Quito. 5 jul 97. Conservar este domingo la mayoría en la
Cámara de Diputados, para lo cual le bastaría el 42,1 por
ciento de los votos, se ha convertido en un reto de
supervivencia para el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), que en sus 68 años de vida nunca perdió esa posición de
privilegio.
Creado desde el poder en 1929 para aglutinar a los caudillos
de la Revolución Mexicana, el PRI ha cambiado de nombre y de
objetivos políticos, sociales y económicos, pero no ha
permitido la alternancia en el poder Legislativo y en el
Ejecutivo nacional.
Ahora, ante el avance de los partidos Acción Nacional (PAN,
conservador) y de la Revolución Democrática (PRD,
centroizquierda), enfrenta el serio riesgo de perder la
mayoría en la cámara baja, lo que abriría una grieta peligrosa
para el hegemónico partido político mexicano.
En los años 30, Lázaro Cárdenas -padre de Cuauhtémoc, próximo
gobernador del distrito federal según las encuestas- consolidó
el poder del PRI al agregar al mandato presidencial la
jefatura política de un partido profundamente arraigado en la
sociedad. Además, nacionalizó empresas tan importantes como la
petrolera. Así, pasaron bajo el control del PRI no solo
grandes recursos económicos, sino también gigantescos
sindicatos de las empresas nacionalizadas.
La única verdadera oposición fue durante años el PAN, partido
de derecha creado en 1946. El partido revolucionario se
mantuvo en el poder oscilando entre el nacionalismo social
legado por Cárdenas y una política bien vista por los sectores
sociales conservadores y el gobierno norteamericano.
Sin embargo, el PRI no solamente se mantuvo en el poder
gracias a su ductibilidad, sino también utilizando varios
métodos fraudulentos en las elecciones.
Según Andrés Mejía, politólogo e investigador de la
Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES),
aprovechando la inexistencia de credenciales electorales se
llevaban a cabo, por ejemplo, las llamadas "operaciones
carrusel": los electores, caminando en circulos alrededor de
las urnas, votaban varias veces por el PRI.
Existía, además, la operación "ratón loco", en la que, como
por arte de magia, aparecían urnas perdidas... llenas de votos
por el partido en el poder.
Más allá de estos casos flagrantes, los resultados electorales
también mostraban signos de distorsión a causa de un menor
acceso de la oposición a los medios de comunicación y al
financiamiento de las campañas. Según Cuauhtémoc Cardenas, el
PRI gastó en la última elección presidencial (1994) alrededor
de 2.200 millones de dólares.
Frente a esta situación y a la esclerosis del sistema,
reformas graduales se llevaron a cabo bajo la presión de la
minoritaria oposición. El gobierno López Portillo (1976-1982),
por ejemplo, marcó la apertura del poder legislativo al
sustituir al sistema de representación mayoritaria (en el que
los partidos con mayor votación prácticamente monopolizan los
escaños legislativos) por uno que combina ésta con mecanismos
de representación proporcional (en el que también los partidos
con menos votación logran sitios en el Parlamento, en
proporción con los votos logrados).
Sin embargo, podemos situar la verdadera ruptura en las
elecciones presidenciales de 1988 que, pese a la victoria de
Carlos Salinas de Gortari -controvertida, puesto que se
"cayeron" los sistemas de computación el día de la elección-,
demostraron la importancia de los espacios políticos
conquistados por la oposición -tanto de derecha como de
izquierda- y la ineluctable marcha de las reformas.
Es que, durante los últimos años, el PRD de Cárdenas se ha
vuelto -como ya lo era el PAN- una alternativa real de
gobierno, al menos a nivel del distrito federal. El PRI ha
tenido que negociar con estos dos partidos una serie de
reformas electorales que, si bien han sido lentas,
desembocaron en un sólido acuerdo en 1996.
La posibilidad de que el PRI pierda la mayoría absoluta en la
Cámara de Diputados y la probable victoria de Cárdenas en el
DF representan grandes cambios en la política mexicana.
La primera hipótesis obligaría al gobierno a negociar con la
Cámara, que adquiriría de hecho más poder: el Gobierno ya no
tendría una dócil mayoría que apruebe sus proyectos
legislativos, la discusión del presupuesto se volvería ardua,
las comisiones parlamentarias podrían investigar a fondo casos
de corrupción...
El segundo escenario, además del poder que representa el
dirigir la ciudad más grande del mundo (casi 20 millones de
habitantes), podría ser utilizado por Cárdenas como una rampa,
en vista de las elecciones presidenciales del año 2000.
