La última decisión del presidente de la Corte Superior de Quito reabrió el tema sobre el destino de los bienes incautados en el operativo "Ciclón-92". Las autoridades del Consep sostienen que estas deberán ser devueltas a sus propietarios (entre los que no figura Jorge Hugo Reyes), en caso de haber una sentencia en firme y se aprestan a realizar un inventario definitivo de los mismos.
"Se cancelan y se dejan sin efecto las medidas cautelares de carácter real dictadas en el auto cabeza de proceso del 18 de noviembre de 1992 en contra de todos los sindicados, para cuyo cumplimiento se oficiará a las autoridades del Consep (Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes), Registradores de la Propiedad y Mercantil a nivel nacional..."
Lo dice la sentencia emitida el pasado 9 de septiembre por el presidente subrogante de la Corte Superior de Justicia de Quito, Pablo Jaramillo Puertas, en la que absolvió del delito de testaferrismo a Jorge Hugo Reyes Torres, Laura Santacruz Delgado, Mauricio Hernández Zambrano, José Racines Vinueza, Guillermo Noboa Molina, Víctor Berrú Berrú, Gil Ojeda Benalcázar, Mario Montesinos Mejía y Kelvin Torres Cueva.
Como resultado del operativo "Ciclón", realizado por la Policía el 19 de junio de 1992, fueron detenidas más de medio centenar de personas bajo la sospecha de conformar una supuesta red delictiva de tráfico de cocaína, presuntamente liderada por Reyes Torres.
El informe de investigación fue presentado el 17 de julio y el intendente de Policía de la época, Fernando Almeida, dictó auto cabeza de proceso el 3 de agosto de 1992, en el que sindicó con orden de prisión preventiva a los detenidos y todas las medidas cautelares, por el presunto delito de testaferrismo.
En noviembre de 2001, el Consep informó a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) que en el operativo "Ciclón" se incautaron 33 inmuebles, 31 vehículos, obras de arte, lotes de joyas, chequeras, letras de cambio, tarjetas de crédito y depósitos en oro en bancos extranjeros.
Luego, el 24 de julio de 2002, el Consep solicitó a la Corte de Quito autorización para vender 55 bienes, lo cual no fue autorizado con el argumento de que no hay pruebas de que estos se hubieran utilizado para el cometimiento del delito de narcotráfico.
Según la Corte, incluso la casa ubicada en la Avenida Naciones Unidas y Shyris, de Quito, donde fue aprehendido Reyes Torres, debió haber sido devuelta a sus propietarios: Víctor Hugo Reyes Cueva (fallecido) y Gloria Isabel Reyes Cueva, quienes fueron sindicados en 1996 y sobreseídos dos años después. Esto no ha sucedido.
A la fecha es difícil establecer con exactitud el número de bienes incautados en el operativo "Ciclón". Ya lo mencionaba hace dos años la CCCC, al señalar: "Los detalles de los bienes proporcionados por la Policía difieren de los entregados por el Consep...". Tampoco se ha esclarecido la desaparición de 2 044 reses de la hacienda San Antonio, reportada en 1996, con un perjuicio, a la época, de 20 mil millones de sucres, cuando el predio era administrado por el Consep.
El pasado martes, el secretario ejecutivo del organismo, Christian Córdova, reconoció que muchos bienes entregados en comodato a instituciones públicas están "mal manejados, aunque en otros ha pasado todo lo contrario".
Durante estos años, los juicios por tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito y conversión o transferencia de bienes, han ido concluyendo, con el sobreseimiento de la mayoría de sindicados. En julio de 1995 Reyes Torres fue sentenciado a 16 años de reclusión por narcotráfico, la pena fue rebajada a 14 años y salió en libertad en enero de 2001 gracias a la anterior Ley del 2 por 1.
El 28 de noviembre de ese año volvió a prisión acusado del mismo delito y el 26 de septiembre de 2002 fue condenado a 25 años por narcotráfico. La sentencia está en casación en una de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia.
