POLITICOS
Quito. 13 abr 97. Si a Alarcón no le flaquea la voluntad ni
le atormentan de día y de noche las dudas sobre el resultado,
la consulta se cumplirá el 25 de mayo, como preámbulo para un
"tira y afloja" posterior en torno a las elecciones
presidenciales de 1998.
La consulta tiene la oposición de los políticos, pero el favor
de las encuestas. Allí radica la disputa del 25 de mayo. 12
son las preguntas, más una disposición que no se ha planteado
como pregunta -que el Congreso aplique las reformas en un
plazo de sesenta días-, pues negarla sería borrar con el codo
todo el resultado de la consulta.
Dos son los campos de la consulta: la ratificación de la
reestructura institucional del 5 y 6 de frebrero y una
fragmentaria reforma política.
Los políticos son un gran disolvente
Por Javier Ponce
A pocas horas de convocada la consulta, los diputados
aprobaron en el parlamento el tema de una de las reformas -la
cuota del 0.05% del electorado para que un partido sobreviva-.
Si leemos la convocatoria al Congreso extra del martes, los
diputados también quieren sus propias reformas
constitucionales.
Simultáneamente, se le ha pedido a Fabián Alarcón que reforme
su convocatoria o la deje sin efecto.
Las dos actitudes buscaban debilitar a un presidente que
depende de los partidos políticos que se "inventaron" su
interinato. La consulta puede ser un intento de Alarcón para
romper esa dependencia y legitimarse. Pero, al parecer, los
partidos no van a dejar que el presidente cometa semejante
ingratitud.
El afán de Fabián Alarcón de alcanzar, al fin, por su propia
cuenta, identidad política, es posible en la democracia. El
afán de la clase política por mantener el control sobre el
régimen, también. El primero, puede sentirse afectado por el
espectro de la ilegitimidad y puede tener razón. El Congreso
de hoy, como nunca, se ha arropado de ilegitimidad, envuelto
en un conflicto de corrupción del que intenta salir lo más
inmaculadamente posible. En efecto, mientras se habló hace
unas semanas, con sorna, de una escandalosa "mayoría"
corrompida, lo que bien podría justificar la autodisolución
del parlamento, ahora se estaría fraguando una mayoría real
para salvar a los legisladores y disolver, en las fojas útiles
de algún juzgado, sus culpas.
Este enredado maridaje entre Alarcón y la clase política está
oscureciendo la consulta, ideada como un intento unilateral
-incluso arrogante- de divorcio. Está devolviendo a la
consulta al terreno de todas las anteriores: el escenario para
aclarar pequeños poderes.
A Sixto Durán le condenaron sus debilidades. Entre ellas las
prolongadas dubitaciones sobre las consultas populares.
Alarcón no quiere cometer esas debilidades que le permitieron
pensar a la opinión pública que toda convocatoria a referendo
es posible de ser desmontada, en tanto mecanismo de
participación popular bastante equívoco y endeble.
Alarcón no quiere dudar. Llegará hasta la consulta y allí
dilucidará su vieja entente con los partidos políticos que al
estilo de Jehova, lo crearon de la nada. Al final, los deseos
de reforma política irán desapareciendo. Si los ecuatorianos
votan por la Asamblea Constituyente, este efecto de disolución
de todos los procesos políticos actuarán certero, para
disolver, como en tantos otros asuntos, también la Asamblea.
Son las virtudes disolventes de la clase política.
Verduga no responde una pregunta
Por Thalía Flores y Flores
El ministro de Gobierno, César Verduga, no admite los
cuestionamientos que arguyen de que la consulta popular,
convocada por el presidente Alarcón para el 25 de mayo, tiene
intenciones subyacentes.
Apacible, en su redecorada oficina, en donde se ha puesto
esmero en la luminosidad, Verduga no se altera, a pesar de
que, antes de la entrevista con HOY, sostuvo una prolongada
reunión con el embajador del Ecuador en Lima, Horacio Sevilla,
y de que la cúpula policial y la directiva de la
Confraternidad Carcelaria aguardan en la sala de espera para
dialogar sobre temas delicados.
