Guayaquil. 4 ago 98. Diez y nueve años después de reinstaurado
el derecho al sufragio en Ecuador, doce millones de
ecuatorianos aún conservan la esperanza de observar signos de
recuperación en la economía que a su vez se traduzcan en
bienestar para ellos y las futuras generaciones.
Pero hasta ahora la realidad es otra. Inconclusas reformas
estructurales que debieron concretarse de manera paralela a
los programas de estabilización macroeconómica, aplicados
periódicamente en los seis gobiernos que se sucedieron desde
la reinstauración de la democracia en 1979, han provocado el
empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de la
población.
Aunque para muchos expertos esta visión de Ecuador es
pesimista, para otros es realista. Ambos sectores tienen razón
en cierta forma.
En el primer caso está claro que algunas reformas introducidas
como los acuerdos de libre comercio, en lugar de la
sustitución de importaciones; y la flotación del tipo de
cambio del dólar y de las tasas de interés, en lugar del
sistema de intervención de esos indicadores por ejemplo,
impidieron que la economía se desbocara durante el conflicto
con Perú y la serie de sobresaltos políticos que se han
presentado en ese lapso.
Si bien la economía ecuatoriana en su conjunto ha sobrevivido
a los golpes internos y externos, los habitantes de menores
recursos han sido las víctimas de las crisis.
La expansión del desempleo, el encarecimiento de los productos
de la canasta familiar así como la depresión del valor real de
los salarios y las restricciones para acceder a una mejor
educación, son algunas de las consecuencias que en el campo
social se observan por el mal manejo de programas económicos y
de las finanzas públicas.
Deterioro social
Así, el nivel de desempleo que en 1979 estaba en 5,4% de la
Población Económicamente Activa (PEA), en la actualidad se
ubica en el 17% de ese mismo parámetro; la inflación que en el
primer año fue de 10%, al momento se ecuentra en el 36% y los
salarios reales han decrecido solo entre junio de 1998 y
similar mes de 1997 en î10,60%.
En el campo macroeconómico los resultados negativos están en
el endeble crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), en
ocasiones incluso por debajo del crecimiento vegetativo de la
población; la reducción de la inversión nacional y extranjera,
la recesión que afecta al aparato productivo y la desaparición
de muchas empresas.
Previsiones oficiales señalan que este año el crecimiento de
la economía no superará el 1%.
En relación a los ingresos netos de inversión extranjera
directa, su mejor época fue durante 1993 y 1994, cuando
representaron 469 y 531 millones de dólares respectivamente,
para posteriormente descender a 447 millones en 1996.
Un aspecto positivo es el desarrollo de las exportaciones
desde 1988, alentadas fundamentalmente por la vigencia de un
tipo de cambio más competitivo, que por reformas de fondo para
mejorar los niveles de productividad. Las ventas externas que
en 1979 apenas superaban los 2.000 millones de dólares, en
1997 casi llegaron a 5.000 millones de dólares.
Reformas pendientes
A nivel público, el voluminoso tamaño del Estado ha sido el
lastre de las indispensables reformas estructurales. A ese
aspecto se suman la conservación del monopolio estatal en
importantes sectores como la seguridad social, el petrolero,
eléctrico y las telecomunicaciones que permanecen vedadas a la
inversión privada. Ni qué hablar de la necesaria reforma
educacional.
De igual manera la corrupción que se ha presentado en los tres
poderes del Estado, es otro de los monstruos que amenaza la
supervivencia de la nación.
En ese contexto los aspectos mencionados constituyen el reto
que deberá enfrentar la nueva administración que presidirán
Jamil Mahuad Witt y Gustavo Noboa Bejarano y se posesionará el
10 de agosto. De ellos se espera la aplicación de políticas
que establezcan las pautas para el desarrollo socioeconómico
sostenido para que las esperanzas de los 12 millones de
ecuatorianos no se desvanezcan.
De concretarse los cambios adecuados se evitará que Ecuador
siga como el último reducto del atraso económico y social.