En tanto, la sentencia absolutoria por testaferrismo, que incluye las devoluciones de los bienes a sus respectivos propietarios (entre los que no figura Reyes Torres), ha sido apelada por la Procuraduría y la Fiscalía de la Nación, con el argumento de que esta "deja mucho qué decir".
Así, "el Consep tendrá que sujetarse a lo que el juez de última instancia ordene", dijo Córdova, por lo que de confirmarse la sentencia habría que restituir los bienes. Con esto no concuerda su antecesor, Xavier Arregui, al señalar que en la sentencia por narcotráfico se dictó el comiso de bienes, por tanto estos pertenecen al Estado y no deberían ser devueltos. "Pero eso no lo han analizado las actuales autoridades", indica. (AA-LB)
Comisión Anticorrupción: 16 irregularidades en el manejo de bienes"
Varios inmuebles no cumplían el objeto establecido en los convenios contratos de comodato y arrendamiento
Desde finales de 2001, en la Fiscalía de Santo Domingo de los Colorados se sustancia una causa iniciada por un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), que encontró varias irregularidades en la administración de los bienes incautados por la Policía en el operativo "Ciclón" y entregados en depósito al Consep, el cual a su vez los dio en arrendamiento y comodato a varias instituciones y personas.
Sobre los bienes muebles localizados en dos bodegas del Consep en Quito, la CCCC señalaba que "los inventarios no son confiables... hay bienes que no constan en los inventarios y dificultades en la localización de los que sí están registrados".
Añade que varios inmuebles no cumplen el objeto del comodato, como la hacienda San José (Guayllabamba), en donde la Policía se había comprometido a crear un centro geriátrico para oficiales retirados pero no lo había hecho.
Asimismo catalogaba de "deficiente" a la administración de la hacienda Las Delicias, cuyas instalaciones estaban deterioradas (algunas desmanteladas) y se registraba un faltante de 968 cabezas de ganado, "sin justificación alguna", incluso en cinco años se reportó apenas la venta de 200 reses. HOY conoció que al momento de la incautación allí había 3 000 cabezas de ganado.
En un recorrido realizado en las bodegas de Agroindustrial (Kilómetro 71/2 de la Panamericana Norte) y de la avenida de los Shyris, la Comisión Anticorrupción no logró establecer que los cuadros correspondiesen a los originalmente incautados ni que las pinturas fueran originales. "Actualmente hay menos del 10% de lo que había inicialmente", según una fuente cercana a esa investigación.
Hasta ese entonces el único juicio instaurado por mal manejo de los bienes incautados se planteó contra Juan Carlos Pólit, quien fue depositario de la hacienda San Antonio, por robo de 3 618 cabezas de ganado, del cual fue sobreseído. El caso fue reabierto, pero no ha prosperado porque el acusado estaría prófugo de la justicia. No hay otros juicios similares. (AA)
Ante las 16 irregularidades detectadas en 2001, la CCCC recomendaba a la Procuraduría y al Consep disponer las medidas adecuadas para garantizar el buen estado de los bienes que se encuentran a su cargo, "con el objeto de evitar que se tengan que reparar daños o pagar indemnizaciones al encausado que haya sido encontrado inocente", como lo determina el artículo 110 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas.
Mientras, ha sido invadida una parte de la hacienda "Las Delicias", que estaba en poder de un administrador, "pero el Consep no ha hecho nada para recuperarla", dice Xavier Arregui, ex funcionario de la entidad.
Lo mismo sucedió en la hacienda "El Prado", donde se dispuso la afectación de dos partes del predio, por lo que actualmente el caso está en manos del Instituto de Desarrollo Agrario (INDA). (AA).
Consep reclama pago por mantener propiedades
La oficina de Guayaquil paga $3 000 mensuales por servicios.
El secretario ejecutivo del Consep, Christian Córdova, manifiesta que antes de la devolución de los bienes (como consecuencia de una sentencia de última instancia), los propietarios deben pagar a la entidad los valores por mantenimiento durante el tiempo que esta haya actuado como depositaria.
El titular del Consep del Litoral, Germán Ode Kronfle, agrega que tanto los bienes que son manejados directamente por el Consep como aquellos entregados en comodato "están bien administrados".
