Quito. 19 nov 99. La Constitución en el Art. 224 norma que "el
territorio del Ecuador es indivisible". Sin embargo para efectos
de administración y representación política existirán provincias,
cantones y parroquias; circunscripciones territoriales indígenas
a afroecuatorianas. También señala, en el Art. 225 que el Estado
impulsará la descentralización y la desconcentración para lograr
el desarrollo armónico del país.
La descentralización implica transferencia de funciones,
competencias, responsabilidades y recursos. Pero, por obvias
razones, no es aplicable a los asuntos de la defensa, seguridad
nacional, política exterior, política económica y tributaria,
deuda externa. convenios internacionales.
Sobre la descentralización, Manabí ha dado muestras de
independencia y autonomía. Es en el siglo XIX donde se consolida
definitivamente lo que hoy podríamos llamar el "hombre manabita",
un habitante con características especiales dentro del gran
mosaico de la nacionalidad.
Para nadie en este país es desconocida la división geográfica en
regiones perfectamente delimitadas, lo cual ha incidido en la
conformación de idiosincrasias.
Empero, esto es provechoso, ya que esta loca geografía, como
diría Benjamín Subercasú, nos ha marcado diferentes hitos que nos
une en la diversidad. Esto no es nocivo, lo lamentable es la
manipulación que se ha dado a la diversidad regional, lo que ha
devenido en un deplorable regionalismo, alimentado por una
coyuntura política que no se detiene ante nada con tal de
conseguir cuotas de poder, que en última instancia sirve a
intereses personales o grupales.
La provincia no ha escapado a la diversidad dentro de la unidad.
Existen divergencias socioeconómicas que conllevan a un estatus
diferente. Manabí tiene toda la infraestructura para optar por
la autonomía. Y la propuesta ya existe: el Consejo Provincial
sería reemplazado por un Consejo de Desarrollo Provincial,
presidido por un Gobernador elegido por el voto popular. Este
Consejo será el recaudador de tributos que se distribuirán en
base a principios de igualdad y solidaridad entre todos los
cantones. Los ingresos nacionales se distribuirán en base a las
contribuciones de la provincia al Producto Interno Bruto, número
de habitantes y necesidades insatisfechas.
Los pilares de la generación de ingresos son: el puerto de Manta,
que aspira a ser de transferencia internacional; el aeropuerto
de Manta, base alterna internacional del aeropuerto de Guayaquil;
sus 350 kilómetros de playa de los cuales solo el 10 por ciento
lo utilizamos. Manabí tiene 317 000 hectáreas agrícolas, 8 000
cuentan con riego permanente.
De la mano de la descentralización funcionarán los comités
cívicos de anticorrupción. En síntesis, ésta es la propuesta
manabita que implica una autonomía, descentralización y
desconcentración pero sin romper el cordón umbilical que le une
al Estado y al orden constitucional.
Las aspiraciones manabitas están reguladas en la Constitución.
Este es un proceso paulatino que implica una decisión y férrea
voluntad, que debe ser decantada de ambiciones políticas y no
debe ser manipulada para favorecer intereses particulares o de
grupos. Tampoco debe servir para que resuciten rezagos de
cacicazgos que antaño causaron daño. La autonomía jamás debe
servir como una incubadora de pupilos de castas que han captado
el poder político y económico y no siempre con éxito y manos
limpias. El proceso requerirá de un marco constitucional y
jurídico. El Congreso tiene la palabra.
El centralismo impide mirar las oportunidades
Byron Coral / Presidente de la pequeña industria
Nadie puede negar que el Ecuador pisa el tercer milenio sumergido
en la peor crisis de su historia, que no tiene salida a menos que
surja de la voluntad soberana de la comunidad organizada y
decidida intervenir en la construcción de una forma alternativa
de administración política y económica.
Es con ese ánimo que la comunidad manabita durante cinco meses
analizó la necesidad de transformar la estructura del modelo del
Estado y acuerda entregar al Ecuador una propuesta de autonomías
provinciales que libera, dignifica y convierte al ciudadano en
sujeto de derecho.