A continuación ofrecemos un detalle de lo que en cifras han
dejado los regímenes de Jaime Roldós Aguilera-Osvaldo Hurtado;
León Febres-Cordero-Blasco Peñaherrera; Rodrigo Borja-Luis
Parodi; Sixto Durán-Ballén-Alberto Dahik-Eduardo Peña; Abdalá
Bucaram-Rosalía Arteaga; y Fabián Alarcón-Rosalía
Arteaga-Pedro Aguayo en los últimos 19 años.
Jaime Roldós Aguilera, Osvaldo Hurtado Larrea de 1979 a 1984
Su temprana muerte, el 24 de mayo de 1981, impidió que Jaime
Roldós cumpliera con sus postulados de promoción social. Su
sucesor Osvaldo Hurtado ejecutó programas de alfabetización
que permitieron reducir la tasa de analfabetismo al 9,6% de la
población en 1982.
En este periodo presidencial se inició la sucretización de la
deuda externa privada para evitar la liquidación de muchas
instituciones del sistema financiero.
En 1982-1983 el Fenómeno El Niño provocó el repunte de la
inflación del 16% al 48%. La destrucción de carreteras,
puentes, viviendas y vías de salida de la producción afectó
duramente a la población.
En 1983 la economía registró un decrecimiento de î2,8%
consecuencia también del duro invierno para recuperarse en
1984 al 4,2%.
La reserva monetaria cayó de 636 millones de dólares 171
millones de dólares y la deuda externa aumentó de 3.554
millones de dólares a 7.596 millones de dólares en ese lapso.
En cuanto al manejo de las finanzas públicas, los mayores
desfases en el sector público no financiero se produjeron
durante la presencia de El Niño, pero terminaron en 1984 con
una tasa manejable de î0,6% del PIB.
León Febres-Cordero Ribadeneyra-Blasco Peñaherrera Padilla
1984-1988
La ruptura del oleoducto a consecuencia del terremoto provocó
la caída del Producto Interno Bruto en 1987 a î6%. Durante su
administración la inflación se desbordó del 31% al 58%. En
1987 la Reserva Monetaria también quedó con un saldo rojo de
î151 millones de dólares.
El endeudamiento externo se elevó de 7.596 millones de dólares
a 9.750 millones de dólares.
Febres-Cordero ejecutó un cuestionado proceso de reconversión
de la deuda externa, que los entendidos sostienen que ocasionó
ingentes perjuicios al Banco Central del Ecuador.
Su intento por liberar el tipo de cambio del dólar y las tasas
de interés resultó infructuoso por la debilidad de las
reservas monetarias.
Un aspecto positivo fue que el desempleo descendió de 10,5% de
la PEA a 7% de la PEA.
Las exportaciones se mantuvieron estables, a excepción de 1987
en que se contrajeron por la disminución de las ventas de
petróleo.
Su gestión continuó pese al secuestro temporal del primer
mandatario en el suceso conocido como Taurazo.
Durante este gobierno se registraron los déficit fiscales más
elevados, que en 1988 concluyeron con uno de î5,9% del PIB.
Rodrigo Borja Cevallos-Luis Parodi Valverde 1988-1992
La reforma tributaria y el inicio de las negociaciones para el
libre comercio a nivel del Pacto Andino, son los puntos a
favor del gobierno de Rodrigo Borja Cevallos.
Su gestión se caracterizó por su política del gradualismo en
la corrección de los principales precios de la economía como
el dólar. Como consecuencia de ello no se cumplió su propuesta
de reducir la inflación al 30%, la que permaneció en niveles
del 50%.
En su administración la conversión de deuda externa se
canalizó exclusivamente para actividades educativas y
sociales.
El crecimiento de la economía estuvo por arriba del 3%, pero
el desempleo tuvo un ligero repunte.
Durante su administración, las exportaciones iniciaron una
tendencia al alza, pues evolucionaron de alrededor de 2.000
millones de dólares a 3.000 millones de dólares.
Hubo distorsiones en el sistema financiero nacional como
efecto de la intervención en las tasas de interés.
