Médicos civiles rompen el silencio militar impuesto
Noviembre de 2001. Alrededor de 70 médicos civiles y un médico militar resuelven colocarse una escarapela negra en su mandil en una movilización inédita en el Hospital General de las FFAA. La protesta era en rechazo al maltrato del que decían ser objeto los civiles por parte de la estructura militar imperante en esa casa de salud, por demandas salariales y frente a la crisis presupuestaria de la institución. Año y medio más tarde, los conflictos, antes que superarse, se han agravado.
El mes pasado la crisis salió fugazmente a la opinión pública. El director del Hospital Militar, contralmirante José Rosero, habló de que el hospital podría cerrar sus puertas si no consigue el financiamiento para pagar $2 millones que adeuda a proveedores de insumos y servicios.
Se conoció entonces que las operaciones programadas habían sido reducidas drásticamente, y que el Frente Militar mantenía reuniones para buscar salidas a la crisis. Pero pronto el tema fue encuartelado y se prohibió que cualquier funcionario del hospital hablara con la prensa.
BLANCO Y NEGRO, no obstante, ha obtenido confesiones de médicos que piden no se revele su nombre. Los relatos son preocupantes. "En el hospital, una disposición militar puede estar por sobre cualquier derecho individual o colectivo, ellos son la ley". "Los médicos civiles no podemos acogernos al escalafón médico, además se nos maltrata, cuando quieren nos cambian de horario, nos aumentan horas de trabajo, nos pagan con atraso". "Un militar paga por un trasplante renal, en el que intervienen varios médicos especialistas, no más de $17, el resto se supone que paga el Instituto de Seguridad Social de las FFAA. ¿Qué hospital va a aguantar esto?" "¿Quién evalúa, fiscaliza, controla la administración de las autoridades militares en el hospital? ¿Quiénes son los responsables de la crisis?".
Las voces son varias, denotan molestia, preocupación y reserva.
La gran mayoría de médicos cíviles del Hospital Militar son especialistas, muchos de ellos con cursos en el exterior, sin embargo, un médico residente ganaría unos $200, y un tratante unos $400 y $500, aparte de la antigüedad.
Según las mismas voces, la crisis se desató cuando en 1997, el general Jorge Andrade Piedra, entonces director, decidió desvincular al hospital del presupuesto de las FFAA, en pos de una autogestión que ha fracasado.
Hace pocas semanas, otro grupo de médicos se reunió para buscar salidas, pero todo terminó cuando una autoridad militar prohibió que se hablara del tema con la prensa. "No diga mi nombre, pero la verdad es que hay muchas cosas que deben cambiar en el hospital". (PM)
La Federación Médica espera denuncias
Marcelo Silva, presidente de la Federación Médica, manifestó a BLANCO Y NEGRO que está esperando las denuncias de los médicos civiles del Hospital Militar en torno al supuesto incumplimiento del escalafón médico en dicha casa de salud, para iniciar las investigaciones correspondientes.
Silva afirmó que no ha recibido ninguna denuncia de parte de los médicos civiles del Hospital Militar.
Sin embargo, varios médicos civiles consultados reiteraron que en el Hospital General de las Fuerzas Armadas no se pagan las remuneraciones como dicta la Ley, y anotaron que ya que al estar inmersos en una institución militar, no está permitido denuncias como las que esperaría la Federación Médica.
"En caso de producirse aquello, el médico que hizo la denuncia podría salir inmediatamente del hospital", dijo la fuente. (ASM)
Un 52% del presupuesto, sin cobertura
El 48% del presupuesto del hospital General de las Fuerzas Armadas surge de la atención de servicios de salud a civiles y militares. El problema es que existe el restante 52% del presupuesto que no es cubierto por nadie, ni por el Estado ni por las Fuerzas Armadas, y de allí resulta el déficit.
Los datos financieros de la institución no fueron revelados a BLANCO Y NEGRO, dada la política del silencio establecida en dicho lugar.
