Comercio en frontera detenido
La IX Reunión Binacional de Transporte Internacional de Fronteras entre Ecuador y Colombia, organizada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y que concluyó ayer en Ipiales (Colombia), no sirvió para resolver la disputa que mantiene paralizado el comercio de carga por el puente Rumichaca.
Harrison Vizcaíno, empresario del transporte ecuatoriano, dijo que, en 2011, se contabilizan 35 ataques en contra de unidades ecuatorianas en carreteras colombianas. "Los agresores han sido detenidos, entre los que se cuenta el presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC) de Pasto, Jorge Charfuelan; luego, hemos formalizado las denuncias, pero han sido puestos en libertad, dilatándose los procesos judiciales", dijo ante miembros del Tribunal de Justicia de la CAN.
Vizcaíno entregó denuncias y videos como pruebas a los funcionarios de la CAN y agregó que los ataques se registraron incluso cuando tractocamiones ecuatorianos se movilizaban con custodia policial colombiana.
El empresario reveló que autoridades colombianas les han hecho bajar los tanques originales de combustibles en cumplimento de una norma colombiana que violenta la normativa andina, y que en las últimas semanas, la restricción al transporte internacional se ha acentuado.
Óscar Villota, de la ACC, pidió una revisión a la norma 399, que garantiza el transporte internacional de carga. Él denunció que las bajas tarifas del combustible en el Ecuador provocan competencia desleal y acusó a las coordinadoras de carga internacionales de explotar al sector. Villota reclamó una libreta de tripulantes en los consulados de Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia) y no en Quito o Bogotá.
El dirigente gremial colombiano fue enfático al manifestar que, hasta que existan garantías, las cargas especiales, que son las que crean el conflicto en Rumichaca, tienen que ser descargadas y cargadas en Tulcán e Ipiales, moción que no es compartida por los ecuatorianos, que advierten que no pueden ser manipulados alcohol, aceites, grasas vegetales, mariscos ni automotores ensamblados que van desde el Ecuador.
El sector colombiano insistió además que, en el Ecuador, hay restricción para la venta de diésel subsidiado a unidades colombianas. Giorgi Luzuriaga, vicepresidente de la Asociación Andina de Transporte Internacional por Carretera, manifestó que los automotores colombianos calificados para el transporte internacional reciben este servicio, pero que abastecerse en Carchi es imposible porque se trata de una política gubernamental que busca evitar la fuga de carburantes.
Después de la cita, camioneros de Carchi y Nariño se reunieron internamente para buscar una salida al bloqueo de vehículos ecuatorianos que internan cargas especiales hacia Colombia, por no alcanzaron acuerdos.
Tras la reunión, solo quedó la preocupación en las empresas ecuatorianas que ofrecen estos servicios, ya que aseguran que los 52 días de bloqueo han dejado pérdidas superiores a los $30 millones, resumidas en retraso en la entrega de las mercancías, incremento en los costos de estadía de tripulantes, pago de multas por incumplimiento y represamiento de las cargas en la frontera, entre otros.
Genaro Baldeón, secretario jurídico de la CAN, explicó que la cita definió cronogramas y hoja de ruta a seguir y anunció la reunión del Comité Andino de Autoridades del Transporte en Lima la próxima semana, el 28 y 29 de noviembre.
El funcionario explicó que, desde 1997, rige una norma andina que regula el transporte internacional de mercancías. Sin embargo, el 24 de noviembre de 2000, el Tribunal de Justicia de la CAN dictó dos sentencias que declararon en situación de incumplimiento al Ecuador y Colombia al no garantizar el libre tránsito de vehículos de carga en la frontera.
Desde entonces, los dos Gobiernos han mantenido una serie de reuniones para superar esas sentencias, sin un resultado concreto hasta la fecha.
En la reunión de Ipiales, cinco mesas abordaron temas como la normativa andina, mecanismos tecnológicos de gestión de transporte, comercio, transporte interfronterizo, gestión empresarial y desarrollo productivo. (RC)
La normativa no se cumple en frontera
El último Consejo Presidencial de la CAN en Bogotá expresó voluntad y dispuso se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación plena de la regulación sobre el libre tránsito de vehículos de carga en la frontera. El 12 de diciembre, vence el plazo para entregar el estado de cumplimiento y aplicación de las dos sentencias que pesan actualmente sobre Colombia y el Ecuador. En esa fecha, la Secretaría de la CAN se pronunciará sobre las sentencias o posibles nuevas sanciones.
En Ipiales, ambos Gobiernos reconocieron no haber adoptado medidas sobre ello. Coinciden que existen aún obstáculos al flujo normal en transporte internacional.