Indica que el manejo por parte de terceros ahorra el desembolso de recursos al Estado y evita tener que conseguir determinados bienes para el funcionamiento de oficinas públicas.
En referencia a la villa ubicada en Urdesa Central, al norte de Guayaquil, incautada en el operativo Ciclón, donde funciona la oficina del Consep, dice que hay un inventario de bienes activos que reposa en Quito. Por servicio de agua potable, luz, teléfonos, guardianía privada, entre otros, el organismo paga alrededor de $ 3 000 mensuales.
Explica que los bienes inmuebles y muebles incautados en ese operativo no están avaluados, pues se debe esperar la resolución del proceso penal e indica que esto deben hacerlo profesionales graduados en universidades de prestigio. "Ellos indicarán el precio justo, para de ese valor hacer una liquidación de gastos de los años de administración, mantenimiento y custodia", señala.
El funcionario reconoce que ninguno de los bienes incautados en el operativo "Ciclón" constan en el Registro de la Propiedad a nombre de Jorge Hugo Reyes Torres, "porque seguramente están a nombre de terceras personas, manifiesta, tras reiterar que los muebles administrados por el Consep o entregados en comodato, "generan gastos".
En los últimos tiempos, al Consep tampoco han llegado los fondos provenientes de la tasa del 13,5% por los beneficios que reportan algunas haciendas a las entidades que las administran, como lo señaló el actual secretario ejecutivo, Christian Córdova, lo cual fue corroborado por el anterior titular, Xavier Arregui Camacho. (CHM-AA)
ENTREVISTA
"Espe da más de lo que recibe"
La Politécnica del Ejército maneja el complejo San Antonio desde 1997, señala el rector de la institución, Edwin Ortiz
¿A cuánto ascienden las ventas anuales por la producción del complejo de haciendas San Antonio?
En términos de ventas produce sobre los $2 millones anuales.
El ex secretario del Consep dice que la Espe no ha pagado alrededor de $1 millón por derechos de depositario.
Así lo ha indicado a la Espe y lo ha solicitado formalmente al Ministerio de Defensa. El martes pasado hemos analizado en la Procuraduría la base legal del comodato a fin de determinar si existe realmente una obligación.
¿Acaso no la hay?
El artículo 31 del Reglamento de Bienes Aprehendidos e Incautados por el Consep dice que los bienes serán restituidos al propietario una vez que este cancele los derechos indicados. La Espe no es el propietario del bien sino el comodatario y no se beneficia en un solo centavo. Todos los dineros que se han generado se han reinvertido en la hacienda y se han realizado adecuaciones.
¿Así respondieron al Consep?
Por supuesto. Eso es claro. Realmente es el propietario el que debe pagar por los derechos de depositario.
¿Por qué?
Por cuidarlos y mantenerlos, e incluso revalorizar esos bienes.
El propietario, en este caso la Sociedad Agrícola Industrial, ¿tiene que pagar a la Espe por las mejoras?
Eso dice la ley. Hay un pago por la custodia, seguridad y mantenimiento. Y otro pago por las mejoras. Esto puede hacerse incluso por la vía coactiva.
Los primeros años del comodato la Espe sí pagó los derechos de depositario.
La Espe dio al Consep, en el período 1998-2001, aproximadamente 2 400 millones de sucres y $230 mil más como una contribución institucional para financiar programas antidrogas y para sufragar ciertos gastos operativos considerados en el presupuesto de esa entidad, mas no como derechos de depositario.
¿Qué produce la hacienda San Antonio?
Palma africana, cacao, piña, banano, papaya, leche y carne. Todo se comercializa. Vendemos ganado de carne para mantener la población adecuada.
¿Cuántas cabezas de ganado hay actualmente?
Aproximadamente 5 000. Uno de los objetivos del convenio de comodato fue la creación de una extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que incluye aulas, áreas administrativas, áreas deportivas y patio de formación.
¿Cuántos alumnos se forman allí?
Actualmente tenemos 200.
