Candidatos buscan retornar curules, desde las que manejaron el poder
Expulsiones, cambios de tiendas políticas, faltas a las sesiones, tráfico de influencias, entre las "perlas" de algunos candidatos
Los diputados aprueban leyes, el Presupuesto General del Estado, designan a los miembros de los Tribunales Supremo Electoral (TSE) y Constitucional (TC), nombran a las máximas autoridades de control y hasta pueden destituir a los presidentes de la República
Según las normas vigentes, los diputados están facultados para reformar e interpretar la Constitución, aprobar leyes, fiscalizar, elaborar la terna de contralor general del Estado, designar al procurador del Estado, fiscal de la Nación, defensor del Pueblo, superintendentes de todos los órganos de control de ternas enviadas por el Ejecutivo, aprueban el Presupuesto General del Estado.
Por esto es indispensable conocer el pasado de los candidatos a ejercer esas funciones.
Los ciudadanos deben saber a quiénes entregan ese cúmulo de poder. BLANCO Y NEGRO reseña un grupo de postulantes que han dado qué hablar en los últimos años. (AA)
Luis Almeida encabeza la lista del PSP de diputados del Guayas. Fue expulsado del Congreso por apartarse de la disciplina del PSC y pasar a formar parte de la mayoría gutierrista que tumbó la Corte Suprema de Justicia. Ahora es abogado de Lucio Gutiérrez. (LVA)
Eliseo Azuero, candidato a diputado de Sucumbíos, por el Prian. En la época de Jamil Manuad llegó al Congreso por la DP y cuando este fue derrocado formó el MIN que apoyaba las iniciativas de Gustavo Noboa. En esa época fue acusado de tráfico de influencias. (AA)
Simón Bustamante, diputado de Manabí por el PSC busca la reelección. Está 18 años en el Congreso. Dos asesores suyos fueron contratistas de obras en Jipijapa y la Contraloría no halló irregularidades. Recomendó a "El Justiciero" para que se incorpore a la Policía. (LVA)
Henry Carrascal, candidato a diputado del Guayas por Sociedad Patriótica, estuvo preso 10 meses por intento de violación a una menor. Lo acusó un juez de lo Penal del Guayas. La Tercera Sala lo excarceló pero no lo liberó totalmente de responsabilidad. (BMS)
Rafael Dávila es candidato a la reelección como diputado de Loja por UDC. En la Comisión de Excusas hay una grabación del ex presidente Lucio Gutiérrez, donde manifiesta que Dávila tramitaba obras. Támbién estuvo en la mayoría legislativa que nombró a la "Pichicorte". (LVA)
Marcelo de Mora, candidato a diputado de Bolívar por el PSC. Fue acusado de tramitar el ingreso de su hijo a Petroecuador. Su esposa laboró con el ex secretario de Deportes, Luis Tapia; otros parientes estuvieron en varias entidades. Busca la reelección. (LVA)
León Febres Cordero encabeza la lista de diputados del PSC en Guayas. Envió una carta a Lucio Gutiérrez para gestionar $30 millones para el Municipio de Daule. Acudió al Congreso en tres ocasiones en este período, dice que trabaja desde su casa. (LVA)
Alfonso Harb busca su reelección al Congreso por el PSC. En una ocasión sacó una pistola en el pleno ante el posible ingreso de una manifestación indígena. A Salvador Quishpe le dijo "indio drogado con ayahuashca" cuando este acusó a los del PSC de "pandilleros". (LVA)
Bolívar González (PRE) es candidato a diputado de Pichincha. Fue viceministro de Bienestar Social y, en la revuelta de abril de 2005, fue acusado de contratar sicarios que dispararon a manifestantes, aunque fue absuelto actualmente afronta un juicio por peculado. (LVA)
José Iturralde es candidato a diputado de Cotopaxi por Sociedad Patriótica. Abandonó la campaña en septiembre pasado. En la Fiscalía hay denuncias de que tendría deudas por más de $300 mil. El caso está en investigación. (PC)
Rocío Jaramillo aspira a una diputación en Guayas por Sociedad Patriótica. Fue diputada del PSC, cercana a Febres Cordero. En el período anterior fue expulsada del Congreso junto a Luis Almeida. Su voto fue clave para evitar un juicio político contra Gutiérrez. (LVA)
