Quito. 12.11.94. Varias observaciones a los sistemas judicial y
penitenciario, y a política de medio ambiente realizó al Estado
ecuatoriano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA, que concluyó ayer la visita de una semana con el objeto de
estudiar la situación de los derechos humanos en el país.

Durante esta semana la Comisión se reunió con los presidentes de
las tres funciones del Estado, varios ministros, el fiscal de la
Nación, visitaron centros de rehabilitación social, se reunió con
representantes de los organismos de derechos humanos, dirigentes
indígenas, organismos no gubernamentales. También recibió a
familiares de detenidos y de desaparecidos.

Al término de la visita, el primer vicepresidente de la Comisión
Interamericana, Alvaro Tirado, informó a los medios de
comunicación sobre las observaciones y contactos realizados en
estos días de intensa actividad.

En el plano judicial, La Comisión considera que el Estado
ecuatoriano ha violado el principio según el cual una persona se
presume inocente mientras no se haya probado su culpabilidad, al
privar a las personas de su libertad sin observar el debido
proceso legal, consagrado en la Convención Americana.

De acuerdo con la Convención Americana, ratificada por el
Ecuador, los jueces tienen la obligación de procesar y juzgar con
celeridad a las personas acusadas, o de lo contrario decretar su
libertad.

Los comisionados comprobaron que en el país existe una "excesiva
demora" en el juzgamiento de las personas detenidas, así como la
ausencia de un adecuado sistema de libertad bajo fianza, "más del
50% de la población carcelaria permanece detenida durante
períodos excesivamente prolongados de tiempo sin que se determine
su culpabilidad o inocencia mediante una sentencia judicial".

El informe señala que el problema del Poder Judicial trasciende
el derecho penal, pues la Comisión ha recibido información de
demoras prolongadas en casos sobre derecho de propiedad y en los
relacionados con los derechos de las poblaciones indígenas.

También recibió numerosas denuncias de corrupción al interior del
Poder Judicial, todo lo cual se traduce en una desconfianza
generalizada en la justicia ecuatoriana, por lo que la Comisión
Interamericana considera que el Estado debe propiciar cuanto
antes la modificación de la Ley Orgánica de la Función Judicial.

Centros penitenciarios

Durante las visitas a los centros penitenciarios, la Comisión
constató que existe, en la mayoría de ellos, un número de
internos muy superior a la capacidad con que cuentan esos
centros.

La cárcel de mujeres de Guayaquil, por ejemplo, posee capacidad
para 80 internas y en la actualidad se encuentran alojadas 209
internas, además de 70 niños que permanecen encerrados con sus
respectivas madres ante la imposibilidad de ser custodiados por
otros familiares.

Pobladores de las provincias se quejaron ante la Comisión
respecto de la existencia de grupos organizados de delincuentes
que operan en áreas rurales con la aparente aquiescencia de las
autoridades locales.

Contaminación del medio ambiente

La Comisión instó al Gobierno a remediar con carácter urgente el
problema de la contaminación los ríos del Oriente. Tras visitar
cinco lugares en esa zona del país, los comisionados observaron
que se vaciaba agua altamente contaminada en un río, en las
instalaciones de Petroecuador en Shushufindi Norte.

"Si se considera que habrían más de 200 piscinas en el país y
solamente 30 de ellas han sido purificadas, la proporción de
piscinas contaminadas es alarmante", señala el informe.

En la medida en que el agua afecta adversamente la vida y la
salud, la inacción gubernamental podría constituir una violación
del Art. 4 de la Convención, de ahí que tanto el Estado como las
empresas encargadas de la explotación podrían resultar
responsables como consecuencia de estas anomalías.

Decreto de Emergencia

El gobierno ecuatoriano no ha cumplido con el requisito de
informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA las ocasiones que ha declarado la vigencia del estado de
emergencia en el país, con lo que ha pasado por alto lo previsto
en el artículo 27 de la Convención Americana.

Conforme a lo indicado, en ningún caso el Estado puede suspender
las garantías fundamentales "ni las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos", por lo que
los agentes del Estado que cometieren abusos amparados en el
decreto de emergencia deben ser objeto de juzgamiento.

Minorías

Representantes de minorías religiosas expresaron a la Comisión su
preocupación con respecto al proyecto de legislación mediante el
cual se impartiría instrucción religiosa que no corresponde a la
fe que esas minorías profesan.

También se reunió con representantes de varios grupos de
poblaciones indígenas, así como con representantes de la
Federación Afro-Ecuatoriana. "Las cuestiones de derechos humanos
planteadas en los reclamos de las poblaciones indígenas son
complejas", según el informe.

La Comisión felicitó al gobierno por la creación de la Secretaría
de Asuntos Indígenas a nivel de secretaría de Estado y considera
que es un paso importante, así como también expresó su
reconocimiento por las facilidades concedidas para realizar sus
actividades.

¿TENEMOS UN SISTEMA IMPARCIAL?

De conformidad con la Convención Americana, los habitantes de los
Estados partes en la Convención -como el Ecuador- tienen derecho
a un sistema judicial imparcial e independiente. El artículo 25
de la Convención establece:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso.

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes,
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que
visitó el país, concluyó su observación "con ciertas dudas"
acerca del cumplimiento del Estado ecuatoriano con esa
obligación.

Otro aspecto relacionado con el problema judicial es el de la
falta de defensa de muchos acusados. La Corte Interamericana de
DDHH considera que se trata de un caso de derecho fundamental.

La Comisión recibió quejas de muchos acusados que no han podido
contar con el patrocinio de abogados y ha sido informada de que
en la jurisdicción de Quito solo existen cuatro defensores
públicos. (6A)
EXPLORED
en Ciudad N/D

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