La firmeza de sus declaraciones le hacen ver, por momentos,
inconmovible; y la certeza de sus palabras tiene la
intencionalidad de trasmitir mensajes precisos. Verduga cumple
su rol de ministro de la política. Pero no tiene respuestas
para una de las preguntas que brota de la consulta: cómo se
integrará la Asamblea Nacional.
-¿Pedir que se ratifique lo actuado por el Congreso no
evidencia dudas del Gobierno sobre la legitimidad de la
cesación de Bucaram y designación de Alarcón?
-El Gobierno está consolidado. No obstante, algunas personas
han planteado cuestionamientos al régimen, incluso le han
calificado de facto, que nos hace daño afuera.
Internacionalmente es bueno consolidarlo si se tiene un avance
sustantivo con el Perú. Internamente hay que clarificar el
mandato de febrero. Hace falta que la gente se pronuncie sobre
el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, de cómo
integrarla si no está jurídicamente incorporada a la
estructura legal del Estado; hay que consultar al soberano.
-¿Preguntar por una persona que fue cesada en su mandato y
repudiada por el país no es devolverle el protagonismo?
-En el mundo exterior no se viven las cosas de esa manera, no
están conscientes que aquí ya no es tema de debate; por eso es
bueno que el país se pronuncie en las urnas. En febrero, el
país se pronunció en las calles y a través del Congreso; el
jueves pasado mediante la Función Judicial, con la orden de
prisión en contra de Bucaram; espero que los diputados se
pronuncien en el Congreso extraordinario y que este país
vuelva a expresarse, definitivamente, el 25 de mayo, en las
urnas, y habremos sellado el bucaramato como la experiencia
más negra de nuestra historia en los últimos 20 años.
-¿Cómo entender que ustedes, hábiles políticos, hagan un viaje
a Salinas para pedir la bendición de un partido para la
consulta?
-De ninguna manera. Nosotros hemos ido al Congreso y hemos
visitado al presidente de la Corte Suprema, muchas veces.
Hemos ido a Salinas en un viaje programado para una reunión
social. Coincidió que era la víspera de la consulta y
conversamos sobre el tema.
Sobre eso no tenemos los prejuicios de la vieja política y las
viejas suspicacias, nos manejamos de otra manera. A todos los
sectores políticos les informamos sobre la consulta, no les
consultamos sobre la convocatoria que es una decisión del
presidente.
-¿En Salinas les pidieron no incluir la pregunta sobre la
prórroga del mandato de Alarcón?
-Antes de la reunión de Salinas, en este Palacio y en alguna
residencia particular de Quito, habíamos comentado con algunos
líderes sobre el tema. Allá recogimos otra opinión; algunos
nos dijeron que debe haber solo la pregunta de la Asamblea;
otros la pregunta uno; a todos les hemos oído.
Informar no es más que pedir consejos y estar dispuestos a
rectificar. Es la esencia del régimen democrático. Aquí
reclamamos democracia y volvemos autoritario a cualquier gesto
que realmente es democrático.
-¿Nadie les sugirió que se preguntase sobre la duración del
mandato de la vicepresidenta?
-Hablamos con todos, de manera abierta, sin esa pregunta.
Recibimos opiniones y expresamos nuestra opinión.
-¿ Y por qué no incorporaron ese tema?
-Porque creemos, con toda franqueza, que esa habría sido
tomada como la solución a un problema coyuntural y le habría
quitado a la consulta parte de la significación histórica que
tiene.
-¿Cuál cree que debe ser la solución respecto de la
vicepresidenta, de cara a las elecciones del 98?
-Nosotros no nos pronunciamos sobre ese tema.
-¿Quién debe pronunciarse?
-El Congreso es la instancia que dirime este tipo de asuntos.
-¿Pero si después se debe ratificar, en una consulta, lo que
dice el Congreso...?
-Yo creo que el Congreso no siempre necesita que sus
decisiones sean ratificadas. Mejor dicho, nunca lo necesita,
si lo hace un Gobierno o el Congreso es por decisión
democrática. El Congreso está facultado para ello por la
Constitución.
