Guayaquil. 19 may 2000. La Agencia debe justificar hasta mañana
que sigue como acusador. El caso ya ha tenido tres patrocinadores
estatales.
La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se durmió en el juicio
contra el ex banquero Fernando Aspiazu, por presuntas ilegalidades
en la administración del Banco del Progreso.
Si en 72 horas desde el miércoles tarde no justifica que sigue
actuando como acusadora del ex presidente del Banco y otros 14
sindicados en el proceso penal, la jueza décimo quinta de lo Penal
del Guayas, Silvia Orejuela, puede declarar que abandonó el caso.
En la última providencia del 17 de mayo, la Jueza agrega los
pedidos al proceso (que ya tiene 44 cuerpos) y notifica a la
Agencia de Garantía.
Si se declara abandono, el juicio continuará impulsado por el
Ministerio Fiscal, pero la AGD no podría seguir actuando como
acusadora particular.
El plazo se cumple a las 16:00 del sábado y, sobre todo los
abogados defensores de Aspiazu; Ernesto Balda, ex gerente del
Banco; Winston Izurieta, auditor interno, y Juan Orellana, quienes
están sindicados con orden de prisión preventiva, cuentan los
minutos a la espera de una resolución a su favor.
Según el argumento de los acusados, la AGD descontinuó la acción
penal por 30 días, por lo tanto, su tesis es que la Jueza debe
considerar el abandono de la acusación, como establece el artículo
46 del Código de Procedimiento Penal.
El 29 de febrero de este año, la Agencia presentó la acusación
particular sobre seis infracciones bancarias detectadas en el
Progreso, lo que arrojaba un déficit patrimonial de alrededor de 1
144 millones de dólares.
El 26, 27 y 28 de abril llegaron al Juzgado Décimo Quito cuatro
escritos que pondrían en duda la actuación de la AGD. Calixto
Bajaña, procurador judicial, Winston Izurieta, Aspiazu y Balda,
pidieron se "declare abandonada la acusación particular toda vez
que el acusador particular ha dejado de continuarla por más de 30
días... ".
El argumento es que Eduardo Guerreo Mórtola "dejó de ser apoderado
especial y procurador judicial del gerente general y representante
legal de la AGD y éste, como tal, representante legal del Banco
del Progreso S.A. en saneamiento, desde el 22 de marzo del 2000".
Guerrero dijo ayer a este Diario que no hay necesidad de un nuevo
poder porque él es apoderado de la gerencia general de la AGD y no
de una persona. Pero ayer se sorprendió del pedido de abandono de
los acusados.
El episodio actual tiene antecedentes en una confusa relación
entre la AGD y el abogado contratado como patrocinador del juicio,
Edmundo René Bodero, a quien Guerrero lo retiró del caso el 20 de
abril. Además, lo cuestionó en un escrito del 9 de mayo del 2000
cuando le insiste a la jueza Orejuela que fije nueva fecha y hora
para que rindan testimonio el gerente de la AGD y el propio
Guerrero.
"Lamentablemente mi ex patrocinador jamás me hizo conocer que
usted había dispuesto la comparencia del infrascrito y del señor
gerente general de la AGD a rendir nuestra pertinente declaración
dentro del proceso...". Esto originó un problema para Walter
Valarezo, gerente de la AGD en ese entonces, quien ha sido citado
a declarar en tres ocasiones. La última vez, la Jueza ordenó que
comparezca con la Fuerza Pública y ofició a la Policía para eso.
Es más, Bodero tiene otras observaciones: no asistió como abogado
de la AGD en una diligencia judicial del 18 de abril, porque
estuvo enfermo ya que la noche anterior llegó desde Nueva York,
según el justificativo que adjuntó al proceso.
La última participación de Bodero en el caso fue el 19 de abril a
las 16:00 al enviar tres recortes de diarios de las declaraciones
del Presidente de la República sobre los cuestionamientos a los
jueces. Y otro escrito solicitando un informe de las empresas
fantasmas que recibieron créditos vinculados en el Banco del
Progreso.
La AGD pagó al abogado entre 30 mil y 40 mil dólares por sus
servicios, según una fuente de la Agencia. Ayer este Diario
insistió en obtener la versión de Bodero pero su asistente expresó
que estaba en constantes reuniones, pero que había dejado el caso
por "las trincas en la AGD".
Temporalmente, del caso se hicieron cargo Roberto Robayo y Pedro
Valverde, asesores jurídicos de la entidad.