El centralismo impide a los gobernantes mirar las oportunidades
que dejan de ser capitalizadas para contrarrestar el desempleo,
los problemas de salud, vivienda y vías, en definitiva para
resolver las preocupaciones sociales y económicas de la
población.
Por eso esta es una propuesta insurgente y transformadora que
cuestiona esta forma de administración de un Estado indefinido,
arbitrario, injusto, monopólico, obstruccionista y corrupto que
se presenta dadivoso y paternalista para convertirlo en un Estado
moderno, regulador, árbitro y facilitador de los emprendimientos
ciudadanos y de las garantías fundamentales de las personas. La
propuesta de autonomía manabita promueve la instauración de un
sistema que se ajusta a una demanda de progreso que integra a las
provincias en un gran propósito, que persigue consensos en las
líneas más gruesas del desarrollo a través de la activa
participación ciudadana.
La propuesta de autonomía descansa en cuatro pilares: cambio en
la estructura política y administrativa del Ecuador. En este
caso, proponemos la creación del Consejo Provincial de
Desarrollo, integrado por personas elegidas en distritos
electorales, con funciones de legislar, fiscalizar y revocar el
mandato de funcionarios que no cumplan su papel de rendición de
cuentas.
El cambio en la política económica del país exige que el
presupuesto del Estado se formule con base en tres parámetros:
los tributos al consumo como el Impuesto al Valor Agregado, uno
por ciento del impuesto a la circulación de capitales, impuesto
a los consumos especiales, matriculación vehicular, operaciones
bancarias, el patrimonio de las empresas, peaje, concesión de
vías... se recauden en cada provincia y permitan el
financiamiento para la construcción de vías, atención en salud
y educación; el impuesto a la renta, aranceles a las
importaciones y utilidades en venta de combustibles, sirvan para
financiar el pago de servidores públicos, Fuerzas Armadas,
Policía, profesores, legisladores; y, para cubrir los compromisos
internacionales, que los ingresos por venta de petróleo,
excluyendo lo que corresponde a partícipes, sirva para amortizar
la deuda pública externa e interna.
El tercer pilar es el cambio en la distribución de ingresos, a
través de una justa y equitativa distribución de la riqueza
nacional y que adicionalmente sea solidaria. Y, por último,
participación ciudadana en la dirección y control de las
actividades gubernamentales.
Si las provincias del Ecuador han sobrevivido a la crisis
provocada por un modelo político y económico centralizado,
imaginémonos las posibilidades desarrollo que se desprenden de
un sistema construido para que tengan autonomía en el manejo de
sus recursos, en la toma de decisiones de endeudamiento y
distribución de estos dineros en las áreas estratégicas de su
economía, en la atención a los problemas de salud, educación,
empleo, vivienda, vialidad, agua, luz..."
El debate debe estar sustentado en datos
Fabián Corral/ abogado y catedratico
La sociedad civil está planteando por fin en nuestro país
alternativas, tesis y puntos de vista. Se debe tener extremo
cuidado para que estas iniciativas no se frustren. Para ello se
necesita volverle terriblemente objetivo al debate. Un debate
anclado en las palabras, en las buenas intenciones puede correr
el riesgo de perderse. De allí que hay que volverle posible a la
Reforma del Estado.
El Ecuador es un país enemigo de las matemáticas y esa cultura
literaria, en el sentido político de la palabra, nos ha hecho
cometer más de un error histórico.
¿Hay un centralismo en una ciudad? Les digo que no. Uno de los
argumentos que se ha manejado para el tema de la
descentralización es que en Quito está buena parte de la
burocracia ecuatoriana. Las cifras dan sorpresas.
Según datos del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, y sin
contar con FF.AA., Policía y empleados del IESS, en Ecuador
existen 318 118 burócratas. De ellos, el 18% está en Guayas, el
22.7% en Pichincha y el 9.1% en Manabí.
