La guerrilla colombiana está en la frontera norte, en donde se han desmantelado campamentos subversivos
Este Suplemento consultó a expertos en seguridad sobre los antecedentes que habrían incidido en la definición del Ecuador como país no cooperante en temas de lavado de activos y de terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las repuestas engloban el contexto de un conflicto cercano, en el que ciertos actores tienen una calificación de terroristas.
Esta actividad puede ser entendida como: "Cualquier acto destinado a causar muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
En ese contexto, se cita a la guerrilla de las FARC, la cual está considerada por la comunidad internacional como una organización terrorista. La razón que esgrimen es que utilizan en su lucha material bélico que les sirve para atacar no solo a la fuerza pública, sino a la población civil. De hecho, existen varios casos de poblaciones que han sido su objetivo y han producido varias masacres.
Otro delito censurado es el secuestro, una práctica común y que la consideran fuente de financiamiento de la subversión, especialmente en la vecina Colombia.
Las FARC operan especialmente en la zona de la frontera norte del Ecuador, en Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Esto se constata en los campamentos destruidos y por el armamento decomisado. Además, se delata por la presencia de corredores para el abastecimiento y el tráfico de la droga colombiana.
De esto último, dan cuenta diferentes operativos policiales que, según informes de inteligencia, demostrarían la relación de la guerrilla con el narcotráfico y los llamados delitos conexos: tráfico de armas, municiones, precursores, sicariato, prostitución.
Relación terrorista. Hay indicios de que las FARC han mantenido relación con el grupo ETA. Así, al segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), que se realizó en Quito a fines de febrero de 2008, días antes de bombardeo de Angostura, asistieron varios delegados de esa organización española.
En una de sus últimas ediciones, la revista colombiana Semana dijo que entre las FARC y ETA (España) hay una relación desde hace 17 años.
El martes anterior, la foto del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, apareció en la primera página de importantes periódicos de España: El País, El Mundo, ABC y La Razón. Estas publicaciones afirmaron que dos activistas de ETA le dictaron en 2007 un curso sobre manejo de explosivos a miembros de las FARC en Venezuela, país al que accedieron aparentemente con escolta militar de la inteligencia venezolana.
Giro Investigativo. Hasta la década de los noventa, la desarticulada Unidad de Investigaciones Especiales (Uies) de la Policía Nacional se dedicaba a la lucha contra el narcotráfico. A partir del 11 de septiembre de 2001, cuando ocurrió el atentado a las torres gemelas en Nueva York (Estados Unidos), la Organización de Naciones Unidas (ONU) emite una directiva para combatir ese delito, el cual se traduce en el país en la creación del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo, en 2002. Este era parte integrante de la Uies.
De las investigaciones realizadas, se determinó que el tráfico de personas era uno de los delitos que se asocian directamente con el terrorismo. Por eso, se creó el Centro de Operaciones Contra la Trata de Personas (COAC). Esta y la Uies tenían el apoyo del Gobierno de los EEUU.
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, ante la pregunta de cuál era la entidad que lucha contra el terrorismo, dijo: "La Policía tiene unidades que luchan contra el crimen organizado, y las manifestaciones de esas entidades son trabajadas a través de hipótesis y de investigaciones concretas de la Ulco, de la Dirección General de Inteligencia, de la Dirección Nacional Antinarcóticos y de la Policía Judicial".
Narcoterrorismo. El delito del narcoterrorismo, con todas sus características que afectan a las sociedades, no está presente aparentemente en el país como un fenómeno propio interno que haya configurado una estructura delictiva. Sin embargo, la desaparecida Uies logró determinar que el narcoterrorismo "ejerce influencia directa en el Ecuador".
Luego de la reunión mantenida en Caracas (Venezuela), el 5 de enero de 2010, los integrantes del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) decidieron elaborar un plan que en el numeral 6 dice decretar una amnistía que regularice a los haitianos en la región.
Con ese fundamento, el presidente Correa envía a la Asamblea el proyecto de ley en el cual no solo propone la amnistía migratoria para los ciudadanos haitianos que ingresaron a Ecuador hasta el 31 de enero de 2010, sino además la eliminación del art. 38 de la Ley de Migración que en esencia significa la aplicación de una sanción que va de $200 a $2 000, a quienes hayan excedido el plazo de estadía en el país en caso de que hayan ingresado como turistas.
La Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad, en su informe para primer debate presentado el 24 de febrero de 2010, señala: "Cabe tener presente que la situación irregular de una persona en el país puede implicar dejar de reconocer algunas normas de orden legal". En cuanto al tema del pago de la multa, indica que las personas que llegan al país y que superan el período legal no supera el 2,06% del total de turistas que llegan al país.
Por tanto, según fuentes de la Policía que pidieron la reserva de su identidad, con eso queda abierta la posibilidad de que lleguen a nuestro país personas de diferentes países que pueden ser delincuentes o terroristas.
La comisión termina aceptando la propuesta gubernamental, pero en una parte de su informe asegura que en el momento oportuno invitó a funcionarios del Gobierno a opinar sobre el tema. Los que respondieron fueron el Ministerio de Justicia, Secretaría del Migrante, Subsecretarías de Gobierno y Asuntos Consulares, entre otros.