Mauricio Larrea, candidato a diputado de Imbabura por la RED-ID. Cuando fue alcalde de Ibarra, alrededor de 1 000 personas fueron afectadas por consumir agua contaminada con heces fecales; dos niños murieron. Él responsabilizó al gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable. (SR)
Homero López, candidato a diputado de Esmeraldas por el PRE. La Contraloría halló indicios de responsabilidad en el manejo del plan "Mi casa bonita" (fue prefecto de 2002 a 2006) y fue enjuiciado por el ingreso de 45 empleados sin nombramiento. (LFA)
Aurelio Llori (PSC-PRE) fue expulsado del Congreso junto a otros diputados por abandonar la Izquierda Democrática (ID) para sumarse a las filas de los diputados gutierristas. Su actual candidatura fue impugnada, pero el recurso no tuvo acogida en el Tribunal Electoral de Orellana. (LVA)
Jorge Montero (CFP) lleva 12 años en el Congreso. Fue acusado por Rafael Dávila de un presunto delito de narcotráfico. Según Dávila, Montero transportaba en un auto del Congreso pasta base de cocaína. El caso no fue investigado por el Comité de Excusas del Congreso Nacional. (LVA)
Luis Muñoz Pasquel es candidato a diputado de Pichincha por Causa Justa. Prometió respaldar a los magistrados de 1997, pero al día siguiente daba la bienvenida a la "Pichicorte", luego hizo marchas para botarla. Dijo que la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) es inconstitucional. (SR)
Édgar Ortiz busca representar al Carchi por el Movimiento FIRC. Fue diputado del Prian y la Comisión Anticorrupción lo denunció de un supuesto enriquecimiento ilícito. Ortiz no logró justificar con claridad los $125 399 "extras" depositados en sus cuentas; dijo que había vendido cabezas de ganado. (LVA)
Luis Pachala candidato a diputado de Bolívar por Sociedad Patriótica. Fue subsecretario de Bienestar Social; su sucesor Bolívar González lo acusó de haber chocado un carro oficial tras salir de un cabaret. Fue mentalizador de la entrega de picos y palas a varias comunidades indígenas. (SR)
Leonidas Plaza Sommers (PRE) quiere ser diputado por Cotopaxi. Fue descalificado del Congreso en 1997, luego de que la Comisión de Fiscalización encontró evidencias de que el convenio Enprovit-Avelina estuvo vinculado a la red "Peñaranda". Producía la leche "Abdalact". (PC)
Salvador Quishpe, candidato a la reelección por Pachakutik, fue acusado por los socialistas de haber notariado un documento en el que constaba que el diputado de Zamora Chinchipe se había repartido varios cargos en entidades públicas de esa provincia, con Polibio Orellana. (LVA)
Maria Agusta Rivas (PRE) quiere repetir una diputación por Cañar. Estuvo involucrada en un escándalo en Lima. En estado de embriaguez habría realizado destrozos en un hotel junto a otros diputados. Fue destituida del Congreso, hace varios meses. (LVA)
Roberto Rodríguez (PRE) busca ser reelegido por Manabí. El Fondo de Solidaridad denunció que el diputado mantenía una deuda por $400 mil con la empresa eléctrica de esa provincia. En una gresca en el Congreso, forcejeó con el diputado Xavier Sandoval. (AA)
Franklin Sanmartín lidera la lista de diputados por el Movimiento Unidos por Pastaza. Fue destituido por el Congreso 2005 debido al escándalo de Lima. Ha señalado que el lema de que su candidatura es por su reivindicación personal y política. Rechaza su destitución. (EF)
Jacobo Sanmiguel (Prian), fue diputado de Tungurahua por Patria Solidaria. La ex diputada María Augusta Rivas lo acusó de haberla agredido durante un escándalo del que formó parte en un hotel de Lima. Junto a otros diputados representaba al Congreso en una ronda de negociaciones del TLC. (LVA)
Jorge Sánchez busca otra diputación por la ID, en El Oro. Su nombre apareció en la lista de depositantes del ex notario José Cabrera, quien captaba dinero ilegalmente; se le atribuye el auspicio a la ley que creaba la Zona de Tratamiento Especial de Huaquillas. (LVA)
