Las organizaciones creadas para garantizar la seguridad de algunas zonas del país, según varias denuncias, se están
extralimitando en sus obligaciones al violar los derechos humanos, atribuirse la condición de jueces y usurpar funciones de otras autoridades. En Tungurahua ya se solicitó su suspensión hasta que se defina el marco legal y campo de acción.
Para los juristas, estas entidades no tienen respaldo legal para que funcionen y actúen como grupos privados de seguridad
Segundo Guanoluisa prefiere no hablar con la prensa luego de los amargos días que pasó retenido en alguna comunidad del cantón Guano. Él fue capturado el pasado 27 de abril y no fue sino hasta el 14 de mayo que volvió a ver a su familia. Su delito: no pagar una deuda a un miembro de las denominadas Juntas Campesinas.
El tema no es nuevo. Desde el año 2001 se han reportado alrededor de 12 retenciones por parte de estas organizaciones.
Y hay una "novedad": el sistema colombiano del "boleteo" (convocar, mediante carta, a una persona para "rendir cuentas" a las Juntas) es utilizado por estas organizaciones. Por ejemplo, la Central de Juntas de Campesinado del cantón Quero, a finales del año pasado, envió a un campesino de esa zona un oficio donde le pedía asistir a la sesión "a fin de que responda (por los) cargos formulados en su contra por parte del señor...". Luego añade: "Caso contrario tomaremos nuestros procedimientos". (Se omiten los nombres de los convocados y los demandantes por seguridad de los involucrados).
Las Juntas Campesinas no son una obra de la casualidad. En los años sesenta, Guambalo una comunidad del cantón Quero, en la provincia de Tungurahua, era acosada por al cuatrerismo y la violación de mujeres. El sacerdote del lugar, Luis Aníbal Navas, organizó a los campesinos para proteger la integridad física de los pobladores y sus propiedades. Ahora, el sector está libre de la delincuencia y ese ejemplo fue seguido en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Los Ríos y Esmeraldas. Según sus dirigentes, cuentan con 20 mil miembros activos.
Pero, según testimonios de campesinos y varios juristas, además del control delincuencial, las Juntas Campesinas son tribunales de justicia privada. Ahí se procesan "juicios" por conflictos de tierra, divorcios, herencias y hasta infidelidades.
Las Juntas se apoyan en un Decreto Ejecutivo emitido el 10 de octubre de 1966 por el ex presidente Clemente Yerovi, en donde se aprueban los estatutos de las Federación de Juntas de Defensa del Campesinado del Tungurahua para la protección de la propiedad privada y en el artículo 59 la Ley de Mediación y Arbitraje, que señala que "las comunidades indígenas podrán establecer centros de mediación".
Según Carlos Zambrano, de la Central de las Juntas del Campesinado de Quero, la función es velar por la paz y la tranquilidad de la gente: "Defendemos a la gente marginada, velamos para que no haya delincuencia".
Pero la actuación de las juntas tiene detractores en las mismas comunidades. Julio Montero, de la Comunidad Chocaví Central, señala que existen abusos, "a veces se propasan, a la gente se le castiga y no hay unos buenos arreglos". Montero dice haber sido testigo de varios juicios, "en el conflicto de herencias no hay un buen arreglo. Se ponen de acuerdo y a los culpables se les latiguea".
El ministro distrital fiscal de Chimborazo, Juan Rivera, señala que en esta dependencia existen algunas causas en contra de dirigentes de las Juntas Campesinas por los plagios, "queremos en forma definitiva buscar una solución a estos problemas".
Para el jurista especializado en temas indígenas, Pablo Sarzosa, estas organizaciones no tienen nada que ver con la justicia indígena que propugna la Constitución en el artículo 191. "Esto es ejercer, con el poder físico, un servicio de justicia privada bajo la amenaza, la coerción y la violencia", comenta.
En la misma postura se expresa Luis Andrango, director nacional de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Dinapin), entidad adscrita a la Defensoría del Pueblo: "Hay una tergiversación de los derechos colectivos de los indígenas. Las Juntas Campesinas se salen de la ley y, con cierta complicidad, quizá por temor, las autoridades cumplen con lo que ellos dicen".
