Quito. 20 ago 99. La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) busca
recuperar la cartera vencida del Banco del Progreso. Así lo
expresó, ayer, el gerente general de esta entidad, Bruno Leone.
"El Banco del Progreso en saneamiento, dijo, efectuará todas las
acciones que le permitan ir recuperando los valores, que servirán
para garantizar los pagos que hace la AGD a los depositantes. El
administrador temporal determinó que la empresa SíTv. tenía unas
deudas impagas".
Según Leone esas deudas tienen dos garantías: una hipotecaria de
los edificios y otra prendaria de los equipos. El embargo de
estos bienes tiene como objetivo el cobrar créditos vencidos, no
quedarse con los bienes incautados. "La idea de la AGD no es
quedarse con un canal de televisión. La idea es administrarlo
eficientemente, y el momento que se pueda venderlo".
El monto de esta deuda, considerada vinculada, es de 6 600 000
de dólares. Pero no es la única que tendrá que cobrar. También
fueron demandadas Inmobiliaria Galaad por una deuda de 15 500
millones de sucres, Corporación de Servicios e Inversiones
Corposervi S.A. por 3 207 000 dólares y 13 074 204 000 sucres y
Constructorre S.A. 3 322 000 dólares y 71 700 000 000 sucres.
También están Gran Mercado de Valores por 1 250 000 dólares y 1
950 750 000 sucres y Trastamara por 104 400 225 000 sucres. De
ellas, SíTv. es calificada como empresa vinculada. Las otras,
vinculadas por presunción.
Mientras tanto, ayer a las 10:00, la AGD presentó en la Sala de
Sorteos de la Corte de Justicia de Guayaquil, un demanda por
presunta violación a la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero por parte de los ex administradores del Progreso.
Lo hizo Eduardo Guerrero Mórtola, apoderado especial y procurador
judicial de la AGD. La acusación particular contra el Banco del
Progreso (BP) cita a Fernando Aspiazu Seminario, presidente
ejecutivo, Winston Izurieta Delgado, auditor interno, Juan
Orellana Torres, contador general y Eduardo Cedeño, representante
legal del Banco del Progreso Limited como supuestos infractores
a Ley.
La demanda tiene los mismos sustentos legales que presentó la
Superintendencia de Bancos contra los estos funcionarios en el
Juzgado Séptimo de lo Penal del Guayas, en un proceso que podría
ser declarado nulo, como la misma AGD solicitó a la jueza
Angelita Albán de Angel.
Así, como una repetición del caso de la Empresa Eléctrica del
Ecuador (Emelec) y sus líos jurídicos con el Estado, los juicios
que enfrentan a Aspiazu Seminario con entidades del Gobierno por
presuntas irregularidades en la administración del BP, también
entran en marañas legales.
Aspiazu ha abierto varios frentes. Solo en Guayaquil mantiene dos
demandas contra el Superintendente de Bancos, el Directorio de
la AGD, los miembros de la Junta Bancaria, el administrador
temporal del Banco del Progreso y el Procurador del Estado. Una
en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la que exige
una indemnización por supuestas ilegalidades de actos
administrativos de esos funcionarios.
El otro es un amparo constitucional contra resoluciones de la
Junta Bancaria que puso en saneamiento a la institución, tras
rechazar un plan de capitalización.
Pero ahora, la reacción de la defensa de Aspiazu, es abogar por
la ilegalidad del nuevo juicio propuesto por la AGD. A decir de
Gutemberg Vera, abogado defensor de Aspiazu en este caso, eso "es
absurdo, ya que no se puede juzgar dos veces a las mismas
personas por un mismo hecho".
Anticipó que hoy estará presente en la Sala de Sorteos para
solicitar al juzgado asignado que envíe la acusación de Guerrero
al noveno piso en el Juzgado Séptimo. Pero eso solo sería posible
siempre y cuando Albán no acoja el pedido de nulidad propuesto
por la AGD.
Los 3 supuestos delitos cometidos
A decir de la parte acusadora por lo menos tres delitos
cometieron los funcionarios del BP. El primero: ocultamiento y
falsedad de información, que está tipificado en el artículo 131
de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y
sanciona con pena de seis meses a dos años al director,
administrador, funcionario o empleado por declaraciones falsas
de las operaciones de la entidad. La falta fue no registrar las
operaciones del Banco del Progreso Ltd. en 1997 y 1998 y
acumularlo en un depósito por USD 380 millones de 13 800 clientes
luego del 2 de marzo cuando nadie depositaba.
La segunda infracción es el peculado bancario. Según la auditoría
de Deloitte & Touche son 5 billones 7 mil quinientos veintidós
millones de sucres que se convirtieron en pagarés firmados por
las empresas de Aspiazu, que en su mayoría son de papel, es
decir, solo existen en la escritura. Este delito podría
sancionarse, según el artículo 257 del Código Penal, de 4 a 8
años de reclusión.