Luis Tapia, candidato a diputado de Bolívar por Sociedad Patriótica. Cuando fue secretario de Deportes hubo denuncias de una millonaria distribución de recursos en poblaciones de Manabí, Los Ríos y El Oro para construir piscinas en lugares donde ni siquiera había agua. (AA)
Antonio Vargas (Munapp) fue ministro de Bienestar Social en el Gobierno de Gutiérrez. Fue acusado por dirigentes indígenas de dividir al movimiento. También fue separado de la Conaie al promover una consulta popular con firmas adulteradas. Busca una diputación por la provincia de Pastaza. (LVA)
Felipe Vega (UDC) busca una diputación por Azuay. Estuvo al frente de Pacifictel en el interinato de Alarcón y fue ministro de Gobierno del actual régimen. La ex intendenta del Guayas, Gisella Padovani, denunció que personas de su entorno le pidieron dinero para mantenerla en el cargo. (LVA)
Fabián Villarruel, candidato a diputado de Pichincha por CFP, fue intendente de esta provincia durante el gutierrismo. Ordenó la prisión del dirigente Humberto Cholango por unas declaraciones en contra del ex presidente Lucio Gutiérrez. Las organizaciones de Derechos Humanos cuestionaron al intendente. (AA)
Jaime Estrada(UDC) es candidato a diputado de Manabí por cuarta ocasión. Fue parte del grupo de diputados que apoyaba al régimen de Gutiérrez, pero no fue destituido por violentar la disciplina partidista. Fue uno de los negociadores de la reestructuración de tribunales y cortes. (LVA)
Gustavo Terán es candidato a diputado de Pichincha por el MPD. Fue parte de la directiva nacional de ese partido, cuando se sumó a una mayoría con el PRE, Prian y gutierrismo para bloquear un juicio contra Lucio Gutiérrez, tumbar la Corte de 1997 y designar la "Pichicorte". Fue diputado hace dos períodos. (AA)
Ninfa Taco Yánez, candidata del Prian a concejala de Pedro Vicente Maldonado. Es esposa del ex alcalde de ese cantón, Héctor Borja, quien está detenido y es acusado de ser autor intelectual del asesinato del ex presidente del TSE, Francisco Ramón Gallegos. (AA)
"Trece diputados declaran cero impuesto a la renta"
En algunos casos, las declaraciones presentan cifras distintas a pesar de que perciben un mismo sueldo
El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Alberto Cárdenas, informó que 13 diputados declararon cero impuesto a la renta en 2005.
Ellos son los independientes Héctor Bárcenas y Édgar Ortiz; Alejandro Cepeda y Washington Naranjo (Sociedad Patriótica), Kenneth Carrera (Prian), Rafael Chica (PRE), Salvador Quispe (Pachakutik), Hugo Ruiz (ID), Vinicio Andrade (Ind.), Rafael Dávila (Ind.), Jorge Cevallos (Prian), Eudoro Loor (Prian) y Galo Vera (PRE).
Según el SRI, estos legisladores declararon en cero su impuesto a la renta.
En otros casos, las declaraciones presentan cifras distintas pese a que perciben sueldos similares, indicó Cárdenas.
Al responder la denuncia, el presidente del Congreso, Wilfrido Lucero, dijo que las diferencias obedecen a que cada diputado está obligado a hacer una declaración con todos sus ingresos; por eso algunos tienen pagos sobre el promedio.
También aseguró que la Dirección Financiera del Congreso retiene el impuesto a la renta de cada diputado. (SR)
El TSE informará sobre el gasto electoral 15 días después del cierre de la campaña
LA EMPRESA CONTRATADA por el organismo hace un monitoreo en las 22 provincias, no obstante sus cifras son menores a las de PC que únicamente lo hace en Pichincha y Guayas
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está integrado por representantes de los partidos políticos. El actual lo preside Xavier Cazar (PSC) a quien acompañan los vocales Sandra Cabrera (recién expulsada de Pachakutik), Patricio Torres (MPD), Jorge Valdospinos (ID), Ana Albán(Prian), Marco Benavides (UDC) y Narcisa Subía (PRE).
