Quito. 11 sep 2000. A dos años de su creación, la Defensoría del Pueblo
deja en su balance un sabor agridulce. Si bien recibió en este lapso 17
320 quejas de la comunidad, todavía no logra proyectar una imagen
independiente de los partidos políticos, que la utilizan como un botín,
según varios organismos de derechos humanos.
Ese es un defecto congénito. Mientras se desempeñó como defensor del
Pueblo, Milton Álava Ormaza no tuvo ningún reparo en declarar
públicamente en varias ocasiones la forma en que fue escogida la mayoría
de defensores provinciales.
"Fue un reparto político entre los partidos que tienen representatividad
en el Congreso, con contadas excepciones".
Álava tomó a la Defensoría desde cero. "Ese es un mérito que nadie puede
desconocer en el ex defensor, quien empezó sin un solo centavo y
definitivamente sentó las bases de la institución", dice Raúl Moscoso, ex
defensor adjunto, quien fue removido del cargo por decisión del propio
Álava, ante la inminencia de su destitución en el Congreso.
Uno de los primeros pasos fue crear defensorías provinciales en todo el
país. "Lastimosamente, los titulares de esas regionales fueron designados
sin ningún concurso de merecimientos ni tenían un conocimiento previo en
materia de derechos humanos", comenta María García, vocera de la
Coordinadora Política de Mujeres. En poco tiempo, la Defensoría se abrió
sin solidez un espacio entre la comunidad.
En 1999, la entidad registró el ingreso de 10 920 quejas a nivel
nacional, de las cuáles logró atender efectivamente el 75 por ciento. En
este período también tramitó 1 068 recursos constitucionales. Llovían las
denuncias por detenciones arbitrarias, despidos intempestivos, cobros
excesivos de servicios, etc.
La primera etapa de la Defensoría culminó en mayo, con la destitución de
Milton Álava, quien fue enjuiciado políticamente en el Congreso por
denuncias de corrupción cuando se desempeñó como Procurador del Estado.
"La denuncias contra el Titular debilitaron directamente a la
institución, que nunca acabó de despegar", dice Moscoso. Coincide con su
criterio, Julio Prado Vallejo, presidente de la Comisión Nacional de
DD.HH: "La Defensoría nació politizada y es rehén de los partidos, que no
ven más allá de sus propios intereses y tampoco alcanzan a visualizar con
claridad su importancia".
A nivel mundial, alrededor de 80 países tienen un Defensor del Pueblo,
también conocido como Ombudsman (defensor del otro). En muchas naciones
este funcionario es considerado como la primera autoridad moral.
En mayo último asumió el cargo, en forma interina, Claudio Mueckay. El
actual Defensor acata la sucesión como un reto delicado. "Me ha tocado
enfrentar la crisis más grave de la institución, pero creo que estamos
saliendo adelante pues continuamos atendiendo al público pese a los
problemas y limitaciones presupuestarias", dice el funcionario.
Como prueba de que la entidad camina, Mueckay muestra los cuadros de
estadísticas de quejas. En el primer semestre del año, según esos datos,
la Defensoría recibió 6 400 quejas y 1 115 recursos constitucionales.
Pero sus detractores creen que la eficiencia no es solo cuestión de
estadísticas. Ven a la Defensoría débil. Al hacer un balance sobre la
gestión de la entidad, los representantes de organizaciones de la
sociedad civil coinciden en que sus mayores males son la politización y
la falta de autonomía en sus decisiones. Ven a la Defensoría como un
barco a la deriva.
Mauro Castillo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, opina que
en estos dos primeros años el organismo ha tenido un perfil medio y bajo.
"El rendimiento del actual titular es bastante deficiente, pues se ha
alejado de los intereses de la población más desprotegida y se ha
dedicado a defender las causas del Partido Social Cristiano". La
representante de los familiares de los Prisioneros del ex penal García
Moreno, Ximena Costales concuerda en que en estos 24 meses ha habido dos
etapas marcadas: "la primera caracterizada por el apoyo abierto a
diferentes proyectos de rehabilitación en las cárceles; y, una segunda,
en que es notorio el distanciamiento con las necesidades de los
internos".