En todo caso, se lograron conocer ciertos datos económicos como los que aparecen en los gráficos, arriba. De igual forma, se conoció que de las 175 mil operaciones que se realizaron el año pasado a civiles y militares, los militares pagaron $350 mil. En el caso de los civiles, se pagó $1 750 000.
El hospital tiene un total de 1 127 empleados civiles, mientras que los empleados militares llegan a 200. (ASM)
Una casa de Salud, con política de puertas cerradas
"Cualquier inquietud debe ser dirigida al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas´
En el Hospital General de las Fuerzas Armadas, en Quito, todo empleado civil y militar sabe que no puede hablar con la prensa, en especial sobre la crisis presupuestaria de la casa de Salud.
Hace tres semanas, el director del Hospital Militar, contralmirante retirado José Rosero, hermano del actual comandante de la Marina, Víctor Hugo Rosero, y el jefe de Medicina Nuclear del hospital, Mauro Yerovi, se pronunciaron en los medios de comunicación respecto de la difícil situación presupuestaria por la que atraviesa la mencionada casa de Salud.
Sin embargo, tras esas iniciales declaraciones, la ley del silencio ha imperado en todos los departamentos del Hospital Militar.
BLANCO Y NEGRO pidió reiteradas veces durante las últimas semanas entrevistas con el director del hospital, sin obtener respuestas. Finalmente se solicitó por escrito una entrevista con el director médico del hospital, coronel José María Molina.
Allí se anotaron preguntas como: ¿Cuál es la crisis presupuestaria que afronta el hospital Militar? ¿Por qué se ha prohibido a los médicos civiles hablar con la prensa? ¿Cuánto ha afectado que el hospital se declare en autogestión y no reciba recursos del presupuesto del Ministerio de Defensa? ¿Se han hecho auditorías, exámenes o evaluaciones de la gestión de los ex directores del Hospital General de las Fuerzas Armadas?
La Dirección General del Hospital Militar informó, al cierre de esta edición, que las preguntas no serían contestadas y que cualquier inquietud se la debía dirigir hacia el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Oswaldo Jarrín. (ASM)
"Quien debe actuar es el ministro de Defensa"
"¿Es lo mismo ordenar en un cuartel, que en un hospital?, inquiere el doctor Fabián Merino
La memorable movilización de las escarapelas negras del último trimestre de 2001 tuvo una inmediata respuesta militar. Varios de quienes protagonizaron la medida fueron, de muchas maneras, instados a dejar la protesta. Sin embargo, el cardiólogo Fabián Merino decidió avanzar con la medida, que nunca llegó a una paralización, y logró ser atendido por el Directorio del hospital, del que no forma parte ningún civil, y luego por el jefe del Comando Conjunto de entonces, Miguel Saona, y los jefes de las fuerzas militares.
Merino presentó un proyecto, pero nunca recibió respuesta concreta, lo que le motivó a dejar la institución, tras 30 años de trabajo. Hoy es de los pocos que se atreven a hablar su versión sobre la crisis del Hospital Militar.
"¿Tiene un militar la capacidad y la instrucción suficiente para administrar un hospital? ¿Es lo mismo ordenar en un cuartel que en una institución de Salud?", se pregunta Merino.
Merino lamenta que en dicha casa de Salud los médicos civiles estén sujetos a disposiciones antojadizas. "Los militares dicen cuándo se trabaja cuatro horas, cuándo seis. Se pregunta ¿por qué?, y la respuesta es "porque nosotros queremos y si no quieren se van". Ordenan de pronto que todo los empleados del hospital trabajen un día festivo y pobre del que no llegue", comenta Merino.
Y añade: "Los militares pueden modificar estructuras del hospital bajo disposiciones internas, mover a un empleado de una categoría a otra cuando quieran".
Merino sostiene que todo lo que se haga o no en el Hospital Militar, por medio del Comando Conjunto o de otras Fuerzas, tiene que tener el visto bueno del ministro de Defensa. Y de allí que anota que "la solución definitiva, humana, lógica y profesional para el hospital está en el ministro de Defensa". (PM-ASM)
ANALISIS
Una oportunidad para la transparencia
La delicada situación financiera e institucional por la que atraviesa el Hospital Militar, una de las casas de Salud del país con mayor reconocimiento a escala nacional e internacional, preocupa a la sociedad en su conjunto.
