INICIATIVA DE LAS AMERICAS: HACIA UNA PERSPECTIVA ESTRATEGICA.
Por Luis Maira
Quito. 10.08.91. (Editorial). Ha transcurrido más de un año
desde el sorpresivo anuncio del presidente George Bush en la
Casa Blanca, a fines de junio de 1990, de una nueva propuesta
para encauzar las relaciones entre Estados Unidos y América
Latina basada en tres temas centrales: el comercio, las
inversiones y la deuda.
En un primer momento no fue fácil situar en su exacto contexto
esta Iniciativa de las Américas. Por una parte, llamaba la
atención la magnitud del anuncio de bush, luego de un período
relativamente prolongado de "no política" norteamericana hacia
la región, después que el ciclo dominado por el enfoque
geopolítico y de contensión del comunismo implementado por el
presidente Reagan a contar de enero de 1981, había llegado a
su término con la conclusión misma de la Guerra Fría que le
servía de fundamento, especialmente en relación a la crisis
centroamericana.
Por otro lado, también resultaba desconcertante que la nueva
política no siguiera ciertas pautas de generalidad aplicadas
por los gobiernos de Washington desde épocas tan remotas como
la "política del buen vecino" del presidente Franklin D.
Roosevelt de enero de 1933. De ahí en adelante, pasando por
políticas como la del Punto Cuarto de Truman, la Alianza para
el Progreso de Kennedy o los Programas de Derechos Humanos de
Carter, todas las propuestas estadounidenses se caracterizaron
por ser pensadas para el conjunto de los países de América
Latina y El Caribe, y por su aplicación automática a ellos.
Ahora, en cambio, nos encontrábamos ante un proyecto cuya
vigencia, debía ser negociada país por país, aceptándose
explícitamente la posibilidad que un número importante de
gobiernos latinoamericanos fueran excluídos del nuevo esquema,
si no aceptaban, previamente, los supuestos teóricos de la
apertura económica y el libre comercio que inspiraban la
propuesta del titular de la Casa Blanca.
Por último, estaban las dificultades para interpretar la
relación existente entre esta iniciativa regional "de las
Américas" con los ajustes más globales que Estados Unidos
enfrentaba, en los inicios de la post Guerra Fría, tras los
decisivos cambios en el sistema internacional de 1989. Los
análisis más lúcidos intuían que el nuevo orden, dominado por
una creciente multipolaridad económica y política, unida a un
reforzamiento de una unipolaridad militar controlada por los
Estados Unidos, modificaría la noción misma de "hegemonía"
internacional previamente vigente. Esto a su vez debía afectar
los márgenes concretos de la posición dominante de Estados
Unidos, característica de la época bipolar, aunque no
resultaba posible discernir con detalles, las nuevas
condiciones de funcionamiento de la economía y la política
internacional.
A estas alturas varios de estos puntos se han dilucidado, lo
que permite analizar con más exactitud tanto el porvenir como
los alcances de la Iniciativa de las Américas.
La idea de que la economía global de la post Guerra Fría
corresponde a una suerte de "archipiélago mundial" dominado
por grandes bloques económicos multiestatales, es un primer
elemento sustantivo del nuevo cuadro. Y allí Estados Unidos
enfrenta a rivales tecnológicos y productivos, mayores y más
poderosos de lo que ante fuera la Unión Soviética, como ocurre
con la Europa ampliada y con el bloque de la Cuenca del
Pacífico, donde confluyen Japón y los Tigres Asiáticos.
Por ello le resultaba indispensable construir su propio
espacio económico y para esto diseñó un doble círculo: en
primer término, la estructuración de un acuerdo comercial de
América del Norte que Incluye a Canadá y México, y como su
complemento, un conjunto de entendimientos bilaterales de
complementación comercial con un grupo seleccionado de países
latinoamericanos, que es lo que propiamente representa la
iniciativa para las Américas.
Las nuevas leyes de hierro del funcionamiento de una economía
mundial con un sólo proyecto, capitalista y de economía de
mercado, finalmente aceptado en todos los países del Este y en
la propia Unión Soviética, explican la rapidez y amplitud de
la aceptación que ha tenido la proposición norteamericana de
casi todos los gobiernos latinoamericanos.
