Guayaquil. 29 sep 98. Reactivar el aparato productivo, es el
factor común de tres criterios de expertos sobre las
prioridades que debería tener este Gobierno en su gestión
económica.

Diferir la adopción de un programa macroeconómico que
estabilice los principales indicadores y reactive el aparato
productivo hasta solucionar la litis territorial, como tenía
pensado el Poder Ejecutivo, resultó misión imposible.

La crisis financiera internacional y presiones en la economía
doméstica, precipitaron el anuncio parcial y obligaron a que
las autoridades se dieran cuenta que la economía no podía
esperar.

Un primer paso ya fue dado. La mayoría de los criterios
coinciden en que el ajuste (tipo de cambio del dólar y
eliminación de subsidios, tanto al precio del gas como a las
tarifas eléctricas), era necesario. Los cuestionamientos
radican únicamente en el aumento del valor del diesel.

El apoyo que otorgan los entendidos en la materia a las
disposiciones del Primer Mandatario, surgen de la certeza que
el déficit proyectado del sector público no financiero del 7%
del PIB para 1998, la tendencia alcista de la inflación, la
volatilidad de las tasas de interés y la cotización del dólar,
el déficit de la cuenta corriente, la pérdida de reservas
monetarias, el proceso recesivo que afecta al aparato
productivo y el endeble sistema financiero, constituyen la
herencia que dejó el período de 18 meses de interinato
presidencial de Fabián Alarcón.
Por esa misma razón, para muchos resultó inexplicable que se
pretendiera dilatar la presentación de un programa integral y
perfeccionado.

Resta ahora una semana del lapso que el Presidente Jamil
Mahuad señaló para revelar el programa que complemente su plan
de ajuste, cuyo único propósito fue financiar parte del
déficit fiscal.

En ese contexto, las expectativas de los ecuatorianos se
centran en que en esta ocasión la reactivación del aparato
productivo sea la prioridad para generar empleo y mejorar el
nivel de vida de la población.

Para lograrlo, los eslabones de la cadena son: la
restructuración de las deudas de las empresas, la disminución
de las tasas de interés, la desregulación del mercado laboral,
la rehabilitación de las vías. En suma, una política orientada
a impulsar la producción y mejorar la productividad.

De manera paralela, el redimensionamiento del tamaño del
Estado, el control del gasto público y la consiguiente
renegociación de los millonarios contratos colectivos que
existen en el sector público, tampoco pueden postergarse.

Sobre el particular tres representantes de diversos sectores
de la economía, nos ofrecen sus puntos de vista: Un analista,
un banquero y un industrial. Ellos señalan los caminos a
seguir para superar la crisis y emprender el desarrollo
socioeconómico sostenido en el tiempo.

Déficit manejable

A criterio de Alberto Acosta, Consultor del Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Ildis, un déficit
fiscal del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), es manejable.
"Luego de lo que hemos vivido los ecuatorianos en los últimos
años (elBucalarconato,El Niño, la caída del precio del
petróleo y la crisis financiera internacional), no es
tremendamente grave la existencia de ese volumen del desfase",
mencionó.

Esa declaración no significa, acotó, que Ecuador deba vivir
con ese nivel de brecha fiscal ni que la situación sea buena.

Su propuesta, entonces, radica, en reducir el déficit a través
de un programa plurianual a lo largo de 4 ó 5 años "porque no
hay apuro".

Resultaría gravísimo, argumentó el analista, que por enfrentar
el déficit con medidas severas se agudice la recesión
económica que ya está presente en el país. "Si el mercado
mundial está caído, lo peor sería aplicar medidas
restrictivas; más bien, lo que debería hacerse es emprender
reformas contracíclicas para reactivar la economía",
especificó.

Debe considerarse, además, que en la medida que haya
reactivación económica, el Estado conseguirá mayores ingresos
vía impuestos.

¿Cómo mejorar la recaudación tributaria?, es el segundo reto
que señala Acosta para la administración de Mahuad.

Su respuesta no involucra la creación de nuevos tributos, sino
mejorar la recaudación de los ya existentes.

Entre los mecanismos que sugirió para lograr ese objetivo,
está el factor transparencia. Publicar anualmente una lista de
quienes pagan impuestos y quienes no lo hacen, es una de sus
opciones.

Por el lado de los egresos, considera conveniente buscar
herramientas creativas para reducir el servicio de la deuda
externa.

