Quito. 14.08.94. A finales de 1993, comenzó un proceso gradual
de reactivación del sector de la construcción. Factores como
la estabilidad económica, reflejada principalmente en la
reducción de la inflación, dieron mayor seguridad a los
inversionistas privados. La apertura económica y la
estabilidad del tipo de cambio permitieron un mayor flujo y
menores costos de los materiales de construcción importados.
Por su parte, el gobierno implantó una serie de mecanismos que
beneficiarían a los inversionistas privados, en particular la
nueva Ley de Mercado de Valores y la creación de las Unidades
de Valor Constallte (UVC), la entrega a manos privadas de
obras de transporte como autopistas y aeropuertos, y el
otorgamiento de concesiones para la construcción de proyectos
de infraestructura.
CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL
Durante los años setentas, a raíz del descubrimiento del
petróleo, el sector público contó con altos ingresos fiscales,
que le permitieron realizar grandes obras de infraestructura.
El sector de la construcción contribuía con aproximadamente el
5,7% del producto interno bruto (PIB) del país. Durante este
período se establecieron las más importantes empresas
constructoras ecuatorianas.
A partir de 1983, la construcción empezó a decaer, las tasas
de crecimiento se tornaron inestables y siempre menores al
promedio del PIB. La tasa más baja fue en 1990, con una cifra
negativa del 14,8%. En promedio, el sector decreció en un 2,6%
anual hasta 1993, y su participación en la producción se
redujo hasta llegar a niveles del 2,5% del total en el mismo
año.
Muchas empresas constructoras quebraron debido a la crisis
económica -a la cual es particularmente sensible este sector-,
así como al alto nivel de endeudamiento externo privado. Los
cortes de crédito externo obligaron al Estado a ajustar sus
inversiones en infraestructura; la inestabilidad económica
ahuyentó la inversión y generó un proceso inflacionario. Esto,
por un lado comprimió al ahorro y, por otro, elevó el costo,
redujo los plazos y disminuyó la magnitud de los créditos.
Las devaluaciones monetarias elevaron los costos de los
materiales importados.
INVERSION PUBLICA ES DETERMINANTE
Puesto que las obras de infraestructura realizadas por el
Estado representan un alto porcentaje de la producción del
sector, existe una gran dependencia y vulnerabilidad con
respecto a factores macroeconómicos tales como crédito
externo, precios internacionales de productos que alimentan el
ingreso del Fisco, medidas de ajuste fiscal y monetario que
afectan a las tasas de interés y créditos internos.
En 1990, el 68% de la contratación se realizó con el Estado,
según las Encuestas de Coyuntura del Banco Central. La
inversión realizada por la administración de empresas
públicas, sin incluir a PETROECUADOR y a entidades financieras
públicas. Aquella representa entre el 55% y el 60% de la
formación bruta de capital fijo total, lo que da cuenta de la
importancia de la inversión pública para el desarrollo de todo
el sector.
Sin embargo, la inversión en obras públicas por parte del
Estado tiene una tasa de crecimiento negativa. En 1988 se
destinó el 5,5% del presupuesto al Ministerio de Obras
Públicas; en 1990, el 4,9%; y en 1992 se redujo al 3,8%.
COINVERSION PRIVADA EN OBRAS PUBLICAS
Actualmente, el gobierno ha propuesto un proyecto de ley que
permita la creación de infraestructura, a través de mecanismos
de coinversión, concesión, ejecución y administración de
obras. De esta manera, el Estado pondría en manos privadas el
manejo y explotación de servicios y bienes del Estado.
Entre otras, las siguientes obras podrían ser objetos de
concesión: la ampliación del oleoducto transecuatoriano, los
aeropuertos, obras de riego, vivienda, vías y puentes,
mantenimiento vial, terminales terrestres y estacionamientos,
centrales hidroeléctricas, etc.
Según el gobierno, este mecanismo permitiría mejorar la
calidad de los servicios y destinar mayor cantidad de recursos
a otros proyectos de carácter social.