¿Cuál es la superficie del terreno?
Aproximadamente 5 900 hectáreas.
¿Cuánta gente trabaja en el lugar?
Entre directivos y técnicos son 30, también laboran 115 personas amparadas por un contrato colectivo, y como jornaleros en forma variable trabajan entre 400 y 700 personas.
¿Es una empresa o Universidad?
Es una Universidad que todo lo que recibe lo reinvirte. La Espe da más de lo que recibe. (AA-LB)
CRONOLOGIA
19 de junio de 1992. La Policía Nacional realiza un amplio operativo, dentro del cual se captura a Jorge Hugo Reyes Torres, sobre quien pesaba la sospecha de dirigir una extensa red de narcotraficantes y a otras 50 personas.
3 de agosto de 1992. Se dispone el autocabeza de proceso con el cual se aplican medidas cautelares. A partir de esa fecha se dan inicio a los juicios por narcotráfico, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, conversión y transferencia de bienes y lavado y blanqueo de dinero.
15 de julio de 1995. La Corte Superior de Quito condena a Jorge Hugo Reyes Torres por narcotráfico.
17 de octubre de 1995. El Gobierno de EEUU dona a Ecuador $3 750 000, correspondientes a bienes confiscados de cuentas de Reyes en ese país.
6 de enero de 1996. Se descubre la pérdida de 2 044 reses en la hacienda San Antonio, que estaba a cargo del Consep.
16 de junio de 1997. La hacienda San Antonio y anexas son entregadas en comodato a la Escuela Politécnica del Ejército, para uso del Instituto Agropecuario Superior (IASA).
Enero de 2001. Jorge Hugo Reyes Torres sale en libertad tras haber cumplidola sentencia por narcotráfico. Anteriormentre había sido sobreseído por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
28 de noviembre de 2001. Jorge Hugo Reyes Torres vuelve a prisión, acusado de haber reincidido en el delito de narcotráfico.
26 de septiembre de 2002. La Quinta Sala de la Corte Superior de Quito condena a Jorge Hugo Reyes Torres a 25 años de reclusión mayor extraordinaria por delito de narcotráfico. La sentencia se halla en casación en la Corte Suprema de Justicia.
9 de septiembre de 2003. El presidente de la Corte de Quito absuelve a Reyes Torres y otros del delito de testaferrismo. Apelan la Pocuraduría y Fiscalía.
PUNTO DE VISTA
Los indeseables tentáculos de la corrupción
El 2 de agosto pasado, BLANCO y NEGRO presentó un informe de los bienes que maneja el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep). En ese informe se descubrió un absurdo: el Consep no tiene una Ley Orgánica que norme el manejo de esos bienes, por lo que la entidad termina también cometiendo delitos paralelos a los cometidos por los narcotraficantes a quienes se les ha incautado los bienes, puesto que nadie controla y tampoco norma su uso y destino.
Once días atrás, el 9 de septiembre de 2003, el presidente subrogante de la Corte Superior de Justicia de Quito absolvió del delito de testaferrismo a Jorge Hugo Reyes Torres y ocho personas más, por lo que el Consep estaría en la obligación de devolver los cuantiosos bienes incautados en el Operativo Ciclón.
De manera inmediata la Procuraduría apeló la sentencia, y mientras el proceso continúa el Consep no está obligado a cumplir con la devolución, pero ¿qué sucede si el juez ratifica la sentencia?
Sencillamente, los ecuatorianos confirmarían lo que es vox pópuli, pero que no había sido posible comprobar: los bienes incautados a los acusados de narcotráfico se manejan de forma alegre; muchas veces, incluso, al margen de la Ley, probablemente porque se piensa que "ya en manos del Estado, es de todos".
Cualquiera que fuese el desenlace en lo relativo a los bienes incautados en el Operativo Ciclón, la ocasión debe ser asumida como una alerta para que las autoridades encargadas del control de esos bienes asuman su responsabilidad y se enmarquen en la ley.
