Las Juntas de Defensa del Campesinado han asumido el control de la seguridad en las juntas indígenas y campesinas. Sin embargo, Cedhu advirtió que ese grupo es presunto responsable de varios casos de violación de derechos humanos
Las Juntas de Defensa del Campesinado enfrentan varios dilemas por su mecanismo de trabajo. Esa fue la observación del Informe del grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medios de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.
El documento fue presentado el 23 de febrero de 2007, y recogió datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), que hizo un seguimiento de estos "grupos de autodefensa". Según la ONG, entre 2003 y 2005, recibió 47 denuncias y hay 87 víctimas de violación de derechos humanos.
Las juntas son organizaciones creadas en el año 1966 por decreto ejecutivo 1963 para prevenir el robo de ganado y cultivos. Se integraron por la capacidad limitada de la Policía en las zonas rurales de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua (Sierra). En las dos últimas décadas, se han extendido al Litoral y al Oriente.
Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu, mencionó preocupada que las juntas no solo se atribuyen funciones de la Policía, sino que han excedido su control. "Detienen gente y las encierran en sus propios calabozos. Se los acusa de tortura, de homicidio y desapariciones". Y puso de ejemplo el caso de Fredy Núñez, quien desapareció en 2001. No obstante, la directora dijo que la junta tiene relación cercana con los agentes del orden, y que recibieron un sistema de radio de la Policía. "Cuando cometen algún abuso, la fuerza del orden no actúa", dijo.
Cedhu reveló que, entre 2000 y 2009, se han presentado 15 denuncias de homicidio por parte de las Juntas Campesinas; hay dos casos de tortura; 31 de agresiones físicas y tres de desaparición forzada. No se han tramitado estas denuncias.
Agentes paramilitares. El informe de la ONU exhortó a las autoridades a estar atentas para evitar que las juntas "se conviertan en paramilitares". Monge aclaró que eso no quiere decir que esas organizaciones son grupos irregulares, pero recordó que en Colombia surgieron de la misma forma: en coordinación con el poder local para proteger sus tierras. "Los denunciantes aseguraron que los coordinadores les dicen que ellos son la ley", añadió.
Poder expandido. Raúl Macario Bayas, presidente nacional de las Juntas del Campesinado, indicó que hay líos que no necesitan ser tratados por instituciones de justicia.
En el último lustro, el robo de ganado es casi nulo en Tungurahua. Según sus integrantes, el trabajo de las juntas ofrece calma en los agricultores por las rondas nocturnas para evitar la presencia de ladrones.
"Usar los servicios de justicia solo nos complicaba la vida. Los gastos para abogados, papeles, trámites y también coimas nos obligaba a muchos hasta a vender nuestras tierritas o animalitos. Por eso, es mejor pedir ayuda a los compañeros y así se resuelve todo rápido", comentó uno de los miembros de las juntas.
No obstante, los campesinos reconocen que el sistema judicial se fortaleció con el fiscal general, Washington Pesantez. Fue así que se movilizaron semanas atrás a la Asamblea para mostrar su apoyo al fiscal y exigir que no se levante un juicio en su contra.
Sus integrantes reconocieron que mejoró el trato a campesinos e indígenas. La instalación de oficinas de las Fiscalía y de la Fiscalía de Asuntos Indígenas complace a los miembros de las Juntas del Campesinado.
Antecedentes. En septiembre de 2006, Bayas tenía dos órdenes de prisión desde 2004, y fue capturado por la Policía. Por un lado, se lo acusó por supuesto secuestro a dos presuntos brujos, y se lo responsabilizó en otro proceso de agredir al fiscal Rubén Guevara, que llamó a testificar a los dirigentes de las juntas, acusado del plagio.
Fiscalias campesinas. Con la finalidad de evitar que las comunas sigan aplicando la "justicia indígena" y las personas sean en ese accionar flageladas y hasta ajusticiadas, el fiscal general, Washington Pesántez, lideró personalmente la creación de las fiscalías indígenas.
Estas suman ahora 11 y están situadas en Imbabura, Pichincha (Cayambe), Cotopaxi, Chimborazo (Guamote), Tungurahua, Bolívar, Loja (Saraguro), Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza y Guayas.
El objetivo principal es impedir que los supuestos infractores sean castigados sin que de por medio exista un juicio justo. Además, se busca eliminar la imagen de bárbaros que se refleja a escala internacional cada vez que sale del contexto nacional otro caso de justicia indígena.
Dentro de este proyecto, fueron incluidas las auto denominadas "juntas campesinas" de Tungurahua, cuyo máximo líder es Raúl Vayas.
