Quito. 24 sep 97. La presencia de la Comisión de Fiscalización
quedó atrás. Para su actual presidente, el diputado
socialcristiano Luis Chiriboga Acosta, la coyuntura es
diferente a la que se vivió en febrero, cuando la corrupción
llegó a niveles impresionantes, de ahí que el trabajo que
realiza es más silencioso que el de la Comisión anterior.
Según él, por el hecho de ser un hombre con prestigio y muy
conocido no necesita de protagonismo. No piensa lo mismo el ex
presidente de la Comisión, Napoleón Saltos, para quien "no hay
trabajo" visible en el organismo fiscalizador.
Pero el trabajo del que habla Chiriboga se limita a la
conformación de subcomisiones para repartir los 478 casos que
hay, de acuerdo a la temática. En los pocos días de
funcionamiento de la Comisión se recibieron 17 denuncias.
El actual Presidente admite que aún no hay resoluciones en
varios casos que quedaron pendientes; sin embargo, el único
del que sí se ocupó es el de Ecuapower: se volvió a presentar
el informe de minoría de la Comisión anterior en el que se
establecía que el contrato con Ecuapower para la compra de 230
megavatios no presentaba anomalías.
Napoleón Saltos dice que lo único que se ha hecho en los dos
últimos meses de la nueva comisión, presidida por Chiriboga
del PSC, es dedicarse a revisar los informes más polémicos.
"La fiscalización se ha detenido", opina el legislador de
Pachakutik. Las diferencias de criterio, en el caso Ecuapower,
eran radicales: mientras que en el informe de mayoría que ya
está archivado se determinaba la ilegalidad por sobreprecio
aparte de que se firmó por tres años con Inecel -que ya debía
desaparecer y convertirse en Conelec-, según la nueva Ley
Eléctrica, en la suscripción del contrato no se incluyó a
Petroecuador, a pesar de que se establece que deberá pagar en
crudo parte de los compromisos adquiridos con Ecuapower.
También se estableció que el gerente de Inecel firmó el
contrato sin autorización del Directorio.
Chiriboga dijo que el resultado será producto de una intensa
investigación porque él considera que no todo lo que señaló la
anterior Comisión es verdadero: "hay que hacer otro tipo de
análisis y hay que ser realistas sino se firmaba el contrato
se venían los apagones". Saltos afirma que en ese caso, como
en todos los anteriores, hay una voluminosa documentación de
respaldo que permitió emitir los dictámenes que hoy se anulan.
El perjuicio económico, según el informe de mayoría,
representa el pago de tres millones de dólares por cada 30
días en los meses que el país no tiene necesidad de comprar
energía. Esto para Chiriboga es lógico, pues Ecuapower debe
estar siempre listo para entregar la energía y no es culpa de
la empresa sino se necesita.
En el informe de la Comisión presidida por Saltos se
establecía responsabilidades civiles y penales en contra de
varios funcionarios de Inecel. Chiriboga, al señalar que la
empresa tiene plantas de generación viejas y que dos de ellas
están paradas, dijo que "eso no es asunto nuestro mientras
Ecuapower proporcione la energía".
La Contraloría no presenta aún sus informes sobre por lo menos
tres casos que fueron presentados por la anterior Comisión de
Fiscalización del Congreso.
Están pendientes los pronunciamientos sobre petróleos, Emetel
y Aduanas. Los dos últimos llevan más tiempo en manos del
contralor, Benjamín Terán Varea, quien personalmente recibió
los resultados de la investigación hecha por Fiscalización.
En el caso de petróleos, este documento fue presentado con
posterioridad a este alto funcionario.
El diputado Chiriboga no dio mayores detalles de algunos
casos. El es partidario de que primero hay que revisar los
informes que presentarán las subcomisiones. Pero eso no sería
todo.
El tiene otro punto de vista: la Comisión de Fiscalización no
debería en sus informes establecer ni responsabilidades
penales ni civiles y peor recomendar la orden de prisión. Su
tarea debe limitarse a investigar y remitir a los órganos
competentes.
El ex miembro y actual presidente de la Comisión cuestiona que
en los informes del anterior organismo, se decía únicamente:
"habría, podría haber responsabilidades penales y civiles,
nunca se habló con certeza".
Para el socialcristiano, no se puede acusar de cometer un
delito solo como un potencial. Saltos cree, sin embargo, que
nunca se procedió así sino que se realizaron exhuastivas
investigaciones en todos los casos que trató la Comisión."Es
preocupante que la Comisión no ha cumplido con su labor",
apunta Saltos, quien al entregar la documentación de la
Comisión al nuevo presidente ya advirtió sobre sus reservas de
que la labor fiscalizadora no alcanzaría los niveles que
permitieron la descalificación de 17 diputados después de la
caída de Abdalá Bucaram.
