Los pobladores denunciaron la violencia e inseguridad en esa zona; la delegación llegó a las 11:00 de ayer
Comerciantes y pobladores de San Lorenzo del Pailón, cantón de la frontera norte de Esmeraldas, abandonan sus negocios y viviendas por las amenazas de grupos armados y delincuentes comunes. Así lo afirmaron, ante la comisión de verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes visitan el lugar.
"San Lorenzo vive un abandono total y no podemos seguir recibiendo más refugiados colombianos. Ese es un problema de Colombia y su presidente Álvaro Uribe", dijo Francisco Ortiz, de la Red Fronteriza de Paz.
La concejal Maribel Ortiz, en cambio, recordó que su hijo fue asesinado el año pasado y, hasta el momento, no se ha logrado identificar a los criminales, al tiempo que se quejó de la falta de eficiencia de la Policía para atender llamadas de emergencia. La semana pasada, afirmó, hubo una balacera en una discoteca, donde murió una joven. Los gendarmes no respondieron al 911 ni a las líneas telefónicas del comando sectorial.
Una comerciante que no dio su nombre aseguró que un grupo armado visita su negocio cada mes para pedirle $1 000 como "contribución o vacuna". "El que no paga recibe una boleta de advertencia y plazo de entrega del dinero", puntualizó.
Claudia Donoso, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que están receptando las denuncias de las poblaciones, así como las necesidades de obras básicas, salud y educación. (LFA)
Comerciantes y pobladores de San Lorenzo del Pailón, cantón de la frontera norte de Esmeraldas, abandonan sus negocios y viviendas por las amenazas de grupos armados y delincuentes comunes. Así lo afirmaron, ante la comisión de verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes visitan el lugar.
"San Lorenzo vive un abandono total y no podemos seguir recibiendo más refugiados colombianos. Ese es un problema de Colombia y su presidente Álvaro Uribe", dijo Francisco Ortiz, de la Red Fronteriza de Paz.
La concejal Maribel Ortiz, en cambio, recordó que su hijo fue asesinado el año pasado y, hasta el momento, no se ha logrado identificar a los criminales, al tiempo que se quejó de la falta de eficiencia de la Policía para atender llamadas de emergencia. La semana pasada, afirmó, hubo una balacera en una discoteca, donde murió una joven. Los gendarmes no respondieron al 911 ni a las líneas telefónicas del comando sectorial.
Una comerciante que no dio su nombre aseguró que un grupo armado visita su negocio cada mes para pedirle $1 000 como "contribución o vacuna". "El que no paga recibe una boleta de advertencia y plazo de entrega del dinero", puntualizó.
Claudia Donoso, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que están receptando las denuncias de las poblaciones, así como las necesidades de obras básicas, salud y educación. (LFA)
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