A través de la concesión, el sector público otorga al sector
privado la facultad de construir, administrar y mantener una
obra pública o el desempeño de un servicio público. El
constructor, por su parte, cobra una tarifa por la inversión
realizada.
INVERSION Y FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Aunque la construcción de viviendas no constituye un alto
porcentaje de las obras realizadas por las empresas, podría
dar impulso al sector en los próximos años. El gobierno se ha
propuesto crear un sistema financiero solvente y eficiente -
que permita un mayor dinamismo en la captación de ahorro e
inversión- y dar la capacidad financiera a quienes requieren
de una solución habitacional,
De otra parte el Gobierno está diseñando un programa
habitacional con subsidio directo y transparente para
construir viviendas. La ejecución de estas obras estará en
manos del sector privado. El programa estará acompañado por la
reestructuración del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV),
que pasará a ser una banca de segundo piso. La Junta Nacional
de la Vivienda (JNV) deberá formular la Política Nacional de
Vivienda. Se evitará la descapitalización de estas cantidades
mediante un sistema de amortización de crédito que permita
recuperar en términos reales el capital de origen.
La JNV y el BEV promoverán la participación privada en el
campo de la vivienda. Contratistas y promotores de programas
de viviendas deberán conseguir de un banco privado un préstamo
a corto plazo para la ejecución de un proyecto, y el banco
privado logrará del BEV el compromiso de financiar la cartera
que durante el tiempo de construcción se ha creado, a través
del propio BEV. Este, a su vez, concede préstamos a largo
plazo a los beneficiarios del programa.
Además, en ciertos casos, hasta el 60%, del valor de una casa
corresponde a gastos administrativos. En cambio, los
constructores privados podrían estar satisfechos con una
ganancia del 15%, y lograr de esta manera una reducción del
costo.
En nuestro país, la falta de atención a las necesidades
habitacionales -se calcula que existe un déficit de un millón
de viviendas- ha llevado a la búsqueda de soluciones por la
vía informal, que se manifiestan en invasiones y áreas urbanas
marginales que no cuentan con los servicios elementales.
La falta de apoyo técnico y de financiamiento a esta
alternativa no constituye una solución, sino que da paso a la
construcción de viviendas subestándares, característica de los
países pobres.
El CONADE estima que el 75% de la producción de viviendas es
realizada por el sector informal.
Si se mantiene el promedio de 4,8 personas por vivienda, y
sabiendo que la tasa de crecimiento de la población es del
2,1%, anualmente se requerirían alrededor de 50.000 viviendas
nuevas para la formación de nuevos hogares.
Con respecto al financiamiento, en 1992, del total de permisos
de construcción, el 54% se realizó con recursos propios. El
restante 46% de los permisos de construcción se efectuó con
recursos provenientes principalmente del Seguro Social (79%),
Banco Ecuatoriano de la Vivienda (6%), otros bancos (4,1 %) y
mutualismo (2,3%).
LAS TREINTA MAYORES
En el Ecuador, el sector de la construcción está conformado
por un pequeño grupo de grandes empresas y muchas empresas
pequeñas, de estructura más bien familiar. De los afiliados a
la Cámara de la Construcción, el 70% son personas naturales,
el 15% son empresas pequeñas, y sólo el 15%, son empresas
medianas y grandes. Más del 90% de las empresas se
concentraron en las provincias de Guayas y Pichincha; el
resto, principalmente en Azuay y Manabí.
La industria está conformada por varios consorcios, con un
alto nivel tecnológico, capaces de competir con compañías
extranjeras, excepto quizás en la rama petrolera donde las
empresas nacionales han tenido un desarrollo más limitado.
El valor de los activos de las 30 empresas constructoras más
grandes en 1993, fue de 109,7 millones de dólares, lo cual
representa el 44,2% del activo total de las compañías
registradas en la Superintendencia (el total se refiere a las
1.753 compañías registradas en 1993, 1.054 anónimas y 699
limitadas). Sus ventas representaron el 58,3% de las ventas
totales.