-¿No resintieron a los diputados y al presidente del Congreso,
al ratificar sus actuaciones que todos aceptamos?
-Primero me dijo que fuimos a Salinas para pedir permiso;
ahora me dice que fuimos para pelearnos con Heinz Moeller. Ni
una cosa ni la otra.
Somos un Gobierno producto de un gran acuerdo nacional y
tenemos la obligación de informar a los partidos. En cuanto a
lo otro, respetamos las opiniones, pero creemos que la
consulta es necesaria.
-La gente piensa que la única pregunta que se quería hacer era
la de la prórroga, pero que no les resultó.
-Yo le hago una repregunta: ¿no es trascendente definir el
tema del Poder Judicial? ¿No es trascendente que, por fin, el
pueblo se pronuncie sobre la Asamblea Nacional, a la que
muchos sectores le asignan una tarea casi mágica, para
transformar el país? ¿No es trascendente que se revoque el
mandato de quienes, habiendo sido elegidos, incumplen el
mandato; que se regulen los gastos electorales, fuente de
corrupción política aquí y en todo lado?
Asamblea Nacional: decisión salomónica
El ministro de Gobierno, César Verduga, se ufana de que el
Gobierno de Alarcón haya cumplido, matemáticamente, el mandato
popular que, en febrero, pidió una Asamblea Constituyente.
"Exactamente, a los 60 días, el presidente ha llamado a la
consulta", dice.
Pero no todo parece estar claro. Si bien el ministro revela
que llamarla Asamblea Nacional fue una sugerencia de la
Comisión de Reformas, la forma de integrarla, después de la
consulta, no está definido.
-¿Por qué la llaman Asamblea Nacional? ¿Qué significa?
- Allí está la pregunta, Asamblea Nacional para que reforme la
Constitución.
- ¿Llamarla así no es una salida salomónica, porque unos
proponen Asamblea Constituyente y otros Constitucional?
-El Gobierno es producto de muchísimos sectores que
convergieron en un objetivo: terminar con el bucaramato y
había una propuesta de reformas políticas. Por supuesto que
tiene que ser, relativamente, salomónica cualquier resolución
que se tome sobre un tema como éste.
-¿Cuando el presidente formó una Comisión de Reformas no
estaba pensando en llamar luego a una consulta?
-Esas cosas no pueden tratarse con una bola de cristal;
siempre estuvo latente en el presidente y en mí la convicción
de que algún momento sería necesario una consulta popular,
dependiendo de las circunstancias, pero los acontecimientos
internos y a nivel internacional nos llevó a la certeza de que
es indispensable, ahora.
-¿Pesa tanto el criterio del secretario adjunto de los EEUU?
Es el único que ha hecho comentarios.
-El problema es que si hay que acelerar o definir o dejar muy
avanzado un tema tan importante como la negociación con el
Perú, y hay voces que hablan que no sería tan conveniente con
un Gobierno interino; y al interior hay sectores que comienzan
a hablar, todos en nombre de febrero, para pedir las cosas
insólitas, incluidos los del partido del anterior Gobierno,
pero disfrazados de cándidos munícipes, gigantescas sumas en
nombre de febrero para sus municipios. Hay que clarificar el
mandato de febrero. También lo es la presunción de que el país
se volvería ingobernable si no le damos a febrero un mandato
institucionalizado, por un consulta popular.
-Si el país aprueba que la Asamblea Nacional se integre por
voto universal, ¿cómo se hará esa integración?
-Nosotros no vamos a opinar sobre la consulta; vamos a
difundir lo que está en la agenda pública. Somos un Gobierno
de transición, estamos llamados a arbitrar en democracia y en
paz todos los conflictos reales y latentes.
-Es extraño, convocan a un consulta pero no quieren discutir
sobre los temas de aquélla.
-No vamos a pronunciarnos, hablamos de los temas que estaban
latentes en la sociedad.
- Veamos un escenario posible: si se vota para que la Asamblea
sea integrada en un 100 por ciento por votación popular,
¿quiénes serían los que se hagan votar?
-Cuando esté decidido, el 25 de mayo discutiremos el tema.