Muchos de los mejores médicos ecuatorianos han pasado por la escuela del saber científico en que se ha convertido el Hospital Militar, dado el continuo intercambio de conocimientos por parte de médicos con estudios en el exterior y la oportunidad de disponer de equipos de alta tecnología.
Eso lo sabe la ciudadanía, y por ello resulta inquietante que se hable de la posibilidad de que el hospital cierre sus puertas, se constate la disminución de servicios y operaciones, y se den a conocer denuncias de médicos civiles sobre supuestas formas de maltrato por parte de los militares.
Más aún, preocupa notablemente que en un tema en el que se hacen urgentes las explicaciones sobre la real situación financiera del hospital y aclaraciones en torno a las denuncias hechas por médicos que piden que sus nombres no sean revelados, las puertas del Hospital Militar sean cerradas a la información, y se prohíba a cualquier miembro de dicha institución el contacto con la prensa -pues así se dice a los periodistas-, y la entrega de denuncias a sus gremios como la Federación Médica o a entidades como la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.
Mientras en el Congreso Nacional se discute la Ley de Acceso a la Información, se mantiene una política del silencio en varios sectores del país. ¿Qué de reservado o peligroso para los intereses de la Defensa Nacional puede tener la entrega de información precisa sobre el déficit del Hospital Militar, sus ingresos y egresos, su distribución presupuestaria? ¿Puede manejarse una casa de salud con una mayoría de médicos civiles muy bien preparados y pacientes que son parte de la sociedad ecuatoriana, bajo una estructura militar similar a la de un cuartel?
La situación en el hospital Militar abre expectativas sobre la apertura que tendrán a futuro en la exposición de este asunto las actuales autoridades militares. El tema es sin duda, una oportunidad para la transparencia. (PM) (BLANCO Y NEGRO)
Noviembre de 2001. Alrededor de 70 médicos civiles y un médico militar resuelven colocarse una escarapela negra en su mandil en una movilización inédita en el Hospital General de las FFAA. La protesta era en rechazo al maltrato del que decían ser objeto los civiles por parte de la estructura militar imperante en esa casa de salud, por demandas salariales y frente a la crisis presupuestaria de la institución. Año y medio más tarde, los conflictos, antes que superarse, se han agravado.
El mes pasado la crisis salió fugazmente a la opinión pública. El director del Hospital Militar, contralmirante José Rosero, habló de que el hospital podría cerrar sus puertas si no consigue el financiamiento para pagar $2 millones que adeuda a proveedores de insumos y servicios.
Se conoció entonces que las operaciones programadas habían sido reducidas drásticamente, y que el Frente Militar mantenía reuniones para buscar salidas a la crisis. Pero pronto el tema fue encuartelado y se prohibió que cualquier funcionario del hospital hablara con la prensa.
BLANCO Y NEGRO, no obstante, ha obtenido confesiones de médicos que piden no se revele su nombre. Los relatos son preocupantes. "En el hospital, una disposición militar puede estar por sobre cualquier derecho individual o colectivo, ellos son la ley". "Los médicos civiles no podemos acogernos al escalafón médico, además se nos maltrata, cuando quieren nos cambian de horario, nos aumentan horas de trabajo, nos pagan con atraso". "Un militar paga por un trasplante renal, en el que intervienen varios médicos especialistas, no más de $17, el resto se supone que paga el Instituto de Seguridad Social de las FFAA. ¿Qué hospital va a aguantar esto?" "¿Quién evalúa, fiscaliza, controla la administración de las autoridades militares en el hospital? ¿Quiénes son los responsables de la crisis?".
Las voces son varias, denotan molestia, preocupación y reserva.
La gran mayoría de médicos cíviles del Hospital Militar son especialistas, muchos de ellos con cursos en el exterior, sin embargo, un médico residente ganaría unos $200, y un tratante unos $400 y $500, aparte de la antigüedad.
