La DAC quiere ser "juez y parte"


Publicado el 07/Julio/2003 | 00:00

La propuesta de la DAC de manejar la seguridad aeroportuaria en Quito y Guayaquil ha sido rechazada por las autoridades de las dos ciudades y por las Cámaras de la Producción argumentando que esta no puede ser juez y parte, ya que de acuerdo a la Ley le corresponde el control de la aeronavegación, entendiéndose como tal el control del tráfico aéreo civil-comercial y todas las actividades relacionadas, limitando sus facultades a ser un ente regulador y controlador.
En el proyecto de decreto presentado a la Presidencia de la República, la DAC solicita también que se le restituyan los fondos por concepto de la tasa de seguridad, cuya cifra alcanzaría los $7 millones al año, considerando que mensualmente la Autoridad Aeroportuaria transfiere $450 mil mensuales por este servicio a la DAC y en el caso de Quito, la CorpaQ recibe $120 mil. Dicho proyecto de decreto fue conocido el 18 de junio por el Consejo Nacional de Aviación Civil y se resolvió que se pida el retiro del documento, pero continúa en la Secretaría de la Producción de la Presidencia.
Adicionalmente, la DAC se niega a transferir su competencia en la comercialización de combustibles que mantiene en los aeropuertos nacionales y que está a cargo de Ecuafuel, subdivisión de la DAC, argumentando que hace más de una década, esta opera un contrato de prestación de servicios con Petrocomercial y el acuerdo es hasta el 2007. Anualmente se distribuyen 50 millones de galones y a la DAC ingresan $0,03 por cada galón.
Según Alfredo Baquero, funcionario de la DAC, Ecuafuel se ocupa específicamente de "manipular" el combustible en los tanques de almacenamiento instalados en los aeropuertos de Quito, Guayaquil y otras ciudades del país, y cargarlo en los aviones. La subdivisión de Ecuafuel está a cargo de Jorge Borja. (PC-AA)

La DAC se encomienda al Presidente de la República

Rafael Dávila e Iván Arellano, director y subdirector de la Aviación Civil, respectivamente, insisten en que la seguridad en los aeropuertos es indivisible y que le corresponde al Estado. La decisión la dejan en manos de la Presidencia de la República, la que mediante un decreto podría definir los campos de acción de las entidades responsables de los aeropuertos y porque además se necesitan recursos para financiar el Plan de Seguridad en todo el país, por eso quieren la restitución de los fondos de la tasa de seguridad.
Argumentan que el Estado delega, pero no a cualquier institución el manejo de la seguridad, y que en este caso es a la Aviación Civil, que cuenta con un sistema nacional, "no solamente en Quito y Guayaquil"; y que abarca lo que pasa en tierra y aire (migración, control de drogas, aduanas, filtros) a excepción de las áreas externas, "las que sí pueden estar en manos privadas".
Dávila fundamenta su defensa en que son atribuciones del director general, entre otras, adoptar las medidas de carácter precautelatorio en beneficio de la seguridad de las operaciones aéreas y de la seguridad aeroportuaria. Lo que no quiere decir que sea una facultad propia del Director la de ejecutar directamente la seguridad.
Para ellos, lo que suscribió la administración anterior no tiene sustento legal. Además dicen no conocer el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre este tema y justifican el ser juez y parte, porque lo mismo pasa en la Policía y Fuerzas Armadas. (PC)

Las posiciones en torno a la concesion de aeropuertos

Se pone en riesgo concesión de los aeropuertos

Los alcaldes Paco Moncayo y Jaime Nebot consideran que si el pedido de la DAC tiene éxito "al retomar a su cargo servicios aeroportuarios que no le competen, contrariando la legislación vigente y la necesaria separación entre las actividades de operación y control, nos veríamos frente a otro patético cuadro de inseguridad jurídica que afecta tremendamente la imagen internacional de nuestro país".
Además de generar problemas con las empresas que participan en este proceso, ya que tanto la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil como la CorpaQ han iniciado el proceso de contratación de los servicios de seguridad con firmas especializadas. Incluso en el caso de la CorpaQ se encuentra en trámite final los acuerdos de financiación de la construcción del aeropuerto en base a las normas establecidas, "acuerdos que podrían sufrir serios trastornos si se cambiaran las reglas de juego a la mitad del camino".
Por tal motivo reiteraron que no permitirán que se ponga en riesgo los procesos de concesión, con la consiguiente afectación a la calidad de los servicios.

Gobierno se pone de lado de la autoridad aeronaútica

El debate generado en torno a qué entidad debe manejar la seguridad aeroportuaria en los aeropuertos generó que el presidente Lucio Gutiérrez manifestara que "de acuerdo a la Ley, la seguridad aeroportuaria le corresponde a la DAC" y que "su Gobierno no ha dado ningún aval para la inversión".
Además la Secretaría de Comunicación de la Presidencia explicó en boletín de prensa que por tratarse de un asunto técnico especializado, la Dirección de Aviación Civil elaboró el Plan Nacional de Seguridad, cuyo propósito es el de garantizar la seguridad operativa en todas las fases de la actividad aeronaútica.
Manifiesta que, en su oportunidad, la DAC explicó que no era factible delegar la responsabilidad de la seguridad aeroportuaria y que el Estado no puede encomendar esa función a fundaciones de carácter privado. Recuerda también que la DAC ha pedido que los fondos que corresponden a las tasas de seguridad le sean restituidos.
El Congreso Nacional conocerá esta semana la propuesta de la Aviación Civil conforme lo anunció Rafael Dávila.