No es aceptable que quienes manejan cuantiosos bienes caigan en redes de inescrupulosos o de instituciones irresponsables que, con el mal manejo de esos bienes que son del Estado y, por ende del país, habrán caído en los tentáculos de la corrupción. (TFF)(BLANCO Y NEGRO)
"Se cancelan y se dejan sin efecto las medidas cautelares de carácter real dictadas en el auto cabeza de proceso del 18 de noviembre de 1992 en contra de todos los sindicados, para cuyo cumplimiento se oficiará a las autoridades del Consep (Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes), Registradores de la Propiedad y Mercantil a nivel nacional..."
Lo dice la sentencia emitida el pasado 9 de septiembre por el presidente subrogante de la Corte Superior de Justicia de Quito, Pablo Jaramillo Puertas, en la que absolvió del delito de testaferrismo a Jorge Hugo Reyes Torres, Laura Santacruz Delgado, Mauricio Hernández Zambrano, José Racines Vinueza, Guillermo Noboa Molina, Víctor Berrú Berrú, Gil Ojeda Benalcázar, Mario Montesinos Mejía y Kelvin Torres Cueva.
Como resultado del operativo "Ciclón", realizado por la Policía el 19 de junio de 1992, fueron detenidas más de medio centenar de personas bajo la sospecha de conformar una supuesta red delictiva de tráfico de cocaína, presuntamente liderada por Reyes Torres.
El informe de investigación fue presentado el 17 de julio y el intendente de Policía de la época, Fernando Almeida, dictó auto cabeza de proceso el 3 de agosto de 1992, en el que sindicó con orden de prisión preventiva a los detenidos y todas las medidas cautelares, por el presunto delito de testaferrismo.
En noviembre de 2001, el Consep informó a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) que en el operativo "Ciclón" se incautaron 33 inmuebles, 31 vehículos, obras de arte, lotes de joyas, chequeras, letras de cambio, tarjetas de crédito y depósitos en oro en bancos extranjeros.
Luego, el 24 de julio de 2002, el Consep solicitó a la Corte de Quito autorización para vender 55 bienes, lo cual no fue autorizado con el argumento de que no hay pruebas de que estos se hubieran utilizado para el cometimiento del delito de narcotráfico.
Según la Corte, incluso la casa ubicada en la Avenida Naciones Unidas y Shyris, de Quito, donde fue aprehendido Reyes Torres, debió haber sido devuelta a sus propietarios: Víctor Hugo Reyes Cueva (fallecido) y Gloria Isabel Reyes Cueva, quienes fueron sindicados en 1996 y sobreseídos dos años después. Esto no ha sucedido.
A la fecha es difícil establecer con exactitud el número de bienes incautados en el operativo "Ciclón". Ya lo mencionaba hace dos años la CCCC, al señalar: "Los detalles de los bienes proporcionados por la Policía difieren de los entregados por el Consep...". Tampoco se ha esclarecido la desaparición de 2 044 reses de la hacienda San Antonio, reportada en 1996, con un perjuicio, a la época, de 20 mil millones de sucres, cuando el predio era administrado por el Consep.
El pasado martes, el secretario ejecutivo del organismo, Christian Córdova, reconoció que muchos bienes entregados en comodato a instituciones públicas están "mal manejados, aunque en otros ha pasado todo lo contrario".
Durante estos años, los juicios por tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito y conversión o transferencia de bienes, han ido concluyendo, con el sobreseimiento de la mayoría de sindicados. En julio de 1995 Reyes Torres fue sentenciado a 16 años de reclusión por narcotráfico, la pena fue rebajada a 14 años y salió en libertad en enero de 2001 gracias a la anterior Ley del 2 por 1.
El 28 de noviembre de ese año volvió a prisión acusado del mismo delito y el 26 de septiembre de 2002 fue condenado a 25 años por narcotráfico. La sentencia está en casación en una de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia.
En tanto, la sentencia absolutoria por testaferrismo, que incluye las devoluciones de los bienes a sus respectivos propietarios (entre los que no figura Reyes Torres), ha sido apelada por la Procuraduría y la Fiscalía de la Nación, con el argumento de que esta "deja mucho qué decir".