En Ecuador existe un tremendo bicentralismo. Datos: el 86% de los
empleados de las compañías están en Pichincha y en Guayas, en el
resto de la República están apenas el 13%.
Ingresos de las compañías: el 87.8% están en Guayas y en
Pichincha; en el resto del país el resto de la cifra. Impuestos
internos: el 91.8% se recauda en Pichincha y Guayas, el resto 9.
Algo por ciento se recauda en el resto del país. Hay una enorme
falta de uniformidad en la recaudación y en la participación
fiscal. Hay provincias que aportan, con el 19% de la población
como Pichincha, el 59%. El 26% de la población está en Guayas y
aporta el 3 y pico por ciento.
Entonces hay que mapearle al país para saber por dónde vamos. Si
se hace una propuesta en abstracto podemos estar es inaugurando
un sistema terriblemente regresivo e injusto para las provincias
que, como Manabí, tienen una escasísima participación en el
componente del gran ingreso tributario del país.
¿Qué impuestos se quedarían en la provincia? El IVA no es nada.
¿Qué impuestos se quedan en provincias que no sean Pichincha y
Guayas? Propongo un debate anclado en los datos que nos permitan
señalar por dónde podemos caminar mejor. No se trata de oponerse,
se trata de hacer posible el ejercicio real de la verdadera
libertad y para eso se necesitan varias cosas. Primero: recursos.
Segundo: gente. Tercero: buen sistema de rendición de cuentas.
Cuarto: un enorme grado de objetividad. Quinto: una democracia
no populista pero si terriblemente eficiente; y por último, una
ciudadanía militante que sepa que ser ciudadano de este país no
significa solamente pedir sino a más de eso dar.
¿Qué es lo que quiere la gente de las provincias? Servicio
cercano, autoridad que le dé servicio, que esté más cerca, a la
cual se le pueda exigir y a la cual se le pueda pedir que rinda
cuentas.
Los grandes actores en un proceso de descentralización deben ser
los municipios. Para eso se necesita racionalizarlos. Hay 214
municipios de los cuales, el 78% tiene menos de 50 000 habitantes
es decir están fuera de la ley de régimen municipal.
Si no se hace un buen proceso de desburocratización, la
burocracia se va a reproducir. Si no hay un sistema, un escenario
de militancia ciudadana no vamos a tener resultados positivos.
Otra implicación indispensable es que debe continuar vigente el
principio de la solidaridad, especialmente en lo fiscal. No creo
en un sistema de autonomías que se limite únicamente al aspecto
fiscal de los recursos económicos.
La solución jurídica debe ser viable políticamente
Nicolás Parducci / EX procurador general del estado
El problema al que nos estamos enfrentando en el Ecuador es un
problema que se ha generado a través de muchos años por una mala
costumbre de no cumplir las normas jurídicas. Esa es la falta de
visión de los políticos que han gobernado el país.
Hay una diferencia fundamental entre la autonomía administrativa
y la autonomía política.
El Ecuador como todo estado es una persona jurídica que tiene
tres elementos fundamentales: la población, el territorio y el
poder. El elemento que nos interesa es el poder. El poder que es
el que permite nombrar, remover, crear impuestos, distribuir los
impuestos, contratar, fiscalizar, etc. El poder se ejerce a
través de las funciones y las funciones representan las
actividades claves del Estado.
La Función Ejecutiva tiene que ejecutar pero que tiene que
ejecutar dos cosas: Tiene que gobernar, hacer el gobiernoy
administrar. En el Ecuador en las últimas dos constituciones se
ha puesto énfasis en que exista descentralización y
desconcentración es decir evitar que el poder nombrar, el poder
decidir, el poder contratar, etc, esté acumulado en la Función
Ejecutiva y en los Ministros integrantes de ella.
Pero esta disposición descentralizar y desconcentrar no ha sido
puesta en práctica.
Me refiero a desconcentración que es transferir no delegar,
transferir facultades para que funcionarios dentro de la misma
persona jurídica hagan lo que antes hacía el superior.
