Guayaquil. 4 oct 2001. Los auxilios pendientes y los ya realizados
alcanzan 1 883 millones de dólares. Eso sin contar con el caso
Filanbanco. La emisión de bonos no para.
Con el modelo de la dolarización se esperaba que el Estado ecuatoriano
pueda mantener el equilibrio en sus cuentas fiscales, al no poder emitir
billetes.
Pero, en la práctica, no se cumplen esas expectativas. El Ejecutivo
encontró mecanismos para cubrir sus necesidades a través del Banco
Central del Ecuador (BCE). Además, el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) se convirtió en el garante de las deudas de las empresas públicas,
del sistema financiero y de los organismos seccionales.
Por ejemplo, el Estado deberá asumir una deuda de, aproximadamente, 1 265
millones de dólares, correspondientes a los bancos cerrados (sin incluir
Filanbanco) y a las 18 empresas distribuidoras de energía eléctrica.
Esas deudas se originaron desde 1999 por diferentes motivos que van desde
los subsidios hasta para evitar crisis bancaria y económica. Y si se
suman los pagos pendientes a los demás clientes, de nuevo sin contar con
el caso de Filanbanco, la suma llega a 1 883 millones (un 33 por ciento
del presupuesto de este año).
Ahora, el Central emite bonos que generan rendimientos que, a la larga,
se convierten en más deuda pública. Más si se utilizan para capitalizar
bancos o para cubrir emergencias financieras.
El MEF también emite bonos y, ahora, analiza esa operación para responder
a los 10 775 clientes de los bancos cerrados que la Agencia de Garantía
de Depósitos (AGD) no ha podido cubrir con 815 millones de dólares. Y
allí se incluyen organismos financieros como la Corporación Financiera
Nacional (CFN).
Pablo Concha, ex ministro de Economía, explica que es perjudicial que el
Estado asuma esas deudas. "Se practica un disimulado endeudamiento
agresivo, aduciendo las buenas intenciones. No hemos cerrado la llave y
seguimos asumiendo pérdidas". Así, la carga de la deuda, en los futuros
presupuestos, se mantendrá en un 45 por ciento, sostuvo.
La plata que entró a la banca
En los últimos tres años el sistema bancario se convirtió en el primer
dolor de cabeza del Estado, que tuvo que asumir la garantía de los
depósitos de más de un millón de clientes de 11 bancos cerrados (sin
incluir Filanbanco). Hasta la fecha solo se devolvieron 606 millones de
dólares a los inversionistas que tenían hasta 8 000 dólares en sus
cuentas. El resto se quedó con los certificados de depósitos
reprogramados (CDR) y certificados de pasivos garantizados (CPG).
Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analiza la emisión de
bonos por 815 millones de dólares como una salida para cumplir con los 10
775 clientes. De esos recursos, 350 millones los tiene la Corporación
Financiera Nacional (CFN), y los cambiará por bonos para que sean
utilizados en la reactivación del sector productivo.
La última emisión que realizó el MEF fue en mayo pasado, para capitalizar
a Filanbanco con 300 millones de dólares, aunque hubo cuestionamientos
del Procurador General del Estado.
Pero luego de un mes y medio cerró sus operaciones y ahora intenta
subastar los 210 millones que le sobran para respaldar a los depositantes
del banco. En caso de que la subasta de bienes de Filanbanco fracase, el
MEF deberá pensar en otra emisión.
La idea de sacar los bonos es recurrente. El ministro de Economía, Jorge
Gallardo, se comprometió a principios de año en que hasta mayo emitiría
los papeles para pagar a los depositantes. Sin embargo, el tema se
retrasó. El problema para el pago de esos valores es que la Ley solo
permite hacerlo en efectivo. Por ello, el MEF envió al Congreso una
reforma a la Ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Otro caso es la próxima capitalización del Pacífico que deberá realizar
el Banco Central.
Según el analista económico, Roberto Machuca, la emisión de bonos se
convirtió para las autoridades económicas en la mejor salida para
resolver los problemas de dinero. Sin embargo, señaló que eso deberá ser
asumido por todo el país. Además, afectará en el futuro las inversiones
que se desarrollen en el área social, pues son deudas que hay que pagar
con el presupuesto del Estado.
