Washington. 07.03.95. A lo largo y ancho de Estados Unidos, el
tema de la inmigración es cada vez más candente, apasionado y
politizado. Se ha convertido en un debate que se podría
resumir en la siguiente pregunta: ¿los más de un millón de
inmigrantes que entran a territorio estadounidense cada año
representan algo altamente positivo o son un daño realmente
grave para el país?
Las fuerzas que luchan en contra de la inmigración sostienen
que los inmigrantes son una carga demasiado pesada para los
hombros del gobierno, con grandes costos por seguridad,
educación, salud y sistema carcelario. Es tal el descontento
que California y Florida, entre otros estados, le están
exigiendo a Washington que pague más por los costos en que han
incurrido sus respectivos gobiernos por este concepto. Al
mismo tiempo, los defensores de la inmigración argumentan que
los venidos de fuera es más lo que le añaden a los impuestos y
a la fuerza laboral, que lo que, en realidad, le quitan.
No obstante, en medio de este juego de palabras, está
surgiendo una verdad fundamental sobre los inmigrantes,
gracias a un reciente estudio económico. El problema de la
inmigración es causado por dos grupos: los inmigrantes que
ingresan al país de forma ilegal y los refugiados legales que
escapaban de países comunistas, como Camboia, Vietnam, y de
las naciones de la antigua Unión Soviética. Estos dos grupos,
que promedian entre 300.000 y 400.000 inmigrantes al año,
están compuestos por personas con una educación y unos
ingresos muy inferiores con respecto a los estadounidenses
nativos, y por tanto están más propensos a vivir del subsidio
de bienestar que ofrece el Estado.
DE CARIDAD
Todo lo contrario ocurre con los otros 700.000 u 800.000 que
ingresan al país cada año bajo el sistema regular de
inmigración, arrastrando su propia carga. Estos son
inmigrantes legales, que no pertenecen al grupo de refugiados.
Por lo general son bien educados y poco dependen del subsidio
de bienestar ofrecido por el Estado (welfare). De igual forma,
los estudios recientes demuestran que a diferencia de los
otros dos grupos, quienes pertenecen a este último pagan más
en impuestos que lo que reciben en servicios. Esta perspectiva
sugiere que los esfuerzos encaminados a componer el sistema de
inmigración de Estados Unidos deberían concentrarse más en
cambiar las políticas referentes a los refugiados e ilegales.
Si se juntan los tres grupos anteriores en un solo cuadro se
obtiene un retrato distorsionado del impacto de los
inmigrantes en la sociedad estadounidense. Veamos lo que
ocurre con el welfare: un estudio basado en los datos del
censo de 1990 muestra que los inmigrantes, tomados como un
todo, reciben muchísimo más del welfare de lo que en cifras
reales aportan, pues mientras que solo el 8,4% de los hogares
estadounidenses está conformado por personas nacidas en el
exterior, estos reciben el 13,1% del gasto en asistencia
pública cifras dadas por George Borjas, un economista de la
Universidad de California. En California, los hogares de
familias nacidas en el exterior reciben el 32% de la ayuda
total en dinero.
Pero haciendo un análisis más profundo, se puede descubrir que
la mayoría de inmigrantes no tienen nada que ver con el
welfare. Los únicos que lo utilizan en demasía son los
refugiados legales. Borjas encontró que el 16,1% de los
hogares de inmigrantes refugiados viven del welfare, comparado
con el 7,8% de inmigrantes no refugiados. Para quienes
llegaron al país en la segunda mitad de la década de los
ochenta esta disparidad es aún mayor. Cerca del 31% de los
refugiados llegados recientemente dependen del welfare, una
cifra muy superior al 5% de los inmigrantes no refugiados que
dependen de él.
El uso intensivo del welfare por parte de los refugiados es un
legado de la guerra fría. Desde que Fidel Castro se tomó el
poder en 1959, el estatus de refugiado se ha usado
prácticamente para denominar a casi todos los que huyen del
comunismo. Estas personas de forma inmediata se favorecen de
los pagos del welfare,y el rango de beneficios que reciben es
mucho más amplio que el que se les da a los ciudadanos
estadounidenses nativos. En contraste, otros inmigrantes
legales no tienen el derecho a recibir este beneficio hasta
que no cumplan de tres a cinco años de residencia en el país.
