
De ahí al recrudecimiento de las contradicciones sociales y de la
injusticia distributiva, y a las reacciones populares hay un paso. Dado
el cual, el surgimiento de guerrillas o su fortalecimiento, si su
persecución en Colombia las ha obligado también a desplazarse, sería casi
imposible de evitar y menos aún de controlar. En un territorio cuatro
veces más pequeño que el colombiano, las guerrillas pueden hacer su
agosto en pocos años.
Consecuencia inmediata de lo anterior, la seguridad ciudadana, ya
bastante afectada por la delincuencia común y el agravamiento de la
miseria, entraría en barrena. A los delitos empezarían a agregarse las
guerras entre carteles, el sicariato, la corrupción en sus más altos y
sofisticados niveles. El desplazamiento de campesinos y trabajadores
ecuatorianos de la zona fronteriza, empujados hacia el interior del país
por los nuevos inmigrantes, agravará también los índices de inseguridad,
acrecentará los problemas sociales, incrementará invasiones de tierras y
contrabando de servicios públicos, ya insuficientes en las ciudades
principales, y deteriorará aún más el ya deleznable estado de convivencia
ciudadana.
En el aspecto ambiental, las fumigaciones en la frontera ya inciden
directamente sobre territorios agrícolas, ganaderos y selváticos
ecuatorianos y sobre varias comunidades, pero el problema se agudizará en
la medida en que se incrementen al norte de la frontera. Una vez
desplazada hacia el Ecuador la producción de coca o de amapola, las
fumigaciones serán ya directamente sobre territorio ecuatoriano con la
degradación previsible del medio ambiente. Ya no será solo el petróleo el
causante de la contaminación de tierras y fuentes de agua; a él se
agregarán los químicos necesarios para la refinación de las sustancias
ilegales, aparte de que el cultivo de hoja de coca, por su bajo
rendimiento en términos de producto final frente a la materia prima
requerida, devastará extensos sectores de suelos productivos. Súmese a
ello la actividad palmicultora y se tendrá un panorama desolador para
gran parte de la Amazonía.
¿Qué hacer?
De continuar llevando a cabo en sus perniciosas actividades y
consecuencias el Plan Colombia, Ecuador está expuesto a convertirse en
poco tiempo en una extensión de lo que ha sido el país norteño desde
cuando se inició el negocio mortal del narcotráfico. La persistencia de
la Base de Manta y el alineamiento con una política absurda de
criminalización de las drogas, harán que no se detengan, a corto plazo,
las consecuencias de dicho Plan. En estos momentos y frente a un mapa de
realidades tan dramático y peligroso como el descrito, los países andinos
no deberían eludir el camino de una confrontación directa con las
políticas norteamericanas frente al problema de la droga, y presionar
internacionalmente para que se estudie en serio su legalización y control
sanitario.
No hacerlo y no emprenderlo ya, hará inevitable la consolidación del caos
que se vislumbra.
* Omar Ospina García es editorialista y defensor del lector de HOY
(Diario Hoy)
ecuatoriano, se están convirtiendo en un polvorín a punto de estallar.
Sobre todo si en Colombia fracasan las conversaciones de paz, y los
marines, triunfantes en Afganistán, pero indecisos frente a Irán, fueran
enviados a reemplazar ese teatro bélico por otro escenario para sus
computarizadas hazañas. Todo puede pasar, y todo puede estarse
planificando para que ocurra.
Como país vecino, el Ecuador está expuesto a varias consecuencias nacidas
del desarrollo y presumible extensión del conflicto colombiano: traslado
de actividades de los narcotraficantes a su territorio y a su aparato
productivo; afectación de territorios fronterizos a causa de fumigaciones
indiscriminadas; desplazamiento de campesinos refugiados; incremento de
problemas sociales, ambientales y políticos. Los narcotraficantes,
perseguidos hasta cierto punto que no implique la erradicación del
negocio, pueden ir buscando, y de hecho lo están haciendo desde hace
varios años, un lugar menos expuesto a la acción de las autoridades y,
sobre todo, a la opinión pública que en cierta medida aún ve con malos
ojos un negocio que degrada instituciones y personas.