Así, "el Consep tendrá que sujetarse a lo que el juez de última instancia ordene", dijo Córdova, por lo que de confirmarse la sentencia habría que restituir los bienes. Con esto no concuerda su antecesor, Xavier Arregui, al señalar que en la sentencia por narcotráfico se dictó el comiso de bienes, por tanto estos pertenecen al Estado y no deberían ser devueltos. "Pero eso no lo han analizado las actuales autoridades", indica. (AA-LB)
Comisión Anticorrupción: 16 irregularidades en el manejo de bienes"
Varios inmuebles no cumplían el objeto establecido en los convenios contratos de comodato y arrendamiento
Desde finales de 2001, en la Fiscalía de Santo Domingo de los Colorados se sustancia una causa iniciada por un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), que encontró varias irregularidades en la administración de los bienes incautados por la Policía en el operativo "Ciclón" y entregados en depósito al Consep, el cual a su vez los dio en arrendamiento y comodato a varias instituciones y personas.
Sobre los bienes muebles localizados en dos bodegas del Consep en Quito, la CCCC señalaba que "los inventarios no son confiables... hay bienes que no constan en los inventarios y dificultades en la localización de los que sí están registrados".
Añade que varios inmuebles no cumplen el objeto del comodato, como la hacienda San José (Guayllabamba), en donde la Policía se había comprometido a crear un centro geriátrico para oficiales retirados pero no lo había hecho.
Asimismo catalogaba de "deficiente" a la administración de la hacienda Las Delicias, cuyas instalaciones estaban deterioradas (algunas desmanteladas) y se registraba un faltante de 968 cabezas de ganado, "sin justificación alguna", incluso en cinco años se reportó apenas la venta de 200 reses. HOY conoció que al momento de la incautación allí había 3 000 cabezas de ganado.
En un recorrido realizado en las bodegas de Agroindustrial (Kilómetro 71/2 de la Panamericana Norte) y de la avenida de los Shyris, la Comisión Anticorrupción no logró establecer que los cuadros correspondiesen a los originalmente incautados ni que las pinturas fueran originales. "Actualmente hay menos del 10% de lo que había inicialmente", según una fuente cercana a esa investigación.
Hasta ese entonces el único juicio instaurado por mal manejo de los bienes incautados se planteó contra Juan Carlos Pólit, quien fue depositario de la hacienda San Antonio, por robo de 3 618 cabezas de ganado, del cual fue sobreseído. El caso fue reabierto, pero no ha prosperado porque el acusado estaría prófugo de la justicia. No hay otros juicios similares. (AA)
Ante las 16 irregularidades detectadas en 2001, la CCCC recomendaba a la Procuraduría y al Consep disponer las medidas adecuadas para garantizar el buen estado de los bienes que se encuentran a su cargo, "con el objeto de evitar que se tengan que reparar daños o pagar indemnizaciones al encausado que haya sido encontrado inocente", como lo determina el artículo 110 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas.
Mientras, ha sido invadida una parte de la hacienda "Las Delicias", que estaba en poder de un administrador, "pero el Consep no ha hecho nada para recuperarla", dice Xavier Arregui, ex funcionario de la entidad.
Lo mismo sucedió en la hacienda "El Prado", donde se dispuso la afectación de dos partes del predio, por lo que actualmente el caso está en manos del Instituto de Desarrollo Agrario (INDA). (AA).
Consep reclama pago por mantener propiedades
La oficina de Guayaquil paga $3 000 mensuales por servicios.
El secretario ejecutivo del Consep, Christian Córdova, manifiesta que antes de la devolución de los bienes (como consecuencia de una sentencia de última instancia), los propietarios deben pagar a la entidad los valores por mantenimiento durante el tiempo que esta haya actuado como depositaria.
El titular del Consep del Litoral, Germán Ode Kronfle, agrega que tanto los bienes que son manejados directamente por el Consep como aquellos entregados en comodato "están bien administrados".
Indica que el manejo por parte de terceros ahorra el desembolso de recursos al Estado y evita tener que conseguir determinados bienes para el funcionamiento de oficinas públicas.