Además, el hecho de aceptar asistencia pública dificulta poder
traer a los familiares desde sus países de origen hacia
Estados Unidos.
Otro factor que hace de la inmigración un fenómeno que genere
temores es el hecho de que los estados de la Unión Americana
están siendo inundados por campesinos carentes de habilidades
y capacidades, provenientes de países tercermundistas. Una vez
más, las estadísticas dan la razón a esta preocupación. Cerca
del 41% de los inmigrantes recientes no ha completado sus
estudios secundarios, comparado con el 23% de los trabajadores
nativos, según el censo de 1990.
Sin embargo, de nuevo, gran parte de esta "brecha educacional"
es causada por los refugiados legales y los inmigrantes
ilegales. En 1990, el 75% de los ilegales provenientes de
México, El Salvador y Guatemala, las fuentes principales de
extranjeros ilegales, no poseía un diploma de bachiller. Cerca
del 46% de inmigrantes provenientes de los principales países
generadores de refugiados tampoco tiene ningún título de
educación media vocacional, según un informe reciente del
Urban Institute, titulado Inmigración e inmigrantes: cómo
determinar correctamente los registros. La situación es bien
diferente, sin embargo, para la gran masa de inmigrantes
recientes que no son ilegales ni refugiados: cerca del 33%
posee título universitario, comparado con el 20% de los
trabajadores estadounidenses nativos.
Quizás el único asunto de verdad contencioso es si los
inmigrantes contribuyen con suficientes impuestos para pagar
los servicios que ellos mismos reciben. Donald L. Huddle, un
economista de la Universidad de Rice, especializado en asuntos
laborales, estima que los inmigrantes le cuestan al país
US$42.000 millones más en servicios que los que pagan en
impuestos.
La principal crítica a su estudio es que Huddle subestimó el
pago de los impuestos. Por ejemplo, asumió que los inmigrantes
recientes no pagan seguridad social, impuestos a la gasolina o
impuesto de desempleo, que sumados representan US$28.000
millones al año. Y según Passel, Huddle subestimó el ingreso
de los inmigrantes legales, que le añaden unos US$19.000
millones al tesoro fiscal de la nación.
Sin embargo, Passel admite que la hoja de balance para los
ilegales y refugiados es menos positiva. El calcula que los
inmigrantes ilegales le suman unos US$2.000 millones a los
costos del gobierno, porque sus ingresos son bajos y por lo
general trabajan en la economía subterránea, donde no se pagan
impuestos. Los refugiados también tienen ingresos bajos y
significan altos costos para el welfare y otros servicios
sociales.
Una política más férrea hacia los refugiados y los ilegales
tiene todavía un largo trecho por recorrer antes que se
mitiguen muchos de los resquemores que suscita el tema de los
inmigrantes. Pero hoy, como en el pasado, la gran mayoría de
inmigrantes traen consigo habilidades y energías que ayudan a
vigorizar la economía de Estados Unidos. (BUSINESS WEEK
INTERNATIONAL)
REFUGIADOS QUE VIVEN DE CARIDAD
ORIGEN * PORCENTAJE
CAMBOYA 48.8%
LAOS** 46.3%
REP. DOMINICANA 27.9%
VIETNAM ** 25.8%
UNION SOVIETICA** 16.0%
CUBA** 16.0%
MEXICO 11.3%
CHINA 10.4%
HAITI 9.1%
COREA 8.1%
JAMAICA 7.5%
COLOMBIA 7.5%
EL SALVADOR 7.3%
INDIA 3.4%
TAIWAN 3.3%
* Porcentaje de hogares que dependen del welfare
1990
** Fuentes principales de refugiados legales
* TEXTO TOMADO DE REVISTA CASH INTERNACIONAL N§41 (Agosto
1994) (Págs. 40-45)
tema de la inmigración es cada vez más candente, apasionado y
politizado. Se ha convertido en un debate que se podría
resumir en la siguiente pregunta: ¿los más de un millón de
inmigrantes que entran a territorio estadounidense cada año
representan algo altamente positivo o son un daño realmente
grave para el país?