Ellos contrataron a la empresa española Infoadex para que realice el monitoreo de las pautas publicitarias de los candidatos a las diferentes dignidades. El objetivo es evitar que rebasen los techos permitidos del gasto electoral.
Los excesos son penados con el doble de la cantidad gastada.
La empresa remite los resultados del monitoreo a la Unidad de Control del Gasto del TSE. Fuentes del organismo dijeron que en esta instancia se los pule y solo entonces se los publica en la página web del Tribunal: www.tse.gov.ec
Hasta el jueves pasado en esa página electrónica constaban como últimos datos cifras contabilizadas hasta el 8 de octubre de este año: Álvaro Noboa con $1 366 074, Cynthia Viteri con $1 216 126, Rafael Correa con $1 033 824, León Roldós registraba un total de $889 001. Sobre el resto de candidatos se consignaban cifras inferiores a los $800 mil.
En la misma fecha, la organización Participación Ciudadana (PC) señalaba a Álvaro Noboa con $2 475 562, Rafael Correa con $1 754 599, León Roldós, $1 236 868; Cynthia Viteri con $ 1077 375.
En el caso de Noboa, la cifra del monitoreo de PC (cortado para nuestra comparación a la misma fecha de Infoadex) casi duplica a la publicada por el Tribunal.
Los resultados de PC también son más altos respecto a las otras candidaturas.
Sobre las diferencias, los técnicos de Infoadex indicaron a BLANCO Y NEGRO que su sistema es sofisticado, computarizado y registra los datos en 22 provincias.
Según Paul Mena, de PC, de ser así los resultados de Infoadex deberían ser más altos que los de su organización, pues esta última solo hace el monitoreo en Pichincha y Guayas
A diferencia de PC que ayer publicó su informe final de monitoreo de la publicidad electoral de los candidatos, la firma Infoadex prevé hacerlo 15 días después del cierre de la campaña electoral. (SR/AA)
PUNTO DE VISTA
Candidatos para la desmemoria
Este informe revela hasta qué punto la llamada "clase" política confía en la poca memoria de los ecuatorianos.
Solo así se explica que personajes de polémica presencia en el escenario público vuelvan a presentarse en las elecciones, para pedir el voto que los reinstale en el Congreso Nacional.
Entre ellos hay quienes son duchos en los "camisetazos", también acusados de narcotráfico o protagonistas de escándalos públicos. No falta el que apoyó la llamada "Pichicorte", ni el "profesional" que ejerce 18 años como legislador; hay un acusado de violación; otro que inauguró piscinas sin agua cuando fue autoridad del Gobierno de Lucio Gutiérrez; también el que tiene cuentas pendientes por consumo no pagado de servicios públicos.
Lo significativo es que el listado que ofrece este BLANCO Y NEGRO es apenas una muestra de una realidad más amplia.
A esto se suma el exorbitante gasto en propaganda política, movilizaciones, objetos, desplazamientos, impresos, etc., que viola los límites establecidos por la ley y levanta sospechas, naturalmente, sobre el origen de los fondos para la campaña.
Este informe tiene una carga de intención. Se presenta al lector, con la veracidad de siempre, en una coyuntura en la que el tema será mejor apreciado, tanto más cuanto que los ciudadanos deberán concurrir mañana a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la República, diputados, concejales, consejeros, diputados andinos y, en algunos casos, juntas parroquiales.
Siempre se ha dicho que uno de los males del ecuatoriano medio es su falta de memoria política y su buen corazón para perdonar a los políticos que abusaron de la representación cuando fueron elegidos.
Es probable que, lamentablemente, esto se compruebe mañana, una vez más. Pero también existe la posibilidad de que no.
