HISTORIA DE UNA LIQUIDACION QUE NUNCA QUIERE CUMPLIRSE
Quito. 30.04.91. Desde cuando los tanqueros de agua, a finales
de los 70, llegaban únicamente a ciertos privilegiados, los
moradores del Comité del Pueblo, número uno, se dieron cuenta
que algo extraño pasaba. La cooperativa Vivienda del Pueblo,
que creó el barrio, situado al extremo norte de Quito, muy
próximo a Calderón, no cumplía sus fines porque se había
desviado de los objetivos iniciales. En este momento está por
resolverse, definitivamente,la liquidicación de la cooperativa
en el Ministerio de Bienestar Social.
La historia comenzó hace muchos años cuando los socios de la
cooperativa tuvieron que asistir a concentraciones políticas
organizadas sin su consentimiento solo para acceder a
tiquetes que les permitía tener el agua potable, que al fin de
cuentas no llegó nunca por esa vía.
Los famosos tiquetes, para obtener las escrituras, también
funcionaron muy bien para la extorsión; de eso se dieron
cuenta cuando los presionaron para recibir a los candidatos
que igual ofrecían todo y nunca cumplían nada. Así nacieron
los tiquetes para "bono de campaña", de 50 sucres;
"reconstrucción del partido", por 100 sucres; "pro periódico",
de 20 sucres; para la "defensa legal de los compañeros
dirigentes", de 100 sucres; "por aniversario", 50 sucres; y
hasta "contra la infamia y la calumnia" o el "bono de
educación".
Parecerían pequeños los montos de los tiquetes, pero sumados
los provenientes de los diversos sectores del Comité del
Pueblo como son Dammer, La Bota, Carcelén Libre, Marianitas y
Puengasí eran, en esa época, 40 mil habitantes comprando
varios pases a la esperanza. Mientras tanto comenzaba la
década de los 80, cuando un tiquete podía ser cambiado por
varios artículos. Por ejemplo en el 83 un "bono de infamia y
calumnia" equivalía a una funda de fideos que costaba 22,5
sucres o cinco huevos de cuatro sucres por un "bono de
educación".
Para estas fechas ya habían perdido muchas cosas inclusive 20
metros cuadrados de terreno, porque compraron sus solares de
200 metros y solo recibieron de 180.
Pero cuando se crearon las llamadas "asambleas", donde nadie
pudo debatir sino aceptar las órdenes, comprobaron también que
sus ingresos y los egresos del comité eran imposibles de
cuestionar. Además sus ahorros disminuyeron constantemente,
bien porque se necesitaban para reparar un choque del auto de
un dirigente o porque otra concentración política así lo
pedía. Aunque también para cumplir los requerimientos de
campaña los estudiantes debían salir por las noches a pegar
carteles.
Se dieron cuenta que habían caído primero en el tráfico de
tierras, y después en el de las conciencias, sin contar que
los ingresos de la cooperativa Vivienda del Pueblo servía para
préstamos a terceras personas, con un interés del 48 por
ciento.
Las lotizaciones fueron otro cuento. Para poner un ejemplo,
cuando la cooperativa compró la hacienda "Eloisa", por un
valor de 14 millones de sucres fue para cinco mil socios, que
aportaron 5.500 sucres cada uno. Fácil es comprobar que da un
total de 27 millones y medio con el respectivo perjuicio a los
moradores. Fue cuando se acordaron de la liquidación de la
cooperativa que nunca llegaba.
La tal liquidación
La cooperativa Vivienda del Pueblo nació con personería
jurídica en 1971, pero los moradores pidieron su liquidación
porque no cumplía los fines para la cual fue creada. El
esperado día llegó el 15 de abril de 1985 con la intervención
de la cooperativa por el Ministerio de Bienestar Social, pero
el 15 de abril del 87, por una extraña razón, se levantó la
intervención, por encima de la decisión del Tribunal de
Garantías Constitucionales, TGC, que dejó sin efecto estos
intentos.
Parecía que el 21 de julio de 1988 se produciría la
liquidación definitiva de la cooperativa que extorsionaba a
sus propios socios, sin embargo un año después se produjo otra
intervención ministerial.
Para que no existieran dudas del pedido de autogestión de los
moradores el TGC resolvió desechar nuevamente la demanda
presentada por Carlos Rodríguez Paredes -el expresidente de la
cooperativa- por repetidas ocasiones, por considerarla
improcedente.
Ahí comenzó otra historia para los pobladores de este populoso
sector. Nuevamente una comisión especial del Congreso Nacional
abrió el caso y éste regresó a manos del Ministerio de
Bienestar Social. A este organismo le corresponde liquidar
definitivamente la cooperativa que nuevamente quiere manipular
y abusar de sus propios socios. Mientras tanto ha comenzado la
década de los 90.
- La cooperativa Vivienda del Pueblo, del Comité del Pueblo,
fue intervenida por primera vez con acuerdo ministerial 630 el
15 de abril de 1985.
- Actualmente este barrio urbano marginal tiene 65 mil
habitantes que han conseguido alcantarillado, agua potable,
adoquinamiento, luz eléctrica y otros servicios populares por
sus propios medios.