Las fuerzas que luchan en contra de la inmigración sostienen
que los inmigrantes son una carga demasiado pesada para los
hombros del gobierno, con grandes costos por seguridad,
educación, salud y sistema carcelario. Es tal el descontento
que California y Florida, entre otros estados, le están
exigiendo a Washington que pague más por los costos en que han
incurrido sus respectivos gobiernos por este concepto. Al
mismo tiempo, los defensores de la inmigración argumentan que
los venidos de fuera es más lo que le añaden a los impuestos y
a la fuerza laboral, que lo que, en realidad, le quitan.
No obstante, en medio de este juego de palabras, está
surgiendo una verdad fundamental sobre los inmigrantes,
gracias a un reciente estudio económico. El problema de la
inmigración es causado por dos grupos: los inmigrantes que
ingresan al país de forma ilegal y los refugiados legales que
escapaban de países comunistas, como Camboia, Vietnam, y de
las naciones de la antigua Unión Soviética. Estos dos grupos,
que promedian entre 300.000 y 400.000 inmigrantes al año,
están compuestos por personas con una educación y unos
ingresos muy inferiores con respecto a los estadounidenses
nativos, y por tanto están más propensos a vivir del subsidio
de bienestar que ofrece el Estado.
DE CARIDAD
Todo lo contrario ocurre con los otros 700.000 u 800.000 que
ingresan al país cada año bajo el sistema regular de
inmigración, arrastrando su propia carga. Estos son
inmigrantes legales, que no pertenecen al grupo de refugiados.
Por lo general son bien educados y poco dependen del subsidio
de bienestar ofrecido por el Estado (welfare). De igual forma,
los estudios recientes demuestran que a diferencia de los
otros dos grupos, quienes pertenecen a este último pagan más
en impuestos que lo que reciben en servicios. Esta perspectiva
sugiere que los esfuerzos encaminados a componer el sistema de
inmigración de Estados Unidos deberían concentrarse más en
cambiar las políticas referentes a los refugiados e ilegales.
Si se juntan los tres grupos anteriores en un solo cuadro se
obtiene un retrato distorsionado del impacto de los
inmigrantes en la sociedad estadounidense. Veamos lo que
ocurre con el welfare: un estudio basado en los datos del
censo de 1990 muestra que los inmigrantes, tomados como un
todo, reciben muchísimo más del welfare de lo que en cifras
reales aportan, pues mientras que solo el 8,4% de los hogares
estadounidenses está conformado por personas nacidas en el
exterior, estos reciben el 13,1% del gasto en asistencia
pública cifras dadas por George Borjas, un economista de la
Universidad de California. En California, los hogares de
familias nacidas en el exterior reciben el 32% de la ayuda
total en dinero.
Pero haciendo un análisis más profundo, se puede descubrir que
la mayoría de inmigrantes no tienen nada que ver con el
welfare. Los únicos que lo utilizan en demasía son los
refugiados legales. Borjas encontró que el 16,1% de los
hogares de inmigrantes refugiados viven del welfare, comparado
con el 7,8% de inmigrantes no refugiados. Para quienes
llegaron al país en la segunda mitad de la década de los
ochenta esta disparidad es aún mayor. Cerca del 31% de los
refugiados llegados recientemente dependen del welfare, una
cifra muy superior al 5% de los inmigrantes no refugiados que
dependen de él.
El uso intensivo del welfare por parte de los refugiados es un
legado de la guerra fría. Desde que Fidel Castro se tomó el
poder en 1959, el estatus de refugiado se ha usado
prácticamente para denominar a casi todos los que huyen del
comunismo. Estas personas de forma inmediata se favorecen de
los pagos del welfare,y el rango de beneficios que reciben es
mucho más amplio que el que se les da a los ciudadanos
estadounidenses nativos. En contraste, otros inmigrantes
legales no tienen el derecho a recibir este beneficio hasta
que no cumplan de tres a cinco años de residencia en el país.
