Las principales organizaciones indígenas de Ecuador están perdiendo apoyo económico internacional. Todo gracias a las disputas por el control de espacios donde se generan proyectos de desarrollo. Incluso, en el Ministerio de Bienestar Social se firman contratos con empleados que no realizan su tarea o de seguros con la empresa de un asesor del ex ministro Acosta

El ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, recibió una cartera de Estado sobre la cual se posan los afanes electorales y clientelares de los partidos de Gobierno de turno. Y él no hace la excepción.
Con el lanzamiento de la segunda fase de inscripción del Bono de Desarrollo Humano, se han movilizado todas las baterías para levantar la imagen del propio ministro y del presidente Lucio Gutiérrez. El domingo último, la cantante Kassandra (quien cobra $1 200 por cada presentación) animó el acto en la escuela Veintitrés de Mayo, en Chillogallo, al sur de Quito, y llamó a apoyar a Lucio Gutiérrez y a Vargas.
Mientras tanto, existen denuncias de la distribución de refrigeradoras en varias comunidades y todavía Vargas no esclarece por qué el ministro anterior, Patricio Acosta, autorizó, entre abril y julio de este año, a través de Hernán Plaza, en ese entonces coordinador del Programa de Protección Social (PPS), la emisión de pólizas de seguros para dar cobertura a los bienes muebles del PPS con la firma Colnexos Cía. Ltda., cuyo gerente general es Julián Chamorro Haro, quien fue asesor de Acosta. Se lo buscó en Colnexos, pero dijeron que volvía de vacaciones la próxima semana.
La suma asegurada llega a $232 249,02, por concepto de incendio ($41 966,11), robo y asalto ($25 195,51), equipo electrónico ($155 087,40) y fidelidad ($10 mil). Tiene una vigencia de 365 días a partir de 15 de mayo de 2004.
Además, Chamorro es hermano de Segundo Manuel Chamorro Haro, quien fue contratado por Patricio Acosta, el 5 de abril de 2004, en calidad de experto, con un sueldo mensual de $2 800. El propio Acosta lo despidió el 10 de mayo de 2004. En ese tiempo no se conoció de ninguna tarea específica realizada por Segundo Chamorro.
Antes, el 4 marzo del mismo año, Patricio Acosta aceptó las contrataciones de Tamara Quijano, Francisco Reyes García y John Antón Hernández, entre otros, para ejercer las funciones de Enlaces de Apoyo Provincial para "que colaboren con el segundo proceso de incorporación de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano". Sin embargo, en el PPS no se los ha visto y, hasta donde se investigó, no existen informes de su trabajo tal como lo exije el contrato.
Otro caso sin resolución es la transferencia de $2 900 000 hecha por el ex ministro Patricio Acosta de fondos de la partida "Aporte al Programa Mundial de Alimentación (PMA) para almuerzos escolares", para la compra de picos y palas que se entregaron en varias comunidades indígenas. Los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) dejaron de comer 12 608 695 raciones de desayuno y almuerzo escolar, o sea, 11 días de dotación a 1 423 340 niños con que cuenta el PAE. (OP)

Los proyectos indígenas están semiparalizados

La mayor parte del trabajo político de las organizaciones campesinas e indígenas se apoya y sustenta en la cooperación internacional que proporciona asesoramiento y recuros para la ejecución de obras y capacitación

El Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe) ordenó la paralización de 163 proyectos para las comunidades indígenas por falta de recursos en este año.
El Gobierno asignó $11 millones como presupuesto del organismo, pero en los siete meses entregó $400 mil destinados a gastos operativos, es decir, sueldos y servicios.
Mientras que los proyectos todavía esperan la contraparte nacional para su ejecución, que pese a estar contemplada en el presupuesto del Codenpe no se han transferido. Solo para inversión se determinaron $7 millones.
Según el secretario del Codenpe, Marcelino Chumpi, tampoco se concluyeron 65 proyectos previstos en 2003, debido a que los recursos asignados para ese año ($8,7 millones) no se entregaron en su totalidad.
Las principales provincias afectadas fueron Tungurahua, Imbabura, Cotopaxi, Cañar, Chimborazo, Sucumbíos y Orellana.
Desde el cierre del proyecto Prodepine, la ayuda real a las comunidades a través del Codenpe fueron los recursos entregados por la Unión Europea con un aporte de $5 millones para el proyecto Rural Cotopaxi que durará cinco años y la Cooperación Española con $400 mil para el desarrollo de municipios alternativos.
El director financiero del Codenpe, Eduardo Franco, aclaró que estos programas tampoco avanzan por la falta de los recursos nacionales. (AV)

"LA CONAIE COGOBIERNA"

La disputa entre las principales organizaciones indígenas, según Pedro de la Cruz, presidente de la Fenocín, se explica por la apertura de espacios "para que los pueblos que se autodefinen como nacionalidades, representados en las diferentes organizaciones del movimiento indígena y campesino de Ecuador, formen parte del Codenpe y contribuyan con propuestas alternativas que busquen mejorar la calidad de las familias del campo". Según él, Lucio Gutiérrez continúa cogobernando con la Conaie a través de las regionales Confeniae y Conaice. Y al a vez señala que mantendrá su línea de "total independencia frente al régimen actual". (OP)