En ese sentido, el camino que considera más apropiado, es
trabajar en una moratoria concertada del servicio de la deuda
entre acreedores y deudores; renegociar con organismos
multilaterales de crédito con el BM, el BID y el FMI, así como
con el Club de París y pensar en la emisión de nuevos bonos
Brady que amplíen el plazo de pago de 30 a 60 años con 10 años
de gracia.

En relación a los organismos multilaterales, planteó que la
deuda se pague en sucres y no en dólares, porque "se supone
que son organismos de desarrollo pero hasta ahora solo han
promovido el subdesarrollo".

Así también al tomar en consideración la crisis financiera
internacional, Acosta considera conveniente se controle el
flujo de capitales del exterior que sean de corto plazo.

Acogió la reiterada petición de las cámaras de la producción
de bajar las tasas de interés, para acabar con inversiones
especulativas y entrar a un círculo virtuoso de producción.
"Con las altas tasas de interés y su marcada ineficiencia, los
bancos han hecho que el sector productivo sea un asalariado
sin sueldo de ellos", manifestó.

Desde su punto de vista, el tamaño del Estado no es la causa
fundamental de la crisis del Ecuador, sino su ineficiencia por
la mala calidad de sus decisiones. "El Estado no es tan grande
como se lo pinta, no representa ni el 13% del PIB", mencionó.

Existe, agregó, un subsidio mucho más elevado que el de los
contratos colectivos de las entidades autónomas. Ese se
relaciona con permitirle a las empresas petroleras mezclar
crudo liviano con pesado, operación que le cuesta al Estado
160 millones de dólares anuales, mencionó.

Citó también la rentabilidad garantizada a Emelec, la compra
de energía a Ecuapower y los desembolsos para los bancos que
en el pasado han tenido problemas de liquidez o solvencia.

Desinversión y reformas

Roberto Baquerizo, ex presidente de la Junta Monetaria, y
Gerente General del Banco Unión, coincide con el criterio de
Alberto Acosta que el déficit fiscal no debe cerrarse en tres
meses sino en un período mucho más amplio que abarque dos o
tres años.

"Ha habido un sobrénfasis sobre el tema del déficit",
manifestó, al tiempo de aclarar que su afirmación no significa
que no se lo deba cerrar.

Disiente en cambio con el analista en lo relativo al tamaño
del Estado. Su reducción, recalcó Baquerizo, es indispensable
para evitar el desfase entre ingresos y gastos del sector
público no financiero.

A ese requisito sumó la reactivación de la economía y la
reforma tributaria.

Respecto a la desinversión que debe producirse en el sector
público, sostiene que parte del déficit no se origina en el
Gobierno central, sino en instituciones que, como Inecel,
resultan ineficientes en su manejo.

Bajo esas consideraciones opinó que es positivo el anuncio del
Presidente Mahuad que inducirá a la apertura de los sectores
petrolero y eléctrico.

Dedujo entonces que sí hay salida a la crisis, y para él la
apertura es uno de esos caminos, porque permitirá el ingreso
de divisas a través de la inversión extranjera directa.

Ya se dio un primer paso, dijo el banquero al referirse al
plan de ajuste de Mahuad, que involucra la eliminación de los
subsidios al consumo de gas y eléctrico.

"Ha sido una medida valiente que reduce el 25% del déficit,
pero ahora tiene que presentar un programa de reducción anual
creíble para atraer a los inversionistas nacionales y
extranjeros", estimó.

En ese plan "si no se incluye un severo control para evitar la
evasión tributaria, así como del gasto y se desinvierte en las
denominadas instituciones autónomas, nunca se llegará al
equilibrio", especificó.

Dos opciones pueden contemplarse para lograr el objetivo de
mejorar los ingresos del Estado, indica: aumentar las
recaudaciones tributarias y acudir al endeudamiento.

La primera se la logrará con la reactivación del aparato
productivo. "En la medida que la economía crezca, el Estado
obtendrá mayores ingresos", acotó. En consecuencia, para
Baquerizo, esa es la prioridad.

Esa meta puede lograrse a través de revivir la línea de
crédito de la CFN, para que las empresas restructuren sus
deudas con el sistema financiero. Un segundo aspecto que
sugirió es estimular la construcción con programas
habitacionales e impulsar la negociación de títulos
hipotecarios por medio de la Corporación de Titularización
Hipotecaria.