-¿El ministro de Gobierno no tiene una respuesta?
-No se olvide que la forma en que se regula una potencial
Asamblea Constituyente involucra al Poder Ejecutivo y
Legislativo; más al Legislativo; lo que tiene que ocurrir, si
esa es la voluntad popular, es que el Poder Legislativo
trabaje aceleradamente y cortamente, acerca de todo lo que a
usted le preocupa. No estoy adelantando ningún resultado, ni
comprometiéndome con ninguna de las opciones planteadas.
La gente prefiere acudir las urnas
Por Jaime Durán Barba y
Santiago Nieto
Después de la movilización del 5 de febrero, distintas
agrupaciones y partidos políticos han dicho ser los portavoces
de quienes salieron a las calles.
Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos comunes se resisten
a que otros hablen por ellos. La crisis de representatividad
que vive América Latina no tiene que ver solamente con el
derrumbe de las ideologías, sino con la generalización de una
cultura individualista en la que los electores quieren
vincularse con sus dirigentes de manera directa. En
contraste, algunos grupos de intelectuales que se sienten poco
escuchados en medio de esta avalancha democrática, tratan de
volver a viejas formas de representación corporativa o de
imponer mecanismos para que la libertad de los electores se
restrinja.
Hay sectores que afirman que es mejor resolver los actuales
problemas del país a través de una Asamblea Constituyente y no
de la Consulta.
La reacción de la mayoría frente a estos intentos es negativa.
En Quito se pronunció por la consulta un 56% de los
encuestados y por la Asamblea un 30%.
El resultado varía nuevamente en los distintos estrados
sociales. En el estrato alto son más los que creen en la
Asamblea que en la Consulta (43% a 37%), en el estrato medio
la consulta gana con 56% frente a un 31% y en el estrato
popular el apoyo es todavía mayor. Los jóvenes quiteños
favorecen la consulta por amplia mayoría (67% a 20%) y los
ciudadanos entre 28 y 37 años son los que más dudan sobre el
tema (45% por la consulta y 41% por la asamblea).
Es interesante notar que la aceptación de la consulta es mayor
mientras más jóvenes son los encuestados. En Quito el 80% y en
Guayaquil el 81% de los ciudadanos que tienen menos de 27 años
apoyan la consulta.
En la ciudad de Guayaquil la mayoría es más amplia: el 63%
está por la consulta y el 23% por la Asamblea. En el puerto
principal aunque los ciudadanos de todos los estratos
favorecen de manera amplia a la consulta, es en el estrato
popular en donde esta forma de la democracia directa es más
aceptada (66%). Al igual que en la capital son los ciudadanos
jóvenes los que más apoyan la consulta (67% por la consulta,
21% por la asamblea).
El poco entusiasmo de los ecuatorianos con formas indirectas
de representación se manifestó también cuando en una encuesta
nacional de Informe Confidencial aplicada los días 2 y 3 de
abril la inmensa mayoría de los ciudadanos se manifestó en
contra de que existan integrantes de una Asamblea
Constitucional elegidos por "Instituciones representativas del
estado y de la sociedad civil".
Se encontró el momento adecuado
El momento escogido por el Presidente Alarcón para convocar a
la Consulta es el adecuado.
Durante el Gobierno del Presidente León Febres Cordero la
gente votó masivamente "No" frente a una pregunta con cuyo
contenido estaba plenamente de acuerdo, solamente por
demostrar su oposición al régimen.
Algo semejante ocurrió con la segunda consulta convocada por
el Presidente Durán Ballén, compuesta de preguntas largas e
incomprensibles y realizadas inoportunamente, que provocó
también un amplia rechazo en la población.
El Gobierno de Alarcón no corre un riesgo semejante. Cuando
Informe Confidencial preguntó en su encuesta nacional si los
ciudadanos votarían "No" en una eventual Consulta convocada
por el Presidente Alarcón para rechazar a su gobierno,
solamente un 10 por ciento de los ecuatorianos dijo que
actuaría de esa manera.
Ninguna consulta anterior tuvo tan bajo índice de rechazo.