El contenido de este informe podría contribuir al mejor discernimiento del elector a la hora de votar. (DCM)(Blanco y Negro)
Expulsiones, cambios de tiendas políticas, faltas a las sesiones, tráfico de influencias, entre las "perlas" de algunos candidatos
Los diputados aprueban leyes, el Presupuesto General del Estado, designan a los miembros de los Tribunales Supremo Electoral (TSE) y Constitucional (TC), nombran a las máximas autoridades de control y hasta pueden destituir a los presidentes de la República
Según las normas vigentes, los diputados están facultados para reformar e interpretar la Constitución, aprobar leyes, fiscalizar, elaborar la terna de contralor general del Estado, designar al procurador del Estado, fiscal de la Nación, defensor del Pueblo, superintendentes de todos los órganos de control de ternas enviadas por el Ejecutivo, aprueban el Presupuesto General del Estado.
Por esto es indispensable conocer el pasado de los candidatos a ejercer esas funciones.
Los ciudadanos deben saber a quiénes entregan ese cúmulo de poder. BLANCO Y NEGRO reseña un grupo de postulantes que han dado qué hablar en los últimos años. (AA)
Luis Almeida encabeza la lista del PSP de diputados del Guayas. Fue expulsado del Congreso por apartarse de la disciplina del PSC y pasar a formar parte de la mayoría gutierrista que tumbó la Corte Suprema de Justicia. Ahora es abogado de Lucio Gutiérrez. (LVA)
Eliseo Azuero, candidato a diputado de Sucumbíos, por el Prian. En la época de Jamil Manuad llegó al Congreso por la DP y cuando este fue derrocado formó el MIN que apoyaba las iniciativas de Gustavo Noboa. En esa época fue acusado de tráfico de influencias. (AA)
Simón Bustamante, diputado de Manabí por el PSC busca la reelección. Está 18 años en el Congreso. Dos asesores suyos fueron contratistas de obras en Jipijapa y la Contraloría no halló irregularidades. Recomendó a "El Justiciero" para que se incorpore a la Policía. (LVA)
Henry Carrascal, candidato a diputado del Guayas por Sociedad Patriótica, estuvo preso 10 meses por intento de violación a una menor. Lo acusó un juez de lo Penal del Guayas. La Tercera Sala lo excarceló pero no lo liberó totalmente de responsabilidad. (BMS)
Rafael Dávila es candidato a la reelección como diputado de Loja por UDC. En la Comisión de Excusas hay una grabación del ex presidente Lucio Gutiérrez, donde manifiesta que Dávila tramitaba obras. Támbién estuvo en la mayoría legislativa que nombró a la "Pichicorte". (LVA)
Marcelo de Mora, candidato a diputado de Bolívar por el PSC. Fue acusado de tramitar el ingreso de su hijo a Petroecuador. Su esposa laboró con el ex secretario de Deportes, Luis Tapia; otros parientes estuvieron en varias entidades. Busca la reelección. (LVA)
León Febres Cordero encabeza la lista de diputados del PSC en Guayas. Envió una carta a Lucio Gutiérrez para gestionar $30 millones para el Municipio de Daule. Acudió al Congreso en tres ocasiones en este período, dice que trabaja desde su casa. (LVA)
Alfonso Harb busca su reelección al Congreso por el PSC. En una ocasión sacó una pistola en el pleno ante el posible ingreso de una manifestación indígena. A Salvador Quishpe le dijo "indio drogado con ayahuashca" cuando este acusó a los del PSC de "pandilleros". (LVA)
Bolívar González (PRE) es candidato a diputado de Pichincha. Fue viceministro de Bienestar Social y, en la revuelta de abril de 2005, fue acusado de contratar sicarios que dispararon a manifestantes, aunque fue absuelto actualmente afronta un juicio por peculado. (LVA)
José Iturralde es candidato a diputado de Cotopaxi por Sociedad Patriótica. Abandonó la campaña en septiembre pasado. En la Fiscalía hay denuncias de que tendría deudas por más de $300 mil. El caso está en investigación. (PC)
Rocío Jaramillo aspira a una diputación en Guayas por Sociedad Patriótica. Fue diputada del PSC, cercana a Febres Cordero. En el período anterior fue expulsada del Congreso junto a Luis Almeida. Su voto fue clave para evitar un juicio político contra Gutiérrez. (LVA)