YA NO HAY ACUERDO

Carlos Vimos, presidente del Consejo Nacional del Codenpe, reemplazado por Nelson Chimbo, desistió de llegar a un acuerdo político con el Gobierno, "una vez que se agotaron todos los esfuerzos para lograr, en forma pacífica, la derogatoria del decreto 1833 (por el cual se reestructura el Codenpe) y una vez que el ministro de Gobierno, Raúl Baca, no cumplió con su compromiso de buscar un acuerdo al problema institucional", desatado desde el 8 de julio de este año. Por ello dijo: "Si un conflicto social busca el presidente de la República, eso lo hallará, pero que quede claro que el movimiento indígena ecuatoriano no lo ha buscado". No adelantaron qué acciones emprenderán. (OP).

¿Los proyectos y recursos son el centro de la disputa?

Los cambios en el Gobierno, con la inclusión de sectores indígenas contrarios a la Conaie, ha destapado las disputas por los planes que cuentan con financiamiento externo. En la Unión Europea existe preocupación y reserva

El conflicto interno en el Consejo de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (Codenpe) obligó a las autoridades de esta institución, encabezadas por Marcelino Chumpi, a solicitar la suspensión de la segunda fase del proyecto Prodepine, financiado por el Banco Mundial.
La decisión se fundamentó en la inclusión de las organizaciones como la Feine y Fenocín en la estructura del Codenpe y la forma como se distribuyó los recursos en la primera etapa del Prodepine.
Según el informe de cierre del proyecto, se evidenció que de los 654 subproyectos asignados a comunidades y organizaciones, 477 fueron otorgados a la Conaie, cuyos delegados presiden el Consejo.
La Feine y la Fenocín, apenas recibieron 13 y 36 subproyectos, respectivamente, con una inversión de $313 mil y $1 millón para las comunidades que agrupan.
Mientras el Banco Mundial aportó con $12 millones, las comunidades hicieron lo propio con $4,5 millones correspondientes a aportes de organismos no gubernamentales.
Para la segunda fase del Prodepine se aprobó $35 millones que deberán ser canalizados a través del Codenpe en los próximos cuatro años.
El presidente del Consejo, Carlos Vimos, argumentó que ellos mantendrán su petición de suspender el proyecto hasta recuperar la institucionalidad. Incluso, para la semana que viene, preparan nuevas acciones, pues dicen que el Gobierno se negó a negociar una salida al conflicto.
Nelson Chimbo, designado por Gutiérrez, señaló que su función ayudará a las comunidades menos beneficiadas con las ayudas multilaterales. (AV)

La polémica

En varias entidades europeas de apoyo y colaboración en Ecuador existe preocupación por el conflicto desatado en el Codenpe. Algunos funcionarios consultados dicen que los proyectos funcionan "casi normalmente".

PEDRO DE LA CRUZ, de la Fenocín, señala que la Conaie pretende perennizarse como institución gubernamental a través del Codenpe y por ello es importante la reorganización de esta entidad.

LA FENOCÍN PRESENTÓ, en julio de 2000, una demanda de inconstitucionalidad al decreto mediante el cual se creó el Codenpe, "porque excluyó a la mayoría de pueblos que se autodefinen como nacionalidades y a las organizaciones indígenas que lo representan". (OP)

PUNTO DE VISTA

Clientelismo o política de estado

Por lo visto, el Ministerio de Bienestar Social (MBS) y el Codenpe (entidad adscrita a la Presidencia de la República) están perdiendo el sentido social de su función y objetivos. Como entidades creadas y financiadas para servir a todos los ecuatorianos, parecería que ahora solo tienen un sentido clientelar para mejorar la imagen del presidente de la República y/o crear las bases para erigir futuras candidaturas de los funcionarios de esas entidades.
Evidentemente, la política tradicional contamina la acción pública. Por el MBS han pasado ya tres titulares y con cada uno se han cambiado planes, personal, y los proyectos a largo plazo empiezan a sentir el efecto de la improvisación y correcciones. Por ello, los únicos perjudicados son los supuestos beneficiarios directos de los programas, los sectores menos favorecidos de la sociedad. Todo por culpa de las disputas de poder.
Si Lucio Gutiérrez llegó al poder fue porque se rebeló ante la clase y prácticas políticas tradicionales, por el sentido clientelar y electoral que dieron a sus administraciones los anteriores presidentes. La gente creyó y apoyó el cambio de timonel, pero ahora siente el engaño.
¿Qué queda? ¿Lamentarse o exigir recitificaciones? ¿Se olvidan los funcionarios actuales que no es plata de ellos la que se pone en los proyectos? Quizá la fuerza del poder hace que los grandes anhelos y ofrecimientos se anulen con el paso del tiempo. (OP). (BLANCO Y NEGRO)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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