(DIARIO HOY) (P. 6-A y 7-A)
Quito. 13 abr 97. Si a Alarcón no le flaquea la voluntad ni
le atormentan de día y de noche las dudas sobre el resultado,
la consulta se cumplirá el 25 de mayo, como preámbulo para un
"tira y afloja" posterior en torno a las elecciones
presidenciales de 1998.
La consulta tiene la oposición de los políticos, pero el favor
de las encuestas. Allí radica la disputa del 25 de mayo. 12
son las preguntas, más una disposición que no se ha planteado
como pregunta -que el Congreso aplique las reformas en un
plazo de sesenta días-, pues negarla sería borrar con el codo
todo el resultado de la consulta.
Dos son los campos de la consulta: la ratificación de la
reestructura institucional del 5 y 6 de frebrero y una
fragmentaria reforma política.
Los políticos son un gran disolvente
Por Javier Ponce
A pocas horas de convocada la consulta, los diputados
aprobaron en el parlamento el tema de una de las reformas -la
cuota del 0.05% del electorado para que un partido sobreviva-.
Si leemos la convocatoria al Congreso extra del martes, los
diputados también quieren sus propias reformas
constitucionales.
Simultáneamente, se le ha pedido a Fabián Alarcón que reforme
su convocatoria o la deje sin efecto.
Las dos actitudes buscaban debilitar a un presidente que
depende de los partidos políticos que se "inventaron" su
interinato. La consulta puede ser un intento de Alarcón para
romper esa dependencia y legitimarse. Pero, al parecer, los
partidos no van a dejar que el presidente cometa semejante
ingratitud.
El afán de Fabián Alarcón de alcanzar, al fin, por su propia
cuenta, identidad política, es posible en la democracia. El
afán de la clase política por mantener el control sobre el
régimen, también. El primero, puede sentirse afectado por el
espectro de la ilegitimidad y puede tener razón. El Congreso
de hoy, como nunca, se ha arropado de ilegitimidad, envuelto
en un conflicto de corrupción del que intenta salir lo más
inmaculadamente posible. En efecto, mientras se habló hace
unas semanas, con sorna, de una escandalosa "mayoría"
corrompida, lo que bien podría justificar la autodisolución
del parlamento, ahora se estaría fraguando una mayoría real
para salvar a los legisladores y disolver, en las fojas útiles
de algún juzgado, sus culpas.
Este enredado maridaje entre Alarcón y la clase política está
oscureciendo la consulta, ideada como un intento unilateral
-incluso arrogante- de divorcio. Está devolviendo a la
consulta al terreno de todas las anteriores: el escenario para
aclarar pequeños poderes.
A Sixto Durán le condenaron sus debilidades. Entre ellas las
prolongadas dubitaciones sobre las consultas populares.
Alarcón no quiere cometer esas debilidades que le permitieron
pensar a la opinión pública que toda convocatoria a referendo
es posible de ser desmontada, en tanto mecanismo de
participación popular bastante equívoco y endeble.
Alarcón no quiere dudar. Llegará hasta la consulta y allí
dilucidará su vieja entente con los partidos políticos que al
estilo de Jehova, lo crearon de la nada. Al final, los deseos
de reforma política irán desapareciendo. Si los ecuatorianos
votan por la Asamblea Constituyente, este efecto de disolución
de todos los procesos políticos actuarán certero, para
disolver, como en tantos otros asuntos, también la Asamblea.
Son las virtudes disolventes de la clase política.
Verduga no responde una pregunta
Por Thalía Flores y Flores
El ministro de Gobierno, César Verduga, no admite los
cuestionamientos que arguyen de que la consulta popular,
convocada por el presidente Alarcón para el 25 de mayo, tiene
intenciones subyacentes.
Apacible, en su redecorada oficina, en donde se ha puesto
esmero en la luminosidad, Verduga no se altera, a pesar de
que, antes de la entrevista con HOY, sostuvo una prolongada
reunión con el embajador del Ecuador en Lima, Horacio Sevilla,
y de que la cúpula policial y la directiva de la
Confraternidad Carcelaria aguardan en la sala de espera para
dialogar sobre temas delicados.