Según funcionarios de la Fiscalía, tanto la justicia que aplican las juntas campesinas como la indígena tienen como antecedente un respaldo ancestral y la falta de atención de las autoridades.
Los funcionarios que integran las fiscalías indígenas son miembros de las comunidades, pueblos y nacionalidades, y residen en el lugar.
Los elegidos son conocedores no solo de sus costumbres ancestrales, sino del idioma, lo cual les permite difundir en su población los servicios y ventajas que prestan a la comunidad como otra forma de hacer justicia.
Pueden coordinar además, según la jurisdicción y competencia, para solucionar conflictos en delitos leves, ya que los graves deben ser conocidos por la justicia ordinaria. Se evita así la existencia de una justicia paralela, según explicaron fuentes de la Fiscalía General.
La Fiscalía no contempla concursos de méritos y oposición para la designación de estos funcionarios. Esto se debe a que dentro de las comunidades indígenas no existe suficiente número de profesionales del Derecho. Lo que sí se toma en cuenta es que el candidato sea reconocido por la comunidad.
La creación de las fiscalías indígenas permitió que haya coordinación con las autoridades indígenas y la reparación del daño causado, manteniendo la armonía en los lugares en donde han acudido los fiscales.
Hasta el momento, no se ha logrado desterrar completamente la llamada "justicia por mano propia", pero sí se han frenado tales actuaciones, señala la Fiscalía en uno de sus comunicados.
Para consolidar el proyecto, la Fiscalía planificó realizar una serie de foros y encuentros. Además, harán talleres de enseñanza básica de kichwa, dirigidos a funcionarios de la Fiscalía, jueces y abogados en general, consta en otro documento.
Se busca al final generar el respeto de los derechos humanos en la aplicación de la justicia, cualquiera que sea, y de los principios establecidos tanto en los diferentes códigos, así como lo que contempla la Constitución. (GCA-VCH-MP)
El líder Raúl Bayas no llega aún a los 50 años y su carisma es tal que la gente lo saluda cordialmente por donde va, pese a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Aunque en varias ocasiones lo han invitado a ser el binomio o suplente para candidaturas provinciales y nacionales por muchas organizaciones políticas, Bayas no ha aceptado, no formalmente. Se lo ha visto cercano a Ximena Bohórquez en su campaña para la Asamblea Constituyente y también a Rafael Correa antes, durante y después de las campañas.
En las visitas del mandatario a las provincias de la Sierra centro, Bayas fue uno de los anfitriones por parte del campesinado. (VCH)
Las Juntas de Defensa del Campesinado enfrentan varios dilemas por su mecanismo de trabajo. Esa fue la observación del Informe del grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medios de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.
El documento fue presentado el 23 de febrero de 2007, y recogió datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), que hizo un seguimiento de estos "grupos de autodefensa". Según la ONG, entre 2003 y 2005, recibió 47 denuncias y hay 87 víctimas de violación de derechos humanos.
Las juntas son organizaciones creadas en el año 1966 por decreto ejecutivo 1963 para prevenir el robo de ganado y cultivos. Se integraron por la capacidad limitada de la Policía en las zonas rurales de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua (Sierra). En las dos últimas décadas, se han extendido al Litoral y al Oriente.
Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu, mencionó preocupada que las juntas no solo se atribuyen funciones de la Policía, sino que han excedido su control. "Detienen gente y las encierran en sus propios calabozos. Se los acusa de tortura, de homicidio y desapariciones". Y puso de ejemplo el caso de Fredy Núñez, quien desapareció en 2001. No obstante, la directora dijo que la junta tiene relación cercana con los agentes del orden, y que recibieron un sistema de radio de la Policía. "Cuando cometen algún abuso, la fuerza del orden no actúa", dijo.
Cedhu reveló que, entre 2000 y 2009, se han presentado 15 denuncias de homicidio por parte de las Juntas Campesinas; hay dos casos de tortura; 31 de agresiones físicas y tres de desaparición forzada. No se han tramitado estas denuncias.
Agentes paramilitares. El informe de la ONU exhortó a las autoridades a estar atentas para evitar que las juntas "se conviertan en paramilitares". Monge aclaró que eso no quiere decir que esas organizaciones son grupos irregulares, pero recordó que en Colombia surgieron de la misma forma: en coordinación con el poder local para proteger sus tierras. "Los denunciantes aseguraron que los coordinadores les dicen que ellos son la ley", añadió.
Poder expandido. Raúl Macario Bayas, presidente nacional de las Juntas del Campesinado, indicó que hay líos que no necesitan ser tratados por instituciones de justicia.
En el último lustro, el robo de ganado es casi nulo en Tungurahua. Según sus integrantes, el trabajo de las juntas ofrece calma en los agricultores por las rondas nocturnas para evitar la presencia de ladrones.