De hecho, en Tungurahua, el 8 de abril pasado, las principales autoridades (Gobernación, Policía, Corte Superior de Justicia, Colegio de Abogados y las organizaciones de derechos humanos), solicitaron al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, suprimir temporalmente las Juntas Campesinas, para iniciar un proceso de capacitación y formación, "con el fin de verificar la constitución y funcionamiento de acuerdo con las normas legales vigentes".
En Tungurahua hay varias denuncias por la acción de las Juntas Campesinas contra autoridades de la Fiscalía, los defensores de los derechos humanos, de las organizaciones indígenas y, fundamentalmente, a los campesinos pobres.
Incluso, Amnistía Internacional (AI) ya ha puesto sus ojos en el tema a propósito de un hecho ocurrido el mayo de 2003. Según la entidad con sede en Londres, 300 personas, integrantes de las Juntas Anticuatreras (ligadas a las campesinas) "armados de látigos y armas de fuego, amedrentaron a dos ciudadanos en Echandía, provincia de Bolívar". El fiscal que sigue el caso vive bajo protección policial.
La Fiscalía General de la Nación no ha respondido a AI por las acciones que debería tomar para evitar este tipo de delitos. (OP/JP)
ENTREVISTA
"Nosotros estamos en contra de los malos vicios"
El dirigente nacional de las Juntas Campesinas dice que preparan varios proyectos para regular legalmente su actividad. Califica de delincuentes y resentidos a quienes han denunciado agresiones físicas y violación de derechos humanos. Y señala que se encuentra en una etapa de "revolución, de ideas y de pensamiento", pero que no se plantea el uso de la fuerza ni de las armas en su accionar
¿Ustedes perdieron la confianza en la administración de la justicia formal y por eso la ejercen a través de las Juntas Campesinas?
Más de un 90% de las personas han perdido esa confianza. Las leyes son claras y transparentes, pero quienes administran justicia, con muy pocas excepciones, son los que se equivocan hasta cierto punto a propósito con premeditación y alevosía. Nadie está libre hoy en día, menos los campesinos. Es una novedad que haya honrados y no ladrones. Hoy más fácil ser corrupto que correcto.
¿Se ha dicho que en sus acciones se utiliza la violencia?
Cada quien las interpreta a su conveniencia. Somos mal vistos por la gente a la que no le gusta andar correctamente. Nos tiene sin cuidado lo que digan porque hay un Dios y nuestra conciencia es transparente. Lo que pasa es que, donde no hay Junta de Defensa del Campesinado, cada quien hace lo que le da la gana, pero donde una de ellas se forma, las personas se autoeducan y autodisciplinan.
¿Las retenciones que se hacen para algunas personas son consideradas plagios?
Son cosas diferentes. Hay ciudadanos que quieren sorprendernos a nosotros; el mañoso ha venido a refugiarse en las Juntas. Al averiguar el asunto, confrontando a las partes, vemos que quien vino por lana sale trasquilado. Automáticamente, el deudor que quiso sorprendernos tiene que pagar, sino no sale. Tiene que pagar la deuda, sin intereses, para salir.
¿Hay varias denuncias de que ustedes aplican castigos físicos?
En ningún momento. Nosotros somos respetuosos de eso. Lo que pasa es que cuando se hacen los arreglos entre las dos partes, se elabora un acta de respeto mutuo y ellos mismos se condicionan con sanciones de multas y castigos. Si infringen ese acuerdo, los dirigentes acatan los que han resuelto las partes.
¿Y han resuelto que se castigue con azotes?
No, jamás. Hay gente que quiere hacernos quedar mal.
¿Se ha dicho que en algún momento ustedes podrían tomar las armas?
No, nosotros aceptamos que nos digan revolucionarios, porque estamos en una etapa de revolución de ideas, de pensamiento, mas no vamos a aceptar que se nos tache de ser sanguinarios. Lo que en realidad estamos haciendo es ir en contra de los malos vicios de las personas.