Las eléctricas pasan sus cuentas
Mientras la modernización del sector eléctrico se concreta, el Estado se
encarga de sus deudas para hacerlo más atractivo a la hora de su venta.
Así, el Ministerio de Economía asumirá las deudas de 18 empresas de
distribución con las de generación. El Estado pagará a las generadoras
asumiendo sus deudas con organismos internacionales.
En marzo del 2001 se asumió la obligación de las distribuidoras de 279,2
millones de dólares (de enero de 1999 a noviembre del 2000). Ahora la
cifra añadió 181 millones hasta julio del 2001 y el Gobierno analiza el
volver a pagar esa diferencia. Eso aunque hay empresas que sí pueden
cancelar, pero el esquema de subsidios eléctricos no les permite.
Para Iván Rodríguez, presidente de la Corporación Ecuatoriana del Sector
Eléctrico (Cesel), el Estado reconoce el subsidio que existe en las
tarifas de energía, mientras el esquema planteado por el Consejo Nacional
de Electrificación (Conelec) las lleva a valores reales. Según los
últimos informes del Conelec, la tarifa debe ser de 9,48 centavos y ahora
se cobra menos de siete centavos.
Para Rodríguez, no se trata de un aumento del endeudamiento sino que, en
vez de que las generadoras paguen sus cuentas, el Estado lo hará. "Es un
reconocimiento ya que el pueblo no puede pagar la tarifa real".
Pero en el largo plazo, los mismos consumidores son quienes pagarán la
deuda vía impuestos o tasas, explicó Pablo Concha, ex ministro de
Finanzas.
"Es una estrategia para vender al sector privado solo la carne de las
empresas eléctricas y el hueso se quedará con el Estado". Se refiere a la
deuda que bordea los 460 millones dólares.
Para no seguir con esas pérdidas, Rodríguez sostuvo que es necesario
que se venda el 51 por ciento de las acciones de las empresas o que se
instalen nuevas plantas de generación, pero con menores costos. Así
también, que se inviertan más de 1 000 millones de dólares en el
sector. (Texto tomado de El Comercio)
alcanzan 1 883 millones de dólares. Eso sin contar con el caso
Filanbanco. La emisión de bonos no para.
Con el modelo de la dolarización se esperaba que el Estado ecuatoriano
pueda mantener el equilibrio en sus cuentas fiscales, al no poder emitir
billetes.
Pero, en la práctica, no se cumplen esas expectativas. El Ejecutivo
encontró mecanismos para cubrir sus necesidades a través del Banco
Central del Ecuador (BCE). Además, el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) se convirtió en el garante de las deudas de las empresas públicas,
del sistema financiero y de los organismos seccionales.
Por ejemplo, el Estado deberá asumir una deuda de, aproximadamente, 1 265
millones de dólares, correspondientes a los bancos cerrados (sin incluir
Filanbanco) y a las 18 empresas distribuidoras de energía eléctrica.
Esas deudas se originaron desde 1999 por diferentes motivos que van desde
los subsidios hasta para evitar crisis bancaria y económica. Y si se
suman los pagos pendientes a los demás clientes, de nuevo sin contar con
el caso de Filanbanco, la suma llega a 1 883 millones (un 33 por ciento
del presupuesto de este año).
Ahora, el Central emite bonos que generan rendimientos que, a la larga,
se convierten en más deuda pública. Más si se utilizan para capitalizar
bancos o para cubrir emergencias financieras.
El MEF también emite bonos y, ahora, analiza esa operación para responder
a los 10 775 clientes de los bancos cerrados que la Agencia de Garantía
de Depósitos (AGD) no ha podido cubrir con 815 millones de dólares. Y
allí se incluyen organismos financieros como la Corporación Financiera
Nacional (CFN).
Pablo Concha, ex ministro de Economía, explica que es perjudicial que el
Estado asuma esas deudas. "Se practica un disimulado endeudamiento
agresivo, aduciendo las buenas intenciones. No hemos cerrado la llave y
seguimos asumiendo pérdidas". Así, la carga de la deuda, en los futuros
presupuestos, se mantendrá en un 45 por ciento, sostuvo.