Julio Prado Vallejo dice que entre la población hay un descontento
generalizado por la poca respuesta y legitimidad de la Defensoría. "No
hay que perder de vista que la entidad está frenada por la inacción del
Parlamento, que no nombra al nuevo Defensor del Pueblo".
Para Estela Garzón, de la Comisión Ecuménica de DD.HH., al Congreso no le
interesa tocar el tema de la designación porque la mayoría ya tiene una
tajada en el pastel de los nombramientos.
Pese a que los organismos de DD.HH. entregaron una terna de candidatos
para Defensor del Pueblo hace varias semanas, aún no se ha tratado el
tema.
Según la Constitución, es el Parlamento el encargado de ladesiganción,
tras escuchar a los DD.HH. Se desconoce cuando se incluirá el tema en su
agenda.
Guayaquil: 1 200 casos en 20 meses
Blanca Bustamante, luego de haber tocado muchas puertas, estaba a punto
de perder las esperanzas aquella mañana de julio cuando llegó hasta el
segundo piso del edificio de Lorenzo de Garaicoa y Víctor Manuel Rendón,
donde queda la Defensoría del Pueblo. La idea de que las pensiones en el
colegio de su hijo Alberto subirían le quitaba el sueño. Tenía la certeza
de que con los valores tan elevados, no estudiaría este año. Con ella,
130 000 padres de familia habían acudido en las últimas dos semanas a la
Defensoría del Pueblo para que los costos en las pensiones fuesen
regulados. Por intermedio de un recurso de amparo en contra de la Junta
Reguladora de Costos de la Educación Particular, la Defensoría consiguió
que sus defendidos se ahorren 1 720 000 dólares en pensiones. Solo así
Alberto estudió este año.
A las 08:30 se abren las puertas de la Defensoría del Pueblo. Problemas
de dinero, transporte, desalojo, salud, ambiente, educación, agua
potable, telefonía y todo aquello que perjudique al ciudadano en sus
derechos constitucionales, forman parte de las 1 600 quejas que se
atendieron, en los últimos 20 meses: 1 200 fueron solucionadas. Solo en
quejas en contra de la función judicial y el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (Iess), suman un 25 por ciento. En total, suman 400 las
quejas que aún no se resuelven y que se encuentran en investigaciones en
esta oficina.
Una denuncia se debe tramitar regularmente en máximo dos meses, pero hay
casos que se resolvieron en una semana.
En 20 meses desde que se instituyó la Defensoría del Pueblo en Guayaquil,
hubo tres representantes: Hernán Ulloa, Marco Pacheco y Franklin Moreno.
En Azuay atendió 1 000 quejas
La Defensoría del Pueblo en el Azuay opera desde el 12 de octubre de 1
998. Desde su funcionamiento ha tramitado más de 1 000 quejas de
diferente naturaleza. Luis Urgilés, defensor del Pueblo en la provincia,
destaca que en los dos años de funciones se han resuelto 100 acciones de
amparo constitucional y 60 más recursos de Hábeas Corpus. "También, todos
los lunes visitamos el Centro de Detención Provisional (CDP), para que se
cumpla con lo que la Constitución prevé. De acuerdo a la Ley, los
capturados que no tengan fórmula de juicio, no deben permanecer detenidos
más de 48 horas". Urgilés asegura que durante el período de labores de
esa dependencia, el trabajo se ha enfocado principalmente al
fortalecimiento institucional del organismo. "En el primer año no se
contaban con equipos ni personal. En el segundo año, se implementó el
material y se dotó de apoyo humano".
Actualmente, en la dependencia laboran una persona encargada de la
asesoría jurídica, una secretaria y un auxiliar de servicios.
Precisamente, ese es un limitante para tramitar las más de 150
peticiones de recursos de amparo constitucional presentados por los
perjudicados en contra del Banco del Progreso. "Solo se pueden plantear 5
o 6 acciones por día, pues solo existen dos abogados que no pueden estar
en todas las citaciones".