¿Ustedes proponen una reforma legal para que el artículo 191 de la Constitución tenga una aplicación práctica y legal para las Juntas Campesinas?
Estamos sistematizando esos proyectos y vamos a ir al Congreso. Tenemos que pedir que se reglamenten nuestras acciones como Juntas.
¿Qué autoridades los apoyan?
Muchas. No podemos dar nombres porque hoy en día a esas autoridades las asedian, les dicen que son revolucionarios y agitadores. Hay que tener cuidado, porque hoy no respetan la honra ajena, la denigran.
¿Usted es un hombre amenazado?
Me intentaron asesinar. Hace dos años me acribillaron a tiros en el cantón Quero. He tenido varios atentados pero he de morir el día, no la víspera.
En Amnistía Internacional y en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos existen varias denuncias sobre las actuaciones de la Junta que violan los derechos humanos.
Se conoce que han hecho los resentidos y los delincuentes, prácticamente los que han perjudicado a muchas personas, unas denuncias ficticias. (JP)
EL DIRIGENTE
Raúl Bayas, de 40 años, es agricultor. Estudió la primaria en la Escuela Mariano Castillo. Está casado y tiene dos hijos. Se inició en la dirigencia como presidente de la Junta del Campesinado de Shaushi, en donde vive.
Fue secretario de las Juntas de Tungurahua y actualmente es presidente de la Confederación Nacional de Juntas del Campesinado y secretario de Finanzas del Movimiento Campesino de Quero. Fue también secretario de Cabildos.
De niño dice recordar cómo los cuatreros robaban a los campesinos del sector. "Los animales amanecían en las casas, mientras que los propietarios en los pasillos", dice. (JP)
El "boleteo" ya es una práctica regular en varias provincias
Algunas personas de las Juntas han denunciado que se les utiliza para mitines políticos
"La justicia la hacemos viendo quién tiene la razón. Con los doctores de Derecho es un trámite largo y posiblemente el que tiene más plata sale favorecido y el que debe tener el derecho sale perdido", explica Marco Cuello, dirigente de la Junta del Campesinado, para justificar la presencia de esa organización en su comunidad, San Isidro de Patulú.
Según Cuello, el procedimiento que se sigue en cada una de las comunidades es: se realiza una reunión y se pone al frente a cada una de las partes en litigio, "como conocemos quiénes son los problemáticos se hace justicia y se le da razón al que la tiene". Para él no hace falta testigos, "porque se hace largo el trámite". Finalmente se firma un acta y, si es del caso, se cobra una multa. Si los comuneros lo consideran, el culpable deberá permanecer 24 horas detenido.
En la "práctica judicial" de la Junta del Campesinado existen procedimientos como el girar una boleta de comparecencia, "si no se acercan luego de dos boletas, se procede a la retención, para que se arregle el caso". En Colombia es conocido como "boleteo".
Los castigos físicos son otra opción para castigar a los culpables. Carlos Zambrano, presidente de la Comunidad Asaco, en Guano, señala que las retenciones proceden hasta que, por ejemplo, un deudor devuelva el dinero, "si es pícaro, también tiene que sufrir una paliza, porque ellos a nosotros no nos gustan".
Rodrigo Silva, de la Asociación Nacional de Juntas del Campesinado, que propugna la salida pacífica a estos conflictos, narra cómo fue testigo de un linchamiento en la comunidad Lliguinde: "Como yo soy presidente de la organización de San Isidro, me quisieron probar a ver si yo latigueo a alguien. Cogí el látigo pero solo para indicarle que es el papá quien debe reprender a su hijo". Silva señala que los plagiados son llevados a comunidades lejanas, "aquí deben actuar las autoridades, el gobernador y el jefe político".
Las juntas también se encargan de patrullar cada una de sus jurisdicciones para el control de antisociales o cuatreros.
Lo que señalan quienes se oponen a estas organizaciones, es que no son solo de defensa y seguridad, sino que también han caído en el juego político apoyando a algunos partidos y participando en las marchas organizadas, en Quito, a favor del presidente Lucio Gutiérrez. (OP/JP).
