Quito. 24.03.93. Los historiadores somos una especie de
espiritistas, que invocamos a los fantasmas del pasado en nombre
de los fantasmas del presente. Es por ello que ahora, cuando se
prepara una nueva privatización de bienes públicos, hemos
decidido recordar esta pequeña historia sobre el tema.
El 2 de abril de 1767, el rey Carlos III dictó su famosa
"Pragmática", por la que ordenó que la Compañía de Jesús fuera
expulsada de todos sus dominios y que sus bienes fuesen
incautados por las autoridades, para ser luego rematados al mejor
postor. Es así como se constituyó en cada una de las colonias
españolas una Dirección de Temporalidades, encargada de la
administración y venta de los bienes jesuíticos.
Siempre urgido de fondos, el Estado español buscó vender
preferentemente al contado las numerosas propiedades de los
regulares expatriados, que sólo en Quito sumaban 88 haciendas,
más de 500 esclavos negros y varios obrajes, batanes, trapiches,
molinos, huertas, casas, etc. Empero, en el caso de nuestro
país, la pobreza general de la Audiencia y también el ya
sólidamente establecido sistema de "valimiento" y "palanqueo"
determinaron que muchas de esas propiedades fueran vendidas a
crédito, generalmente a amigos o allegados de las autoridades.
Así, pues, no fue casual que entre los adquirentes de los "bienes
de temporalidades" hayan figurado a la cabeza los patriarcas de
las familias aristocráticas que se destacaban por su audacia
empresarial o habilidad política, junto a comerciantes
"ennoblecidos" por su fortuna o empleados chapetones enriquecidos
en la función pública.
La lista de beneficiarios de toda laya incluía a don Pedro
Calisto, el marqués de Selva Alegre, don Juan Antonio Chiriboga,
don Pedro de Ante, don Joaquín Ribadeneira, don Josef de Aguirre,
don Mariano Donoso, don Miguel Ponce, don Francisco Gómez de la
Torre y don Antonio de Aspiazu, en el distrito de Quito; el
marqués de Miraflores, don Juan José Espinoza y doña Baltazara
Terán, en el distrito de Latacunga; don Juan de Erdoyza, don
Pedro Zevallos, don Andrés de Salazar y doña Juana Costales, en
el distrito de Ambato; don Domingo Gangotena en el distrito de
Ibarra; don Juan Chica y don Manuel Valdivieso, en el distrito de
Cuenca; don Baltazar Carrión en el distrito de Loja; don Miguel
de Olmedo en el distrito de Guayaquil, etc.
Dada la corrupción imperante en el sistema administrativo
colonial, el remate de los bienes de temporalidades estuvo
rodeado de escándalos, fraudes y acciones turbias. Sospechoso
fue, sin duda, el hecho de que los mismos Directores Generales de
Temporalidades, encargados de dirigir esa "privatización",
fuesen los compradores de algunas de las mejores propiedades
rematadas. Uno de ellos, Miguel Agustín de Olmedo, un malagueño
perteneciente al círculo de amigos íntimos del Presidente
Villalengua, compró las enormes haciendas de Salinas y
Zarumilla, que pertenecieran al colegio de Guayaquil. El otro,
Antonio Aspiazu, un chapetón emprendedor que también era amigo
cercano de Villalengua, se autoasignó el predio de Ychubamba, que
perteneciera al colegio máximo de los jesuitas.
En cuanto a los fraudes, el más generalizado parece haber sido
la tasación inferior que se hacía de los bienes a rematarse, para
beneficio común de subastadores y adquirentes. Uno de estos fue
el referido a la hacienda Ysinliví, que perteneciera al colegio
de Latacunga y fuera rematada en 3.621 pesos por don Melchor
Benavides, de los cuales 2 mil eran al contado y lo demás a
plazo. Como luego se vería obligado a reconocer el mismo Aspiazu,
"después de haver cumplido con el thenor del remate, se presentó
el Defensor de Temporalidades, sobre que hubo leción enorme en la
Tasación, por denuncia que le hisieron; en cuya virtud se mandó
hazer nuebo abalúo, y de buena fé a cuenta del mayor valor en que
se pudiese estimar dicha Hazienda, consignó el comprador en Caxas
1379 pesos (como) consta del expediente y de la respectiba
cuenta..."
Hay más: muchos de los adquirentes de bienes de temporalidades
eran altos funcionarios públicos, que tenían en común la
circunstancia de administrar fondos del Estado. Además de Olmedo
y Aspiazu, estuvieron en esta situación don Juan de la Chica,
recaudador de tributos de Cuenca y, por lo que parece, don
Vicente Terán, oficial real de recaudación de tributos de Quito,
que se supone adquirió el predio de Guanaylín, que perteneciera
al colegio de Latacunga, a través de su hermana doña Baltazara.
Menudearon también las alteraciones posteriores de plazos e
intereses, siempre en beneficio de los adquirentes. Esto fue lo
que ocurrió con las compras del citado don Juan de la Chica, de
don Josef de Aguirre, del Marqués del Selva Alegre, de don Pedro
de Ante, de don Vicente Melo, de don Juan Antonio Chiriboga y de
don Francisco Gómez de la Torre. De otro lado, muchas de esas
propiedades fueron adquiridas para ser pagadas con el producto de
sus propios frutos; fue lo que ocurrió con dos haciendas del más
alto precio en toda la Audiencia (180.000 y 89.318 pesos,
respectivamente), adquiridas por don Juan Antonio Chiriboga y don
Juan de la Chica, sin pagar nada de contado.
Desde luego, también hubo unos pocos criollos ricos que
adquirieron esos bienes al contado o pagando al inicio la mayor
parte de su valor. Dos de ellos fueron don Pedro de Ante, que
compró al contado propiedades por valor de 100 mil pesos, y don
Baltazar Carrión, que adquirió en 35.400 pesos las propiedades
que los jesuítas poseyeron en Loja, pagando al contado la mayor
parte.
En resumen, esa primera "privatización" de nuestra historia fue
una oportunidad de oro para que unas cuantas familias de la
oligarquía criolla, o de la burocracia colonial, consolidaran su
fortuna y acrecentaran su importancia social. Aristócratas en
quiebra reconstituyeron su perdida riqueza. Modestos empleados
fiscales se volvieron afortunados. Chapetones llegados a Quito
sin un centavo terminaron de grandes terratenientes y, unas
décadas más tarde, sus familias figuraban ya entre las del "Gran
Cacao" guayaquileño. En general, los ricos se hicieron más ricos,
aunque algunos bienes no fueron pagados por los adquirentes y el
Estado republicano terminó como heredero forzoso de ciertas
deudas incobrables. Pero, como está visto, las privatizaciones
son así. Mejor dicho, son para eso mismo...(1C)
Más en el