En 1992, la brecha fiscal fue de î1,7% del PIB, y durante todo
su periodo peresidencial no llegaron al 2% del PIB.
Sixto Durán-Ballén-Alberto Dahik Garzozi-Eduardo Peña Triviño
1992-1996
Reformas estructurales en los campos monetario, cambiario y
financiero, así como el inicio de las privatizaciones y
modernización, constituyen el aval para la labor de Sixto
Durán-Ballén.
Es a su primer vicepresidente, Alberto Dahik a quien se le
atribuye la implantación del programa neoliberal y de shock
que en sus primeros años logró la ansiada estabilización de la
economía y un mayor ingreso de capitales foráneos.
Así, la inflación que bordeaba el 54% en 1992, descendió al
24% en 1996, la Reserva Monetaria se recuperó hasta llegar a
niveles nunca antes vistos de 1.831 millones de dólares y las
exportaciones casi llegaron a los 5.000 millones de dólares.
Pero muchos se quejan de que se dejaron truncos proyectos
prioritarios, como la desmonopolización del IESS y la
telecomunicaciones porque el Ejecutivo decidió darles una
segunda oportunidad.
Este es el único gobierno que en contraste a tendencias
anteriores los salarios reales crecieron, con lo que se vio
favorecida la clase trabajadora.
El manejo de las cuentas fiscales se tradujo en conservar
déficit fiscales manejables a excepción de 1996, año que
concluyó con un hueco fiscal de î3,5% del PIB.
Durán-Ballén enfrentó el conflicto bélico con el Perú y la
inestabilidad política producto de las denuncias que hizo
Dahik sobre corrupción en el Congreso, las que le valieron su
salida del cargo.
Abdalá Bucaram Ortiz-Rosalía Arteaga 1996-1997
En el escaso periodo de su gobierno, la inestabilidad fue la
característica principal por la confusión que producían sus
declaraciones y contradeclaraciones en materia económica y
contradicciones con sus principales funcionarios.
Bucaram propuso la convertibilidad de la moneda, lo que para
algunos constituía la solución a los problemas de la economía,
mientras que para otros representaba una espada de Damocles.
La corrupción denunciada por el embajador de Estados Unidos,
fue la gota que derramó el vaso ya que que por ese mismo
motivo los sectores económicos sentían tremendo malestar. Las
contribuciones obligatorias que debían hacer las empresas al
régimen a través del famoso IPRE (Impuesto al PRE) y las
denuncias sobre el mal manejo de las aduanas se vinculan con
ese aspecto.
Su equívoco accionar provocó que la marcha del 5 de febrero de
1997 en protesta por el incremento del precio del gas,
gasolina y tarifas eléctricas fuera capitalizada por las
clases políticas para dar paso a su destitución con la venia
del Congreso.
Fabián Alarcón Rivera-Rosalía Arteaga-Pedro Aguayo Cubillo
1997-1998.
Una vez que Abdalá Bucaram fue declarado insano mental por el
Legislativo, este designó como su remplazo a Fabián Alarcón
Rivera, pese a las discrepancias que surgieron por el vacío
legal en la Constitución respecto a la sucesión presidencial.
El supuesto objetivo de erradicar la corrupción quedó en el
olvido en el régimen interino de Alarcón, lo que se observó en
el caso de los gastos reservados utilizados por su ministro de
Gobierno César Verduga y el de las donaciones de ropa usada
para paliar los efectos del Niño.
Así también el mal manejo de las finanzas públicas hizo que no
se tomaran las precauciones requeridas para enfrentar el ya
anunciado fenómeno El Niño, y el derrumbe de los precios del
petróleo. Estimaciones oficiales señalan que el déficit fiscal
proyectado para este año será de 6% del PIB. Hay un marcado
deterioro del comercio exterior.