LOS CASOS
"Me taparon boca y ojos; luego me pusieron en un hueco"
Rosa N., comerciante de 36 años, fue secuestrada este año por la Junta del Campesinado. Ella fue capturada un jueves y no fue sino hasta el sábado que fue juzgada por una asamblea.
"Me llevaron en una camioneta, tapándome la boca y los ojos. Luego al llegar a la comunidad me pusieron en un hueco a oscuras. Para mí es muy duro, no quisiera que a nadie le pasara algo como esto".
Esta mujer mantuvo un litigio con su ex marido por los bienes adquiridos durante su matrimonio. El insistía en llevarse la mejor parte. Rosa N. cuenta que "tenían unos cabos y unos alambres de luz y me decían que si me portaba mal con eso me darían". Y comenta que ninguna autoridad puede intervenir, "ni la familia ni un hijo puede a uno verle. Si averiguaban dónde estaba me hubieran cambiado a otro lado".
La mujer dice haber conocido otros casos en los cuales a las víctimas se las baña o se las latiguea.
La vida de Rosa cambió desde este dolorosa experiencia.
"Tuve que ir a ver sicólogos; estoy amenazada por haber denunciado este caso a Fiscalía", explica. Ahora mantiene a sus cinco hijos sin ayuda de su ex marido, quien se llevó gran parte del patrimonio familiar. (JP)
"Tuve que ceder mi patrimonio familiar para evitar el castigo"
El 25 de marzo, a las 19:30, en la salida del mercado mayorista de Riobamba, María Cusquillo Guaranga fue plagiada por varios miembros de la Junta Campesina. Según una denuncia presentada el 23 de abril de 2003, Cusquillo señala que fue traslada a una celda en la Comunidad de Valparaíso, en Guano.
Los plagiadores le habrían dicho: "Ahora tienes que devolver todo, arreglar los bienes con tu marido y si no arreglas no sales de aquí".
Cusquillo estaba casada con Claudio Solórzano Hidalgo, de quien se divorció. Sin embargo, mantenía un conflicto por la repartición de bienes.
El sábado 27 de marzo, según Cusquillo, se dio una asamblea de juzgamiento, "en donde estuvieron presentes el comisario del cantón Guano, el teniente político... Me gritaban: nosotros hacemos justicia, no hay ley ni autoridad que nos contradiga, los jueces y fiscales conocen de nuestros actos y nos apoyan. Si no arregla no saldrá de aquí".
Al final, Cusquillo accedió a ceder todos los bienes a su ex cónyuge. El Ministerio Fiscal de la provincia de Chimborazo inició la indagación previa Nº 55 para investigar estos hechos. (JP)
Dos marchas que terminaron con la detención de 97 personas
El 26 de abril de este año, a las 12:30, Segundo Guanoluisa fue detenido por miembros de la Policía de Cuenca en el barrio Santa Marianita de esa ciudad. Sobre él pesaba un boleta de comparecencia inmediata emitida por el Comisario de Guano, Edgar Montero. El 27, Guanoluisa llegó a la ciudad de Guano custodiado por un policía y fue entregado a Montero. A las 08:00 se realizó una audiencia en la que se explicó que su detención obedeció a una deuda con Walter Guerrero, miembro de la Junta del Campesinado.
A pesar de que se llegó a un acuerdo con la firma de una letra de cambio por $9 000, Guanoluisa fue secuestrado hasta el 14 de mayo, fecha en la cual fue liberado. El caso causó un verdadero escándalo en Riobamba, que incluso terminó con el plagio y la posterior liberación de Jenny Ramos, una funcionaría de la Fiscalía de Chimborazo. Esta fue una medida de presión para lograr la liberación de Edgar Montero por su presunta participación en el plagio de Guanoluisa.