UN CONJUNTO DE REFORMAS INTENTA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA
ELECTORAL
Criticado durante años por privilegiar una Ley electoral que
le favorecía, el Gobierno mexicano se vio obligado a negociar,
con los tres partidos políticos importantes, transformaciones
que dieron origen en 1996 a una Reforma Electoral cuya prueba
de fuego serán los comicios de mañana.
Estos son algunos de los cambios importantes, que deberían
garantizar la transpariencia del escrutinio.
La ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE). Por
primera vez se da autonomía a este organismo con respecto al
poder Ejecutivo, lo que significa, entre otras cosas, que el
ministro de Interior deja de ejercer la presidencia del IFE y
que el gobierno pierde voz y voto en su seno.
El Consejo general del IFE está integrado por ocho consejeros
electorales y un consejero presidente, todos con voz y voto y
sin filiación partidista. Los representantes de los partidos
políticos, así como los del poder legislativo tienen voz pero
no voto.
Justicia electoral. Se da autonomía técnica a la fiscalía
especial contra delitos electorales, que depende de la
Procuraduría General de la República, para establecer los
procedimientos jurídicos, las sanciones y los medios para
perseguir delitos electorales.
Elección en la capital mexicana. Por primera vez se aprueba la
votación universal, secreta y directa para elegir al jefe del
gobierno del Distrito Federal.
Equidad en financiamiento y en acceso a los medios de
comunicación. La nueva regulación permite que el
financiamiento público sea cuantitativamente mayor que el
privado. El 30 por ciento del financiamiento público se otorga
por igual a todos los partidos, y el 70 por ciento restante se
reparte en forma proporcional, de acuerdo al voto obtenido en
la anterior elección.
Además, se precisaron los límites a los gastos de campaña
(que, dado el monto elevado de estos, solo se aplican al PRI),
se fijaron topes al financiamiento privado y se reforzaron los
controles para los gastos. Al IFE se le dio la atribución de
hacer auditorías a los partidos.
En cuanto al acceso a los medios de comunicación, se siguió la
misma regla que para el financiamiento: es decir, el 70 por
ciento se distribuye por los votos obtenidos y el 30 por
ciento restante a todos los partidos por igual.
Fotografía. Se introdujo la fotografía del elector en el
listado nominal, para cotejarla con la credencial del votante.
(AFP) (DIARIO HOY) (P. 10-A)
Cámara de Diputados, para lo cual le bastaría el 42,1 por
ciento de los votos, se ha convertido en un reto de
supervivencia para el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), que en sus 68 años de vida nunca perdió esa posición de
privilegio.
Creado desde el poder en 1929 para aglutinar a los caudillos
de la Revolución Mexicana, el PRI ha cambiado de nombre y de
objetivos políticos, sociales y económicos, pero no ha
permitido la alternancia en el poder Legislativo y en el
Ejecutivo nacional.
Ahora, ante el avance de los partidos Acción Nacional (PAN,
conservador) y de la Revolución Democrática (PRD,
centroizquierda), enfrenta el serio riesgo de perder la
mayoría en la cámara baja, lo que abriría una grieta peligrosa
para el hegemónico partido político mexicano.
En los años 30, Lázaro Cárdenas -padre de Cuauhtémoc, próximo
gobernador del distrito federal según las encuestas- consolidó
el poder del PRI al agregar al mandato presidencial la
jefatura política de un partido profundamente arraigado en la
sociedad. Además, nacionalizó empresas tan importantes como la
petrolera. Así, pasaron bajo el control del PRI no solo
grandes recursos económicos, sino también gigantescos
sindicatos de las empresas nacionalizadas.
La única verdadera oposición fue durante años el PAN, partido
de derecha creado en 1946. El partido revolucionario se
mantuvo en el poder oscilando entre el nacionalismo social
legado por Cárdenas y una política bien vista por los sectores
sociales conservadores y el gobierno norteamericano.
Sin embargo, el PRI no solamente se mantuvo en el poder
gracias a su ductibilidad, sino también utilizando varios
métodos fraudulentos en las elecciones.
Según Andrés Mejía, politólogo e investigador de la
Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES),
aprovechando la inexistencia de credenciales electorales se
llevaban a cabo, por ejemplo, las llamadas "operaciones
carrusel": los electores, caminando en circulos alrededor de
las urnas, votaban varias veces por el PRI.
Existía, además, la operación "ratón loco", en la que, como
por arte de magia, aparecían urnas perdidas... llenas de votos
por el partido en el poder.