De igual manera la inflación supera el 36% y nuchos expertos
consideran que llegará al 40%. El desempleo, según la última
encuesta de las universidades católicas, llega al 17% de la
PEA. (Texto tomado de El Universo)
el derecho al sufragio en Ecuador, doce millones de
ecuatorianos aún conservan la esperanza de observar signos de
recuperación en la economía que a su vez se traduzcan en
bienestar para ellos y las futuras generaciones.
Pero hasta ahora la realidad es otra. Inconclusas reformas
estructurales que debieron concretarse de manera paralela a
los programas de estabilización macroeconómica, aplicados
periódicamente en los seis gobiernos que se sucedieron desde
la reinstauración de la democracia en 1979, han provocado el
empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de la
población.
Aunque para muchos expertos esta visión de Ecuador es
pesimista, para otros es realista. Ambos sectores tienen razón
en cierta forma.
En el primer caso está claro que algunas reformas introducidas
como los acuerdos de libre comercio, en lugar de la
sustitución de importaciones; y la flotación del tipo de
cambio del dólar y de las tasas de interés, en lugar del
sistema de intervención de esos indicadores por ejemplo,
impidieron que la economía se desbocara durante el conflicto
con Perú y la serie de sobresaltos políticos que se han
presentado en ese lapso.
Si bien la economía ecuatoriana en su conjunto ha sobrevivido
a los golpes internos y externos, los habitantes de menores
recursos han sido las víctimas de las crisis.
La expansión del desempleo, el encarecimiento de los productos
de la canasta familiar así como la depresión del valor real de
los salarios y las restricciones para acceder a una mejor
educación, son algunas de las consecuencias que en el campo
social se observan por el mal manejo de programas económicos y
de las finanzas públicas.
Deterioro social
Así, el nivel de desempleo que en 1979 estaba en 5,4% de la
Población Económicamente Activa (PEA), en la actualidad se
ubica en el 17% de ese mismo parámetro; la inflación que en el
primer año fue de 10%, al momento se ecuentra en el 36% y los
salarios reales han decrecido solo entre junio de 1998 y
similar mes de 1997 en î10,60%.
En el campo macroeconómico los resultados negativos están en
el endeble crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), en
ocasiones incluso por debajo del crecimiento vegetativo de la
población; la reducción de la inversión nacional y extranjera,
la recesión que afecta al aparato productivo y la desaparición
de muchas empresas.
Previsiones oficiales señalan que este año el crecimiento de
la economía no superará el 1%.
En relación a los ingresos netos de inversión extranjera
directa, su mejor época fue durante 1993 y 1994, cuando
representaron 469 y 531 millones de dólares respectivamente,
para posteriormente descender a 447 millones en 1996.
Un aspecto positivo es el desarrollo de las exportaciones
desde 1988, alentadas fundamentalmente por la vigencia de un
tipo de cambio más competitivo, que por reformas de fondo para
mejorar los niveles de productividad. Las ventas externas que
en 1979 apenas superaban los 2.000 millones de dólares, en
1997 casi llegaron a 5.000 millones de dólares.
Reformas pendientes
A nivel público, el voluminoso tamaño del Estado ha sido el
lastre de las indispensables reformas estructurales. A ese
aspecto se suman la conservación del monopolio estatal en
importantes sectores como la seguridad social, el petrolero,
eléctrico y las telecomunicaciones que permanecen vedadas a la
inversión privada. Ni qué hablar de la necesaria reforma
educacional.
De igual manera la corrupción que se ha presentado en los tres
poderes del Estado, es otro de los monstruos que amenaza la
supervivencia de la nación.
En ese contexto los aspectos mencionados constituyen el reto
que deberá enfrentar la nueva administración que presidirán
Jamil Mahuad Witt y Gustavo Noboa Bejarano y se posesionará el
10 de agosto. De ellos se espera la aplicación de políticas
que establezcan las pautas para el desarrollo socioeconómico
sostenido para que las esperanzas de los 12 millones de
ecuatorianos no se desvanezcan.
De concretarse los cambios adecuados se evitará que Ecuador
siga como el último reducto del atraso económico y social.