Se efectuaron dos marchas que terminaron en violencia y la detención de 97 personas, muchas de ellas, según su propia confesión, pertenecientes a la Junta del Campesinado. (JP) (BLANCO Y NEGRO)
extralimitando en sus obligaciones al violar los derechos humanos, atribuirse la condición de jueces y usurpar funciones de otras autoridades. En Tungurahua ya se solicitó su suspensión hasta que se defina el marco legal y campo de acción.
Para los juristas, estas entidades no tienen respaldo legal para que funcionen y actúen como grupos privados de seguridad
Segundo Guanoluisa prefiere no hablar con la prensa luego de los amargos días que pasó retenido en alguna comunidad del cantón Guano. Él fue capturado el pasado 27 de abril y no fue sino hasta el 14 de mayo que volvió a ver a su familia. Su delito: no pagar una deuda a un miembro de las denominadas Juntas Campesinas.
El tema no es nuevo. Desde el año 2001 se han reportado alrededor de 12 retenciones por parte de estas organizaciones.
Y hay una "novedad": el sistema colombiano del "boleteo" (convocar, mediante carta, a una persona para "rendir cuentas" a las Juntas) es utilizado por estas organizaciones. Por ejemplo, la Central de Juntas de Campesinado del cantón Quero, a finales del año pasado, envió a un campesino de esa zona un oficio donde le pedía asistir a la sesión "a fin de que responda (por los) cargos formulados en su contra por parte del señor...". Luego añade: "Caso contrario tomaremos nuestros procedimientos". (Se omiten los nombres de los convocados y los demandantes por seguridad de los involucrados).
Las Juntas Campesinas no son una obra de la casualidad. En los años sesenta, Guambalo una comunidad del cantón Quero, en la provincia de Tungurahua, era acosada por al cuatrerismo y la violación de mujeres. El sacerdote del lugar, Luis Aníbal Navas, organizó a los campesinos para proteger la integridad física de los pobladores y sus propiedades. Ahora, el sector está libre de la delincuencia y ese ejemplo fue seguido en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Los Ríos y Esmeraldas. Según sus dirigentes, cuentan con 20 mil miembros activos.
Pero, según testimonios de campesinos y varios juristas, además del control delincuencial, las Juntas Campesinas son tribunales de justicia privada. Ahí se procesan "juicios" por conflictos de tierra, divorcios, herencias y hasta infidelidades.
Las Juntas se apoyan en un Decreto Ejecutivo emitido el 10 de octubre de 1966 por el ex presidente Clemente Yerovi, en donde se aprueban los estatutos de las Federación de Juntas de Defensa del Campesinado del Tungurahua para la protección de la propiedad privada y en el artículo 59 la Ley de Mediación y Arbitraje, que señala que "las comunidades indígenas podrán establecer centros de mediación".
Según Carlos Zambrano, de la Central de las Juntas del Campesinado de Quero, la función es velar por la paz y la tranquilidad de la gente: "Defendemos a la gente marginada, velamos para que no haya delincuencia".
Pero la actuación de las juntas tiene detractores en las mismas comunidades. Julio Montero, de la Comunidad Chocaví Central, señala que existen abusos, "a veces se propasan, a la gente se le castiga y no hay unos buenos arreglos". Montero dice haber sido testigo de varios juicios, "en el conflicto de herencias no hay un buen arreglo. Se ponen de acuerdo y a los culpables se les latiguea".
El ministro distrital fiscal de Chimborazo, Juan Rivera, señala que en esta dependencia existen algunas causas en contra de dirigentes de las Juntas Campesinas por los plagios, "queremos en forma definitiva buscar una solución a estos problemas".
Para el jurista especializado en temas indígenas, Pablo Sarzosa, estas organizaciones no tienen nada que ver con la justicia indígena que propugna la Constitución en el artículo 191. "Esto es ejercer, con el poder físico, un servicio de justicia privada bajo la amenaza, la coerción y la violencia", comenta.
En la misma postura se expresa Luis Andrango, director nacional de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Dinapin), entidad adscrita a la Defensoría del Pueblo: "Hay una tergiversación de los derechos colectivos de los indígenas. Las Juntas Campesinas se salen de la ley y, con cierta complicidad, quizá por temor, las autoridades cumplen con lo que ellos dicen".