En referencia a la villa ubicada en Urdesa Central, al norte de Guayaquil, incautada en el operativo Ciclón, donde funciona la oficina del Consep, dice que hay un inventario de bienes activos que reposa en Quito. Por servicio de agua potable, luz, teléfonos, guardianía privada, entre otros, el organismo paga alrededor de $ 3 000 mensuales.
Explica que los bienes inmuebles y muebles incautados en ese operativo no están avaluados, pues se debe esperar la resolución del proceso penal e indica que esto deben hacerlo profesionales graduados en universidades de prestigio. "Ellos indicarán el precio justo, para de ese valor hacer una liquidación de gastos de los años de administración, mantenimiento y custodia", señala.
El funcionario reconoce que ninguno de los bienes incautados en el operativo "Ciclón" constan en el Registro de la Propiedad a nombre de Jorge Hugo Reyes Torres, "porque seguramente están a nombre de terceras personas, manifiesta, tras reiterar que los muebles administrados por el Consep o entregados en comodato, "generan gastos".
En los últimos tiempos, al Consep tampoco han llegado los fondos provenientes de la tasa del 13,5% por los beneficios que reportan algunas haciendas a las entidades que las administran, como lo señaló el actual secretario ejecutivo, Christian Córdova, lo cual fue corroborado por el anterior titular, Xavier Arregui Camacho. (CHM-AA)
ENTREVISTA
"Espe da más de lo que recibe"
La Politécnica del Ejército maneja el complejo San Antonio desde 1997, señala el rector de la institución, Edwin Ortiz
¿A cuánto ascienden las ventas anuales por la producción del complejo de haciendas San Antonio?
En términos de ventas produce sobre los $2 millones anuales.
El ex secretario del Consep dice que la Espe no ha pagado alrededor de $1 millón por derechos de depositario.
Así lo ha indicado a la Espe y lo ha solicitado formalmente al Ministerio de Defensa. El martes pasado hemos analizado en la Procuraduría la base legal del comodato a fin de determinar si existe realmente una obligación.
¿Acaso no la hay?
El artículo 31 del Reglamento de Bienes Aprehendidos e Incautados por el Consep dice que los bienes serán restituidos al propietario una vez que este cancele los derechos indicados. La Espe no es el propietario del bien sino el comodatario y no se beneficia en un solo centavo. Todos los dineros que se han generado se han reinvertido en la hacienda y se han realizado adecuaciones.
¿Así respondieron al Consep?
Por supuesto. Eso es claro. Realmente es el propietario el que debe pagar por los derechos de depositario.
¿Por qué?
Por cuidarlos y mantenerlos, e incluso revalorizar esos bienes.
El propietario, en este caso la Sociedad Agrícola Industrial, ¿tiene que pagar a la Espe por las mejoras?
Eso dice la ley. Hay un pago por la custodia, seguridad y mantenimiento. Y otro pago por las mejoras. Esto puede hacerse incluso por la vía coactiva.
Los primeros años del comodato la Espe sí pagó los derechos de depositario.
La Espe dio al Consep, en el período 1998-2001, aproximadamente 2 400 millones de sucres y $230 mil más como una contribución institucional para financiar programas antidrogas y para sufragar ciertos gastos operativos considerados en el presupuesto de esa entidad, mas no como derechos de depositario.
¿Qué produce la hacienda San Antonio?
Palma africana, cacao, piña, banano, papaya, leche y carne. Todo se comercializa. Vendemos ganado de carne para mantener la población adecuada.
¿Cuántas cabezas de ganado hay actualmente?
Aproximadamente 5 000. Uno de los objetivos del convenio de comodato fue la creación de una extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que incluye aulas, áreas administrativas, áreas deportivas y patio de formación.
¿Cuántos alumnos se forman allí?
Actualmente tenemos 200.
¿Cuál es la superficie del terreno?
Aproximadamente 5 900 hectáreas.
¿Cuánta gente trabaja en el lugar?