Mauricio Larrea, candidato a diputado de Imbabura por la RED-ID. Cuando fue alcalde de Ibarra, alrededor de 1 000 personas fueron afectadas por consumir agua contaminada con heces fecales; dos niños murieron. Él responsabilizó al gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable. (SR)
Homero López, candidato a diputado de Esmeraldas por el PRE. La Contraloría halló indicios de responsabilidad en el manejo del plan "Mi casa bonita" (fue prefecto de 2002 a 2006) y fue enjuiciado por el ingreso de 45 empleados sin nombramiento. (LFA)
Aurelio Llori (PSC-PRE) fue expulsado del Congreso junto a otros diputados por abandonar la Izquierda Democrática (ID) para sumarse a las filas de los diputados gutierristas. Su actual candidatura fue impugnada, pero el recurso no tuvo acogida en el Tribunal Electoral de Orellana. (LVA)
Jorge Montero (CFP) lleva 12 años en el Congreso. Fue acusado por Rafael Dávila de un presunto delito de narcotráfico. Según Dávila, Montero transportaba en un auto del Congreso pasta base de cocaína. El caso no fue investigado por el Comité de Excusas del Congreso Nacional. (LVA)
Luis Muñoz Pasquel es candidato a diputado de Pichincha por Causa Justa. Prometió respaldar a los magistrados de 1997, pero al día siguiente daba la bienvenida a la "Pichicorte", luego hizo marchas para botarla. Dijo que la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) es inconstitucional. (SR)
Édgar Ortiz busca representar al Carchi por el Movimiento FIRC. Fue diputado del Prian y la Comisión Anticorrupción lo denunció de un supuesto enriquecimiento ilícito. Ortiz no logró justificar con claridad los $125 399 "extras" depositados en sus cuentas; dijo que había vendido cabezas de ganado. (LVA)
Luis Pachala candidato a diputado de Bolívar por Sociedad Patriótica. Fue subsecretario de Bienestar Social; su sucesor Bolívar González lo acusó de haber chocado un carro oficial tras salir de un cabaret. Fue mentalizador de la entrega de picos y palas a varias comunidades indígenas. (SR)
Leonidas Plaza Sommers (PRE) quiere ser diputado por Cotopaxi. Fue descalificado del Congreso en 1997, luego de que la Comisión de Fiscalización encontró evidencias de que el convenio Enprovit-Avelina estuvo vinculado a la red "Peñaranda". Producía la leche "Abdalact". (PC)
Salvador Quishpe, candidato a la reelección por Pachakutik, fue acusado por los socialistas de haber notariado un documento en el que constaba que el diputado de Zamora Chinchipe se había repartido varios cargos en entidades públicas de esa provincia, con Polibio Orellana. (LVA)
Maria Agusta Rivas (PRE) quiere repetir una diputación por Cañar. Estuvo involucrada en un escándalo en Lima. En estado de embriaguez habría realizado destrozos en un hotel junto a otros diputados. Fue destituida del Congreso, hace varios meses. (LVA)
Roberto Rodríguez (PRE) busca ser reelegido por Manabí. El Fondo de Solidaridad denunció que el diputado mantenía una deuda por $400 mil con la empresa eléctrica de esa provincia. En una gresca en el Congreso, forcejeó con el diputado Xavier Sandoval. (AA)
Franklin Sanmartín lidera la lista de diputados por el Movimiento Unidos por Pastaza. Fue destituido por el Congreso 2005 debido al escándalo de Lima. Ha señalado que el lema de que su candidatura es por su reivindicación personal y política. Rechaza su destitución. (EF)
Jacobo Sanmiguel (Prian), fue diputado de Tungurahua por Patria Solidaria. La ex diputada María Augusta Rivas lo acusó de haberla agredido durante un escándalo del que formó parte en un hotel de Lima. Junto a otros diputados representaba al Congreso en una ronda de negociaciones del TLC. (LVA)
Jorge Sánchez busca otra diputación por la ID, en El Oro. Su nombre apareció en la lista de depositantes del ex notario José Cabrera, quien captaba dinero ilegalmente; se le atribuye el auspicio a la ley que creaba la Zona de Tratamiento Especial de Huaquillas. (LVA)