La firmeza de sus declaraciones le hacen ver, por momentos,
inconmovible; y la certeza de sus palabras tiene la
intencionalidad de trasmitir mensajes precisos. Verduga cumple
su rol de ministro de la política. Pero no tiene respuestas
para una de las preguntas que brota de la consulta: cómo se
integrará la Asamblea Nacional.
-¿Pedir que se ratifique lo actuado por el Congreso no
evidencia dudas del Gobierno sobre la legitimidad de la
cesación de Bucaram y designación de Alarcón?
-El Gobierno está consolidado. No obstante, algunas personas
han planteado cuestionamientos al régimen, incluso le han
calificado de facto, que nos hace daño afuera.
Internacionalmente es bueno consolidarlo si se tiene un avance
sustantivo con el Perú. Internamente hay que clarificar el
mandato de febrero. Hace falta que la gente se pronuncie sobre
el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, de cómo
integrarla si no está jurídicamente incorporada a la
estructura legal del Estado; hay que consultar al soberano.
-¿Preguntar por una persona que fue cesada en su mandato y
repudiada por el país no es devolverle el protagonismo?
-En el mundo exterior no se viven las cosas de esa manera, no
están conscientes que aquí ya no es tema de debate; por eso es
bueno que el país se pronuncie en las urnas. En febrero, el
país se pronunció en las calles y a través del Congreso; el
jueves pasado mediante la Función Judicial, con la orden de
prisión en contra de Bucaram; espero que los diputados se
pronuncien en el Congreso extraordinario y que este país
vuelva a expresarse, definitivamente, el 25 de mayo, en las
urnas, y habremos sellado el bucaramato como la experiencia
más negra de nuestra historia en los últimos 20 años.
-¿Cómo entender que ustedes, hábiles políticos, hagan un viaje
a Salinas para pedir la bendición de un partido para la
consulta?
-De ninguna manera. Nosotros hemos ido al Congreso y hemos
visitado al presidente de la Corte Suprema, muchas veces.
Hemos ido a Salinas en un viaje programado para una reunión
social. Coincidió que era la víspera de la consulta y
conversamos sobre el tema.
Sobre eso no tenemos los prejuicios de la vieja política y las
viejas suspicacias, nos manejamos de otra manera. A todos los
sectores políticos les informamos sobre la consulta, no les
consultamos sobre la convocatoria que es una decisión del
presidente.
-¿En Salinas les pidieron no incluir la pregunta sobre la
prórroga del mandato de Alarcón?
-Antes de la reunión de Salinas, en este Palacio y en alguna
residencia particular de Quito, habíamos comentado con algunos
líderes sobre el tema. Allá recogimos otra opinión; algunos
nos dijeron que debe haber solo la pregunta de la Asamblea;
otros la pregunta uno; a todos les hemos oído.
Informar no es más que pedir consejos y estar dispuestos a
rectificar. Es la esencia del régimen democrático. Aquí
reclamamos democracia y volvemos autoritario a cualquier gesto
que realmente es democrático.
-¿Nadie les sugirió que se preguntase sobre la duración del
mandato de la vicepresidenta?
-Hablamos con todos, de manera abierta, sin esa pregunta.
Recibimos opiniones y expresamos nuestra opinión.
-¿ Y por qué no incorporaron ese tema?
-Porque creemos, con toda franqueza, que esa habría sido
tomada como la solución a un problema coyuntural y le habría
quitado a la consulta parte de la significación histórica que
tiene.
-¿Cuál cree que debe ser la solución respecto de la
vicepresidenta, de cara a las elecciones del 98?
-Nosotros no nos pronunciamos sobre ese tema.
-¿Quién debe pronunciarse?
-El Congreso es la instancia que dirime este tipo de asuntos.
-¿Pero si después se debe ratificar, en una consulta, lo que
dice el Congreso...?
-Yo creo que el Congreso no siempre necesita que sus
decisiones sean ratificadas. Mejor dicho, nunca lo necesita,
si lo hace un Gobierno o el Congreso es por decisión
democrática. El Congreso está facultado para ello por la
Constitución.