A la AGD le costó 21 días cubrir el hueco dejado por Bodero. Jorge
Blum, hijo de Maximiliano Blum, ex presidente de la Corte Superior
de Guayaquil, empezó a actuar como patrocinador desde el 11 de
mayo. Pero antes, el 27 de abril en libre ejercicio profesional
solicitó le remitieran fotocopias del proceso.
Blum sostiene que la causa sí se mantuvo porque Guerrero continuó
enviando escritos en las siguientes semanas. "Los artículos 50 y
55 del Código de Procedimiento Civil obligan a continuar como
Procurador a Guerrero. Además el 12 de abril Luis Villacís,
gerente de la AGD, le ratificó el poder".
Esta demanda se presentó después de una dilación de casi tres
semanas. El retraso tenía el antecedente en que el gerente de la
época Walter Valarezo, había pedido que la decisión de la demanda
sea una resolución del Directorio de la AGD, y no individual.
Además, no se ponían de acuerdo en el texto de la acusación,
porque había dudas de si se incluía también la responsabilidad de
los ex superintendentes de Bancos, José Morillo Battle y Jorge
Egas Peña, como presuntos cómplices.
Finalmente, esto no se incluyó porque faltaba completar la
investigación, según Guerrero.
El autocabeza de proceso lo inició la jueza Guadalupe Manrique en
ausencia de la titular, y sindicó con orden de prisión a los ex
funcionarios del Banco y representantes de la auditora Alvarado
Schaffer&Asociados.
No obstante, Silvia Orejuela levantó la orden de prisión de once
de ellos. Eduardo Guerrero calificó en uno de sus escritos que "no
ha aplicado la ley como lo debía. Y han quedado a un lado los de
cuello blanco".
Para el lunes está prevista la declaración de Ernesto Balda,
ampliando su testimonio del 5 de abril. El martes, a las 10:00, la
de Hernán Pérez Lousse, quien fue llamado por pedido de Eduardo
Guerrero. Pérez es fiduciario del fideicomiso The Progreso
Recapitalization Trust.
En esa ocasión, el mismo Guerrero, a través de Edmundo Bodero,
cuestionó a la funcionaria judicial porque no citaba a Hernán
Pérez Lousse. (Texto tomado de El Comercio)
que sigue como acusador. El caso ya ha tenido tres patrocinadores
estatales.
La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se durmió en el juicio
contra el ex banquero Fernando Aspiazu, por presuntas ilegalidades
en la administración del Banco del Progreso.
Si en 72 horas desde el miércoles tarde no justifica que sigue
actuando como acusadora del ex presidente del Banco y otros 14
sindicados en el proceso penal, la jueza décimo quinta de lo Penal
del Guayas, Silvia Orejuela, puede declarar que abandonó el caso.
En la última providencia del 17 de mayo, la Jueza agrega los
pedidos al proceso (que ya tiene 44 cuerpos) y notifica a la
Agencia de Garantía.
Si se declara abandono, el juicio continuará impulsado por el
Ministerio Fiscal, pero la AGD no podría seguir actuando como
acusadora particular.
El plazo se cumple a las 16:00 del sábado y, sobre todo los
abogados defensores de Aspiazu; Ernesto Balda, ex gerente del
Banco; Winston Izurieta, auditor interno, y Juan Orellana, quienes
están sindicados con orden de prisión preventiva, cuentan los
minutos a la espera de una resolución a su favor.
Según el argumento de los acusados, la AGD descontinuó la acción
penal por 30 días, por lo tanto, su tesis es que la Jueza debe
considerar el abandono de la acusación, como establece el artículo
46 del Código de Procedimiento Penal.
El 29 de febrero de este año, la Agencia presentó la acusación
particular sobre seis infracciones bancarias detectadas en el
Progreso, lo que arrojaba un déficit patrimonial de alrededor de 1
144 millones de dólares.
El 26, 27 y 28 de abril llegaron al Juzgado Décimo Quito cuatro
escritos que pondrían en duda la actuación de la AGD. Calixto
Bajaña, procurador judicial, Winston Izurieta, Aspiazu y Balda,
pidieron se "declare abandonada la acusación particular toda vez
que el acusador particular ha dejado de continuarla por más de 30
días... ".
El argumento es que Eduardo Guerreo Mórtola "dejó de ser apoderado
especial y procurador judicial del gerente general y representante
legal de la AGD y éste, como tal, representante legal del Banco
del Progreso S.A. en saneamiento, desde el 22 de marzo del 2000".