La CorpaQ tiene a cargo áreas estériles en Quito

La seguridad aeroportuaria está en manos de la Corporación Aeropuerto (CorpaQ) en el caso del Mariscal Sucre. Para el efecto contrató a la compañía OES, que trabaja con 160 personas en áreas internas y externas. Esta responsabilidad la delegará a la compañía Giudry de los Estados Unidos, que cuenta con la aprobación de la autoridad aeronaútica de ese país. Mensualmente se gasta $150 mil en el control, a lo que se sumará $60 mil cuando entre a operar la compañía extranjera. “Nosotros sabemos como financiar la diferencia” dice Diego Pachel, director de la CorpaQ.
La seguridad y la comercialización del combustible salieron de la discusión del convenio que debe firmar Quiport y la DAC como requisito para el cierre financiero que permitirá la construcción de la nueva terminal aérea. Este acuerdo aún no se concreta, a pesar de que existe criterio favorable de la Procuraduría del Estado, que el Gobierno suscribió el contrato de garantía de seguridad jurídica para la inversión, que el Banco Mundial entregó la garantía para la construcción y que la OPIC comprometió la entrega de $200 millones para la obra.

Guayaquil delegará la seguridad al sector privado

La Fundación Aeroportuaria de Guayaquil anunció que en tres meses se conocerá el nombre de la empresa que se hará cargo de la operación del aeropuerto Simón Bolívar y de la construcción del nuevo en la zona de Daular, y que junto con ello se producirá la entrega del manejo de la seguridad a una compañía especializada.
Nicolás Romero, gerente de la Fundación explicó que en marzo pasado la TSA (Transportation Security Administration) del departamento de Transporte de los Estados Unidos emitió una directiva de seguridad especial, con el objeto de subsanar las múltiples fallas detectadas en el personal de seguridad de la Dirección de Aviación Civil. "Por estos motivos se decidió reemplazar al personal. Para lo cual, virtualmente se ha contratado estos servicios con la compañía Defence Systems, con domicilio principal en Londres".
Este 11 de julio llegará al país una delegación de TSA para verificar el cumplimiento de las normas exigidas. De no pasar la prueba se amenaza con prohibir la entrada a ese país de aviones procendentes de Guayaquil.

Empleados presionan a la Embajada del Canadá

Los primeros días de junio, un grupo de 20 personas de la Dirección de Aviación Civil acudieron a la Embajada del Canadá "a exigir una entrevista con el Embajador". Al no encontrarlo, cuatro de ellos, entre los cuales estaba Rómulo Andrade, concesionario de un local en el Mariscal Sucre), fueron recibidos por un funcionario de la Embajada, a quien pidieron explicaciones sobre el proceso de concesión del aeropuerto.
Luego dejaron una carta suscrita por Wilson Bravo, presidente de la Asociación de Empleados, en la que piden se certifique la existencia legal de la Canadian Commercial Corporation, si esta garantizará que el contrato de construcción de la nueva terminal constituye una obligación legal, válida y vinculante del Gobierno del Canadá y si otorgará la garantía de cumplimiento. Además, la existencia legal de Airport Development Corporation y la vinculación con la compañía ADC&HAS Management (operadores del aeropuerto) "para que los procesos de concesión se lleven a cabo con transparencia y, lo que es más importante, con el aval del Gobierno del Canadá..", dicen.

Canadienses rechazan actitud de la Aviación Civil

Frente a la carta remitida por la Asociación de Empleados de la DAC, el embajador del Canadá, Otch von Finckenstein, se dirige al director Rafael Dávila el 13 de junio y expresa su gran preocupación por los acontecimientos ocurridos que tienen incidencia o impacto adverso en la integridad y buena reputación del Gobierno del Canadá porque comparten dudas sobre determinadas claúsulas del contrato de concesión entre la CorpaQ y la Canadian Commercial Corporation, agencia cien por ciento del Gobierno del Canadá.
Añade que "El Gobierno del Canadá no tiene por costumbre suscribir contratos que no sean legales y válidos tanto bajo las leyes del Ecuador como por las de Canadá, y por lo tanto no se siente obligado a comentar sobre contratos suscritos legalmente. Agradeceré se abstenga y desista de realizar cualquier esfuerzo por cuestionar la integridad de mi Gobierno".
El alcalde Moncayo se adhirió a esta posición y añadió que una vez más recaba la actitud positiva necesaria de la DAC para la culminación del proyecto de construcción de la nueva terminal aérea.

Ciudad Quito



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