-¿No resintieron a los diputados y al presidente del Congreso,
al ratificar sus actuaciones que todos aceptamos?
-Primero me dijo que fuimos a Salinas para pedir permiso;
ahora me dice que fuimos para pelearnos con Heinz Moeller. Ni
una cosa ni la otra.
Somos un Gobierno producto de un gran acuerdo nacional y
tenemos la obligación de informar a los partidos. En cuanto a
lo otro, respetamos las opiniones, pero creemos que la
consulta es necesaria.
-La gente piensa que la única pregunta que se quería hacer era
la de la prórroga, pero que no les resultó.
-Yo le hago una repregunta: ¿no es trascendente definir el
tema del Poder Judicial? ¿No es trascendente que, por fin, el
pueblo se pronuncie sobre la Asamblea Nacional, a la que
muchos sectores le asignan una tarea casi mágica, para
transformar el país? ¿No es trascendente que se revoque el
mandato de quienes, habiendo sido elegidos, incumplen el
mandato; que se regulen los gastos electorales, fuente de
corrupción política aquí y en todo lado?
Asamblea Nacional: decisión salomónica
El ministro de Gobierno, César Verduga, se ufana de que el
Gobierno de Alarcón haya cumplido, matemáticamente, el mandato
popular que, en febrero, pidió una Asamblea Constituyente.
"Exactamente, a los 60 días, el presidente ha llamado a la
consulta", dice.
Pero no todo parece estar claro. Si bien el ministro revela
que llamarla Asamblea Nacional fue una sugerencia de la
Comisión de Reformas, la forma de integrarla, después de la
consulta, no está definido.
-¿Por qué la llaman Asamblea Nacional? ¿Qué significa?
- Allí está la pregunta, Asamblea Nacional para que reforme la
Constitución.
- ¿Llamarla así no es una salida salomónica, porque unos
proponen Asamblea Constituyente y otros Constitucional?
-El Gobierno es producto de muchísimos sectores que
convergieron en un objetivo: terminar con el bucaramato y
había una propuesta de reformas políticas. Por supuesto que
tiene que ser, relativamente, salomónica cualquier resolución
que se tome sobre un tema como éste.
-¿Cuando el presidente formó una Comisión de Reformas no
estaba pensando en llamar luego a una consulta?
-Esas cosas no pueden tratarse con una bola de cristal;
siempre estuvo latente en el presidente y en mí la convicción
de que algún momento sería necesario una consulta popular,
dependiendo de las circunstancias, pero los acontecimientos
internos y a nivel internacional nos llevó a la certeza de que
es indispensable, ahora.
-¿Pesa tanto el criterio del secretario adjunto de los EEUU?
Es el único que ha hecho comentarios.
-El problema es que si hay que acelerar o definir o dejar muy
avanzado un tema tan importante como la negociación con el
Perú, y hay voces que hablan que no sería tan conveniente con
un Gobierno interino; y al interior hay sectores que comienzan
a hablar, todos en nombre de febrero, para pedir las cosas
insólitas, incluidos los del partido del anterior Gobierno,
pero disfrazados de cándidos munícipes, gigantescas sumas en
nombre de febrero para sus municipios. Hay que clarificar el
mandato de febrero. También lo es la presunción de que el país
se volvería ingobernable si no le damos a febrero un mandato
institucionalizado, por un consulta popular.
-Si el país aprueba que la Asamblea Nacional se integre por
voto universal, ¿cómo se hará esa integración?
-Nosotros no vamos a opinar sobre la consulta; vamos a
difundir lo que está en la agenda pública. Somos un Gobierno
de transición, estamos llamados a arbitrar en democracia y en
paz todos los conflictos reales y latentes.
-Es extraño, convocan a un consulta pero no quieren discutir
sobre los temas de aquélla.
-No vamos a pronunciarnos, hablamos de los temas que estaban
latentes en la sociedad.
- Veamos un escenario posible: si se vota para que la Asamblea
sea integrada en un 100 por ciento por votación popular,
¿quiénes serían los que se hagan votar?
-Cuando esté decidido, el 25 de mayo discutiremos el tema.