Guerrero dijo ayer a este Diario que no hay necesidad de un nuevo
poder porque él es apoderado de la gerencia general de la AGD y no
de una persona. Pero ayer se sorprendió del pedido de abandono de
los acusados.
El episodio actual tiene antecedentes en una confusa relación
entre la AGD y el abogado contratado como patrocinador del juicio,
Edmundo René Bodero, a quien Guerrero lo retiró del caso el 20 de
abril. Además, lo cuestionó en un escrito del 9 de mayo del 2000
cuando le insiste a la jueza Orejuela que fije nueva fecha y hora
para que rindan testimonio el gerente de la AGD y el propio
Guerrero.
"Lamentablemente mi ex patrocinador jamás me hizo conocer que
usted había dispuesto la comparencia del infrascrito y del señor
gerente general de la AGD a rendir nuestra pertinente declaración
dentro del proceso...". Esto originó un problema para Walter
Valarezo, gerente de la AGD en ese entonces, quien ha sido citado
a declarar en tres ocasiones. La última vez, la Jueza ordenó que
comparezca con la Fuerza Pública y ofició a la Policía para eso.
Es más, Bodero tiene otras observaciones: no asistió como abogado
de la AGD en una diligencia judicial del 18 de abril, porque
estuvo enfermo ya que la noche anterior llegó desde Nueva York,
según el justificativo que adjuntó al proceso.
La última participación de Bodero en el caso fue el 19 de abril a
las 16:00 al enviar tres recortes de diarios de las declaraciones
del Presidente de la República sobre los cuestionamientos a los
jueces. Y otro escrito solicitando un informe de las empresas
fantasmas que recibieron créditos vinculados en el Banco del
Progreso.
La AGD pagó al abogado entre 30 mil y 40 mil dólares por sus
servicios, según una fuente de la Agencia. Ayer este Diario
insistió en obtener la versión de Bodero pero su asistente expresó
que estaba en constantes reuniones, pero que había dejado el caso
por "las trincas en la AGD".
Temporalmente, del caso se hicieron cargo Roberto Robayo y Pedro
Valverde, asesores jurídicos de la entidad.
A la AGD le costó 21 días cubrir el hueco dejado por Bodero. Jorge
Blum, hijo de Maximiliano Blum, ex presidente de la Corte Superior
de Guayaquil, empezó a actuar como patrocinador desde el 11 de
mayo. Pero antes, el 27 de abril en libre ejercicio profesional
solicitó le remitieran fotocopias del proceso.
Blum sostiene que la causa sí se mantuvo porque Guerrero continuó
enviando escritos en las siguientes semanas. "Los artículos 50 y
55 del Código de Procedimiento Civil obligan a continuar como
Procurador a Guerrero. Además el 12 de abril Luis Villacís,
gerente de la AGD, le ratificó el poder".
Esta demanda se presentó después de una dilación de casi tres
semanas. El retraso tenía el antecedente en que el gerente de la
época Walter Valarezo, había pedido que la decisión de la demanda
sea una resolución del Directorio de la AGD, y no individual.
Además, no se ponían de acuerdo en el texto de la acusación,
porque había dudas de si se incluía también la responsabilidad de
los ex superintendentes de Bancos, José Morillo Battle y Jorge
Egas Peña, como presuntos cómplices.
Finalmente, esto no se incluyó porque faltaba completar la
investigación, según Guerrero.
El autocabeza de proceso lo inició la jueza Guadalupe Manrique en
ausencia de la titular, y sindicó con orden de prisión a los ex
funcionarios del Banco y representantes de la auditora Alvarado
Schaffer&Asociados.
No obstante, Silvia Orejuela levantó la orden de prisión de once
de ellos. Eduardo Guerrero calificó en uno de sus escritos que "no
ha aplicado la ley como lo debía. Y han quedado a un lado los de
cuello blanco".
Para el lunes está prevista la declaración de Ernesto Balda,
ampliando su testimonio del 5 de abril. El martes, a las 10:00, la
de Hernán Pérez Lousse, quien fue llamado por pedido de Eduardo
Guerrero. Pérez es fiduciario del fideicomiso The Progreso
Recapitalization Trust.
En esa ocasión, el mismo Guerrero, a través de Edmundo Bodero,
cuestionó a la funcionaria judicial porque no citaba a Hernán
Pérez Lousse. (Texto tomado de El Comercio)
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