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Este Suplemento consultó a expertos en seguridad sobre los antecedentes que habrían incidido en la definición del Ecuador como país no cooperante en temas de lavado de activos y de terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las repuestas engloban el contexto de un conflicto cercano, en el que ciertos actores tienen una calificación de terroristas.Esta actividad puede ser entendida como: "Cualquier acto destinado a causar muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
En ese contexto, se cita a la guerrilla de las FARC, la cual está considerada por la comunidad internacional como una organización terrorista. La razón que esgrimen es que utilizan en su lucha material bélico que les sirve para atacar no solo a la fuerza pública, sino a la población civil. De hecho, existen varios casos de poblaciones que han sido su objetivo y han producido varias masacres.
Otro delito censurado es el secuestro, una práctica común y que la consideran fuente de financiamiento de la subversión, especialmente en la vecina Colombia.
Las FARC operan especialmente en la zona de la frontera norte del Ecuador, en Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Esto se constata en los campamentos destruidos y por el armamento decomisado. Además, se delata por la presencia de corredores para el abastecimiento y el tráfico de la droga colombiana.
De esto último, dan cuenta diferentes operativos policiales que, según informes de inteligencia, demostrarían la relación de la guerrilla con el narcotráfico y los llamados delitos conexos: tráfico de armas, municiones, precursores, sicariato, prostitución.
Relación terrorista. Hay indicios de que las FARC han mantenido relación con el grupo ETA. Así, al segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), que se realizó en Quito a fines de febrero de 2008, días antes de bombardeo de Angostura, asistieron varios delegados de esa organización española.
En una de sus últimas ediciones, la revista colombiana Semana dijo que entre las FARC y ETA (España) hay una relación desde hace 17 años.
El martes anterior, la foto del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, apareció en la primera página de importantes periódicos de España: El País, El Mundo, ABC y La Razón. Estas publicaciones afirmaron que dos activistas de ETA le dictaron en 2007 un curso sobre manejo de explosivos a miembros de las FARC en Venezuela, país al que accedieron aparentemente con escolta militar de la inteligencia venezolana.
Giro Investigativo. Hasta la década de los noventa, la desarticulada Unidad de Investigaciones Especiales (Uies) de la Policía Nacional se dedicaba a la lucha contra el narcotráfico. A partir del 11 de septiembre de 2001, cuando ocurrió el atentado a las torres gemelas en Nueva York (Estados Unidos), la Organización de Naciones Unidas (ONU) emite una directiva para combatir ese delito, el cual se traduce en el país en la creación del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo, en 2002. Este era parte integrante de la Uies.
De las investigaciones realizadas, se determinó que el tráfico de personas era uno de los delitos que se asocian directamente con el terrorismo. Por eso, se creó el Centro de Operaciones Contra la Trata de Personas (COAC). Esta y la Uies tenían el apoyo del Gobierno de los EEUU.
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, ante la pregunta de cuál era la entidad que lucha contra el terrorismo, dijo: "La Policía tiene unidades que luchan contra el crimen organizado, y las manifestaciones de esas entidades son trabajadas a través de hipótesis y de investigaciones concretas de la Ulco, de la Dirección General de Inteligencia, de la Dirección Nacional Antinarcóticos y de la Policía Judicial".
Narcoterrorismo. El delito del narcoterrorismo, con todas sus características que afectan a las sociedades, no está presente aparentemente en el país como un fenómeno propio interno que haya configurado una estructura delictiva. Sin embargo, la desaparecida Uies logró determinar que el narcoterrorismo "ejerce influencia directa en el Ecuador".
Gobierno plantea retiro de sanción migratoria
Luego de la reunión mantenida en Caracas (Venezuela), el 5 de enero de 2010, los integrantes del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) decidieron elaborar un plan que en el numeral 6 dice decretar una amnistía que regularice a los haitianos en la región.
Con ese fundamento, el presidente Correa envía a la Asamblea el proyecto de ley en el cual no solo propone la amnistía migratoria para los ciudadanos haitianos que ingresaron a Ecuador hasta el 31 de enero de 2010, sino además la eliminación del art. 38 de la Ley de Migración que en esencia significa la aplicación de una sanción que va de $200 a $2 000, a quienes hayan excedido el plazo de estadía en el país en caso de que hayan ingresado como turistas.
La Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad, en su informe para primer debate presentado el 24 de febrero de 2010, señala: "Cabe tener presente que la situación irregular de una persona en el país puede implicar dejar de reconocer algunas normas de orden legal". En cuanto al tema del pago de la multa, indica que las personas que llegan al país y que superan el período legal no supera el 2,06% del total de turistas que llegan al país.
Por tanto, según fuentes de la Policía que pidieron la reserva de su identidad, con eso queda abierta la posibilidad de que lleguen a nuestro país personas de diferentes países que pueden ser delincuentes o terroristas.
La comisión termina aceptando la propuesta gubernamental, pero en una parte de su informe asegura que en el momento oportuno invitó a funcionarios del Gobierno a opinar sobre el tema. Los que respondieron fueron el Ministerio de Justicia, Secretaría del Migrante, Subsecretarías de Gobierno y Asuntos Consulares, entre otros.
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