Pablo Vintimilla, presidente encargado del Colegio de Abogados del Azuay,
considera que la función desempeñada por ese organismo en el Azuay ha
sido eficiente. "Creo que es totalmente fructífera. Los que dirigen la
entidad han actuado como debe ser con todo el empeño y la capacidad por
parte de quienes".
La defensa del consumidor primero
La puerta de madera café se abre de par en par de 09:00 a 17:00, de lunes
a viernes. Un pequeño rótulo negro con letras blancas en bajo relieve,
avisa a la gente sobre la labor que allí se realiza: Defensoría del
Pueblo de Tungurahua.
Cada cinco minutos entran a esta oficina mujeres campesinas e indígenas.
La Secretaria recibe y anota las protestas y les dá instrucciones de qué
hacer.
¿Cuántas denuncias reciben por día? La chica hurga en su memoria y
satisfecha con sus cálculos asegura que entre 15 y 20 por día. El
defensor de Tungurahua, Jorge Chico, le dijo a este Diario que "La Ley
del Consumidor, en el caso de la Defensoría del Pueblo, nos faculta a
llamar a una sesión de mediación en la que se escucha a la persona
afectada y a aquella que provee los bienes o servicios. Hoy atendemos
denuncias específicamente sobre peso y calidad, en cuanto al precio es
todavía un tema complejo". ¿Las debilidades de esta Defensoría? No tiene
un medio de transporte propio ni una computador. Falta también publicitar
sus objetivos y su trabajo. Incluso los profesionales del Derecho no
tienen un conocimiento pleno de la Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo".
Chico se hizo cargo de este despacho hace casi un mes y en ese tiempo
aseguró no haber recibido quejas sobre los bienes de consumo."Para ocupar
este cargo recibií algunos cursos en Quito entorno a los temas del
consumidor, derechos constitucionales, entre otros".
Periódicamente debo trasladarme hacia los sitios de denuncia, por
ejemplo, a la cárcel pública para entrevistarme con los detenidos, con el
fin de analizar los requisitos que dispone la ley para privarles de
libertad. (Texto tomado de El Comercio)
deja en su balance un sabor agridulce. Si bien recibió en este lapso 17
320 quejas de la comunidad, todavía no logra proyectar una imagen
independiente de los partidos políticos, que la utilizan como un botín,
según varios organismos de derechos humanos.
Ese es un defecto congénito. Mientras se desempeñó como defensor del
Pueblo, Milton Álava Ormaza no tuvo ningún reparo en declarar
públicamente en varias ocasiones la forma en que fue escogida la mayoría
de defensores provinciales.
"Fue un reparto político entre los partidos que tienen representatividad
en el Congreso, con contadas excepciones".
Álava tomó a la Defensoría desde cero. "Ese es un mérito que nadie puede
desconocer en el ex defensor, quien empezó sin un solo centavo y
definitivamente sentó las bases de la institución", dice Raúl Moscoso, ex
defensor adjunto, quien fue removido del cargo por decisión del propio
Álava, ante la inminencia de su destitución en el Congreso.
Uno de los primeros pasos fue crear defensorías provinciales en todo el
país. "Lastimosamente, los titulares de esas regionales fueron designados
sin ningún concurso de merecimientos ni tenían un conocimiento previo en
materia de derechos humanos", comenta María García, vocera de la
Coordinadora Política de Mujeres. En poco tiempo, la Defensoría se abrió
sin solidez un espacio entre la comunidad.
En 1999, la entidad registró el ingreso de 10 920 quejas a nivel
nacional, de las cuáles logró atender efectivamente el 75 por ciento. En
este período también tramitó 1 068 recursos constitucionales. Llovían las
denuncias por detenciones arbitrarias, despidos intempestivos, cobros
excesivos de servicios, etc.
La primera etapa de la Defensoría culminó en mayo, con la destitución de
Milton Álava, quien fue enjuiciado políticamente en el Congreso por
denuncias de corrupción cuando se desempeñó como Procurador del Estado.