Entre directivos y técnicos son 30, también laboran 115 personas amparadas por un contrato colectivo, y como jornaleros en forma variable trabajan entre 400 y 700 personas.
¿Es una empresa o Universidad?
Es una Universidad que todo lo que recibe lo reinvirte. La Espe da más de lo que recibe. (AA-LB)
CRONOLOGIA
19 de junio de 1992. La Policía Nacional realiza un amplio operativo, dentro del cual se captura a Jorge Hugo Reyes Torres, sobre quien pesaba la sospecha de dirigir una extensa red de narcotraficantes y a otras 50 personas.
3 de agosto de 1992. Se dispone el autocabeza de proceso con el cual se aplican medidas cautelares. A partir de esa fecha se dan inicio a los juicios por narcotráfico, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, conversión y transferencia de bienes y lavado y blanqueo de dinero.
15 de julio de 1995. La Corte Superior de Quito condena a Jorge Hugo Reyes Torres por narcotráfico.
17 de octubre de 1995. El Gobierno de EEUU dona a Ecuador $3 750 000, correspondientes a bienes confiscados de cuentas de Reyes en ese país.
6 de enero de 1996. Se descubre la pérdida de 2 044 reses en la hacienda San Antonio, que estaba a cargo del Consep.
16 de junio de 1997. La hacienda San Antonio y anexas son entregadas en comodato a la Escuela Politécnica del Ejército, para uso del Instituto Agropecuario Superior (IASA).
Enero de 2001. Jorge Hugo Reyes Torres sale en libertad tras haber cumplidola sentencia por narcotráfico. Anteriormentre había sido sobreseído por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
28 de noviembre de 2001. Jorge Hugo Reyes Torres vuelve a prisión, acusado de haber reincidido en el delito de narcotráfico.
26 de septiembre de 2002. La Quinta Sala de la Corte Superior de Quito condena a Jorge Hugo Reyes Torres a 25 años de reclusión mayor extraordinaria por delito de narcotráfico. La sentencia se halla en casación en la Corte Suprema de Justicia.
9 de septiembre de 2003. El presidente de la Corte de Quito absuelve a Reyes Torres y otros del delito de testaferrismo. Apelan la Pocuraduría y Fiscalía.
PUNTO DE VISTA
Los indeseables tentáculos de la corrupción
El 2 de agosto pasado, BLANCO y NEGRO presentó un informe de los bienes que maneja el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep). En ese informe se descubrió un absurdo: el Consep no tiene una Ley Orgánica que norme el manejo de esos bienes, por lo que la entidad termina también cometiendo delitos paralelos a los cometidos por los narcotraficantes a quienes se les ha incautado los bienes, puesto que nadie controla y tampoco norma su uso y destino.
Once días atrás, el 9 de septiembre de 2003, el presidente subrogante de la Corte Superior de Justicia de Quito absolvió del delito de testaferrismo a Jorge Hugo Reyes Torres y ocho personas más, por lo que el Consep estaría en la obligación de devolver los cuantiosos bienes incautados en el Operativo Ciclón.
De manera inmediata la Procuraduría apeló la sentencia, y mientras el proceso continúa el Consep no está obligado a cumplir con la devolución, pero ¿qué sucede si el juez ratifica la sentencia?
Sencillamente, los ecuatorianos confirmarían lo que es vox pópuli, pero que no había sido posible comprobar: los bienes incautados a los acusados de narcotráfico se manejan de forma alegre; muchas veces, incluso, al margen de la Ley, probablemente porque se piensa que "ya en manos del Estado, es de todos".
Cualquiera que fuese el desenlace en lo relativo a los bienes incautados en el Operativo Ciclón, la ocasión debe ser asumida como una alerta para que las autoridades encargadas del control de esos bienes asuman su responsabilidad y se enmarquen en la ley.
No es aceptable que quienes manejan cuantiosos bienes caigan en redes de inescrupulosos o de instituciones irresponsables que, con el mal manejo de esos bienes que son del Estado y, por ende del país, habrán caído en los tentáculos de la corrupción. (TFF)(BLANCO Y NEGRO)
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