La IX Reunión Binacional de Transporte Internacional de Fronteras entre Ecuador y Colombia, organizada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y que concluyó ayer en Ipiales (Colombia), no sirvió para resolver la disputa que mantiene paralizado el comercio de carga por el puente Rumichaca.Harrison Vizcaíno, empresario del transporte ecuatoriano, dijo que, en 2011, se contabilizan 35 ataques en contra de unidades ecuatorianas en carreteras colombianas. "Los agresores han sido detenidos, entre los que se cuenta el presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC) de Pasto, Jorge Charfuelan; luego, hemos formalizado las denuncias, pero han sido puestos en libertad, dilatándose los procesos judiciales", dijo ante miembros del Tribunal de Justicia de la CAN.
Vizcaíno entregó denuncias y videos como pruebas a los funcionarios de la CAN y agregó que los ataques se registraron incluso cuando tractocamiones ecuatorianos se movilizaban con custodia policial colombiana.
El empresario reveló que autoridades colombianas les han hecho bajar los tanques originales de combustibles en cumplimento de una norma colombiana que violenta la normativa andina, y que en las últimas semanas, la restricción al transporte internacional se ha acentuado.
Óscar Villota, de la ACC, pidió una revisión a la norma 399, que garantiza el transporte internacional de carga. Él denunció que las bajas tarifas del combustible en el Ecuador provocan competencia desleal y acusó a las coordinadoras de carga internacionales de explotar al sector. Villota reclamó una libreta de tripulantes en los consulados de Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia) y no en Quito o Bogotá.
El dirigente gremial colombiano fue enfático al manifestar que, hasta que existan garantías, las cargas especiales, que son las que crean el conflicto en Rumichaca, tienen que ser descargadas y cargadas en Tulcán e Ipiales, moción que no es compartida por los ecuatorianos, que advierten que no pueden ser manipulados alcohol, aceites, grasas vegetales, mariscos ni automotores ensamblados que van desde el Ecuador.
El sector colombiano insistió además que, en el Ecuador, hay restricción para la venta de diésel subsidiado a unidades colombianas. Giorgi Luzuriaga, vicepresidente de la Asociación Andina de Transporte Internacional por Carretera, manifestó que los automotores colombianos calificados para el transporte internacional reciben este servicio, pero que abastecerse en Carchi es imposible porque se trata de una política gubernamental que busca evitar la fuga de carburantes.
Después de la cita, camioneros de Carchi y Nariño se reunieron internamente para buscar una salida al bloqueo de vehículos ecuatorianos que internan cargas especiales hacia Colombia, por no alcanzaron acuerdos.
Tras la reunión, solo quedó la preocupación en las empresas ecuatorianas que ofrecen estos servicios, ya que aseguran que los 52 días de bloqueo han dejado pérdidas superiores a los $30 millones, resumidas en retraso en la entrega de las mercancías, incremento en los costos de estadía de tripulantes, pago de multas por incumplimiento y represamiento de las cargas en la frontera, entre otros.
Genaro Baldeón, secretario jurídico de la CAN, explicó que la cita definió cronogramas y hoja de ruta a seguir y anunció la reunión del Comité Andino de Autoridades del Transporte en Lima la próxima semana, el 28 y 29 de noviembre.
El funcionario explicó que, desde 1997, rige una norma andina que regula el transporte internacional de mercancías. Sin embargo, el 24 de noviembre de 2000, el Tribunal de Justicia de la CAN dictó dos sentencias que declararon en situación de incumplimiento al Ecuador y Colombia al no garantizar el libre tránsito de vehículos de carga en la frontera.
Desde entonces, los dos Gobiernos han mantenido una serie de reuniones para superar esas sentencias, sin un resultado concreto hasta la fecha.
En la reunión de Ipiales, cinco mesas abordaron temas como la normativa andina, mecanismos tecnológicos de gestión de transporte, comercio, transporte interfronterizo, gestión empresarial y desarrollo productivo. (RC)
La normativa no se cumple en frontera
El último Consejo Presidencial de la CAN en Bogotá expresó voluntad y dispuso se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación plena de la regulación sobre el libre tránsito de vehículos de carga en la frontera. El 12 de diciembre, vence el plazo para entregar el estado de cumplimiento y aplicación de las dos sentencias que pesan actualmente sobre Colombia y el Ecuador. En esa fecha, la Secretaría de la CAN se pronunciará sobre las sentencias o posibles nuevas sanciones.
En Ipiales, ambos Gobiernos reconocieron no haber adoptado medidas sobre ello. Coinciden que existen aún obstáculos al flujo normal en transporte internacional.
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