A continuación ofrecemos un detalle de lo que en cifras han
dejado los regímenes de Jaime Roldós Aguilera-Osvaldo Hurtado;
León Febres-Cordero-Blasco Peñaherrera; Rodrigo Borja-Luis
Parodi; Sixto Durán-Ballén-Alberto Dahik-Eduardo Peña; Abdalá
Bucaram-Rosalía Arteaga; y Fabián Alarcón-Rosalía
Arteaga-Pedro Aguayo en los últimos 19 años.
Jaime Roldós Aguilera, Osvaldo Hurtado Larrea de 1979 a 1984
Su temprana muerte, el 24 de mayo de 1981, impidió que Jaime
Roldós cumpliera con sus postulados de promoción social. Su
sucesor Osvaldo Hurtado ejecutó programas de alfabetización
que permitieron reducir la tasa de analfabetismo al 9,6% de la
población en 1982.
En este periodo presidencial se inició la sucretización de la
deuda externa privada para evitar la liquidación de muchas
instituciones del sistema financiero.
En 1982-1983 el Fenómeno El Niño provocó el repunte de la
inflación del 16% al 48%. La destrucción de carreteras,
puentes, viviendas y vías de salida de la producción afectó
duramente a la población.
En 1983 la economía registró un decrecimiento de î2,8%
consecuencia también del duro invierno para recuperarse en
1984 al 4,2%.
La reserva monetaria cayó de 636 millones de dólares 171
millones de dólares y la deuda externa aumentó de 3.554
millones de dólares a 7.596 millones de dólares en ese lapso.
En cuanto al manejo de las finanzas públicas, los mayores
desfases en el sector público no financiero se produjeron
durante la presencia de El Niño, pero terminaron en 1984 con
una tasa manejable de î0,6% del PIB.
León Febres-Cordero Ribadeneyra-Blasco Peñaherrera Padilla
1984-1988
La ruptura del oleoducto a consecuencia del terremoto provocó
la caída del Producto Interno Bruto en 1987 a î6%. Durante su
administración la inflación se desbordó del 31% al 58%. En
1987 la Reserva Monetaria también quedó con un saldo rojo de
î151 millones de dólares.
El endeudamiento externo se elevó de 7.596 millones de dólares
a 9.750 millones de dólares.
Febres-Cordero ejecutó un cuestionado proceso de reconversión
de la deuda externa, que los entendidos sostienen que ocasionó
ingentes perjuicios al Banco Central del Ecuador.
Su intento por liberar el tipo de cambio del dólar y las tasas
de interés resultó infructuoso por la debilidad de las
reservas monetarias.
Un aspecto positivo fue que el desempleo descendió de 10,5% de
la PEA a 7% de la PEA.
Las exportaciones se mantuvieron estables, a excepción de 1987
en que se contrajeron por la disminución de las ventas de
petróleo.
Su gestión continuó pese al secuestro temporal del primer
mandatario en el suceso conocido como Taurazo.
Durante este gobierno se registraron los déficit fiscales más
elevados, que en 1988 concluyeron con uno de î5,9% del PIB.
Rodrigo Borja Cevallos-Luis Parodi Valverde 1988-1992
La reforma tributaria y el inicio de las negociaciones para el
libre comercio a nivel del Pacto Andino, son los puntos a
favor del gobierno de Rodrigo Borja Cevallos.
Su gestión se caracterizó por su política del gradualismo en
la corrección de los principales precios de la economía como
el dólar. Como consecuencia de ello no se cumplió su propuesta
de reducir la inflación al 30%, la que permaneció en niveles
del 50%.
En su administración la conversión de deuda externa se
canalizó exclusivamente para actividades educativas y
sociales.
El crecimiento de la economía estuvo por arriba del 3%, pero
el desempleo tuvo un ligero repunte.
Durante su administración, las exportaciones iniciaron una
tendencia al alza, pues evolucionaron de alrededor de 2.000
millones de dólares a 3.000 millones de dólares.
Hubo distorsiones en el sistema financiero nacional como
efecto de la intervención en las tasas de interés.