Según las mismas voces, la crisis se desató cuando en 1997, el general Jorge Andrade Piedra, entonces director, decidió desvincular al hospital del presupuesto de las FFAA, en pos de una autogestión que ha fracasado.
Hace pocas semanas, otro grupo de médicos se reunió para buscar salidas, pero todo terminó cuando una autoridad militar prohibió que se hablara del tema con la prensa. "No diga mi nombre, pero la verdad es que hay muchas cosas que deben cambiar en el hospital". (PM)
La Federación Médica espera denuncias
Marcelo Silva, presidente de la Federación Médica, manifestó a BLANCO Y NEGRO que está esperando las denuncias de los médicos civiles del Hospital Militar en torno al supuesto incumplimiento del escalafón médico en dicha casa de salud, para iniciar las investigaciones correspondientes.
Silva afirmó que no ha recibido ninguna denuncia de parte de los médicos civiles del Hospital Militar.
Sin embargo, varios médicos civiles consultados reiteraron que en el Hospital General de las Fuerzas Armadas no se pagan las remuneraciones como dicta la Ley, y anotaron que ya que al estar inmersos en una institución militar, no está permitido denuncias como las que esperaría la Federación Médica.
"En caso de producirse aquello, el médico que hizo la denuncia podría salir inmediatamente del hospital", dijo la fuente. (ASM)
Un 52% del presupuesto, sin cobertura
El 48% del presupuesto del hospital General de las Fuerzas Armadas surge de la atención de servicios de salud a civiles y militares. El problema es que existe el restante 52% del presupuesto que no es cubierto por nadie, ni por el Estado ni por las Fuerzas Armadas, y de allí resulta el déficit.
Los datos financieros de la institución no fueron revelados a BLANCO Y NEGRO, dada la política del silencio establecida en dicho lugar.
En todo caso, se lograron conocer ciertos datos económicos como los que aparecen en los gráficos, arriba. De igual forma, se conoció que de las 175 mil operaciones que se realizaron el año pasado a civiles y militares, los militares pagaron $350 mil. En el caso de los civiles, se pagó $1 750 000.
El hospital tiene un total de 1 127 empleados civiles, mientras que los empleados militares llegan a 200. (ASM)
Una casa de Salud, con política de puertas cerradas
"Cualquier inquietud debe ser dirigida al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas´
En el Hospital General de las Fuerzas Armadas, en Quito, todo empleado civil y militar sabe que no puede hablar con la prensa, en especial sobre la crisis presupuestaria de la casa de Salud.
Hace tres semanas, el director del Hospital Militar, contralmirante retirado José Rosero, hermano del actual comandante de la Marina, Víctor Hugo Rosero, y el jefe de Medicina Nuclear del hospital, Mauro Yerovi, se pronunciaron en los medios de comunicación respecto de la difícil situación presupuestaria por la que atraviesa la mencionada casa de Salud.
Sin embargo, tras esas iniciales declaraciones, la ley del silencio ha imperado en todos los departamentos del Hospital Militar.
BLANCO Y NEGRO pidió reiteradas veces durante las últimas semanas entrevistas con el director del hospital, sin obtener respuestas. Finalmente se solicitó por escrito una entrevista con el director médico del hospital, coronel José María Molina.
Allí se anotaron preguntas como: ¿Cuál es la crisis presupuestaria que afronta el hospital Militar? ¿Por qué se ha prohibido a los médicos civiles hablar con la prensa? ¿Cuánto ha afectado que el hospital se declare en autogestión y no reciba recursos del presupuesto del Ministerio de Defensa? ¿Se han hecho auditorías, exámenes o evaluaciones de la gestión de los ex directores del Hospital General de las Fuerzas Armadas?