Además, el hecho de aceptar asistencia pública dificulta poder
traer a los familiares desde sus países de origen hacia
Estados Unidos.
Otro factor que hace de la inmigración un fenómeno que genere
temores es el hecho de que los estados de la Unión Americana
están siendo inundados por campesinos carentes de habilidades
y capacidades, provenientes de países tercermundistas. Una vez
más, las estadísticas dan la razón a esta preocupación. Cerca
del 41% de los inmigrantes recientes no ha completado sus
estudios secundarios, comparado con el 23% de los trabajadores
nativos, según el censo de 1990.
Sin embargo, de nuevo, gran parte de esta "brecha educacional"
es causada por los refugiados legales y los inmigrantes
ilegales. En 1990, el 75% de los ilegales provenientes de
México, El Salvador y Guatemala, las fuentes principales de
extranjeros ilegales, no poseía un diploma de bachiller. Cerca
del 46% de inmigrantes provenientes de los principales países
generadores de refugiados tampoco tiene ningún título de
educación media vocacional, según un informe reciente del
Urban Institute, titulado Inmigración e inmigrantes: cómo
determinar correctamente los registros. La situación es bien
diferente, sin embargo, para la gran masa de inmigrantes
recientes que no son ilegales ni refugiados: cerca del 33%
posee título universitario, comparado con el 20% de los
trabajadores estadounidenses nativos.
Quizás el único asunto de verdad contencioso es si los
inmigrantes contribuyen con suficientes impuestos para pagar
los servicios que ellos mismos reciben. Donald L. Huddle, un
economista de la Universidad de Rice, especializado en asuntos
laborales, estima que los inmigrantes le cuestan al país
US$42.000 millones más en servicios que los que pagan en
impuestos.
La principal crítica a su estudio es que Huddle subestimó el
pago de los impuestos. Por ejemplo, asumió que los inmigrantes
recientes no pagan seguridad social, impuestos a la gasolina o
impuesto de desempleo, que sumados representan US$28.000
millones al año. Y según Passel, Huddle subestimó el ingreso
de los inmigrantes legales, que le añaden unos US$19.000
millones al tesoro fiscal de la nación.
Sin embargo, Passel admite que la hoja de balance para los
ilegales y refugiados es menos positiva. El calcula que los
inmigrantes ilegales le suman unos US$2.000 millones a los
costos del gobierno, porque sus ingresos son bajos y por lo
general trabajan en la economía subterránea, donde no se pagan
impuestos. Los refugiados también tienen ingresos bajos y
significan altos costos para el welfare y otros servicios
sociales.
Una política más férrea hacia los refugiados y los ilegales
tiene todavía un largo trecho por recorrer antes que se
mitiguen muchos de los resquemores que suscita el tema de los
inmigrantes. Pero hoy, como en el pasado, la gran mayoría de
inmigrantes traen consigo habilidades y energías que ayudan a
vigorizar la economía de Estados Unidos. (BUSINESS WEEK
INTERNATIONAL)
REFUGIADOS QUE VIVEN DE CARIDAD
ORIGEN * PORCENTAJE
CAMBOYA 48.8%
LAOS** 46.3%
REP. DOMINICANA 27.9%
VIETNAM ** 25.8%
UNION SOVIETICA** 16.0%
CUBA** 16.0%
MEXICO 11.3%
CHINA 10.4%
HAITI 9.1%
COREA 8.1%
JAMAICA 7.5%
COLOMBIA 7.5%
EL SALVADOR 7.3%
INDIA 3.4%
TAIWAN 3.3%
* Porcentaje de hogares que dependen del welfare
1990
** Fuentes principales de refugiados legales
* TEXTO TOMADO DE REVISTA CASH INTERNACIONAL N§41 (Agosto
1994) (Págs. 40-45)
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