"La denuncias contra el Titular debilitaron directamente a la
institución, que nunca acabó de despegar", dice Moscoso. Coincide con su
criterio, Julio Prado Vallejo, presidente de la Comisión Nacional de
DD.HH: "La Defensoría nació politizada y es rehén de los partidos, que no
ven más allá de sus propios intereses y tampoco alcanzan a visualizar con
claridad su importancia".
A nivel mundial, alrededor de 80 países tienen un Defensor del Pueblo,
también conocido como Ombudsman (defensor del otro). En muchas naciones
este funcionario es considerado como la primera autoridad moral.
En mayo último asumió el cargo, en forma interina, Claudio Mueckay. El
actual Defensor acata la sucesión como un reto delicado. "Me ha tocado
enfrentar la crisis más grave de la institución, pero creo que estamos
saliendo adelante pues continuamos atendiendo al público pese a los
problemas y limitaciones presupuestarias", dice el funcionario.
Como prueba de que la entidad camina, Mueckay muestra los cuadros de
estadísticas de quejas. En el primer semestre del año, según esos datos,
la Defensoría recibió 6 400 quejas y 1 115 recursos constitucionales.
Pero sus detractores creen que la eficiencia no es solo cuestión de
estadísticas. Ven a la Defensoría débil. Al hacer un balance sobre la
gestión de la entidad, los representantes de organizaciones de la
sociedad civil coinciden en que sus mayores males son la politización y
la falta de autonomía en sus decisiones. Ven a la Defensoría como un
barco a la deriva.
Mauro Castillo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, opina que
en estos dos primeros años el organismo ha tenido un perfil medio y bajo.
"El rendimiento del actual titular es bastante deficiente, pues se ha
alejado de los intereses de la población más desprotegida y se ha
dedicado a defender las causas del Partido Social Cristiano". La
representante de los familiares de los Prisioneros del ex penal García
Moreno, Ximena Costales concuerda en que en estos 24 meses ha habido dos
etapas marcadas: "la primera caracterizada por el apoyo abierto a
diferentes proyectos de rehabilitación en las cárceles; y, una segunda,
en que es notorio el distanciamiento con las necesidades de los
internos".
Julio Prado Vallejo dice que entre la población hay un descontento
generalizado por la poca respuesta y legitimidad de la Defensoría. "No
hay que perder de vista que la entidad está frenada por la inacción del
Parlamento, que no nombra al nuevo Defensor del Pueblo".
Para Estela Garzón, de la Comisión Ecuménica de DD.HH., al Congreso no le
interesa tocar el tema de la designación porque la mayoría ya tiene una
tajada en el pastel de los nombramientos.
Pese a que los organismos de DD.HH. entregaron una terna de candidatos
para Defensor del Pueblo hace varias semanas, aún no se ha tratado el
tema.
Según la Constitución, es el Parlamento el encargado de ladesiganción,
tras escuchar a los DD.HH. Se desconoce cuando se incluirá el tema en su
agenda.
Guayaquil: 1 200 casos en 20 meses
Blanca Bustamante, luego de haber tocado muchas puertas, estaba a punto
de perder las esperanzas aquella mañana de julio cuando llegó hasta el
segundo piso del edificio de Lorenzo de Garaicoa y Víctor Manuel Rendón,
donde queda la Defensoría del Pueblo. La idea de que las pensiones en el
colegio de su hijo Alberto subirían le quitaba el sueño. Tenía la certeza
de que con los valores tan elevados, no estudiaría este año. Con ella,
130 000 padres de familia habían acudido en las últimas dos semanas a la
Defensoría del Pueblo para que los costos en las pensiones fuesen
regulados. Por intermedio de un recurso de amparo en contra de la Junta
Reguladora de Costos de la Educación Particular, la Defensoría consiguió
que sus defendidos se ahorren 1 720 000 dólares en pensiones. Solo así
Alberto estudió este año.