Eso no ha permitido la falta de servicios públicos que padecemos
o porque las instituciones descentralizadas no han tenido los
recursos suficientes, o no los han sabido administrar.
En el caso concreto en Manabí ya no se está reclamando la
descentralización administrativa ahora se está reclamando una
descentralización política, eso tiene otra connotación porque ya
no se está pidiendo que de las Función Ejecutiva que se deriva
la facultad de administrar solamente sea eso, sino que también
se pide y algunas comunidades, algunas peticiones, algunas
propuestas lo tienen, ahora se pide también la facultad de decir
los planes. Pero también quiere cada uno planificar sus tributos,
recaudar sus tributos, es decir, la facultad de legislar.
Esta posición rompe el Estado unitario porque en el estado
unitario uno sólo, por eso es unitario, y está puesto en el
artículo 2 de la Constitución el Ecuador es un estado unitario,
uno solo es el que legisla, ejecuta, juzga, elige y controla
puede transferir la administración pero no el gobierno, si se
transfiere el gobierno estamos hablando de otra cosa.
Entonces tenemos que estudiar bien las propuestas que vengan para
encontrar una solución que sea jurídicamente viable pero tiene
que ser una solución políticamente factible. Ya nos hemos
frustrado muchas veces como en el caso de la consulta popular.
La sociedad civil puede ser birlada por los políticos que se
reúnen y que tienen la última palabra en los cenáculos que se
pueden llamar Asamblea Nacional o se pueden llamar Congreso.
¿Qué gestión, qué poder puede equilibrar el poder de los
políticos? Solamente el de la sociedad civil debidamente
organizada cuando hay una mayoría absoluta que obligue realmente
a los políticos, con honrosas excepciones, a cambiar su modo de
ser.
Las soluciones sean producto de investigaciones
multidisciplinarias. Tenemos que hacer y lograr una propuesta que
sea viable me gusta escuchar la solución que ha propuesto León
Roldós, es una vía pero a través de una consulta popular. (Texto
tomado de El Comercio)
territorio del Ecuador es indivisible". Sin embargo para efectos
de administración y representación política existirán provincias,
cantones y parroquias; circunscripciones territoriales indígenas
a afroecuatorianas. También señala, en el Art. 225 que el Estado
impulsará la descentralización y la desconcentración para lograr
el desarrollo armónico del país.
La descentralización implica transferencia de funciones,
competencias, responsabilidades y recursos. Pero, por obvias
razones, no es aplicable a los asuntos de la defensa, seguridad
nacional, política exterior, política económica y tributaria,
deuda externa. convenios internacionales.
Sobre la descentralización, Manabí ha dado muestras de
independencia y autonomía. Es en el siglo XIX donde se consolida
definitivamente lo que hoy podríamos llamar el "hombre manabita",
un habitante con características especiales dentro del gran
mosaico de la nacionalidad.
Para nadie en este país es desconocida la división geográfica en
regiones perfectamente delimitadas, lo cual ha incidido en la
conformación de idiosincrasias.
Empero, esto es provechoso, ya que esta loca geografía, como
diría Benjamín Subercasú, nos ha marcado diferentes hitos que nos
une en la diversidad. Esto no es nocivo, lo lamentable es la
manipulación que se ha dado a la diversidad regional, lo que ha
devenido en un deplorable regionalismo, alimentado por una
coyuntura política que no se detiene ante nada con tal de
conseguir cuotas de poder, que en última instancia sirve a
intereses personales o grupales.
La provincia no ha escapado a la diversidad dentro de la unidad.
Existen divergencias socioeconómicas que conllevan a un estatus
diferente. Manabí tiene toda la infraestructura para optar por
la autonomía. Y la propuesta ya existe: el Consejo Provincial
sería reemplazado por un Consejo de Desarrollo Provincial,
presidido por un Gobernador elegido por el voto popular. Este
Consejo será el recaudador de tributos que se distribuirán en
base a principios de igualdad y solidaridad entre todos los
cantones. Los ingresos nacionales se distribuirán en base a las
contribuciones de la provincia al Producto Interno Bruto, número
de habitantes y necesidades insatisfechas.