Ese nuevo territorio puede ser el Ecuador: vecino a Colombia, proclive de
ser colonizado sobre todo en las extensas regiones amazónicas pobladas
apenas por comunidades indígenas indefensas e influenciables; núcleos
urbanos susceptibles de crecimiento; justicia y autoridades permeables a
la corrupción; legislación confusa y permisiva con abundantes leyes sin
reglamentos claros; una clase política ocupada en rencillas
interpartidarias, odios absurdos y rencores acumulados; en fin, fértil
caldo de cultivo para los tentáculos de un negocio que no tiene
prejuicios éticos ni escrúpulos.
Economía, seguridad y medio ambiente
En términos económicos, la industria del narcotráfico, mientras se
mantenga ilegal y rentable, está en capacidad de introducir en una
economía pequeña como la ecuatoriana, recursos financieros impensables
con efectos inflacionarios inmediatos. Se dispararían los precios en
áreas como la construcción, el mercado del arte y de los bienes
suntuarios, vehículos, turismo de alto nivel, etc. Una escalada de
precios en estos sectores, arrastrará consigo los precios de los
artículos corrientes. No necesariamente, empero, afectará los salarios,
al menos no en el trabajo básico poco o nada especializado, con el
consiguiente ensanchamiento de la brecha económica entre ricos y pobres.
De ahí al recrudecimiento de las contradicciones sociales y de la
injusticia distributiva, y a las reacciones populares hay un paso. Dado
el cual, el surgimiento de guerrillas o su fortalecimiento, si su
persecución en Colombia las ha obligado también a desplazarse, sería casi
imposible de evitar y menos aún de controlar. En un territorio cuatro
veces más pequeño que el colombiano, las guerrillas pueden hacer su
agosto en pocos años.
Consecuencia inmediata de lo anterior, la seguridad ciudadana, ya
bastante afectada por la delincuencia común y el agravamiento de la
miseria, entraría en barrena. A los delitos empezarían a agregarse las
guerras entre carteles, el sicariato, la corrupción en sus más altos y
sofisticados niveles. El desplazamiento de campesinos y trabajadores
ecuatorianos de la zona fronteriza, empujados hacia el interior del país
por los nuevos inmigrantes, agravará también los índices de inseguridad,
acrecentará los problemas sociales, incrementará invasiones de tierras y
contrabando de servicios públicos, ya insuficientes en las ciudades
principales, y deteriorará aún más el ya deleznable estado de convivencia
ciudadana.
En el aspecto ambiental, las fumigaciones en la frontera ya inciden
directamente sobre territorios agrícolas, ganaderos y selváticos
ecuatorianos y sobre varias comunidades, pero el problema se agudizará en
la medida en que se incrementen al norte de la frontera. Una vez
desplazada hacia el Ecuador la producción de coca o de amapola, las
fumigaciones serán ya directamente sobre territorio ecuatoriano con la
degradación previsible del medio ambiente. Ya no será solo el petróleo el
causante de la contaminación de tierras y fuentes de agua; a él se
agregarán los químicos necesarios para la refinación de las sustancias
ilegales, aparte de que el cultivo de hoja de coca, por su bajo
rendimiento en términos de producto final frente a la materia prima
requerida, devastará extensos sectores de suelos productivos. Súmese a
ello la actividad palmicultora y se tendrá un panorama desolador para
gran parte de la Amazonía.
¿Qué hacer?
De continuar llevando a cabo en sus perniciosas actividades y
consecuencias el Plan Colombia, Ecuador está expuesto a convertirse en
poco tiempo en una extensión de lo que ha sido el país norteño desde
cuando se inició el negocio mortal del narcotráfico. La persistencia de
la Base de Manta y el alineamiento con una política absurda de
criminalización de las drogas, harán que no se detengan, a corto plazo,
las consecuencias de dicho Plan. En estos momentos y frente a un mapa de
realidades tan dramático y peligroso como el descrito, los países andinos
no deberían eludir el camino de una confrontación directa con las
políticas norteamericanas frente al problema de la droga, y presionar
internacionalmente para que se estudie en serio su legalización y control
sanitario.
No hacerlo y no emprenderlo ya, hará inevitable la consolidación del caos
que se vislumbra.
* Omar Ospina García es editorialista y defensor del lector de HOY
(Diario Hoy)
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