Luis Tapia, candidato a diputado de Bolívar por Sociedad Patriótica. Cuando fue secretario de Deportes hubo denuncias de una millonaria distribución de recursos en poblaciones de Manabí, Los Ríos y El Oro para construir piscinas en lugares donde ni siquiera había agua. (AA)
Antonio Vargas (Munapp) fue ministro de Bienestar Social en el Gobierno de Gutiérrez. Fue acusado por dirigentes indígenas de dividir al movimiento. También fue separado de la Conaie al promover una consulta popular con firmas adulteradas. Busca una diputación por la provincia de Pastaza. (LVA)
Felipe Vega (UDC) busca una diputación por Azuay. Estuvo al frente de Pacifictel en el interinato de Alarcón y fue ministro de Gobierno del actual régimen. La ex intendenta del Guayas, Gisella Padovani, denunció que personas de su entorno le pidieron dinero para mantenerla en el cargo. (LVA)
Fabián Villarruel, candidato a diputado de Pichincha por CFP, fue intendente de esta provincia durante el gutierrismo. Ordenó la prisión del dirigente Humberto Cholango por unas declaraciones en contra del ex presidente Lucio Gutiérrez. Las organizaciones de Derechos Humanos cuestionaron al intendente. (AA)
Jaime Estrada(UDC) es candidato a diputado de Manabí por cuarta ocasión. Fue parte del grupo de diputados que apoyaba al régimen de Gutiérrez, pero no fue destituido por violentar la disciplina partidista. Fue uno de los negociadores de la reestructuración de tribunales y cortes. (LVA)
Gustavo Terán es candidato a diputado de Pichincha por el MPD. Fue parte de la directiva nacional de ese partido, cuando se sumó a una mayoría con el PRE, Prian y gutierrismo para bloquear un juicio contra Lucio Gutiérrez, tumbar la Corte de 1997 y designar la "Pichicorte". Fue diputado hace dos períodos. (AA)
Ninfa Taco Yánez, candidata del Prian a concejala de Pedro Vicente Maldonado. Es esposa del ex alcalde de ese cantón, Héctor Borja, quien está detenido y es acusado de ser autor intelectual del asesinato del ex presidente del TSE, Francisco Ramón Gallegos. (AA)
"Trece diputados declaran cero impuesto a la renta"
En algunos casos, las declaraciones presentan cifras distintas a pesar de que perciben un mismo sueldo
El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Alberto Cárdenas, informó que 13 diputados declararon cero impuesto a la renta en 2005.
Ellos son los independientes Héctor Bárcenas y Édgar Ortiz; Alejandro Cepeda y Washington Naranjo (Sociedad Patriótica), Kenneth Carrera (Prian), Rafael Chica (PRE), Salvador Quispe (Pachakutik), Hugo Ruiz (ID), Vinicio Andrade (Ind.), Rafael Dávila (Ind.), Jorge Cevallos (Prian), Eudoro Loor (Prian) y Galo Vera (PRE).
Según el SRI, estos legisladores declararon en cero su impuesto a la renta.
En otros casos, las declaraciones presentan cifras distintas pese a que perciben sueldos similares, indicó Cárdenas.
Al responder la denuncia, el presidente del Congreso, Wilfrido Lucero, dijo que las diferencias obedecen a que cada diputado está obligado a hacer una declaración con todos sus ingresos; por eso algunos tienen pagos sobre el promedio.
También aseguró que la Dirección Financiera del Congreso retiene el impuesto a la renta de cada diputado. (SR)
El TSE informará sobre el gasto electoral 15 días después del cierre de la campaña
LA EMPRESA CONTRATADA por el organismo hace un monitoreo en las 22 provincias, no obstante sus cifras son menores a las de PC que únicamente lo hace en Pichincha y Guayas
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está integrado por representantes de los partidos políticos. El actual lo preside Xavier Cazar (PSC) a quien acompañan los vocales Sandra Cabrera (recién expulsada de Pachakutik), Patricio Torres (MPD), Jorge Valdospinos (ID), Ana Albán(Prian), Marco Benavides (UDC) y Narcisa Subía (PRE).