Petroecuador en problemas
Hay 80 casos * Según los asesores de la anterior Comisión, se
tramitaron 80 casos del sector energético, de los que se
resolvieron 20, quedaron en proceso 50 y unos diez no se
tramitaron por falta de tiempo. El actual Presidente habla de
478 en total.
Sobreprecio en Petromat * Se determinó un sobreprecio de 400
millones de sucres. Se firmó el contrato con la empresa que
perdió la licitación (Constrazul) y se otorgó a Petromat,
empresa que no tenía ni maquinaria ni personal para hacer el
mantenimiento automotriz en la Amazonia. Por lo que se vio
obligada a subcontratar a Constrazul. El monto del contrato
era de diez mil millones y se adjudicó a Petromat, cuyo
capital era de tres millones de sucres. Se establecieron
responsabilidades civiles y penales.
Una adjudicación cuestionada * En el contrato con la
Constructora de Caminos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército
ganó la licitación. Pero a pedido del ex gerente Patricio
López se entregó a la Constructora por 23 mil millones de
sucres. El contrató se firmó el 7 de febrero de 1997.
Problemas con las tuberías * Con la firma Siderca, para la
adquisición de tuberías, el contrato era de cinco millones de
dólares, pero se detectó sobreprecio ya que se debió adjudicar
a la empresa Voesalpine que tenía una diferencia de 800 mil
dólares. Sin embargo, el ex gerente del Petroecuador, Patricio
López , le sacó del concurso sin justificativo.
Los seguros sin seguros * El contrato ascendía a cinco
millones de dólares. En este se reveló que no hubo licitación
porque se declaró una fraudulenta declaratoria de emergencia,
para entregar todo el manejo de seguros a las empresas
aseguradoras Rocafuerte y La Unión. Además, se determinó que
la elección de la empresa aseguradora se encargó a Javier
Nevares, asesor de Alfredo Adum, quien además era corredor de
seguros de La Unión. Se establecieron responsabilidades
civiles y penales. (Texto tomado de El Comercio)
quedó atrás. Para su actual presidente, el diputado
socialcristiano Luis Chiriboga Acosta, la coyuntura es
diferente a la que se vivió en febrero, cuando la corrupción
llegó a niveles impresionantes, de ahí que el trabajo que
realiza es más silencioso que el de la Comisión anterior.
Según él, por el hecho de ser un hombre con prestigio y muy
conocido no necesita de protagonismo. No piensa lo mismo el ex
presidente de la Comisión, Napoleón Saltos, para quien "no hay
trabajo" visible en el organismo fiscalizador.
Pero el trabajo del que habla Chiriboga se limita a la
conformación de subcomisiones para repartir los 478 casos que
hay, de acuerdo a la temática. En los pocos días de
funcionamiento de la Comisión se recibieron 17 denuncias.
El actual Presidente admite que aún no hay resoluciones en
varios casos que quedaron pendientes; sin embargo, el único
del que sí se ocupó es el de Ecuapower: se volvió a presentar
el informe de minoría de la Comisión anterior en el que se
establecía que el contrato con Ecuapower para la compra de 230
megavatios no presentaba anomalías.
Napoleón Saltos dice que lo único que se ha hecho en los dos
últimos meses de la nueva comisión, presidida por Chiriboga
del PSC, es dedicarse a revisar los informes más polémicos.
"La fiscalización se ha detenido", opina el legislador de
Pachakutik. Las diferencias de criterio, en el caso Ecuapower,
eran radicales: mientras que en el informe de mayoría que ya
está archivado se determinaba la ilegalidad por sobreprecio
aparte de que se firmó por tres años con Inecel -que ya debía
desaparecer y convertirse en Conelec-, según la nueva Ley
Eléctrica, en la suscripción del contrato no se incluyó a
Petroecuador, a pesar de que se establece que deberá pagar en
crudo parte de los compromisos adquiridos con Ecuapower.
También se estableció que el gerente de Inecel firmó el
contrato sin autorización del Directorio.
Chiriboga dijo que el resultado será producto de una intensa
investigación porque él considera que no todo lo que señaló la
anterior Comisión es verdadero: "hay que hacer otro tipo de
análisis y hay que ser realistas sino se firmaba el contrato
se venían los apagones". Saltos afirma que en ese caso, como
en todos los anteriores, hay una voluminosa documentación de
respaldo que permitió emitir los dictámenes que hoy se anulan.