La Dirección General del Hospital Militar informó, al cierre de esta edición, que las preguntas no serían contestadas y que cualquier inquietud se la debía dirigir hacia el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Oswaldo Jarrín. (ASM)
"Quien debe actuar es el ministro de Defensa"
"¿Es lo mismo ordenar en un cuartel, que en un hospital?, inquiere el doctor Fabián Merino
La memorable movilización de las escarapelas negras del último trimestre de 2001 tuvo una inmediata respuesta militar. Varios de quienes protagonizaron la medida fueron, de muchas maneras, instados a dejar la protesta. Sin embargo, el cardiólogo Fabián Merino decidió avanzar con la medida, que nunca llegó a una paralización, y logró ser atendido por el Directorio del hospital, del que no forma parte ningún civil, y luego por el jefe del Comando Conjunto de entonces, Miguel Saona, y los jefes de las fuerzas militares.
Merino presentó un proyecto, pero nunca recibió respuesta concreta, lo que le motivó a dejar la institución, tras 30 años de trabajo. Hoy es de los pocos que se atreven a hablar su versión sobre la crisis del Hospital Militar.
"¿Tiene un militar la capacidad y la instrucción suficiente para administrar un hospital? ¿Es lo mismo ordenar en un cuartel que en una institución de Salud?", se pregunta Merino.
Merino lamenta que en dicha casa de Salud los médicos civiles estén sujetos a disposiciones antojadizas. "Los militares dicen cuándo se trabaja cuatro horas, cuándo seis. Se pregunta ¿por qué?, y la respuesta es "porque nosotros queremos y si no quieren se van". Ordenan de pronto que todo los empleados del hospital trabajen un día festivo y pobre del que no llegue", comenta Merino.
Y añade: "Los militares pueden modificar estructuras del hospital bajo disposiciones internas, mover a un empleado de una categoría a otra cuando quieran".
Merino sostiene que todo lo que se haga o no en el Hospital Militar, por medio del Comando Conjunto o de otras Fuerzas, tiene que tener el visto bueno del ministro de Defensa. Y de allí que anota que "la solución definitiva, humana, lógica y profesional para el hospital está en el ministro de Defensa". (PM-ASM)
ANALISIS
Una oportunidad para la transparencia
La delicada situación financiera e institucional por la que atraviesa el Hospital Militar, una de las casas de Salud del país con mayor reconocimiento a escala nacional e internacional, preocupa a la sociedad en su conjunto.
Muchos de los mejores médicos ecuatorianos han pasado por la escuela del saber científico en que se ha convertido el Hospital Militar, dado el continuo intercambio de conocimientos por parte de médicos con estudios en el exterior y la oportunidad de disponer de equipos de alta tecnología.
Eso lo sabe la ciudadanía, y por ello resulta inquietante que se hable de la posibilidad de que el hospital cierre sus puertas, se constate la disminución de servicios y operaciones, y se den a conocer denuncias de médicos civiles sobre supuestas formas de maltrato por parte de los militares.
Más aún, preocupa notablemente que en un tema en el que se hacen urgentes las explicaciones sobre la real situación financiera del hospital y aclaraciones en torno a las denuncias hechas por médicos que piden que sus nombres no sean revelados, las puertas del Hospital Militar sean cerradas a la información, y se prohíba a cualquier miembro de dicha institución el contacto con la prensa -pues así se dice a los periodistas-, y la entrega de denuncias a sus gremios como la Federación Médica o a entidades como la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.
Mientras en el Congreso Nacional se discute la Ley de Acceso a la Información, se mantiene una política del silencio en varios sectores del país. ¿Qué de reservado o peligroso para los intereses de la Defensa Nacional puede tener la entrega de información precisa sobre el déficit del Hospital Militar, sus ingresos y egresos, su distribución presupuestaria? ¿Puede manejarse una casa de salud con una mayoría de médicos civiles muy bien preparados y pacientes que son parte de la sociedad ecuatoriana, bajo una estructura militar similar a la de un cuartel?
La situación en el hospital Militar abre expectativas sobre la apertura que tendrán a futuro en la exposición de este asunto las actuales autoridades militares. El tema es sin duda, una oportunidad para la transparencia. (PM) (BLANCO Y NEGRO)
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