El tercero es por "falsificación de instrumento bancario" que
según el Código Penal castiga con reclusión de 6 a 9 años. Aquí
está la trasferencia de bonos Brady PDI del Banco del Progreso
Ltd. al fideicomiso The Latin American Fixed Income Portfolio
Trust sin dejar evidencias.
Emelec: un nuevo plazo en EE.UU.
El procurador general del Estado, José Ramón Jiménez, informó
sobre los resultados de su viaje a Estados Unidos, con motivo de
conocer los pormenores de la demanda presentada por la Empresa
de Electrificación Inc. (Emelec) contra el Estado,
El Procurador se reunió con dos grupos de abogados
norteamericanos. Después de esto se seleccionó a la firma Baker
and Mackenzie, quienes cobrarán un máximo de 50 mil dólares, en
caso que se logre que la Corte deseche la demanda.
Jiménez en su visita hizo un primer depósito de 15 mil dólares.
La estrategia será solicitar al Juez que lleva el juicio que
deseche la demanda por carecer de competencia y jurisdicción.
Además, estima que en tres meses se podría conocer la decisión
del juez, respecto a que si tiene competencia para conocer el
juicio.
"Hemos ganado una primera batalla, ya que la Corte concedió una
prorroga, hasta el 30 de septiembre, para que el Estado presente
sus puntos de vista y los documentos sobre la demanda".
La Empresa de Electrificación Emelec Inc. de la cual el mayor
accionista es Fernando Aspiazu, presentó una millonaria demanda
contra el Estado ecuatoriano en julio de este año. Se lo hizo en
una corte de Washington D.C., en los Estados Unidos.
El juicio fue interpuesto según el Procurador General por la
situación que existe al momento en relación a Emelec, Banco del
Progreso y demás empresas que del grupo Aspiazu, con la intención
de obtener una sentencia que les beneficie.
El objeto del laudo de 1992 determinó el justo precio que debía
pagar el Estado ecuatoriano por la adquisición de Emelec, en caso
que el primero adquiriese dicha compañía. También se determinaron
varios mecanismos para efectos de que el Estado no adquiriese
dicha empresa. Esto se refiere a ciertos pagos que debían
realizarse mutuamente.
El hecho de que la demanda haya sido presentada en Estados Unidos
tiene dos razones: la ley en el estado de Virginia le permite
reactivar un juicio. "En nombre, dijo el Procurador, es una
compañía americana, pero en la práctica es ecuatoriana, ya que
solo aquí ha hecho negocios". (Texto tomado de El Comercio)
recuperar la cartera vencida del Banco del Progreso. Así lo
expresó, ayer, el gerente general de esta entidad, Bruno Leone.
"El Banco del Progreso en saneamiento, dijo, efectuará todas las
acciones que le permitan ir recuperando los valores, que servirán
para garantizar los pagos que hace la AGD a los depositantes. El
administrador temporal determinó que la empresa SíTv. tenía unas
deudas impagas".
Según Leone esas deudas tienen dos garantías: una hipotecaria de
los edificios y otra prendaria de los equipos. El embargo de
estos bienes tiene como objetivo el cobrar créditos vencidos, no
quedarse con los bienes incautados. "La idea de la AGD no es
quedarse con un canal de televisión. La idea es administrarlo
eficientemente, y el momento que se pueda venderlo".
El monto de esta deuda, considerada vinculada, es de 6 600 000
de dólares. Pero no es la única que tendrá que cobrar. También
fueron demandadas Inmobiliaria Galaad por una deuda de 15 500
millones de sucres, Corporación de Servicios e Inversiones
Corposervi S.A. por 3 207 000 dólares y 13 074 204 000 sucres y
Constructorre S.A. 3 322 000 dólares y 71 700 000 000 sucres.
También están Gran Mercado de Valores por 1 250 000 dólares y 1
950 750 000 sucres y Trastamara por 104 400 225 000 sucres. De
ellas, SíTv. es calificada como empresa vinculada. Las otras,
vinculadas por presunción.
Mientras tanto, ayer a las 10:00, la AGD presentó en la Sala de
Sorteos de la Corte de Justicia de Guayaquil, un demanda por
presunta violación a la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero por parte de los ex administradores del Progreso.
Lo hizo Eduardo Guerrero Mórtola, apoderado especial y procurador
judicial de la AGD. La acusación particular contra el Banco del
Progreso (BP) cita a Fernando Aspiazu Seminario, presidente
ejecutivo, Winston Izurieta Delgado, auditor interno, Juan
Orellana Torres, contador general y Eduardo Cedeño, representante
legal del Banco del Progreso Limited como supuestos infractores
a Ley.
La demanda tiene los mismos sustentos legales que presentó la
Superintendencia de Bancos contra los estos funcionarios en el
Juzgado Séptimo de lo Penal del Guayas, en un proceso que podría
ser declarado nulo, como la misma AGD solicitó a la jueza
Angelita Albán de Angel.