Los pilares de la generación de ingresos son: el puerto de Manta,
que aspira a ser de transferencia internacional; el aeropuerto
de Manta, base alterna internacional del aeropuerto de Guayaquil;
sus 350 kilómetros de playa de los cuales solo el 10 por ciento
lo utilizamos. Manabí tiene 317 000 hectáreas agrícolas, 8 000
cuentan con riego permanente.
De la mano de la descentralización funcionarán los comités
cívicos de anticorrupción. En síntesis, ésta es la propuesta
manabita que implica una autonomía, descentralización y
desconcentración pero sin romper el cordón umbilical que le une
al Estado y al orden constitucional.
Las aspiraciones manabitas están reguladas en la Constitución.
Este es un proceso paulatino que implica una decisión y férrea
voluntad, que debe ser decantada de ambiciones políticas y no
debe ser manipulada para favorecer intereses particulares o de
grupos. Tampoco debe servir para que resuciten rezagos de
cacicazgos que antaño causaron daño. La autonomía jamás debe
servir como una incubadora de pupilos de castas que han captado
el poder político y económico y no siempre con éxito y manos
limpias. El proceso requerirá de un marco constitucional y
jurídico. El Congreso tiene la palabra.
El centralismo impide mirar las oportunidades
Byron Coral / Presidente de la pequeña industria
Nadie puede negar que el Ecuador pisa el tercer milenio sumergido
en la peor crisis de su historia, que no tiene salida a menos que
surja de la voluntad soberana de la comunidad organizada y
decidida intervenir en la construcción de una forma alternativa
de administración política y económica.
Es con ese ánimo que la comunidad manabita durante cinco meses
analizó la necesidad de transformar la estructura del modelo del
Estado y acuerda entregar al Ecuador una propuesta de autonomías
provinciales que libera, dignifica y convierte al ciudadano en
sujeto de derecho.
El centralismo impide a los gobernantes mirar las oportunidades
que dejan de ser capitalizadas para contrarrestar el desempleo,
los problemas de salud, vivienda y vías, en definitiva para
resolver las preocupaciones sociales y económicas de la
población.
Por eso esta es una propuesta insurgente y transformadora que
cuestiona esta forma de administración de un Estado indefinido,
arbitrario, injusto, monopólico, obstruccionista y corrupto que
se presenta dadivoso y paternalista para convertirlo en un Estado
moderno, regulador, árbitro y facilitador de los emprendimientos
ciudadanos y de las garantías fundamentales de las personas. La
propuesta de autonomía manabita promueve la instauración de un
sistema que se ajusta a una demanda de progreso que integra a las
provincias en un gran propósito, que persigue consensos en las
líneas más gruesas del desarrollo a través de la activa
participación ciudadana.
La propuesta de autonomía descansa en cuatro pilares: cambio en
la estructura política y administrativa del Ecuador. En este
caso, proponemos la creación del Consejo Provincial de
Desarrollo, integrado por personas elegidas en distritos
electorales, con funciones de legislar, fiscalizar y revocar el
mandato de funcionarios que no cumplan su papel de rendición de
cuentas.
El cambio en la política económica del país exige que el
presupuesto del Estado se formule con base en tres parámetros:
los tributos al consumo como el Impuesto al Valor Agregado, uno
por ciento del impuesto a la circulación de capitales, impuesto
a los consumos especiales, matriculación vehicular, operaciones
bancarias, el patrimonio de las empresas, peaje, concesión de
vías... se recauden en cada provincia y permitan el
financiamiento para la construcción de vías, atención en salud
y educación; el impuesto a la renta, aranceles a las
importaciones y utilidades en venta de combustibles, sirvan para
financiar el pago de servidores públicos, Fuerzas Armadas,
Policía, profesores, legisladores; y, para cubrir los compromisos
internacionales, que los ingresos por venta de petróleo,
excluyendo lo que corresponde a partícipes, sirva para amortizar
la deuda pública externa e interna.