Más allá de estos casos flagrantes, los resultados electorales
también mostraban signos de distorsión a causa de un menor
acceso de la oposición a los medios de comunicación y al
financiamiento de las campañas. Según Cuauhtémoc Cardenas, el
PRI gastó en la última elección presidencial (1994) alrededor
de 2.200 millones de dólares.
Frente a esta situación y a la esclerosis del sistema,
reformas graduales se llevaron a cabo bajo la presión de la
minoritaria oposición. El gobierno López Portillo (1976-1982),
por ejemplo, marcó la apertura del poder legislativo al
sustituir al sistema de representación mayoritaria (en el que
los partidos con mayor votación prácticamente monopolizan los
escaños legislativos) por uno que combina ésta con mecanismos
de representación proporcional (en el que también los partidos
con menos votación logran sitios en el Parlamento, en
proporción con los votos logrados).
Sin embargo, podemos situar la verdadera ruptura en las
elecciones presidenciales de 1988 que, pese a la victoria de
Carlos Salinas de Gortari -controvertida, puesto que se
"cayeron" los sistemas de computación el día de la elección-,
demostraron la importancia de los espacios políticos
conquistados por la oposición -tanto de derecha como de
izquierda- y la ineluctable marcha de las reformas.
Es que, durante los últimos años, el PRD de Cárdenas se ha
vuelto -como ya lo era el PAN- una alternativa real de
gobierno, al menos a nivel del distrito federal. El PRI ha
tenido que negociar con estos dos partidos una serie de
reformas electorales que, si bien han sido lentas,
desembocaron en un sólido acuerdo en 1996.
La posibilidad de que el PRI pierda la mayoría absoluta en la
Cámara de Diputados y la probable victoria de Cárdenas en el
DF representan grandes cambios en la política mexicana.
La primera hipótesis obligaría al gobierno a negociar con la
Cámara, que adquiriría de hecho más poder: el Gobierno ya no
tendría una dócil mayoría que apruebe sus proyectos
legislativos, la discusión del presupuesto se volvería ardua,
las comisiones parlamentarias podrían investigar a fondo casos
de corrupción...
El segundo escenario, además del poder que representa el
dirigir la ciudad más grande del mundo (casi 20 millones de
habitantes), podría ser utilizado por Cárdenas como una rampa,
en vista de las elecciones presidenciales del año 2000.
UN CONJUNTO DE REFORMAS INTENTA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA
ELECTORAL
Criticado durante años por privilegiar una Ley electoral que
le favorecía, el Gobierno mexicano se vio obligado a negociar,
con los tres partidos políticos importantes, transformaciones
que dieron origen en 1996 a una Reforma Electoral cuya prueba
de fuego serán los comicios de mañana.
Estos son algunos de los cambios importantes, que deberían
garantizar la transpariencia del escrutinio.
La ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE). Por
primera vez se da autonomía a este organismo con respecto al
poder Ejecutivo, lo que significa, entre otras cosas, que el
ministro de Interior deja de ejercer la presidencia del IFE y
que el gobierno pierde voz y voto en su seno.
El Consejo general del IFE está integrado por ocho consejeros
electorales y un consejero presidente, todos con voz y voto y
sin filiación partidista. Los representantes de los partidos
políticos, así como los del poder legislativo tienen voz pero
no voto.
Justicia electoral. Se da autonomía técnica a la fiscalía
especial contra delitos electorales, que depende de la
Procuraduría General de la República, para establecer los
procedimientos jurídicos, las sanciones y los medios para
perseguir delitos electorales.
Elección en la capital mexicana. Por primera vez se aprueba la
votación universal, secreta y directa para elegir al jefe del
gobierno del Distrito Federal.
Equidad en financiamiento y en acceso a los medios de
comunicación. La nueva regulación permite que el
financiamiento público sea cuantitativamente mayor que el
privado. El 30 por ciento del financiamiento público se otorga
por igual a todos los partidos, y el 70 por ciento restante se
reparte en forma proporcional, de acuerdo al voto obtenido en
la anterior elección.
Además, se precisaron los límites a los gastos de campaña
(que, dado el monto elevado de estos, solo se aplican al PRI),
se fijaron topes al financiamiento privado y se reforzaron los
controles para los gastos. Al IFE se le dio la atribución de
hacer auditorías a los partidos.
En cuanto al acceso a los medios de comunicación, se siguió la
misma regla que para el financiamiento: es decir, el 70 por
ciento se distribuye por los votos obtenidos y el 30 por
ciento restante a todos los partidos por igual.
Fotografía. Se introdujo la fotografía del elector en el
listado nominal, para cotejarla con la credencial del votante.
(AFP) (DIARIO HOY) (P. 10-A)
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