La plata que entró a la banca
En los últimos tres años el sistema bancario se convirtió en el primer
dolor de cabeza del Estado, que tuvo que asumir la garantía de los
depósitos de más de un millón de clientes de 11 bancos cerrados (sin
incluir Filanbanco). Hasta la fecha solo se devolvieron 606 millones de
dólares a los inversionistas que tenían hasta 8 000 dólares en sus
cuentas. El resto se quedó con los certificados de depósitos
reprogramados (CDR) y certificados de pasivos garantizados (CPG).
Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analiza la emisión de
bonos por 815 millones de dólares como una salida para cumplir con los 10
775 clientes. De esos recursos, 350 millones los tiene la Corporación
Financiera Nacional (CFN), y los cambiará por bonos para que sean
utilizados en la reactivación del sector productivo.
La última emisión que realizó el MEF fue en mayo pasado, para capitalizar
a Filanbanco con 300 millones de dólares, aunque hubo cuestionamientos
del Procurador General del Estado.
Pero luego de un mes y medio cerró sus operaciones y ahora intenta
subastar los 210 millones que le sobran para respaldar a los depositantes
del banco. En caso de que la subasta de bienes de Filanbanco fracase, el
MEF deberá pensar en otra emisión.
La idea de sacar los bonos es recurrente. El ministro de Economía, Jorge
Gallardo, se comprometió a principios de año en que hasta mayo emitiría
los papeles para pagar a los depositantes. Sin embargo, el tema se
retrasó. El problema para el pago de esos valores es que la Ley solo
permite hacerlo en efectivo. Por ello, el MEF envió al Congreso una
reforma a la Ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Otro caso es la próxima capitalización del Pacífico que deberá realizar
el Banco Central.
Según el analista económico, Roberto Machuca, la emisión de bonos se
convirtió para las autoridades económicas en la mejor salida para
resolver los problemas de dinero. Sin embargo, señaló que eso deberá ser
asumido por todo el país. Además, afectará en el futuro las inversiones
que se desarrollen en el área social, pues son deudas que hay que pagar
con el presupuesto del Estado.
Las eléctricas pasan sus cuentas
Mientras la modernización del sector eléctrico se concreta, el Estado se
encarga de sus deudas para hacerlo más atractivo a la hora de su venta.
Así, el Ministerio de Economía asumirá las deudas de 18 empresas de
distribución con las de generación. El Estado pagará a las generadoras
asumiendo sus deudas con organismos internacionales.
En marzo del 2001 se asumió la obligación de las distribuidoras de 279,2
millones de dólares (de enero de 1999 a noviembre del 2000). Ahora la
cifra añadió 181 millones hasta julio del 2001 y el Gobierno analiza el
volver a pagar esa diferencia. Eso aunque hay empresas que sí pueden
cancelar, pero el esquema de subsidios eléctricos no les permite.
Para Iván Rodríguez, presidente de la Corporación Ecuatoriana del Sector
Eléctrico (Cesel), el Estado reconoce el subsidio que existe en las
tarifas de energía, mientras el esquema planteado por el Consejo Nacional
de Electrificación (Conelec) las lleva a valores reales. Según los
últimos informes del Conelec, la tarifa debe ser de 9,48 centavos y ahora
se cobra menos de siete centavos.
Para Rodríguez, no se trata de un aumento del endeudamiento sino que, en
vez de que las generadoras paguen sus cuentas, el Estado lo hará. "Es un
reconocimiento ya que el pueblo no puede pagar la tarifa real".
Pero en el largo plazo, los mismos consumidores son quienes pagarán la
deuda vía impuestos o tasas, explicó Pablo Concha, ex ministro de
Finanzas.
"Es una estrategia para vender al sector privado solo la carne de las
empresas eléctricas y el hueso se quedará con el Estado". Se refiere a la
deuda que bordea los 460 millones dólares.
Para no seguir con esas pérdidas, Rodríguez sostuvo que es necesario
que se venda el 51 por ciento de las acciones de las empresas o que se
instalen nuevas plantas de generación, pero con menores costos. Así
también, que se inviertan más de 1 000 millones de dólares en el
sector. (Texto tomado de El Comercio)
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