Estos, para prestarle su respaldo, ni siquiera han aguardado a
la realización de estudios o cálculos del impacto que tendría
una asociación comercial con Estados Unidos. La ausencia de
otras ofertas provenientes de la CEE o de Japón, sumadas al
temor de quedar fuera de todos los nuevos bloques económicos,
han llevado, uno por uno, a los gobernantes del área a adoptar
en su conjunto la oferta de Bush, iniciando por separado la
suscripción de Acuerdos Marco y esforzándose en ganar la
carrera por ser los primeros que, después de México, concluyan
los entendimientos que los conviertan en "socios" comerciales
de Estados Unidos.
Es esta actitud política tan generalizada la que, pensamos,
debe ser objeto de un examen más reflexivo en nuestros países.
No deja de ser sorprendente que la decisión más trascendental
para nuestro futuro económico y, en una medida importante,
para los márgenes mismos de soberanía y el perfil propio de
nuestras culturas nacionales, esté siendo, hasta ahora,
decidido sólo por un pequeño grupo de expertos en economía
internacional y de negociadores gubernamentales. En ningún
país se ha abierto, hasta hoy, el espacio para una discusión
amplia que ofrezca a todos los sectores de la sociedad civil
la posibilidad de ponderar las ventajas e inconvenientes que,
en los diversos sectores productivos, tendría esta nueva
vinculación más estrecha con la economía estadounidense.
Lo primero que debemos tener en cuenta para encarar este
debate decisivo -cuyo reconocimiento hay que obtener primero
de los respectivos gobiernos que hoy manejan con exclusividad
este tema- es que el sistema económico internacional vive
todavía un momento de transición. Ya resulta definitivamente
claro el agotamiento del modelo de planificación central
aplicado anteriormente en los socialismos reales, que durante
décadas compitió con el modelo de las economías de mercado.
También resulta evidente que el reciente ciclo de cambios
científicos y tecnológicos conocido como "la tercera
revolución industrial" reforzó la convergencia de los
diferentes sistemas económicos nacionales y ensanchó las
exigencias de una mayor integración global.
Pero, a partir de allí, parece abusivo concluir que los
diferentes países deben tener una misma estrategia de
desarrollo fundada en las políticas neoliberales, o que el
interés nacional haya perdido significado, o que cualquier
oferta proveniente de Estados Unidos, sea por ese solo hecho,
la mejor fórmula para sacarnos de la dramática marginalidad en
que la nueva situación colocaría a las naciones que
desconsideren la existencia predominante de los nuevos bloques
económicos, tecnológicos y productivos.
Por el contrario, todo parece indicar que los países
latinoamericanos, teniendo en cuenta datos tan concretos como
la estructura actual de su comercio exterior, la naturaleza de
sus inversiones extranjeros o el origen de las tecnologías que
utilizan, deberían definir con flexibilidad los márgenes
exactos de su asociación con Estados Unidos, como con los
demás "megapoderes" a objeto de establecer hasta donde les es
posible "diversificar" su dependencia externa, en lugar de
concentrar todos los nexos económicos en una relación única
con el país del norte, dentro de un contexto en que obviamente
se reduciría nuestra ya escasa capacidad de negociación
internacional.
Junto con esto, es necesario un examen profundo de las
potencialidades concretas de una mayor cooperación
interregional, que pudiera ser un elemento complementarlo de
la decisión anterior. Esto significa, en la práctica,
determinar qué perspectivas presentan los diversos esquemas de
integración subregional como el Mercosur, la reactivación del
Pacto andino, el Acuerdo de Esquípulas II o los proyectos del
CARICOM en el Caribe insular; y cuáles son los márgenes de
coordinación que se pueden establecer entre ellos.
Sólo despejando estos puntos se puede definir el espacio justo
de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, y los
contenidos de la negociación que los diversos gobiernos pueden
realizar para asociarse a la iniciativa de las Américas.
Esto, a partir de entender que el proceso negociador deberá
ser diferenciado para cada país y que hay que construir
amplios acuerdos nacionales en torno a los sectores respecto
de los cuales será necesario hacer reservas en el
funcionamiento de los entendimientos de libre comercio, para
resguardar capacidades productivas que, de otra forma
experimentarían un rápido desplome en nuestros países
(actividades como las de los productores de granos en la
agricultura, o la posición de empresas del sector bancario o
de seguros se cuentan entre estas).
En síntesis, el tratamiento de la Iniciativa de las Américas
exige una perspectiva estratégica. Ha llegado el momento en
que el juego combinado de los nuevos datos provenientes del
sistema internacional y la exigencia de velar por los
intereses internos, saquen este asunto de su consideración en
el ámbito exclusivamente gubernativo y se pase, luego de un
debate serio, a la construcción de acuerdos nacionales. (A-4).