Son pocas las empresas que reúnen el capital necesario para
entrar a la industria y realizar grandes obras de
infraestructura. Es por ello que muchas de estas se ligan a
capitales foráneos o forman consorcios.
Solo 5 empresas de las 30 analizadas abarcan el 52% de los
activos y el 44,7% de las ventas de las 30 mayores. Estas son:
Odebrecht, Hidalgo&Hidalgo, Colisa, Tenco y Empresit Girola.
Odebrecht cuenta con el activo y la cantidad vendida más
altos.
Entre las principales empresas, constan varias de capital
extranjero, como Odebrecht, Impresit Girola, Agroman y
Harbert. Otras companías extranjeras como Sumitomo S.K. Ltd.,
Mitsubishi Corporation, Takada Industries Limited o
Entrecanales y Tavora también han invertido en el sector.
También constan varias empresas constructoras entre aquellas
que sucretizaron la mayor cantidad de deuda externa privada:
Consorcio Escandinavo Agoyá COMANCO, Inmobiliaria Josepa,
Contructora Perrone Galarza, Consorcio Eteco Predios,
Inmobiliaria Chepeval, Fujita Corporation, Comercio y
Desarrollo, Inmoquito, Constructora Inmobiliaria Ventura,
Inmobiliaria San Lucas, entre otras. Algunas otras empresas
quebraron, pese a la sucretización.
¿CAIDA O RECUPERACION EN 1993?
Según las Cuentas Nacionales provisionales del Banco Central,
en 1993 el sector de la construcción habría sufrido una caída
del 4,3%. Esto se debería fundamentalmente a la contracción de
la inversión pública en 11,3%. No obstante, otros indicadores
y opiniones de constructores indican que ya en 1993 este
sector registró una recuperación. De acuerdo con la Encuesta
de Coyuntura de la Industria de la Construcción, realizada por
el Banco Central del Ecuador a empresas constructoras de
Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, las perspectivas para
1993 con respecto al volumen de obras a realizarse, la
utilización de maquinaria y equipo, la situación general de
las empresas y los meses de actividad asegurada, eran muy
positivas.
Se esperaba un mejoramiento de estas variables, principalmente
para la infraestructura, y se llegaba a estimar un promedio de
actividad asegurada de 16 meses a finales de 1993. Las
empresas constructoras de viviendas no fueron tan optimistas,
pero había buenas perspectivas con respecto a 1992. Otro tipo
de construcciones, con objetivo comercial, industrial,
educacional, de salud, etc. también se mostró optimista. En
1992, las obras de infraestructura realizadas por el Estado
constituyeron el 83,9% del valor planillado total por las
empresas constructoras, y el 54,9% del personal ocupado. Las
obras de vivienda significaron el 7,8% del valor planillado y
el 22,2% del personal ocupado.
Para 1994, se ha estimado una reactivación de entre el 4% y el
5%, que se consolidaría en 1995, en particular gracias a la
renovación del flujo de créditos externos.
Según Ernesto Martínez, presidente de la Cámara de la
Construcción de Quito, en 1993 hubo una pequeña reactivación
del sector, producto del incremento de la demanda de viviendas
para sectores de ingresos altos y medios. En los próximos
años, la expansión estará basada en la construcción de
viviendas, impulsada por la reestructuración del Banco
Ecuatoriano de la Vivienda.
Para el Ing. Gonzalo Sevilla, gerente de la constructora
SEMAICA, en 1993 la construcción basó su reactivación en el
aumento de la demanda en Quito, bajo la modalidad de la
propiedad horizontal, esto es, la conformación de un grupo de
copropietarios que promueven un proyecto y se dividen los
costos.
Sevilla considera que la inversión en infraestructura por
parte del Estado será fundamental en los próximos años. Se
cree que esta aumentará debido a dos razones: primero, los
ingresos del fisco serán mayores, debido al aumento de los
precios de la gasolina; segundo, la reestructuración del
Estado, acompañada por la disminución del gasto público,
liberará recursos para la inversión. Adicionalmente, el país
tendrá acceso a nuevas líneas de créditos externos, luego de
la renegociación de la deuda.