- La demanda de devolver la cooperativa de Vivienda del Pueblo
a Carlos Rodríguez Paredes ha sido rechazada por dos ocasiones
por el Ttribunal de Garantías Constitucionales.
- Desde 1980 no existen elecciones democráticas en la
cooperativa y el expresidente Carlos Rodríguez no es socio.
- La cooperativa de Vivienda del Pueblo adeuda 60 millones de
sucres al Municipio y a la Empresa Eléctrica Quito.
- Después de cinco años de promesas para liquidar la
cooperativa, el caso nuevamente está abierto y espera la
decisión del Ministerio de Bienestar Social.
- Los moradores del Comité del Pueblo indican que esta
cooperativa "fue un experimento político".
Oros sueños cumplidos
Un morador del Comité número uno, al extremo nororiental de
Quito, pocos quilómtros antes de Calderón, informó que esperan
la liquidación de la cooperativa Vivienda del Pueblo "porque
no somos propiedad de Carlos Rodríguez Paredes (el
expresidente). Nosotros somos libres y él pretend utilizarnos.
Además todos los logros que hemos realizado es merced a
nuestro sacrificio".
Los pobladores que denuncian haber sido manipulados por
Rodríguez "porque nos obligaba a pasar de un partido a otro
permanentemente", están conscientes que una decisión
ministerial negativa renacería la amarga historia.
La cooperativa Vivienda del Pueblo, que Rodríguez dirigía,
inclusive lotizó el sitio donde se levantaría el hospital,
pero nunca el exdirigente pagó los impuestos prediales
municipales, que tuvieron que hacerlo los desilusionados
socios, con mora e intereses.
"No queremos que existan otras personas que sufran como
nosotros, por eso denunciamos", dijo una señora con la
escritura legal de su solar en la mano. "Por qué después de
tantos años se abre nuevamente el caso, qué intereses
existen", comentó otro poblador, que aún recuerda las rondas
nocturnas para vigilar a los autoritarios dirigentes y el
control de entrada del barrio, donde el familiar tenía que
explicar a quien iba a visitar.
La minga
Pero no todo es malo en este sector marginal. Debido a que la
cooperativa no cumplía sus fines, los pobladores decidieron
enfrentar sus problemas por todos los medios, inclusive la
minga. Numerosas reuniones hicieron para obtener el agua
potable, de allí salieron las comisiones a los organismos
gubernamentales y los requerimientos a las organizaciones
internacionales, hasta lograr sus objetivos. Ahora, ellos
sienten que los logros conseguidos pueden caer en otras manos.
(C-8)
Quito. 30.04.91. Desde cuando los tanqueros de agua, a finales
de los 70, llegaban únicamente a ciertos privilegiados, los
moradores del Comité del Pueblo, número uno, se dieron cuenta
que algo extraño pasaba. La cooperativa Vivienda del Pueblo,
que creó el barrio, situado al extremo norte de Quito, muy
próximo a Calderón, no cumplía sus fines porque se había
desviado de los objetivos iniciales. En este momento está por
resolverse, definitivamente,la liquidicación de la cooperativa
en el Ministerio de Bienestar Social.
La historia comenzó hace muchos años cuando los socios de la
cooperativa tuvieron que asistir a concentraciones políticas
organizadas sin su consentimiento solo para acceder a
tiquetes que les permitía tener el agua potable, que al fin de
cuentas no llegó nunca por esa vía.
Los famosos tiquetes, para obtener las escrituras, también
funcionaron muy bien para la extorsión; de eso se dieron
cuenta cuando los presionaron para recibir a los candidatos
que igual ofrecían todo y nunca cumplían nada. Así nacieron
los tiquetes para "bono de campaña", de 50 sucres;
"reconstrucción del partido", por 100 sucres; "pro periódico",
de 20 sucres; para la "defensa legal de los compañeros
dirigentes", de 100 sucres; "por aniversario", 50 sucres; y
hasta "contra la infamia y la calumnia" o el "bono de
educación".
Parecerían pequeños los montos de los tiquetes, pero sumados
los provenientes de los diversos sectores del Comité del
Pueblo como son Dammer, La Bota, Carcelén Libre, Marianitas y
Puengasí eran, en esa época, 40 mil habitantes comprando
varios pases a la esperanza. Mientras tanto comenzaba la
década de los 80, cuando un tiquete podía ser cambiado por
varios artículos. Por ejemplo en el 83 un "bono de infamia y
calumnia" equivalía a una funda de fideos que costaba 22,5
sucres o cinco huevos de cuatro sucres por un "bono de
educación".
Para estas fechas ya habían perdido muchas cosas inclusive 20
metros cuadrados de terreno, porque compraron sus solares de
200 metros y solo recibieron de 180.
Pero cuando se crearon las llamadas "asambleas", donde nadie
pudo debatir sino aceptar las órdenes, comprobaron también que
sus ingresos y los egresos del comité eran imposibles de
cuestionar. Además sus ahorros disminuyeron constantemente,
bien porque se necesitaban para reparar un choque del auto de
un dirigente o porque otra concentración política así lo
pedía. Aunque también para cumplir los requerimientos de
campaña los estudiantes debían salir por las noches a pegar
carteles.