Por Luis Maira
Quito. 10.08.91. (Editorial). Ha transcurrido más de un año
desde el sorpresivo anuncio del presidente George Bush en la
Casa Blanca, a fines de junio de 1990, de una nueva propuesta
para encauzar las relaciones entre Estados Unidos y América
Latina basada en tres temas centrales: el comercio, las
inversiones y la deuda.
En un primer momento no fue fácil situar en su exacto contexto
esta Iniciativa de las Américas. Por una parte, llamaba la
atención la magnitud del anuncio de bush, luego de un período
relativamente prolongado de "no política" norteamericana hacia
la región, después que el ciclo dominado por el enfoque
geopolítico y de contensión del comunismo implementado por el
presidente Reagan a contar de enero de 1981, había llegado a
su término con la conclusión misma de la Guerra Fría que le
servía de fundamento, especialmente en relación a la crisis
centroamericana.
Por otro lado, también resultaba desconcertante que la nueva
política no siguiera ciertas pautas de generalidad aplicadas
por los gobiernos de Washington desde épocas tan remotas como
la "política del buen vecino" del presidente Franklin D.
Roosevelt de enero de 1933. De ahí en adelante, pasando por
políticas como la del Punto Cuarto de Truman, la Alianza para
el Progreso de Kennedy o los Programas de Derechos Humanos de
Carter, todas las propuestas estadounidenses se caracterizaron
por ser pensadas para el conjunto de los países de América
Latina y El Caribe, y por su aplicación automática a ellos.
Ahora, en cambio, nos encontrábamos ante un proyecto cuya
vigencia, debía ser negociada país por país, aceptándose
explícitamente la posibilidad que un número importante de
gobiernos latinoamericanos fueran excluídos del nuevo esquema,
si no aceptaban, previamente, los supuestos teóricos de la
apertura económica y el libre comercio que inspiraban la
propuesta del titular de la Casa Blanca.
Por último, estaban las dificultades para interpretar la
relación existente entre esta iniciativa regional "de las
Américas" con los ajustes más globales que Estados Unidos
enfrentaba, en los inicios de la post Guerra Fría, tras los
decisivos cambios en el sistema internacional de 1989. Los
análisis más lúcidos intuían que el nuevo orden, dominado por
una creciente multipolaridad económica y política, unida a un
reforzamiento de una unipolaridad militar controlada por los
Estados Unidos, modificaría la noción misma de "hegemonía"
internacional previamente vigente. Esto a su vez debía afectar
los márgenes concretos de la posición dominante de Estados
Unidos, característica de la época bipolar, aunque no
resultaba posible discernir con detalles, las nuevas
condiciones de funcionamiento de la economía y la política
internacional.
A estas alturas varios de estos puntos se han dilucidado, lo
que permite analizar con más exactitud tanto el porvenir como
los alcances de la Iniciativa de las Américas.
La idea de que la economía global de la post Guerra Fría
corresponde a una suerte de "archipiélago mundial" dominado
por grandes bloques económicos multiestatales, es un primer
elemento sustantivo del nuevo cuadro. Y allí Estados Unidos
enfrenta a rivales tecnológicos y productivos, mayores y más
poderosos de lo que ante fuera la Unión Soviética, como ocurre
con la Europa ampliada y con el bloque de la Cuenca del
Pacífico, donde confluyen Japón y los Tigres Asiáticos.
Por ello le resultaba indispensable construir su propio
espacio económico y para esto diseñó un doble círculo: en
primer término, la estructuración de un acuerdo comercial de
América del Norte que Incluye a Canadá y México, y como su
complemento, un conjunto de entendimientos bilaterales de
complementación comercial con un grupo seleccionado de países
latinoamericanos, que es lo que propiamente representa la
iniciativa para las Américas.
Las nuevas leyes de hierro del funcionamiento de una economía
mundial con un sólo proyecto, capitalista y de economía de
mercado, finalmente aceptado en todos los países del Este y en
la propia Unión Soviética, explican la rapidez y amplitud de
la aceptación que ha tenido la proposición norteamericana de
casi todos los gobiernos latinoamericanos.