El perjuicio económico, según el informe de mayoría,
representa el pago de tres millones de dólares por cada 30
días en los meses que el país no tiene necesidad de comprar
energía. Esto para Chiriboga es lógico, pues Ecuapower debe
estar siempre listo para entregar la energía y no es culpa de
la empresa sino se necesita.
En el informe de la Comisión presidida por Saltos se
establecía responsabilidades civiles y penales en contra de
varios funcionarios de Inecel. Chiriboga, al señalar que la
empresa tiene plantas de generación viejas y que dos de ellas
están paradas, dijo que "eso no es asunto nuestro mientras
Ecuapower proporcione la energía".
La Contraloría no presenta aún sus informes sobre por lo menos
tres casos que fueron presentados por la anterior Comisión de
Fiscalización del Congreso.
Están pendientes los pronunciamientos sobre petróleos, Emetel
y Aduanas. Los dos últimos llevan más tiempo en manos del
contralor, Benjamín Terán Varea, quien personalmente recibió
los resultados de la investigación hecha por Fiscalización.
En el caso de petróleos, este documento fue presentado con
posterioridad a este alto funcionario.
El diputado Chiriboga no dio mayores detalles de algunos
casos. El es partidario de que primero hay que revisar los
informes que presentarán las subcomisiones. Pero eso no sería
todo.
El tiene otro punto de vista: la Comisión de Fiscalización no
debería en sus informes establecer ni responsabilidades
penales ni civiles y peor recomendar la orden de prisión. Su
tarea debe limitarse a investigar y remitir a los órganos
competentes.
El ex miembro y actual presidente de la Comisión cuestiona que
en los informes del anterior organismo, se decía únicamente:
"habría, podría haber responsabilidades penales y civiles,
nunca se habló con certeza".
Para el socialcristiano, no se puede acusar de cometer un
delito solo como un potencial. Saltos cree, sin embargo, que
nunca se procedió así sino que se realizaron exhuastivas
investigaciones en todos los casos que trató la Comisión."Es
preocupante que la Comisión no ha cumplido con su labor",
apunta Saltos, quien al entregar la documentación de la
Comisión al nuevo presidente ya advirtió sobre sus reservas de
que la labor fiscalizadora no alcanzaría los niveles que
permitieron la descalificación de 17 diputados después de la
caída de Abdalá Bucaram.
Petroecuador en problemas
Hay 80 casos * Según los asesores de la anterior Comisión, se
tramitaron 80 casos del sector energético, de los que se
resolvieron 20, quedaron en proceso 50 y unos diez no se
tramitaron por falta de tiempo. El actual Presidente habla de
478 en total.
Sobreprecio en Petromat * Se determinó un sobreprecio de 400
millones de sucres. Se firmó el contrato con la empresa que
perdió la licitación (Constrazul) y se otorgó a Petromat,
empresa que no tenía ni maquinaria ni personal para hacer el
mantenimiento automotriz en la Amazonia. Por lo que se vio
obligada a subcontratar a Constrazul. El monto del contrato
era de diez mil millones y se adjudicó a Petromat, cuyo
capital era de tres millones de sucres. Se establecieron
responsabilidades civiles y penales.
Una adjudicación cuestionada * En el contrato con la
Constructora de Caminos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército
ganó la licitación. Pero a pedido del ex gerente Patricio
López se entregó a la Constructora por 23 mil millones de
sucres. El contrató se firmó el 7 de febrero de 1997.
Problemas con las tuberías * Con la firma Siderca, para la
adquisición de tuberías, el contrato era de cinco millones de
dólares, pero se detectó sobreprecio ya que se debió adjudicar
a la empresa Voesalpine que tenía una diferencia de 800 mil
dólares. Sin embargo, el ex gerente del Petroecuador, Patricio
López , le sacó del concurso sin justificativo.
Los seguros sin seguros * El contrato ascendía a cinco
millones de dólares. En este se reveló que no hubo licitación
porque se declaró una fraudulenta declaratoria de emergencia,
para entregar todo el manejo de seguros a las empresas
aseguradoras Rocafuerte y La Unión. Además, se determinó que
la elección de la empresa aseguradora se encargó a Javier
Nevares, asesor de Alfredo Adum, quien además era corredor de
seguros de La Unión. Se establecieron responsabilidades
civiles y penales. (Texto tomado de El Comercio)
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