Aplicar mecanismos de esa naturaleza es imprescindible,
indicó, porque lo peor que ocurre al momento, es que el
aparato productivo esté paralizado.

Una vez que la economía evolucione positivamente, el sector
financiero también lo hará, porque "este es el fiel reflejo de
lo que ocurre en el sector real de la economía".

En lo que se refiere al tema impositivo, precisó que urge
realizar un estudio para identificar los gravámenes que son
eficientes en el cobro y los que no, para en base a ello
ejecutar la reforma tributaria.

Reactivación, el eje

Oscar Orrantia Vernaza, Presidente de la Federación de Cámaras
de Industrias del Ecuador, también considera que el eje del
plan macroeconómico que aplique el Gobierno, debe ser la
reactivación económica.

Ese es el único camino para que Ecuador salga adelante, se
generen nuevas plazas de trabajo y disminuyan las penurias de
los sectores de la población de menores recursos. "Si no hay
reactivación y generación de empleo, no vamos a ningún lado",
destacó.

Para el efecto, es necesario que mejore el poder adquisitivo
de los ecuatorianos para que aumente el consumo y con ello se
expanda la producción, razonó.

Así también, al tomar en consideración que la construcción y
la vivienda ofrece trabajo a la mano de obra no calificada,
comparte el criterio de Roberto Baquerizo en el sentido que
debe favorecerse esos dos rubros.

Como los primeros pasos para estabilizar la economía ya fueron
dados, dijo, ahora resta por emprender las reformas de fondo.
Mencionó como una de ellas la flexibilización del mercado
laboral.

Abandonar políticas de cortes monetaristas, es otro de los
cambios que deben darse, según Orrantia.

El juego de utilizar el tipo de cambio del dólar para frenar
el repunte de las tasas de interés y viceversa, lo único que
ha logrado es debilitar al sistema financiero, remarcó.

Frente a esas circunstancias, indicó el industrial, no
conviene que el Banco Central continúe la emisión de Bonos de
Estabilización Monetaria, porque le resta liquidez a los
mercados y con ello se reducen las posibilidades de canalizar
crédito a los sectores productivos como la agricultura.

Citó como ejemplo que vastos sectores de la Península de Santa
Elena que ahora cuentan con regadío, no son explotados, porque
no existe el financiamiento con tasas de interés razonables.
"La existencia de elevadas tasas de interés ha asfixiado,
tanto al sector financiero, como al aparato productivo",
precisó.

Para Orrantia es inadmisible que a sabiendas que ninguno de
los dos sectores aguanta tasas de interés tan altas, la banca
se quede impávida y no proponga soluciones.

Considera que la Corporación Financiera Nacional puede ofrecer
aire a la banca a través de líneas de crédito, tendentes a
restructurar las deudas, así como para ofrecer préstamos a los
sectores productivos en general.

El industrial está conciente que los mercados internacionales
tienen las llaves del crédito cerrada, por lo que queda la
opción de los organismos multilaterales como Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de
Fomento y el Fondo Monetario Internacional.

Orrantia piensa que esta administración no debe olvidar la
renegociación de la deuda externa, para eliminar la presión
que ejerce sobre el Presupuesto General de Estado.

Para el empresario, más difícil que renegociar con el Club de
París, es hacerlo con el tramo de los bonos Brady, porque si
anteriormente estaba concentrada en los bancos, ahora está
atomizada en fondos de inversión que tienen miles de
participantes.

Reconstruir la Costa y reducir el tamaño del Estado, resultan
un imperativo desde su punto de vista.

Remarcó que, redimensionar al Estado no debe quedar solo en
una propuesta, sino que el Gobierno para tener credibilidad en
ese objetivo, debe fijar plazos. En este punto sostiene que es
fundamental que por decreto el Ejecutivo disponga que "las
megaliquidaciones estratosféricas" de las entidades autónomas
como Inecel o Petroecuador, tengan un tope y que ninguno de
los presupuestos del sector crezca por encima de la inflación
estimada.

En el campo petrolero, dijo que urge la concesión para
construir un nuevo oleoducto para crudos pesados, ya que de
tal manera, la obra no le costará un solo centavo al Estado.

De manera paralela, el control del gasto corriente (no
vinculado con la educación), también es conveniente.

Doce millones de ecuatorianos esperan que, en esta ocasión,
sus esperanzas no se vean frustradas. (Texto tomado de El
Universo)
EXPLORED
en Ciudad Guayaquil

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