El financiamiento con recursos propios, aunque es muy
significativo, está disminuyendo. LA obtención de recursos a
través del crédito se vuelve cada vez más importante.
Los sectores de ingresos medios no solucionan su necesidad
habitacional a través de procedimientos informales, como los
de ingresos bajos, ni poseen los recursos para
autofinanciarse, como los de ingresos altos, por lo cual
requieren del financiamiento de largo plazo. La demanda
estaría dada por aquellas familias que tienen el interés
en comprar y que cuentan con los recursos y el ingreso mensual
requerido para cancelar el flujo de pagos o cuotas.
Los sectores de bajos ingresos no tienen acceso a ningún tipo
de vivienda, por lo que es necesario tomar otra clase de
medidas, como los subsidios directos.
Es notable el pobre desempeño crediticio del Banco Ecuatoriano
de la Vivienda, que incluso es inferior al de años anteriores,
y la importancia del Seguro Social en la entrega de créditos.
En general, existe una disminución del financiamiento, por
parte de mutualistas, bancos y otras financieras, y una
descapitalización de las entidades estatales de apoyo a la
vivienda. Según el Ministerio de Vivienda, de 1987 a 1990, el
financiamiento a la vivienda disminuyó de 43 a 24 mil millones
de sucres constantes.
Un importante incentivo para el sector fue la creación de la
Unidad de Valor Constante (UVC) hace más de un año. En un
proceso inflacionario, el ahorro y la inversión de largo plazo
se tornan inciertos y la capacidad de endeudamiento de la
población es limitada. Estos factores afectan en especial a la
actividad de la construcción.
La utilización de la UVC permite reducir la incertidumbre
sobre la evolución de precios, e incentiva el ahorro y el
financiamiento en el largo plazo. Permite, además, ampliar la
capacidad de endeudamiento.
EMPRESAS CONSTRUCTORAS MAS GRANDES
Empresa Activo Ventas Util.o Pérd. % Partic.
Odebrecht 13.201 19.402 345 12,03%
Hidalgo&Hidalgo 12.211 8.655 394 11,13%
Colisa 11.497 329 44 10,48%
Tenco 10.390 768 3 9,47%
Impresit Girola 10.322 3.255 -2.023 9,41%
Cubiert. y MZOV 5.617 2.748 -752 5,12%
B.J. Services 4.815 4.341 675 4,39%
Incomesa 4.633 1.356 0 4,22%
HerdoizaCrespo 4.160 1.884 113 3,79%
Dragados y Const. 3.120 1.962 36 2,84%
Fopeca 3.039 4.242 266 2,77%
Cepa 2.729 881 -91 2,49%
Perfor. Andinas 2.339 4.512 266 2,13%
PromotorVvdas. 2.332 473 11 2,13%
Agroman 2.210 374 26 2,01%
Amidan 1.917 3.949 -166 1,75%
Elepeve 1.835 1.201 39 l,67%
Menatlas Quito 1.828 499 24 l,67%
Semaica 1.726 1.695 13 1,57%
Nuevo Centro 1.704 293 0 155%
Ansaldo Energia 1.517 1.269 -213 l,38%
Astra de Comer. 1.462 1.659 381 1,33%
Cam. de Caminos 1.460 1.218 33 1,33%
Teoton 1.391 655 5 1,27%
Harbert Distral 1.277 3.785 130 l,16%
Proinpetrol 669 1.458 74 0,61%
Andrade Gutiérrez 274 2.432 -15 0,25%
Protexa 51 2.289 27 0,05%
Total 30
empresas 109.725 77.582 -353 00,00%
% del Total 44,23% 58.32%
Total Industria 48.061 133.029 -1.941
Fuente: balances de las empresas y base de datos de MULTIPLICA
* TEXTO TOMADO DE: (REVISTA GESTION N§2 (P12-16))
de reactivación del sector de la construcción. Factores como
la estabilidad económica, reflejada principalmente en la
reducción de la inflación, dieron mayor seguridad a los
inversionistas privados. La apertura económica y la
estabilidad del tipo de cambio permitieron un mayor flujo y
menores costos de los materiales de construcción importados.