De hecho, en Tungurahua, el 8 de abril pasado, las principales autoridades (Gobernación, Policía, Corte Superior de Justicia, Colegio de Abogados y las organizaciones de derechos humanos), solicitaron al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, suprimir temporalmente las Juntas Campesinas, para iniciar un proceso de capacitación y formación, "con el fin de verificar la constitución y funcionamiento de acuerdo con las normas legales vigentes".
En Tungurahua hay varias denuncias por la acción de las Juntas Campesinas contra autoridades de la Fiscalía, los defensores de los derechos humanos, de las organizaciones indígenas y, fundamentalmente, a los campesinos pobres.
Incluso, Amnistía Internacional (AI) ya ha puesto sus ojos en el tema a propósito de un hecho ocurrido el mayo de 2003. Según la entidad con sede en Londres, 300 personas, integrantes de las Juntas Anticuatreras (ligadas a las campesinas) "armados de látigos y armas de fuego, amedrentaron a dos ciudadanos en Echandía, provincia de Bolívar". El fiscal que sigue el caso vive bajo protección policial.
La Fiscalía General de la Nación no ha respondido a AI por las acciones que debería tomar para evitar este tipo de delitos. (OP/JP)
ENTREVISTA
"Nosotros estamos en contra de los malos vicios"
El dirigente nacional de las Juntas Campesinas dice que preparan varios proyectos para regular legalmente su actividad. Califica de delincuentes y resentidos a quienes han denunciado agresiones físicas y violación de derechos humanos. Y señala que se encuentra en una etapa de "revolución, de ideas y de pensamiento", pero que no se plantea el uso de la fuerza ni de las armas en su accionar
¿Ustedes perdieron la confianza en la administración de la justicia formal y por eso la ejercen a través de las Juntas Campesinas?
Más de un 90% de las personas han perdido esa confianza. Las leyes son claras y transparentes, pero quienes administran justicia, con muy pocas excepciones, son los que se equivocan hasta cierto punto a propósito con premeditación y alevosía. Nadie está libre hoy en día, menos los campesinos. Es una novedad que haya honrados y no ladrones. Hoy más fácil ser corrupto que correcto.
¿Se ha dicho que en sus acciones se utiliza la violencia?
Cada quien las interpreta a su conveniencia. Somos mal vistos por la gente a la que no le gusta andar correctamente. Nos tiene sin cuidado lo que digan porque hay un Dios y nuestra conciencia es transparente. Lo que pasa es que, donde no hay Junta de Defensa del Campesinado, cada quien hace lo que le da la gana, pero donde una de ellas se forma, las personas se autoeducan y autodisciplinan.
¿Las retenciones que se hacen para algunas personas son consideradas plagios?
Son cosas diferentes. Hay ciudadanos que quieren sorprendernos a nosotros; el mañoso ha venido a refugiarse en las Juntas. Al averiguar el asunto, confrontando a las partes, vemos que quien vino por lana sale trasquilado. Automáticamente, el deudor que quiso sorprendernos tiene que pagar, sino no sale. Tiene que pagar la deuda, sin intereses, para salir.
¿Hay varias denuncias de que ustedes aplican castigos físicos?
En ningún momento. Nosotros somos respetuosos de eso. Lo que pasa es que cuando se hacen los arreglos entre las dos partes, se elabora un acta de respeto mutuo y ellos mismos se condicionan con sanciones de multas y castigos. Si infringen ese acuerdo, los dirigentes acatan los que han resuelto las partes.
¿Y han resuelto que se castigue con azotes?
No, jamás. Hay gente que quiere hacernos quedar mal.
¿Se ha dicho que en algún momento ustedes podrían tomar las armas?
No, nosotros aceptamos que nos digan revolucionarios, porque estamos en una etapa de revolución de ideas, de pensamiento, mas no vamos a aceptar que se nos tache de ser sanguinarios. Lo que en realidad estamos haciendo es ir en contra de los malos vicios de las personas.