El tercer pilar es el cambio en la distribución de ingresos, a
través de una justa y equitativa distribución de la riqueza
nacional y que adicionalmente sea solidaria. Y, por último,
participación ciudadana en la dirección y control de las
actividades gubernamentales.
Si las provincias del Ecuador han sobrevivido a la crisis
provocada por un modelo político y económico centralizado,
imaginémonos las posibilidades desarrollo que se desprenden de
un sistema construido para que tengan autonomía en el manejo de
sus recursos, en la toma de decisiones de endeudamiento y
distribución de estos dineros en las áreas estratégicas de su
economía, en la atención a los problemas de salud, educación,
empleo, vivienda, vialidad, agua, luz..."
El debate debe estar sustentado en datos
Fabián Corral/ abogado y catedratico
La sociedad civil está planteando por fin en nuestro país
alternativas, tesis y puntos de vista. Se debe tener extremo
cuidado para que estas iniciativas no se frustren. Para ello se
necesita volverle terriblemente objetivo al debate. Un debate
anclado en las palabras, en las buenas intenciones puede correr
el riesgo de perderse. De allí que hay que volverle posible a la
Reforma del Estado.
El Ecuador es un país enemigo de las matemáticas y esa cultura
literaria, en el sentido político de la palabra, nos ha hecho
cometer más de un error histórico.
¿Hay un centralismo en una ciudad? Les digo que no. Uno de los
argumentos que se ha manejado para el tema de la
descentralización es que en Quito está buena parte de la
burocracia ecuatoriana. Las cifras dan sorpresas.
Según datos del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, y sin
contar con FF.AA., Policía y empleados del IESS, en Ecuador
existen 318 118 burócratas. De ellos, el 18% está en Guayas, el
22.7% en Pichincha y el 9.1% en Manabí.
En Ecuador existe un tremendo bicentralismo. Datos: el 86% de los
empleados de las compañías están en Pichincha y en Guayas, en el
resto de la República están apenas el 13%.
Ingresos de las compañías: el 87.8% están en Guayas y en
Pichincha; en el resto del país el resto de la cifra. Impuestos
internos: el 91.8% se recauda en Pichincha y Guayas, el resto 9.
Algo por ciento se recauda en el resto del país. Hay una enorme
falta de uniformidad en la recaudación y en la participación
fiscal. Hay provincias que aportan, con el 19% de la población
como Pichincha, el 59%. El 26% de la población está en Guayas y
aporta el 3 y pico por ciento.
Entonces hay que mapearle al país para saber por dónde vamos. Si
se hace una propuesta en abstracto podemos estar es inaugurando
un sistema terriblemente regresivo e injusto para las provincias
que, como Manabí, tienen una escasísima participación en el
componente del gran ingreso tributario del país.
¿Qué impuestos se quedarían en la provincia? El IVA no es nada.
¿Qué impuestos se quedan en provincias que no sean Pichincha y
Guayas? Propongo un debate anclado en los datos que nos permitan
señalar por dónde podemos caminar mejor. No se trata de oponerse,
se trata de hacer posible el ejercicio real de la verdadera
libertad y para eso se necesitan varias cosas. Primero: recursos.
Segundo: gente. Tercero: buen sistema de rendición de cuentas.
Cuarto: un enorme grado de objetividad. Quinto: una democracia
no populista pero si terriblemente eficiente; y por último, una
ciudadanía militante que sepa que ser ciudadano de este país no
significa solamente pedir sino a más de eso dar.
¿Qué es lo que quiere la gente de las provincias? Servicio
cercano, autoridad que le dé servicio, que esté más cerca, a la
cual se le pueda exigir y a la cual se le pueda pedir que rinda
cuentas.
Los grandes actores en un proceso de descentralización deben ser
los municipios. Para eso se necesita racionalizarlos. Hay 214
municipios de los cuales, el 78% tiene menos de 50 000 habitantes
es decir están fuera de la ley de régimen municipal.