Por su parte, el gobierno implantó una serie de mecanismos que
beneficiarían a los inversionistas privados, en particular la
nueva Ley de Mercado de Valores y la creación de las Unidades
de Valor Constallte (UVC), la entrega a manos privadas de
obras de transporte como autopistas y aeropuertos, y el
otorgamiento de concesiones para la construcción de proyectos
de infraestructura.
CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL
Durante los años setentas, a raíz del descubrimiento del
petróleo, el sector público contó con altos ingresos fiscales,
que le permitieron realizar grandes obras de infraestructura.
El sector de la construcción contribuía con aproximadamente el
5,7% del producto interno bruto (PIB) del país. Durante este
período se establecieron las más importantes empresas
constructoras ecuatorianas.
A partir de 1983, la construcción empezó a decaer, las tasas
de crecimiento se tornaron inestables y siempre menores al
promedio del PIB. La tasa más baja fue en 1990, con una cifra
negativa del 14,8%. En promedio, el sector decreció en un 2,6%
anual hasta 1993, y su participación en la producción se
redujo hasta llegar a niveles del 2,5% del total en el mismo
año.
Muchas empresas constructoras quebraron debido a la crisis
económica -a la cual es particularmente sensible este sector-,
así como al alto nivel de endeudamiento externo privado. Los
cortes de crédito externo obligaron al Estado a ajustar sus
inversiones en infraestructura; la inestabilidad económica
ahuyentó la inversión y generó un proceso inflacionario. Esto,
por un lado comprimió al ahorro y, por otro, elevó el costo,
redujo los plazos y disminuyó la magnitud de los créditos.
Las devaluaciones monetarias elevaron los costos de los
materiales importados.
INVERSION PUBLICA ES DETERMINANTE
Puesto que las obras de infraestructura realizadas por el
Estado representan un alto porcentaje de la producción del
sector, existe una gran dependencia y vulnerabilidad con
respecto a factores macroeconómicos tales como crédito
externo, precios internacionales de productos que alimentan el
ingreso del Fisco, medidas de ajuste fiscal y monetario que
afectan a las tasas de interés y créditos internos.
En 1990, el 68% de la contratación se realizó con el Estado,
según las Encuestas de Coyuntura del Banco Central. La
inversión realizada por la administración de empresas
públicas, sin incluir a PETROECUADOR y a entidades financieras
públicas. Aquella representa entre el 55% y el 60% de la
formación bruta de capital fijo total, lo que da cuenta de la
importancia de la inversión pública para el desarrollo de todo
el sector.
Sin embargo, la inversión en obras públicas por parte del
Estado tiene una tasa de crecimiento negativa. En 1988 se
destinó el 5,5% del presupuesto al Ministerio de Obras
Públicas; en 1990, el 4,9%; y en 1992 se redujo al 3,8%.
COINVERSION PRIVADA EN OBRAS PUBLICAS
Actualmente, el gobierno ha propuesto un proyecto de ley que
permita la creación de infraestructura, a través de mecanismos
de coinversión, concesión, ejecución y administración de
obras. De esta manera, el Estado pondría en manos privadas el
manejo y explotación de servicios y bienes del Estado.
Entre otras, las siguientes obras podrían ser objetos de
concesión: la ampliación del oleoducto transecuatoriano, los
aeropuertos, obras de riego, vivienda, vías y puentes,
mantenimiento vial, terminales terrestres y estacionamientos,
centrales hidroeléctricas, etc.
Según el gobierno, este mecanismo permitiría mejorar la
calidad de los servicios y destinar mayor cantidad de recursos
a otros proyectos de carácter social.