Así, como una repetición del caso de la Empresa Eléctrica del
Ecuador (Emelec) y sus líos jurídicos con el Estado, los juicios
que enfrentan a Aspiazu Seminario con entidades del Gobierno por
presuntas irregularidades en la administración del BP, también
entran en marañas legales.
Aspiazu ha abierto varios frentes. Solo en Guayaquil mantiene dos
demandas contra el Superintendente de Bancos, el Directorio de
la AGD, los miembros de la Junta Bancaria, el administrador
temporal del Banco del Progreso y el Procurador del Estado. Una
en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la que exige
una indemnización por supuestas ilegalidades de actos
administrativos de esos funcionarios.
El otro es un amparo constitucional contra resoluciones de la
Junta Bancaria que puso en saneamiento a la institución, tras
rechazar un plan de capitalización.
Pero ahora, la reacción de la defensa de Aspiazu, es abogar por
la ilegalidad del nuevo juicio propuesto por la AGD. A decir de
Gutemberg Vera, abogado defensor de Aspiazu en este caso, eso "es
absurdo, ya que no se puede juzgar dos veces a las mismas
personas por un mismo hecho".
Anticipó que hoy estará presente en la Sala de Sorteos para
solicitar al juzgado asignado que envíe la acusación de Guerrero
al noveno piso en el Juzgado Séptimo. Pero eso solo sería posible
siempre y cuando Albán no acoja el pedido de nulidad propuesto
por la AGD.
Los 3 supuestos delitos cometidos
A decir de la parte acusadora por lo menos tres delitos
cometieron los funcionarios del BP. El primero: ocultamiento y
falsedad de información, que está tipificado en el artículo 131
de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y
sanciona con pena de seis meses a dos años al director,
administrador, funcionario o empleado por declaraciones falsas
de las operaciones de la entidad. La falta fue no registrar las
operaciones del Banco del Progreso Ltd. en 1997 y 1998 y
acumularlo en un depósito por USD 380 millones de 13 800 clientes
luego del 2 de marzo cuando nadie depositaba.
La segunda infracción es el peculado bancario. Según la auditoría
de Deloitte & Touche son 5 billones 7 mil quinientos veintidós
millones de sucres que se convirtieron en pagarés firmados por
las empresas de Aspiazu, que en su mayoría son de papel, es
decir, solo existen en la escritura. Este delito podría
sancionarse, según el artículo 257 del Código Penal, de 4 a 8
años de reclusión.
El tercero es por "falsificación de instrumento bancario" que
según el Código Penal castiga con reclusión de 6 a 9 años. Aquí
está la trasferencia de bonos Brady PDI del Banco del Progreso
Ltd. al fideicomiso The Latin American Fixed Income Portfolio
Trust sin dejar evidencias.
Emelec: un nuevo plazo en EE.UU.
El procurador general del Estado, José Ramón Jiménez, informó
sobre los resultados de su viaje a Estados Unidos, con motivo de
conocer los pormenores de la demanda presentada por la Empresa
de Electrificación Inc. (Emelec) contra el Estado,
El Procurador se reunió con dos grupos de abogados
norteamericanos. Después de esto se seleccionó a la firma Baker
and Mackenzie, quienes cobrarán un máximo de 50 mil dólares, en
caso que se logre que la Corte deseche la demanda.
Jiménez en su visita hizo un primer depósito de 15 mil dólares.
La estrategia será solicitar al Juez que lleva el juicio que
deseche la demanda por carecer de competencia y jurisdicción.
Además, estima que en tres meses se podría conocer la decisión
del juez, respecto a que si tiene competencia para conocer el
juicio.
"Hemos ganado una primera batalla, ya que la Corte concedió una
prorroga, hasta el 30 de septiembre, para que el Estado presente
sus puntos de vista y los documentos sobre la demanda".
La Empresa de Electrificación Emelec Inc. de la cual el mayor
accionista es Fernando Aspiazu, presentó una millonaria demanda
contra el Estado ecuatoriano en julio de este año. Se lo hizo en
una corte de Washington D.C., en los Estados Unidos.
El juicio fue interpuesto según el Procurador General por la
situación que existe al momento en relación a Emelec, Banco del
Progreso y demás empresas que del grupo Aspiazu, con la intención
de obtener una sentencia que les beneficie.
El objeto del laudo de 1992 determinó el justo precio que debía
pagar el Estado ecuatoriano por la adquisición de Emelec, en caso
que el primero adquiriese dicha compañía. También se determinaron
varios mecanismos para efectos de que el Estado no adquiriese
dicha empresa. Esto se refiere a ciertos pagos que debían
realizarse mutuamente.
El hecho de que la demanda haya sido presentada en Estados Unidos
tiene dos razones: la ley en el estado de Virginia le permite
reactivar un juicio. "En nombre, dijo el Procurador, es una
compañía americana, pero en la práctica es ecuatoriana, ya que
solo aquí ha hecho negocios". (Texto tomado de El Comercio)
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