Si no se hace un buen proceso de desburocratización, la
burocracia se va a reproducir. Si no hay un sistema, un escenario
de militancia ciudadana no vamos a tener resultados positivos.
Otra implicación indispensable es que debe continuar vigente el
principio de la solidaridad, especialmente en lo fiscal. No creo
en un sistema de autonomías que se limite únicamente al aspecto
fiscal de los recursos económicos.
La solución jurídica debe ser viable políticamente
Nicolás Parducci / EX procurador general del estado
El problema al que nos estamos enfrentando en el Ecuador es un
problema que se ha generado a través de muchos años por una mala
costumbre de no cumplir las normas jurídicas. Esa es la falta de
visión de los políticos que han gobernado el país.
Hay una diferencia fundamental entre la autonomía administrativa
y la autonomía política.
El Ecuador como todo estado es una persona jurídica que tiene
tres elementos fundamentales: la población, el territorio y el
poder. El elemento que nos interesa es el poder. El poder que es
el que permite nombrar, remover, crear impuestos, distribuir los
impuestos, contratar, fiscalizar, etc. El poder se ejerce a
través de las funciones y las funciones representan las
actividades claves del Estado.
La Función Ejecutiva tiene que ejecutar pero que tiene que
ejecutar dos cosas: Tiene que gobernar, hacer el gobiernoy
administrar. En el Ecuador en las últimas dos constituciones se
ha puesto énfasis en que exista descentralización y
desconcentración es decir evitar que el poder nombrar, el poder
decidir, el poder contratar, etc, esté acumulado en la Función
Ejecutiva y en los Ministros integrantes de ella.
Pero esta disposición descentralizar y desconcentrar no ha sido
puesta en práctica.
Me refiero a desconcentración que es transferir no delegar,
transferir facultades para que funcionarios dentro de la misma
persona jurídica hagan lo que antes hacía el superior.
Eso no ha permitido la falta de servicios públicos que padecemos
o porque las instituciones descentralizadas no han tenido los
recursos suficientes, o no los han sabido administrar.
En el caso concreto en Manabí ya no se está reclamando la
descentralización administrativa ahora se está reclamando una
descentralización política, eso tiene otra connotación porque ya
no se está pidiendo que de las Función Ejecutiva que se deriva
la facultad de administrar solamente sea eso, sino que también
se pide y algunas comunidades, algunas peticiones, algunas
propuestas lo tienen, ahora se pide también la facultad de decir
los planes. Pero también quiere cada uno planificar sus tributos,
recaudar sus tributos, es decir, la facultad de legislar.
Esta posición rompe el Estado unitario porque en el estado
unitario uno sólo, por eso es unitario, y está puesto en el
artículo 2 de la Constitución el Ecuador es un estado unitario,
uno solo es el que legisla, ejecuta, juzga, elige y controla
puede transferir la administración pero no el gobierno, si se
transfiere el gobierno estamos hablando de otra cosa.
Entonces tenemos que estudiar bien las propuestas que vengan para
encontrar una solución que sea jurídicamente viable pero tiene
que ser una solución políticamente factible. Ya nos hemos
frustrado muchas veces como en el caso de la consulta popular.
La sociedad civil puede ser birlada por los políticos que se
reúnen y que tienen la última palabra en los cenáculos que se
pueden llamar Asamblea Nacional o se pueden llamar Congreso.
¿Qué gestión, qué poder puede equilibrar el poder de los
políticos? Solamente el de la sociedad civil debidamente
organizada cuando hay una mayoría absoluta que obligue realmente
a los políticos, con honrosas excepciones, a cambiar su modo de
ser.
Las soluciones sean producto de investigaciones
multidisciplinarias. Tenemos que hacer y lograr una propuesta que
sea viable me gusta escuchar la solución que ha propuesto León
Roldós, es una vía pero a través de una consulta popular. (Texto
tomado de El Comercio)
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