A través de la concesión, el sector público otorga al sector
privado la facultad de construir, administrar y mantener una
obra pública o el desempeño de un servicio público. El
constructor, por su parte, cobra una tarifa por la inversión
realizada.
INVERSION Y FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Aunque la construcción de viviendas no constituye un alto
porcentaje de las obras realizadas por las empresas, podría
dar impulso al sector en los próximos años. El gobierno se ha
propuesto crear un sistema financiero solvente y eficiente -
que permita un mayor dinamismo en la captación de ahorro e
inversión- y dar la capacidad financiera a quienes requieren
de una solución habitacional,
De otra parte el Gobierno está diseñando un programa
habitacional con subsidio directo y transparente para
construir viviendas. La ejecución de estas obras estará en
manos del sector privado. El programa estará acompañado por la
reestructuración del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV),
que pasará a ser una banca de segundo piso. La Junta Nacional
de la Vivienda (JNV) deberá formular la Política Nacional de
Vivienda. Se evitará la descapitalización de estas cantidades
mediante un sistema de amortización de crédito que permita
recuperar en términos reales el capital de origen.
La JNV y el BEV promoverán la participación privada en el
campo de la vivienda. Contratistas y promotores de programas
de viviendas deberán conseguir de un banco privado un préstamo
a corto plazo para la ejecución de un proyecto, y el banco
privado logrará del BEV el compromiso de financiar la cartera
que durante el tiempo de construcción se ha creado, a través
del propio BEV. Este, a su vez, concede préstamos a largo
plazo a los beneficiarios del programa.
Además, en ciertos casos, hasta el 60%, del valor de una casa
corresponde a gastos administrativos. En cambio, los
constructores privados podrían estar satisfechos con una
ganancia del 15%, y lograr de esta manera una reducción del
costo.
En nuestro país, la falta de atención a las necesidades
habitacionales -se calcula que existe un déficit de un millón
de viviendas- ha llevado a la búsqueda de soluciones por la
vía informal, que se manifiestan en invasiones y áreas urbanas
marginales que no cuentan con los servicios elementales.
La falta de apoyo técnico y de financiamiento a esta
alternativa no constituye una solución, sino que da paso a la
construcción de viviendas subestándares, característica de los
países pobres.
El CONADE estima que el 75% de la producción de viviendas es
realizada por el sector informal.
Si se mantiene el promedio de 4,8 personas por vivienda, y
sabiendo que la tasa de crecimiento de la población es del
2,1%, anualmente se requerirían alrededor de 50.000 viviendas
nuevas para la formación de nuevos hogares.
Con respecto al financiamiento, en 1992, del total de permisos
de construcción, el 54% se realizó con recursos propios. El
restante 46% de los permisos de construcción se efectuó con
recursos provenientes principalmente del Seguro Social (79%),
Banco Ecuatoriano de la Vivienda (6%), otros bancos (4,1 %) y
mutualismo (2,3%).
LAS TREINTA MAYORES
En el Ecuador, el sector de la construcción está conformado
por un pequeño grupo de grandes empresas y muchas empresas
pequeñas, de estructura más bien familiar. De los afiliados a
la Cámara de la Construcción, el 70% son personas naturales,
el 15% son empresas pequeñas, y sólo el 15%, son empresas
medianas y grandes. Más del 90% de las empresas se
concentraron en las provincias de Guayas y Pichincha; el
resto, principalmente en Azuay y Manabí.
La industria está conformada por varios consorcios, con un
alto nivel tecnológico, capaces de competir con compañías
extranjeras, excepto quizás en la rama petrolera donde las
empresas nacionales han tenido un desarrollo más limitado.
El valor de los activos de las 30 empresas constructoras más
grandes en 1993, fue de 109,7 millones de dólares, lo cual
representa el 44,2% del activo total de las compañías
registradas en la Superintendencia (el total se refiere a las
1.753 compañías registradas en 1993, 1.054 anónimas y 699
limitadas). Sus ventas representaron el 58,3% de las ventas
totales.