A las 08:30 se abren las puertas de la Defensoría del Pueblo. Problemas
de dinero, transporte, desalojo, salud, ambiente, educación, agua
potable, telefonía y todo aquello que perjudique al ciudadano en sus
derechos constitucionales, forman parte de las 1 600 quejas que se
atendieron, en los últimos 20 meses: 1 200 fueron solucionadas. Solo en
quejas en contra de la función judicial y el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (Iess), suman un 25 por ciento. En total, suman 400 las
quejas que aún no se resuelven y que se encuentran en investigaciones en
esta oficina.
Una denuncia se debe tramitar regularmente en máximo dos meses, pero hay
casos que se resolvieron en una semana.
En 20 meses desde que se instituyó la Defensoría del Pueblo en Guayaquil,
hubo tres representantes: Hernán Ulloa, Marco Pacheco y Franklin Moreno.
En Azuay atendió 1 000 quejas
La Defensoría del Pueblo en el Azuay opera desde el 12 de octubre de 1
998. Desde su funcionamiento ha tramitado más de 1 000 quejas de
diferente naturaleza. Luis Urgilés, defensor del Pueblo en la provincia,
destaca que en los dos años de funciones se han resuelto 100 acciones de
amparo constitucional y 60 más recursos de Hábeas Corpus. "También, todos
los lunes visitamos el Centro de Detención Provisional (CDP), para que se
cumpla con lo que la Constitución prevé. De acuerdo a la Ley, los
capturados que no tengan fórmula de juicio, no deben permanecer detenidos
más de 48 horas". Urgilés asegura que durante el período de labores de
esa dependencia, el trabajo se ha enfocado principalmente al
fortalecimiento institucional del organismo. "En el primer año no se
contaban con equipos ni personal. En el segundo año, se implementó el
material y se dotó de apoyo humano".
Actualmente, en la dependencia laboran una persona encargada de la
asesoría jurídica, una secretaria y un auxiliar de servicios.
Precisamente, ese es un limitante para tramitar las más de 150
peticiones de recursos de amparo constitucional presentados por los
perjudicados en contra del Banco del Progreso. "Solo se pueden plantear 5
o 6 acciones por día, pues solo existen dos abogados que no pueden estar
en todas las citaciones".
Pablo Vintimilla, presidente encargado del Colegio de Abogados del Azuay,
considera que la función desempeñada por ese organismo en el Azuay ha
sido eficiente. "Creo que es totalmente fructífera. Los que dirigen la
entidad han actuado como debe ser con todo el empeño y la capacidad por
parte de quienes".
La defensa del consumidor primero
La puerta de madera café se abre de par en par de 09:00 a 17:00, de lunes
a viernes. Un pequeño rótulo negro con letras blancas en bajo relieve,
avisa a la gente sobre la labor que allí se realiza: Defensoría del
Pueblo de Tungurahua.
Cada cinco minutos entran a esta oficina mujeres campesinas e indígenas.
La Secretaria recibe y anota las protestas y les dá instrucciones de qué
hacer.
¿Cuántas denuncias reciben por día? La chica hurga en su memoria y
satisfecha con sus cálculos asegura que entre 15 y 20 por día. El
defensor de Tungurahua, Jorge Chico, le dijo a este Diario que "La Ley
del Consumidor, en el caso de la Defensoría del Pueblo, nos faculta a
llamar a una sesión de mediación en la que se escucha a la persona
afectada y a aquella que provee los bienes o servicios. Hoy atendemos
denuncias específicamente sobre peso y calidad, en cuanto al precio es
todavía un tema complejo". ¿Las debilidades de esta Defensoría? No tiene
un medio de transporte propio ni una computador. Falta también publicitar
sus objetivos y su trabajo. Incluso los profesionales del Derecho no
tienen un conocimiento pleno de la Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo".
Chico se hizo cargo de este despacho hace casi un mes y en ese tiempo
aseguró no haber recibido quejas sobre los bienes de consumo."Para ocupar
este cargo recibií algunos cursos en Quito entorno a los temas del
consumidor, derechos constitucionales, entre otros".
Periódicamente debo trasladarme hacia los sitios de denuncia, por
ejemplo, a la cárcel pública para entrevistarme con los detenidos, con el
fin de analizar los requisitos que dispone la ley para privarles de
libertad. (Texto tomado de El Comercio)
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