-¿El ministro de Gobierno no tiene una respuesta?
-No se olvide que la forma en que se regula una potencial
Asamblea Constituyente involucra al Poder Ejecutivo y
Legislativo; más al Legislativo; lo que tiene que ocurrir, si
esa es la voluntad popular, es que el Poder Legislativo
trabaje aceleradamente y cortamente, acerca de todo lo que a
usted le preocupa. No estoy adelantando ningún resultado, ni
comprometiéndome con ninguna de las opciones planteadas.
La gente prefiere acudir las urnas
Por Jaime Durán Barba y
Santiago Nieto
Después de la movilización del 5 de febrero, distintas
agrupaciones y partidos políticos han dicho ser los portavoces
de quienes salieron a las calles.
Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos comunes se resisten
a que otros hablen por ellos. La crisis de representatividad
que vive América Latina no tiene que ver solamente con el
derrumbe de las ideologías, sino con la generalización de una
cultura individualista en la que los electores quieren
vincularse con sus dirigentes de manera directa. En
contraste, algunos grupos de intelectuales que se sienten poco
escuchados en medio de esta avalancha democrática, tratan de
volver a viejas formas de representación corporativa o de
imponer mecanismos para que la libertad de los electores se
restrinja.
Hay sectores que afirman que es mejor resolver los actuales
problemas del país a través de una Asamblea Constituyente y no
de la Consulta.
La reacción de la mayoría frente a estos intentos es negativa.
En Quito se pronunció por la consulta un 56% de los
encuestados y por la Asamblea un 30%.
El resultado varía nuevamente en los distintos estrados
sociales. En el estrato alto son más los que creen en la
Asamblea que en la Consulta (43% a 37%), en el estrato medio
la consulta gana con 56% frente a un 31% y en el estrato
popular el apoyo es todavía mayor. Los jóvenes quiteños
favorecen la consulta por amplia mayoría (67% a 20%) y los
ciudadanos entre 28 y 37 años son los que más dudan sobre el
tema (45% por la consulta y 41% por la asamblea).
Es interesante notar que la aceptación de la consulta es mayor
mientras más jóvenes son los encuestados. En Quito el 80% y en
Guayaquil el 81% de los ciudadanos que tienen menos de 27 años
apoyan la consulta.
En la ciudad de Guayaquil la mayoría es más amplia: el 63%
está por la consulta y el 23% por la Asamblea. En el puerto
principal aunque los ciudadanos de todos los estratos
favorecen de manera amplia a la consulta, es en el estrato
popular en donde esta forma de la democracia directa es más
aceptada (66%). Al igual que en la capital son los ciudadanos
jóvenes los que más apoyan la consulta (67% por la consulta,
21% por la asamblea).
El poco entusiasmo de los ecuatorianos con formas indirectas
de representación se manifestó también cuando en una encuesta
nacional de Informe Confidencial aplicada los días 2 y 3 de
abril la inmensa mayoría de los ciudadanos se manifestó en
contra de que existan integrantes de una Asamblea
Constitucional elegidos por "Instituciones representativas del
estado y de la sociedad civil".
Se encontró el momento adecuado
El momento escogido por el Presidente Alarcón para convocar a
la Consulta es el adecuado.
Durante el Gobierno del Presidente León Febres Cordero la
gente votó masivamente "No" frente a una pregunta con cuyo
contenido estaba plenamente de acuerdo, solamente por
demostrar su oposición al régimen.
Algo semejante ocurrió con la segunda consulta convocada por
el Presidente Durán Ballén, compuesta de preguntas largas e
incomprensibles y realizadas inoportunamente, que provocó
también un amplia rechazo en la población.
El Gobierno de Alarcón no corre un riesgo semejante. Cuando
Informe Confidencial preguntó en su encuesta nacional si los
ciudadanos votarían "No" en una eventual Consulta convocada
por el Presidente Alarcón para rechazar a su gobierno,
solamente un 10 por ciento de los ecuatorianos dijo que
actuaría de esa manera.
Ninguna consulta anterior tuvo tan bajo índice de rechazo.
(DIARIO HOY) (P. 6-A y 7-A)
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