Son pocas las empresas que reúnen el capital necesario para
entrar a la industria y realizar grandes obras de
infraestructura. Es por ello que muchas de estas se ligan a
capitales foráneos o forman consorcios.
Solo 5 empresas de las 30 analizadas abarcan el 52% de los
activos y el 44,7% de las ventas de las 30 mayores. Estas son:
Odebrecht, Hidalgo&Hidalgo, Colisa, Tenco y Empresit Girola.
Odebrecht cuenta con el activo y la cantidad vendida más
altos.
Entre las principales empresas, constan varias de capital
extranjero, como Odebrecht, Impresit Girola, Agroman y
Harbert. Otras companías extranjeras como Sumitomo S.K. Ltd.,
Mitsubishi Corporation, Takada Industries Limited o
Entrecanales y Tavora también han invertido en el sector.
También constan varias empresas constructoras entre aquellas
que sucretizaron la mayor cantidad de deuda externa privada:
Consorcio Escandinavo Agoyá COMANCO, Inmobiliaria Josepa,
Contructora Perrone Galarza, Consorcio Eteco Predios,
Inmobiliaria Chepeval, Fujita Corporation, Comercio y
Desarrollo, Inmoquito, Constructora Inmobiliaria Ventura,
Inmobiliaria San Lucas, entre otras. Algunas otras empresas
quebraron, pese a la sucretización.
¿CAIDA O RECUPERACION EN 1993?
Según las Cuentas Nacionales provisionales del Banco Central,
en 1993 el sector de la construcción habría sufrido una caída
del 4,3%. Esto se debería fundamentalmente a la contracción de
la inversión pública en 11,3%. No obstante, otros indicadores
y opiniones de constructores indican que ya en 1993 este
sector registró una recuperación. De acuerdo con la Encuesta
de Coyuntura de la Industria de la Construcción, realizada por
el Banco Central del Ecuador a empresas constructoras de
Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, las perspectivas para
1993 con respecto al volumen de obras a realizarse, la
utilización de maquinaria y equipo, la situación general de
las empresas y los meses de actividad asegurada, eran muy
positivas.
Se esperaba un mejoramiento de estas variables, principalmente
para la infraestructura, y se llegaba a estimar un promedio de
actividad asegurada de 16 meses a finales de 1993. Las
empresas constructoras de viviendas no fueron tan optimistas,
pero había buenas perspectivas con respecto a 1992. Otro tipo
de construcciones, con objetivo comercial, industrial,
educacional, de salud, etc. también se mostró optimista. En
1992, las obras de infraestructura realizadas por el Estado
constituyeron el 83,9% del valor planillado total por las
empresas constructoras, y el 54,9% del personal ocupado. Las
obras de vivienda significaron el 7,8% del valor planillado y
el 22,2% del personal ocupado.
Para 1994, se ha estimado una reactivación de entre el 4% y el
5%, que se consolidaría en 1995, en particular gracias a la
renovación del flujo de créditos externos.
Según Ernesto Martínez, presidente de la Cámara de la
Construcción de Quito, en 1993 hubo una pequeña reactivación
del sector, producto del incremento de la demanda de viviendas
para sectores de ingresos altos y medios. En los próximos
años, la expansión estará basada en la construcción de
viviendas, impulsada por la reestructuración del Banco
Ecuatoriano de la Vivienda.
Para el Ing. Gonzalo Sevilla, gerente de la constructora
SEMAICA, en 1993 la construcción basó su reactivación en el
aumento de la demanda en Quito, bajo la modalidad de la
propiedad horizontal, esto es, la conformación de un grupo de
copropietarios que promueven un proyecto y se dividen los
costos.
Sevilla considera que la inversión en infraestructura por
parte del Estado será fundamental en los próximos años. Se
cree que esta aumentará debido a dos razones: primero, los
ingresos del fisco serán mayores, debido al aumento de los
precios de la gasolina; segundo, la reestructuración del
Estado, acompañada por la disminución del gasto público,
liberará recursos para la inversión. Adicionalmente, el país
tendrá acceso a nuevas líneas de créditos externos, luego de
la renegociación de la deuda.
