Caracas. 22.05.93. Hace seis meses, una breve columna
periodística mencionó supuestas irregularidades administrativas
en el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Hoy esa
denuncia ha puesto al presidente al borde de un juicio por
corrupción y del fin de su larga carrera política.
El caso es el primero contra un jefe de estado en funciones en
Venezuela. Y es también la primera vez que se ha activado el
mecanismo legal de enjuiciamiento a un mandatario, previsto en la
constitución nacional.
Este singular capítulo de la historia venezolana comenzó el 8 de
noviembre de 1992.
El periodista y ex dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS),
José Vicente Rangel, de 64 años, denunció, citando fuentes
confidenciales, irregularidades para la obtención, compra y uso
de 17,2 millones de dólares por parte del Ministerio de la
Secretaría de la Presidencia.
Los dólares, de acuerdo a la denuncia, fueron comprados con
fondos de una cuenta de gastos reservados del Ministerio del
Interior.
La presidencia, ese ministerio y los de Defensa, Justicia y la
Cancillería son los únicos con acceso a ese tipo de fondos que
son utilizados discrecionalmente por los titulares de esos
despachos.
Rangel, sin ofrecer mayores detalles, aseguró que el presidente
usó el dinero para sufragar gastos de la ceremonia de su toma de
posesión en febrero de 1989. Dijo también que ese dinero habría
sido vendido en el mercado libre de divisas.
La denuncia llevó a la Comisión de la Contraloría de la Cámara de
Diputados a designar el 17 de noviembre una comisión especial de
nueve miembros para investigar el caso.
La comisión citó a 22 funcionarios del Ministerio de la
Secretaría de la Presidencia, del Ministerio del Interior, del
Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Venezuela y de la
Oficina Central de Información, y al propio periodista.
De acuerdo a testimonios de funcionarios del BCV y de los
ministerios, reproducidos parcialmente por la comisión
legislativa en un informe entregado a la prensa en abril pasado,
el presidente ordenó el 22 de febrero de 1989 aumentar en 250
millones de bolívares el presupuesto de gastos reservados del
Ministerio del Interior. El aumento se basó en 'insuficiencias'
en esa cartera.
El informe agrega que se ordenó comprar dólares con los 250
millones de bolívares para cubrir gastos de seguridad y defensa
en el exterior. Los dólares fueron adquiridos en una oficina
denominada Régimen de Cambio Diferencial (RECADI) que ofrecía la
divisa a una tasa de 14,50 bolívares por dólar.
La tasa de cambio en el mercado para el momento de la operación
era de unos 38 bolívares por dólar.
El 12 de marzo de 1989, el ejecutivo ordenó la eliminación de
Recadi, calificada por Pérez de 'nido de corrupción'.
La denuncia y el informe legislativo agregan que en los trámites
para la compra de los dólares así como en su entrega, luego de
desaparecida Recadi, hubo una serie de irregularidades pues ni el
Ministerio de la Secretaría maneja gastos reservados, ni ninguno
de los funcionarios pudo decir a qué se destinaron los dólares.
Por ley, el presidente y sus ministros no están obligados a
revelar el uso de los fondos reservados que por primera vez se
incluyen en la Ley de Presupuesto en julio 1937.
La ley orgánica de la Contraloría General de la República, del 4
de enero de 1975, instauró un régimen especial que exceptuó de
los controles ejercidos hasta ese entonces sobre los gastos
destinados a la defensa y seguridad del estado.
El 9 de marzo en un mensaje radiotelevisado, y tras negarse en
dos distintas oportunidades a responder un cuestionario de 23
preguntas de la comisión legislativa, Pérez aseguró que el dinero
fue efectivamente usado en gastos de seguridad y defensa del
exterior y que no revelaría ni discriminaría tales gastos pues
estaría violando la ley.
Dos días después, ante informaciones que daban cuenta de las
primeros irregularidades detectadas por la investigación
parlamentaria, el fiscal general de la república Ramón Escobar
Salón, solicitó a la Corte Suprema de Justicia decidir si había
méritos para juzgar al presidente Pérez y a dos de sus ex
ministros, Alejandro Izaguirre, del interior; y a Reinaldo
Figueredo, de la presidencia, por la malversación de los 17,2
millones de dólares.
El fiscal, por tecnicismos jurídicos, declinó mencionar las
pruebas que sustentaban su solicitud de entejuicio.
La corte aceptó estudiar el caso y el 29 de marzo y el presidente
del máximo tribunal, Gonzalo Rodríguez Corro, se reservó el
derecho de elaborar una ponencia del caso y que debía ser
discutida y votada por sus 14 colegas.
El pasado 4 de mayo trascendió a los medios de comunicación que
la ponencia elaborada por Rodríguez Corro, sostenía que había
méritos para juzgar al jefe de estado.
El presidente del tribunal no ofreció declaraciones, pero ese
mismo Pérez envió una carta al tribunal pidiéndole que se
apresure en tomar su decisión dado que era ya del conocimiento
público que el magistrado se pronunciaba por un juicio contra el
mandatario y que el país no podía ser sometido a una larga
espera.
Una semana más tarde, la corte rechazó la solicitud presidencial
e informó que tomaría los 15 días reglamentarios para emitir su
decisión. El plazo se venció el 20 de mayo. (AP)
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