"Usar los servicios de justicia solo nos complicaba la vida. Los gastos para abogados, papeles, trámites y también coimas nos obligaba a muchos hasta a vender nuestras tierritas o animalitos. Por eso, es mejor pedir ayuda a los compañeros y así se resuelve todo rápido", comentó uno de los miembros de las juntas.
No obstante, los campesinos reconocen que el sistema judicial se fortaleció con el fiscal general, Washington Pesantez. Fue así que se movilizaron semanas atrás a la Asamblea para mostrar su apoyo al fiscal y exigir que no se levante un juicio en su contra.
Sus integrantes reconocieron que mejoró el trato a campesinos e indígenas. La instalación de oficinas de las Fiscalía y de la Fiscalía de Asuntos Indígenas complace a los miembros de las Juntas del Campesinado.
Antecedentes. En septiembre de 2006, Bayas tenía dos órdenes de prisión desde 2004, y fue capturado por la Policía. Por un lado, se lo acusó por supuesto secuestro a dos presuntos brujos, y se lo responsabilizó en otro proceso de agredir al fiscal Rubén Guevara, que llamó a testificar a los dirigentes de las juntas, acusado del plagio.
Fiscalias campesinas. Con la finalidad de evitar que las comunas sigan aplicando la "justicia indígena" y las personas sean en ese accionar flageladas y hasta ajusticiadas, el fiscal general, Washington Pesántez, lideró personalmente la creación de las fiscalías indígenas.
Estas suman ahora 11 y están situadas en Imbabura, Pichincha (Cayambe), Cotopaxi, Chimborazo (Guamote), Tungurahua, Bolívar, Loja (Saraguro), Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza y Guayas.
El objetivo principal es impedir que los supuestos infractores sean castigados sin que de por medio exista un juicio justo. Además, se busca eliminar la imagen de bárbaros que se refleja a escala internacional cada vez que sale del contexto nacional otro caso de justicia indígena.
Dentro de este proyecto, fueron incluidas las auto denominadas "juntas campesinas" de Tungurahua, cuyo máximo líder es Raúl Vayas.
Según funcionarios de la Fiscalía, tanto la justicia que aplican las juntas campesinas como la indígena tienen como antecedente un respaldo ancestral y la falta de atención de las autoridades.
Los funcionarios que integran las fiscalías indígenas son miembros de las comunidades, pueblos y nacionalidades, y residen en el lugar.
Los elegidos son conocedores no solo de sus costumbres ancestrales, sino del idioma, lo cual les permite difundir en su población los servicios y ventajas que prestan a la comunidad como otra forma de hacer justicia.
Pueden coordinar además, según la jurisdicción y competencia, para solucionar conflictos en delitos leves, ya que los graves deben ser conocidos por la justicia ordinaria. Se evita así la existencia de una justicia paralela, según explicaron fuentes de la Fiscalía General.
La Fiscalía no contempla concursos de méritos y oposición para la designación de estos funcionarios. Esto se debe a que dentro de las comunidades indígenas no existe suficiente número de profesionales del Derecho. Lo que sí se toma en cuenta es que el candidato sea reconocido por la comunidad.
La creación de las fiscalías indígenas permitió que haya coordinación con las autoridades indígenas y la reparación del daño causado, manteniendo la armonía en los lugares en donde han acudido los fiscales.
Hasta el momento, no se ha logrado desterrar completamente la llamada "justicia por mano propia", pero sí se han frenado tales actuaciones, señala la Fiscalía en uno de sus comunicados.
Para consolidar el proyecto, la Fiscalía planificó realizar una serie de foros y encuentros. Además, harán talleres de enseñanza básica de kichwa, dirigidos a funcionarios de la Fiscalía, jueces y abogados en general, consta en otro documento.
Se busca al final generar el respeto de los derechos humanos en la aplicación de la justicia, cualquiera que sea, y de los principios establecidos tanto en los diferentes códigos, así como lo que contempla la Constitución. (GCA-VCH-MP)
Los vínculos políticos
El líder Raúl Bayas no llega aún a los 50 años y su carisma es tal que la gente lo saluda cordialmente por donde va, pese a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Aunque en varias ocasiones lo han invitado a ser el binomio o suplente para candidaturas provinciales y nacionales por muchas organizaciones políticas, Bayas no ha aceptado, no formalmente. Se lo ha visto cercano a Ximena Bohórquez en su campaña para la Asamblea Constituyente y también a Rafael Correa antes, durante y después de las campañas.
En las visitas del mandatario a las provincias de la Sierra centro, Bayas fue uno de los anfitriones por parte del campesinado. (VCH)
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