El financiamiento con recursos propios, aunque es muy
significativo, está disminuyendo. LA obtención de recursos a
través del crédito se vuelve cada vez más importante.
Los sectores de ingresos medios no solucionan su necesidad
habitacional a través de procedimientos informales, como los
de ingresos bajos, ni poseen los recursos para
autofinanciarse, como los de ingresos altos, por lo cual
requieren del financiamiento de largo plazo. La demanda
estaría dada por aquellas familias que tienen el interés
en comprar y que cuentan con los recursos y el ingreso mensual
requerido para cancelar el flujo de pagos o cuotas.
Los sectores de bajos ingresos no tienen acceso a ningún tipo
de vivienda, por lo que es necesario tomar otra clase de
medidas, como los subsidios directos.
Es notable el pobre desempeño crediticio del Banco Ecuatoriano
de la Vivienda, que incluso es inferior al de años anteriores,
y la importancia del Seguro Social en la entrega de créditos.
En general, existe una disminución del financiamiento, por
parte de mutualistas, bancos y otras financieras, y una
descapitalización de las entidades estatales de apoyo a la
vivienda. Según el Ministerio de Vivienda, de 1987 a 1990, el
financiamiento a la vivienda disminuyó de 43 a 24 mil millones
de sucres constantes.
Un importante incentivo para el sector fue la creación de la
Unidad de Valor Constante (UVC) hace más de un año. En un
proceso inflacionario, el ahorro y la inversión de largo plazo
se tornan inciertos y la capacidad de endeudamiento de la
población es limitada. Estos factores afectan en especial a la
actividad de la construcción.
La utilización de la UVC permite reducir la incertidumbre
sobre la evolución de precios, e incentiva el ahorro y el
financiamiento en el largo plazo. Permite, además, ampliar la
capacidad de endeudamiento.
EMPRESAS CONSTRUCTORAS MAS GRANDES
Empresa Activo Ventas Util.o Pérd. % Partic.
Odebrecht 13.201 19.402 345 12,03%
Hidalgo&Hidalgo 12.211 8.655 394 11,13%
Colisa 11.497 329 44 10,48%
Tenco 10.390 768 3 9,47%
Impresit Girola 10.322 3.255 -2.023 9,41%
Cubiert. y MZOV 5.617 2.748 -752 5,12%
B.J. Services 4.815 4.341 675 4,39%
Incomesa 4.633 1.356 0 4,22%
HerdoizaCrespo 4.160 1.884 113 3,79%
Dragados y Const. 3.120 1.962 36 2,84%
Fopeca 3.039 4.242 266 2,77%
Cepa 2.729 881 -91 2,49%
Perfor. Andinas 2.339 4.512 266 2,13%
PromotorVvdas. 2.332 473 11 2,13%
Agroman 2.210 374 26 2,01%
Amidan 1.917 3.949 -166 1,75%
Elepeve 1.835 1.201 39 l,67%
Menatlas Quito 1.828 499 24 l,67%
Semaica 1.726 1.695 13 1,57%
Nuevo Centro 1.704 293 0 155%
Ansaldo Energia 1.517 1.269 -213 l,38%
Astra de Comer. 1.462 1.659 381 1,33%
Cam. de Caminos 1.460 1.218 33 1,33%
Teoton 1.391 655 5 1,27%
Harbert Distral 1.277 3.785 130 l,16%
Proinpetrol 669 1.458 74 0,61%
Andrade Gutiérrez 274 2.432 -15 0,25%
Protexa 51 2.289 27 0,05%
Total 30
empresas 109.725 77.582 -353 00,00%
% del Total 44,23% 58.32%
Total Industria 48.061 133.029 -1.941
Fuente: balances de las empresas y base de datos de MULTIPLICA
* TEXTO TOMADO DE: (REVISTA GESTION N§2 (P12-16))
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