Estos, para prestarle su respaldo, ni siquiera han aguardado a
la realización de estudios o cálculos del impacto que tendría
una asociación comercial con Estados Unidos. La ausencia de
otras ofertas provenientes de la CEE o de Japón, sumadas al
temor de quedar fuera de todos los nuevos bloques económicos,
han llevado, uno por uno, a los gobernantes del área a adoptar
en su conjunto la oferta de Bush, iniciando por separado la
suscripción de Acuerdos Marco y esforzándose en ganar la
carrera por ser los primeros que, después de México, concluyan
los entendimientos que los conviertan en "socios" comerciales
de Estados Unidos.
Es esta actitud política tan generalizada la que, pensamos,
debe ser objeto de un examen más reflexivo en nuestros países.
No deja de ser sorprendente que la decisión más trascendental
para nuestro futuro económico y, en una medida importante,
para los márgenes mismos de soberanía y el perfil propio de
nuestras culturas nacionales, esté siendo, hasta ahora,
decidido sólo por un pequeño grupo de expertos en economía
internacional y de negociadores gubernamentales. En ningún
país se ha abierto, hasta hoy, el espacio para una discusión
amplia que ofrezca a todos los sectores de la sociedad civil
la posibilidad de ponderar las ventajas e inconvenientes que,
en los diversos sectores productivos, tendría esta nueva
vinculación más estrecha con la economía estadounidense.
Lo primero que debemos tener en cuenta para encarar este
debate decisivo -cuyo reconocimiento hay que obtener primero
de los respectivos gobiernos que hoy manejan con exclusividad
este tema- es que el sistema económico internacional vive
todavía un momento de transición. Ya resulta definitivamente
claro el agotamiento del modelo de planificación central
aplicado anteriormente en los socialismos reales, que durante
décadas compitió con el modelo de las economías de mercado.
También resulta evidente que el reciente ciclo de cambios
científicos y tecnológicos conocido como "la tercera
revolución industrial" reforzó la convergencia de los
diferentes sistemas económicos nacionales y ensanchó las
exigencias de una mayor integración global.
Pero, a partir de allí, parece abusivo concluir que los
diferentes países deben tener una misma estrategia de
desarrollo fundada en las políticas neoliberales, o que el
interés nacional haya perdido significado, o que cualquier
oferta proveniente de Estados Unidos, sea por ese solo hecho,
la mejor fórmula para sacarnos de la dramática marginalidad en
que la nueva situación colocaría a las naciones que
desconsideren la existencia predominante de los nuevos bloques
económicos, tecnológicos y productivos.
Por el contrario, todo parece indicar que los países
latinoamericanos, teniendo en cuenta datos tan concretos como
la estructura actual de su comercio exterior, la naturaleza de
sus inversiones extranjeros o el origen de las tecnologías que
utilizan, deberían definir con flexibilidad los márgenes
exactos de su asociación con Estados Unidos, como con los
demás "megapoderes" a objeto de establecer hasta donde les es
posible "diversificar" su dependencia externa, en lugar de
concentrar todos los nexos económicos en una relación única
con el país del norte, dentro de un contexto en que obviamente
se reduciría nuestra ya escasa capacidad de negociación
internacional.
Junto con esto, es necesario un examen profundo de las
potencialidades concretas de una mayor cooperación
interregional, que pudiera ser un elemento complementarlo de
la decisión anterior. Esto significa, en la práctica,
determinar qué perspectivas presentan los diversos esquemas de
integración subregional como el Mercosur, la reactivación del
Pacto andino, el Acuerdo de Esquípulas II o los proyectos del
CARICOM en el Caribe insular; y cuáles son los márgenes de
coordinación que se pueden establecer entre ellos.
Sólo despejando estos puntos se puede definir el espacio justo
de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, y los
contenidos de la negociación que los diversos gobiernos pueden
realizar para asociarse a la iniciativa de las Américas.
Esto, a partir de entender que el proceso negociador deberá
ser diferenciado para cada país y que hay que construir
amplios acuerdos nacionales en torno a los sectores respecto
de los cuales será necesario hacer reservas en el
funcionamiento de los entendimientos de libre comercio, para
resguardar capacidades productivas que, de otra forma
experimentarían un rápido desplome en nuestros países
(actividades como las de los productores de granos en la
agricultura, o la posición de empresas del sector bancario o
de seguros se cuentan entre estas).
En síntesis, el tratamiento de la Iniciativa de las Américas
exige una perspectiva estratégica. Ha llegado el momento en
que el juego combinado de los nuevos datos provenientes del
sistema internacional y la exigencia de velar por los
intereses internos, saquen este asunto de su consideración en
el ámbito exclusivamente gubernativo y se pase, luego de un
debate serio, a la construcción de acuerdos nacionales. (A-4).
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