BOGOTA. El ex ministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, quedó a salvo de un pedido de captura del juez penal de Sucumbíos (Ecuador) que fue rechazado por la Policía Internacional (Interpol), luego de que Bogotá adoptara medidas para blindarlo frente a esa eventualidad.
La secretaría general de Interpol, en Francia, "ha rechazado la solicitud de inclusión de la orden de captura contra el ex ministro Santos", dijo hoy a la prensa el director de la policía colombiana de seguridad (DAS), Felipe Muñoz.
El pedido del juez Daniel Méndez, "viola el artículo tres de los estatutos de Interpol que dice que no se puede usar este tipo de mecanismos para temas políticos, militares, raciales y religiosos", explicó Muñoz.
El argumento fue esgrimido por el gobierno colombiano en una carta enviada a la sede de Interpol, en Lyon (Francia), reveló el viernes el director del DAS, organismo al que está adscrita en Colombia la representación de la Interpol.
La Interpol había recibido el viernes el pedido de detención contra Santos presentado por el juez Daniel Méndez, de la ciudad de Sucumbíos, por una incursión del Ejército colombiano, el 1 de marzo de 2008, contra un campamento de la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.
El ataque dejó 25 muertos, incluidos el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, un ecuatoriano y cuatro mexicanos.
Ante la eventualidad de que el pedido de captura del juez ecuatoriano fuera aceptado, Bogotá adoptó medidas para blindar a Santos, quien se encuentra en Londres.
El presidente Álvaro Uribe, que calificó al magistrado de "auxiliar del terrorismo", movilizó el aparato estatal en torno al ex ministro, uno de sus más estrechos aliados políticos, y advirtió que "no lo dejaría tocar".
Para ello se creó un comité especial integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Defensa, y por la Fiscalía General, para diseñar una estrategia de defensa de Santos.
Además la cancillería le extendió la vigencia de un pasaporte diplomático, para darle inmunidad durante el tránsito por aeropuertos internacionales.
El gobierno también solicitó medidas cautelares para Santos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Uribe, que se dijo dispuesto a llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya, si fuera necesario, ha asegurado que el bombardeo al campamento de las FARC en el territorio ecuatoriano fronterizo con Colombia, fue un acto de lucha contra el terrorismo.
En la más enérgica reacción desde que el juez ecuatoriano expidió la orden de captura contra Santos, Uribe dijo el viernes que su gobierno busca darle "inmunidad en toda la esfera internacional (....)", para "defenderlo de las piruetas de los auxiliadores de las FARC". (AFP)
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El pedido del juez Daniel Méndez, "viola el artículo tres de los estatutos de Interpol que dice que no se puede usar este tipo de mecanismos para temas políticos, militares, raciales y religiosos", explicó Muñoz.
El argumento fue esgrimido por el gobierno colombiano en una carta enviada a la sede de Interpol, en Lyon (Francia), reveló el viernes el director del DAS, organismo al que está adscrita en Colombia la representación de la Interpol.
La Interpol había recibido el viernes el pedido de detención contra Santos presentado por el juez Daniel Méndez, de la ciudad de Sucumbíos, por una incursión del Ejército colombiano, el 1 de marzo de 2008, contra un campamento de la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.
El ataque dejó 25 muertos, incluidos el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, un ecuatoriano y cuatro mexicanos.
Ante la eventualidad de que el pedido de captura del juez ecuatoriano fuera aceptado, Bogotá adoptó medidas para blindar a Santos, quien se encuentra en Londres.
El presidente Álvaro Uribe, que calificó al magistrado de "auxiliar del terrorismo", movilizó el aparato estatal en torno al ex ministro, uno de sus más estrechos aliados políticos, y advirtió que "no lo dejaría tocar".
Para ello se creó un comité especial integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Defensa, y por la Fiscalía General, para diseñar una estrategia de defensa de Santos.
Además la cancillería le extendió la vigencia de un pasaporte diplomático, para darle inmunidad durante el tránsito por aeropuertos internacionales.
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