¿Ustedes proponen una reforma legal para que el artículo 191 de la Constitución tenga una aplicación práctica y legal para las Juntas Campesinas?
Estamos sistematizando esos proyectos y vamos a ir al Congreso. Tenemos que pedir que se reglamenten nuestras acciones como Juntas.
¿Qué autoridades los apoyan?
Muchas. No podemos dar nombres porque hoy en día a esas autoridades las asedian, les dicen que son revolucionarios y agitadores. Hay que tener cuidado, porque hoy no respetan la honra ajena, la denigran.
¿Usted es un hombre amenazado?
Me intentaron asesinar. Hace dos años me acribillaron a tiros en el cantón Quero. He tenido varios atentados pero he de morir el día, no la víspera.
En Amnistía Internacional y en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos existen varias denuncias sobre las actuaciones de la Junta que violan los derechos humanos.
Se conoce que han hecho los resentidos y los delincuentes, prácticamente los que han perjudicado a muchas personas, unas denuncias ficticias. (JP)
EL DIRIGENTE
Raúl Bayas, de 40 años, es agricultor. Estudió la primaria en la Escuela Mariano Castillo. Está casado y tiene dos hijos. Se inició en la dirigencia como presidente de la Junta del Campesinado de Shaushi, en donde vive.
Fue secretario de las Juntas de Tungurahua y actualmente es presidente de la Confederación Nacional de Juntas del Campesinado y secretario de Finanzas del Movimiento Campesino de Quero. Fue también secretario de Cabildos.
De niño dice recordar cómo los cuatreros robaban a los campesinos del sector. "Los animales amanecían en las casas, mientras que los propietarios en los pasillos", dice. (JP)
El "boleteo" ya es una práctica regular en varias provincias
Algunas personas de las Juntas han denunciado que se les utiliza para mitines políticos
"La justicia la hacemos viendo quién tiene la razón. Con los doctores de Derecho es un trámite largo y posiblemente el que tiene más plata sale favorecido y el que debe tener el derecho sale perdido", explica Marco Cuello, dirigente de la Junta del Campesinado, para justificar la presencia de esa organización en su comunidad, San Isidro de Patulú.
Según Cuello, el procedimiento que se sigue en cada una de las comunidades es: se realiza una reunión y se pone al frente a cada una de las partes en litigio, "como conocemos quiénes son los problemáticos se hace justicia y se le da razón al que la tiene". Para él no hace falta testigos, "porque se hace largo el trámite". Finalmente se firma un acta y, si es del caso, se cobra una multa. Si los comuneros lo consideran, el culpable deberá permanecer 24 horas detenido.
En la "práctica judicial" de la Junta del Campesinado existen procedimientos como el girar una boleta de comparecencia, "si no se acercan luego de dos boletas, se procede a la retención, para que se arregle el caso". En Colombia es conocido como "boleteo".
Los castigos físicos son otra opción para castigar a los culpables. Carlos Zambrano, presidente de la Comunidad Asaco, en Guano, señala que las retenciones proceden hasta que, por ejemplo, un deudor devuelva el dinero, "si es pícaro, también tiene que sufrir una paliza, porque ellos a nosotros no nos gustan".
Rodrigo Silva, de la Asociación Nacional de Juntas del Campesinado, que propugna la salida pacífica a estos conflictos, narra cómo fue testigo de un linchamiento en la comunidad Lliguinde: "Como yo soy presidente de la organización de San Isidro, me quisieron probar a ver si yo latigueo a alguien. Cogí el látigo pero solo para indicarle que es el papá quien debe reprender a su hijo". Silva señala que los plagiados son llevados a comunidades lejanas, "aquí deben actuar las autoridades, el gobernador y el jefe político".
Las juntas también se encargan de patrullar cada una de sus jurisdicciones para el control de antisociales o cuatreros.
Lo que señalan quienes se oponen a estas organizaciones, es que no son solo de defensa y seguridad, sino que también han caído en el juego político apoyando a algunos partidos y participando en las marchas organizadas, en Quito, a favor del presidente Lucio Gutiérrez. (OP/JP).