Ellos contrataron a la empresa española Infoadex para que realice el monitoreo de las pautas publicitarias de los candidatos a las diferentes dignidades. El objetivo es evitar que rebasen los techos permitidos del gasto electoral.
Los excesos son penados con el doble de la cantidad gastada.
La empresa remite los resultados del monitoreo a la Unidad de Control del Gasto del TSE. Fuentes del organismo dijeron que en esta instancia se los pule y solo entonces se los publica en la página web del Tribunal: www.tse.gov.ec
Hasta el jueves pasado en esa página electrónica constaban como últimos datos cifras contabilizadas hasta el 8 de octubre de este año: Álvaro Noboa con $1 366 074, Cynthia Viteri con $1 216 126, Rafael Correa con $1 033 824, León Roldós registraba un total de $889 001. Sobre el resto de candidatos se consignaban cifras inferiores a los $800 mil.
En la misma fecha, la organización Participación Ciudadana (PC) señalaba a Álvaro Noboa con $2 475 562, Rafael Correa con $1 754 599, León Roldós, $1 236 868; Cynthia Viteri con $ 1077 375.
En el caso de Noboa, la cifra del monitoreo de PC (cortado para nuestra comparación a la misma fecha de Infoadex) casi duplica a la publicada por el Tribunal.
Los resultados de PC también son más altos respecto a las otras candidaturas.
Sobre las diferencias, los técnicos de Infoadex indicaron a BLANCO Y NEGRO que su sistema es sofisticado, computarizado y registra los datos en 22 provincias.
Según Paul Mena, de PC, de ser así los resultados de Infoadex deberían ser más altos que los de su organización, pues esta última solo hace el monitoreo en Pichincha y Guayas
A diferencia de PC que ayer publicó su informe final de monitoreo de la publicidad electoral de los candidatos, la firma Infoadex prevé hacerlo 15 días después del cierre de la campaña electoral. (SR/AA)
PUNTO DE VISTA
Candidatos para la desmemoria
Este informe revela hasta qué punto la llamada "clase" política confía en la poca memoria de los ecuatorianos.
Solo así se explica que personajes de polémica presencia en el escenario público vuelvan a presentarse en las elecciones, para pedir el voto que los reinstale en el Congreso Nacional.
Entre ellos hay quienes son duchos en los "camisetazos", también acusados de narcotráfico o protagonistas de escándalos públicos. No falta el que apoyó la llamada "Pichicorte", ni el "profesional" que ejerce 18 años como legislador; hay un acusado de violación; otro que inauguró piscinas sin agua cuando fue autoridad del Gobierno de Lucio Gutiérrez; también el que tiene cuentas pendientes por consumo no pagado de servicios públicos.
Lo significativo es que el listado que ofrece este BLANCO Y NEGRO es apenas una muestra de una realidad más amplia.
A esto se suma el exorbitante gasto en propaganda política, movilizaciones, objetos, desplazamientos, impresos, etc., que viola los límites establecidos por la ley y levanta sospechas, naturalmente, sobre el origen de los fondos para la campaña.
Este informe tiene una carga de intención. Se presenta al lector, con la veracidad de siempre, en una coyuntura en la que el tema será mejor apreciado, tanto más cuanto que los ciudadanos deberán concurrir mañana a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la República, diputados, concejales, consejeros, diputados andinos y, en algunos casos, juntas parroquiales.
Siempre se ha dicho que uno de los males del ecuatoriano medio es su falta de memoria política y su buen corazón para perdonar a los políticos que abusaron de la representación cuando fueron elegidos.
Es probable que, lamentablemente, esto se compruebe mañana, una vez más. Pero también existe la posibilidad de que no.
El contenido de este informe podría contribuir al mejor discernimiento del elector a la hora de votar. (DCM)(Blanco y Negro)
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