En 1992, la brecha fiscal fue de î1,7% del PIB, y durante todo
su periodo peresidencial no llegaron al 2% del PIB.
Sixto Durán-Ballén-Alberto Dahik Garzozi-Eduardo Peña Triviño
1992-1996
Reformas estructurales en los campos monetario, cambiario y
financiero, así como el inicio de las privatizaciones y
modernización, constituyen el aval para la labor de Sixto
Durán-Ballén.
Es a su primer vicepresidente, Alberto Dahik a quien se le
atribuye la implantación del programa neoliberal y de shock
que en sus primeros años logró la ansiada estabilización de la
economía y un mayor ingreso de capitales foráneos.
Así, la inflación que bordeaba el 54% en 1992, descendió al
24% en 1996, la Reserva Monetaria se recuperó hasta llegar a
niveles nunca antes vistos de 1.831 millones de dólares y las
exportaciones casi llegaron a los 5.000 millones de dólares.
Pero muchos se quejan de que se dejaron truncos proyectos
prioritarios, como la desmonopolización del IESS y la
telecomunicaciones porque el Ejecutivo decidió darles una
segunda oportunidad.
Este es el único gobierno que en contraste a tendencias
anteriores los salarios reales crecieron, con lo que se vio
favorecida la clase trabajadora.
El manejo de las cuentas fiscales se tradujo en conservar
déficit fiscales manejables a excepción de 1996, año que
concluyó con un hueco fiscal de î3,5% del PIB.
Durán-Ballén enfrentó el conflicto bélico con el Perú y la
inestabilidad política producto de las denuncias que hizo
Dahik sobre corrupción en el Congreso, las que le valieron su
salida del cargo.
Abdalá Bucaram Ortiz-Rosalía Arteaga 1996-1997
En el escaso periodo de su gobierno, la inestabilidad fue la
característica principal por la confusión que producían sus
declaraciones y contradeclaraciones en materia económica y
contradicciones con sus principales funcionarios.
Bucaram propuso la convertibilidad de la moneda, lo que para
algunos constituía la solución a los problemas de la economía,
mientras que para otros representaba una espada de Damocles.
La corrupción denunciada por el embajador de Estados Unidos,
fue la gota que derramó el vaso ya que que por ese mismo
motivo los sectores económicos sentían tremendo malestar. Las
contribuciones obligatorias que debían hacer las empresas al
régimen a través del famoso IPRE (Impuesto al PRE) y las
denuncias sobre el mal manejo de las aduanas se vinculan con
ese aspecto.
Su equívoco accionar provocó que la marcha del 5 de febrero de
1997 en protesta por el incremento del precio del gas,
gasolina y tarifas eléctricas fuera capitalizada por las
clases políticas para dar paso a su destitución con la venia
del Congreso.
Fabián Alarcón Rivera-Rosalía Arteaga-Pedro Aguayo Cubillo
1997-1998.
Una vez que Abdalá Bucaram fue declarado insano mental por el
Legislativo, este designó como su remplazo a Fabián Alarcón
Rivera, pese a las discrepancias que surgieron por el vacío
legal en la Constitución respecto a la sucesión presidencial.
El supuesto objetivo de erradicar la corrupción quedó en el
olvido en el régimen interino de Alarcón, lo que se observó en
el caso de los gastos reservados utilizados por su ministro de
Gobierno César Verduga y el de las donaciones de ropa usada
para paliar los efectos del Niño.
Así también el mal manejo de las finanzas públicas hizo que no
se tomaran las precauciones requeridas para enfrentar el ya
anunciado fenómeno El Niño, y el derrumbe de los precios del
petróleo. Estimaciones oficiales señalan que el déficit fiscal
proyectado para este año será de 6% del PIB. Hay un marcado
deterioro del comercio exterior.
De igual manera la inflación supera el 36% y nuchos expertos
consideran que llegará al 40%. El desempleo, según la última
encuesta de las universidades católicas, llega al 17% de la
PEA. (Texto tomado de El Universo)
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