La María.-Los indígenas colombianos que realizan una movilización para reclamar por sus derechos, no lograron ponerse de acuerdo este domingo con el presidente Alvaro Uribe en torno a un pliego de peticiones y acordaron continuar con el movimiento de protesta.
"El debate y la minga (movilización) continúan porque no hay nada claro", señaló Aida Quilcué, representante del Consejo Regional Indígena del (departamento) de Cauca (suroeste), donde se realizó el encuentro que se prolongó por más de cinco horas.
"Es necesario y le pedimos al gobierno nacional que continuemos el debate y fijemos la fecha (...) y según lo que ocurra abrimos el espacio para una mesa de alto nivel, pero el debate debe culminar", agregó por su parte otro de los voceros indígenas.
En respuesta Uribe reiteró que el gobierno "respeta la protesta social, pero no es permisivo con la violencia".
Y advirtió que "el bloqueo de carreteras, el taponamiento, la destrucción de vías hace parte de la violencia, y el gobierno no lo permitirá".
A pesar de las diferencias, Uribe acordó la instalación de una mesa de negociaciones para ver cómo se puede avanzar en la adhesión de Colombia a la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los indígenas, una de las peticiones de los manifestantes.
Igualmente, dijo, la mesa deberá estudiar las denuncias sobre desbordamientos de la fuerza pública en los enfrentamientos con los indígenas, y el tema de personas que resultaron muertas o heridas en esos hechos.
Uribe se comprometió a retirar los escuadrones antidisturbios de la población de La María (Cauca) donde se aglutina la movilización que reúne a unos 15.000 indígenas, siempre y cuando estos, a su vez, eviten actos de violencia durante su movilización.
Durante el encuentro, realizado en La María con presencia de miembros del gobierno y de al menos 4.000 indígenas, los voceros de esas poblaciones le presentaron al mandatario una agenda de cinco puntos que incluyó un pedido de "restitución" de 200.000 hectáreas de tierras.
Las peticiones también incluían negociaciones de paz con las guerrillas izquierdistas y respeto a su autonomía, con el retiro de la fuerzas de seguridad de sus territorios.
También exigieron el "resarcimiento de su buen nombre", tras la denuncia de Uribe de que la protesta es alentada por la guerrilla marxista de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"El debate y la minga (movilización) continúan porque no hay nada claro", señaló Aida Quilcué, representante del Consejo Regional Indígena del (departamento) de Cauca (suroeste), donde se realizó el encuentro que se prolongó por más de cinco horas.
"Es necesario y le pedimos al gobierno nacional que continuemos el debate y fijemos la fecha (...) y según lo que ocurra abrimos el espacio para una mesa de alto nivel, pero el debate debe culminar", agregó por su parte otro de los voceros indígenas.
En respuesta Uribe reiteró que el gobierno "respeta la protesta social, pero no es permisivo con la violencia".
Y advirtió que "el bloqueo de carreteras, el taponamiento, la destrucción de vías hace parte de la violencia, y el gobierno no lo permitirá".
A pesar de las diferencias, Uribe acordó la instalación de una mesa de negociaciones para ver cómo se puede avanzar en la adhesión de Colombia a la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los indígenas, una de las peticiones de los manifestantes.
Igualmente, dijo, la mesa deberá estudiar las denuncias sobre desbordamientos de la fuerza pública en los enfrentamientos con los indígenas, y el tema de personas que resultaron muertas o heridas en esos hechos.
Uribe se comprometió a retirar los escuadrones antidisturbios de la población de La María (Cauca) donde se aglutina la movilización que reúne a unos 15.000 indígenas, siempre y cuando estos, a su vez, eviten actos de violencia durante su movilización.
Durante el encuentro, realizado en La María con presencia de miembros del gobierno y de al menos 4.000 indígenas, los voceros de esas poblaciones le presentaron al mandatario una agenda de cinco puntos que incluyó un pedido de "restitución" de 200.000 hectáreas de tierras.
Las peticiones también incluían negociaciones de paz con las guerrillas izquierdistas y respeto a su autonomía, con el retiro de la fuerzas de seguridad de sus territorios.
También exigieron el "resarcimiento de su buen nombre", tras la denuncia de Uribe de que la protesta es alentada por la guerrilla marxista de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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