LOS CASOS
"Me taparon boca y ojos; luego me pusieron en un hueco"
Rosa N., comerciante de 36 años, fue secuestrada este año por la Junta del Campesinado. Ella fue capturada un jueves y no fue sino hasta el sábado que fue juzgada por una asamblea.
"Me llevaron en una camioneta, tapándome la boca y los ojos. Luego al llegar a la comunidad me pusieron en un hueco a oscuras. Para mí es muy duro, no quisiera que a nadie le pasara algo como esto".
Esta mujer mantuvo un litigio con su ex marido por los bienes adquiridos durante su matrimonio. El insistía en llevarse la mejor parte. Rosa N. cuenta que "tenían unos cabos y unos alambres de luz y me decían que si me portaba mal con eso me darían". Y comenta que ninguna autoridad puede intervenir, "ni la familia ni un hijo puede a uno verle. Si averiguaban dónde estaba me hubieran cambiado a otro lado".
La mujer dice haber conocido otros casos en los cuales a las víctimas se las baña o se las latiguea.
La vida de Rosa cambió desde este dolorosa experiencia.
"Tuve que ir a ver sicólogos; estoy amenazada por haber denunciado este caso a Fiscalía", explica. Ahora mantiene a sus cinco hijos sin ayuda de su ex marido, quien se llevó gran parte del patrimonio familiar. (JP)
"Tuve que ceder mi patrimonio familiar para evitar el castigo"
El 25 de marzo, a las 19:30, en la salida del mercado mayorista de Riobamba, María Cusquillo Guaranga fue plagiada por varios miembros de la Junta Campesina. Según una denuncia presentada el 23 de abril de 2003, Cusquillo señala que fue traslada a una celda en la Comunidad de Valparaíso, en Guano.
Los plagiadores le habrían dicho: "Ahora tienes que devolver todo, arreglar los bienes con tu marido y si no arreglas no sales de aquí".
Cusquillo estaba casada con Claudio Solórzano Hidalgo, de quien se divorció. Sin embargo, mantenía un conflicto por la repartición de bienes.
El sábado 27 de marzo, según Cusquillo, se dio una asamblea de juzgamiento, "en donde estuvieron presentes el comisario del cantón Guano, el teniente político... Me gritaban: nosotros hacemos justicia, no hay ley ni autoridad que nos contradiga, los jueces y fiscales conocen de nuestros actos y nos apoyan. Si no arregla no saldrá de aquí".
Al final, Cusquillo accedió a ceder todos los bienes a su ex cónyuge. El Ministerio Fiscal de la provincia de Chimborazo inició la indagación previa Nº 55 para investigar estos hechos. (JP)
Dos marchas que terminaron con la detención de 97 personas
El 26 de abril de este año, a las 12:30, Segundo Guanoluisa fue detenido por miembros de la Policía de Cuenca en el barrio Santa Marianita de esa ciudad. Sobre él pesaba un boleta de comparecencia inmediata emitida por el Comisario de Guano, Edgar Montero. El 27, Guanoluisa llegó a la ciudad de Guano custodiado por un policía y fue entregado a Montero. A las 08:00 se realizó una audiencia en la que se explicó que su detención obedeció a una deuda con Walter Guerrero, miembro de la Junta del Campesinado.
A pesar de que se llegó a un acuerdo con la firma de una letra de cambio por $9 000, Guanoluisa fue secuestrado hasta el 14 de mayo, fecha en la cual fue liberado. El caso causó un verdadero escándalo en Riobamba, que incluso terminó con el plagio y la posterior liberación de Jenny Ramos, una funcionaría de la Fiscalía de Chimborazo. Esta fue una medida de presión para lograr la liberación de Edgar Montero por su presunta participación en el plagio de Guanoluisa.
Se efectuaron dos marchas que terminaron en violencia y la detención de 97 personas, muchas de ellas, según su propia confesión, pertenecientes a la Junta del Campesinado. (JP) (BLANCO Y NEGRO)
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