Se dieron cuenta que habían caído primero en el tráfico de
tierras, y después en el de las conciencias, sin contar que
los ingresos de la cooperativa Vivienda del Pueblo servía para
préstamos a terceras personas, con un interés del 48 por
ciento.
Las lotizaciones fueron otro cuento. Para poner un ejemplo,
cuando la cooperativa compró la hacienda "Eloisa", por un
valor de 14 millones de sucres fue para cinco mil socios, que
aportaron 5.500 sucres cada uno. Fácil es comprobar que da un
total de 27 millones y medio con el respectivo perjuicio a los
moradores. Fue cuando se acordaron de la liquidación de la
cooperativa que nunca llegaba.
La tal liquidación
La cooperativa Vivienda del Pueblo nació con personería
jurídica en 1971, pero los moradores pidieron su liquidación
porque no cumplía los fines para la cual fue creada. El
esperado día llegó el 15 de abril de 1985 con la intervención
de la cooperativa por el Ministerio de Bienestar Social, pero
el 15 de abril del 87, por una extraña razón, se levantó la
intervención, por encima de la decisión del Tribunal de
Garantías Constitucionales, TGC, que dejó sin efecto estos
intentos.
Parecía que el 21 de julio de 1988 se produciría la
liquidación definitiva de la cooperativa que extorsionaba a
sus propios socios, sin embargo un año después se produjo otra
intervención ministerial.
Para que no existieran dudas del pedido de autogestión de los
moradores el TGC resolvió desechar nuevamente la demanda
presentada por Carlos Rodríguez Paredes -el expresidente de la
cooperativa- por repetidas ocasiones, por considerarla
improcedente.
Ahí comenzó otra historia para los pobladores de este populoso
sector. Nuevamente una comisión especial del Congreso Nacional
abrió el caso y éste regresó a manos del Ministerio de
Bienestar Social. A este organismo le corresponde liquidar
definitivamente la cooperativa que nuevamente quiere manipular
y abusar de sus propios socios. Mientras tanto ha comenzado la
década de los 90.
- La cooperativa Vivienda del Pueblo, del Comité del Pueblo,
fue intervenida por primera vez con acuerdo ministerial 630 el
15 de abril de 1985.
- Actualmente este barrio urbano marginal tiene 65 mil
habitantes que han conseguido alcantarillado, agua potable,
adoquinamiento, luz eléctrica y otros servicios populares por
sus propios medios.
- La demanda de devolver la cooperativa de Vivienda del Pueblo
a Carlos Rodríguez Paredes ha sido rechazada por dos ocasiones
por el Ttribunal de Garantías Constitucionales.
- Desde 1980 no existen elecciones democráticas en la
cooperativa y el expresidente Carlos Rodríguez no es socio.
- La cooperativa de Vivienda del Pueblo adeuda 60 millones de
sucres al Municipio y a la Empresa Eléctrica Quito.
- Después de cinco años de promesas para liquidar la
cooperativa, el caso nuevamente está abierto y espera la
decisión del Ministerio de Bienestar Social.
- Los moradores del Comité del Pueblo indican que esta
cooperativa "fue un experimento político".
Oros sueños cumplidos
Un morador del Comité número uno, al extremo nororiental de
Quito, pocos quilómtros antes de Calderón, informó que esperan
la liquidación de la cooperativa Vivienda del Pueblo "porque
no somos propiedad de Carlos Rodríguez Paredes (el
expresidente). Nosotros somos libres y él pretend utilizarnos.
Además todos los logros que hemos realizado es merced a
nuestro sacrificio".
Los pobladores que denuncian haber sido manipulados por
Rodríguez "porque nos obligaba a pasar de un partido a otro
permanentemente", están conscientes que una decisión
ministerial negativa renacería la amarga historia.
La cooperativa Vivienda del Pueblo, que Rodríguez dirigía,
inclusive lotizó el sitio donde se levantaría el hospital,
pero nunca el exdirigente pagó los impuestos prediales
municipales, que tuvieron que hacerlo los desilusionados
socios, con mora e intereses.
"No queremos que existan otras personas que sufran como
nosotros, por eso denunciamos", dijo una señora con la
escritura legal de su solar en la mano. "Por qué después de
tantos años se abre nuevamente el caso, qué intereses
existen", comentó otro poblador, que aún recuerda las rondas
nocturnas para vigilar a los autoritarios dirigentes y el
control de entrada del barrio, donde el familiar tenía que
explicar a quien iba a visitar.
La minga
Pero no todo es malo en este sector marginal. Debido a que la
cooperativa no cumplía sus fines, los pobladores decidieron
enfrentar sus problemas por todos los medios, inclusive la
minga. Numerosas reuniones hicieron para obtener el agua
potable, de allí salieron las comisiones a los organismos
gubernamentales y los requerimientos a las organizaciones
internacionales, hasta lograr sus objetivos. Ahora, ellos
sienten que los logros conseguidos pueden caer en otras manos.
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