Quito. 19 abr 97. La Comisión de Fiscalización del Congreso,
todavía no puede establecer una fecha para la entrega de la
segunda parte del informe sobre corrupción de los
legisladores. Sin embargo, Napoleón Saltos (Nuevo País),
presidente del organismo, espera que no tome más de un par de
semanas.

Este organismo debe investigar y analizar el caso de once
legisladores más. Sobre cuatro de ellos, las indagaciones
están avanzadas, porque su conducta comenzó a ser analizada
durante la preparación de la primera parte del informe que
llevó a la descalificación de 13 legisladores.

Estos son los casos de Rafael Cuesta (ind.), Lourdes Espinoza
(ind.), Leonidas Plaza Sommers (NFI) y Franklin Vásquez
(ind.).

Mientras tanto, para Humberto Delgado (ind.), Homero López
(PRE), Jacobo Bucaram (PRE), Angel Torres (DP), Jorge Montero
(CFP), Estuardo Gavilánez (PRE) y Patricio Viteri (PRE), las
investigaciones prácticamente están en sus inicios.

"Seguiremos el mismo procedimiento que con los otros
diputados: recibiremos información de la Presidencia, la
Contraloría, la Comisión Anticorrupción... y la de los propios
legisladores" (algunos de ellos se presentaron a declaran ante
la Comisión, a propósito de la invitación que se cruzó a 34
legisladores en días pasados).

La intención del organismo parlamentario es que "si deben caer
más diputados caigan, pero por el peso de sus propias
irregularidades".

Y por el número de diputados a ser investigados, surgió una
diferencia entre Saltos y Gustavo Terán (MPD). Según el
emepedista se debe investigar a 17 legisladores, debido a las
denuncias verbales hechas. Esto es lo que Saltos quiere
evitar: "que se denuncie y que se presenten las pruebas, sino
la Comisión de Fiscalización se convertiría en una comisaría".


Aunque Rafael Cuesta, Farid Yapur, Michel Saud y Leonidas
Plaza Sommers, lograron mantenerse en sus curules, están
preocupados por el inminente procesamiento en la Corte Suprema
de Justicia. Allí tendrán que comparecer, luego que el
Congreso les levantó la inmunidad.

Su principal argumento, frente a las acusaciones en su contra
es el informe de Contraloría, que establece que no tienen
responsabilidad en el manejo de las partidas presupuestarias.

Rafael Cuesta, ya más tranquilo que el miércoles, estuvo
dispuesto a recibir a los periodistas para exponer sus
pruebas. "Se me está juzgando por actos de terceros. Me
confundieron con mi hermano, que participó como intermediario
en la venta de una bananera que cuesta un millón 140.000
dólares, por parte de la compañía Vismara al señor Peñaranda".


Aunque no está obligado a responder por actos de terceros,
Cuesta sostiene que lo defenderá ante la Justicia, porque
conoce su honorabilidad".

Para Farid Yapur y Michel Saud, el cruce de información que
hicieron las comisiones de Fiscalización y Anticorrupción con
el informe de Contraloría, es suficiente para demostrar que no
son responsables de ninguna irregularidad. "Seguimos 17
diputados para luchar contra la persecución al PRE", sostuvo
Yapur. Por su parte, Saud insistió en su argumento de que no
le afecta el retiro de su inmunidad, ya que él la había
solicitado antes. "Yo creo que no se presentará ningún juicio
en mi contra, porque no se me puede acusar de nada".

En cambio, algunos de los 14 legisladores que fueron
descalificados no se resignan. Ese es el caso de José Avilés,
Mario Meza.

Ellos buscan la forma jurídica de apelar a la decisión del
Congreso. Meza advirtió, días antes de su descalificación, que
acudiría ante el Tribunal Constitucional. Para él, como para
varios de sus ex colegas que corrieron la misma suerte, el
procedimiento que usó el Parlamento no se apegó a la
Constitución de la República.

El argumento de fondo es que la Comisión de Fiscalización no
estaba autorizada, desde el punto de vista legal y
reglamentario, para llevar adelante el proceso de
descalificación.

Avilés, en cambio, considera que lo usaron como "chivo
expiatorio" y también piensa apelar ante el Tribunal
Constitucional. El, junto a su coideario, Héctor Villamil,
desde semanas antes de su salida -que fue la que primera se
anunció- movilizaron grupos de indígenas del Napo, para que
les presenten su apoyo. Luego quisieron apertrecharse en la
Conaie, sin que les dé un resultado positivo.

Mientras tanto, en las oficinas de los descalificados, solo se
ve al personal administrativo. Desde el jueves, se fueron
retirando paulatinamente las placas con los nombres. Los
asesores esperan con incertidumbre disposiciones de los
partidos o movimientos a que pertenecen para saber cuál será
su futuro.

Tres tienen rabo de paja

Por lo menos, tres de los recientemente posesionados diputados
entran con el pie izquierdo al Congreso, luego de la
descalificación de los titulares. Esos son los casos de Farid
Yapur (PRE) -alterno de Eduardo Azar-, Patricio Velasco Orbe
(PRE) -alterno de Santiago Bucaram- y Fanny Uribe (DP)
-alterna de Eduardo Véliz-.

Uribe y la pesca ilegal * En Galápagos la comunidad estaba
inquieta ayer. La causa era Fanny Uribe: está vinculada con el
tráfico de pepinos de mar.

A mediados de 1994 un operativo del Servicio Parque Nacional ,
dirigido a localizar una red de pescadores y comercializadores
ilegales de pepino, llegó a una casa donde se escondía un
cargamento. Era el domicilio de Uribe. El hecho fue reportado
a la Subdirección de Pesca en Galápagos y de ahí a la
Dirección Nacional, donde no se le dio más trámite.

Uribe ha desmentido la existencia de esa carga en su casa. Sin
embargo, en los archivos del Parque y en los del canal SíTV
consta el vídeo del operativo.

Velasco: con orden de prisión * Sobre Patricio Velasco pesa
una acusación particular en el Juzgado Décimo de lo Penal de
Guayas. El juicio -No. 2418-, iniciado en noviembre de 1996,
es por plagio. Le acusa Bernardo Tobar, procurador judicial de
Microsoft Corporation, Lotus Development Corporation, N. vell
Inc. y Autodesk.

El cargo es la reproducción de las obras de computación
Access, Exel, Foxpro, Office, Powerpoint, Word, Works, MS-DOS,
Windows NT, Windows, entre otros, sin la debida autorización.

Según dicen los documentos, es Gerente General y Representante
Legal de la compañía Compudat. En las oficinas se encontraron
discos con las copias no autorizadas. En el autocabeza de
proceso, se sindica a Velasco y se ordena su prisión
preventiva.

Yapur no es inmune * Farid Yapur, días antes de lograr que el
Congreso le principalice, se vio inmiscuido en el caso
Peñaranda. Su grado de responsabilidad no está determinado. El
Presidente de la Corte, solicitó el levantamiento de su
inmunidad que fue tramitada positivamente, 24 horas antes fue
principalizado. Redacción Quito y Guayaquil. (TEXTO TOMADO DE
EL COMERCIO)
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