Quito. 28 ago 97. Cerca de 5 millones de hectáreas mineras
están en trámite para iniciar los procesos de exploración, en
los que participarán empresas nacionales y extranjeras, que de
concretarse representaría el ingreso de ingentes recursos para
impulsar nuevos proyectos que significarán el resurgir de la
actividad en el país.
Un caso específico es la zona de Junín, ubicada al
Suroccidente de Imbabura, en la que mostraron su interés
firmas internacionales, cuando se detectó gran cantidad de
cobre como resultado de las investigaciones hechas por la
Dinami (Dirección Nacional de Minería), en cooperación con
Japón.
Interés de Codelco
Entre las interesadas por explotar el área está la compañía
chilena Codelco. Varios de sus técnicos realizaron estudios
preliminares y para mediados de este mes llegaría al país otra
misión, confirmó el titular de la Dinami, Galo Romo-Leroux.
Pero la exploración y posterior explotación del área afronta
un problema: la oposición de los pobladores y grupos
ecologistas que consideran que la actividad provocaría un
grave daño al medio ambiente.
El Subsecretario de Minas, Jorge Sevilla, anunció que llegarán
a un acuerdo entre las partes para permitir el ingreso de una
de las principales compañías mineras de Latinoamérica. "No
solo son los capitales, sino la tecnología que traerán y
beneficiarán al país", manifestó.
Un segundo gran sector, después de Junín, donde existe otro
yacimiento de cobre es Chaucha, cerca de Cuenca. La Dinami y
varias empresas realizan los estudios para determinar las
cantidades y calidad del material que existe en el lugar.
Los resultados de estos proyectos de exploración minera,
conjuntamente con aquellos que están en trámite, se conocerán
en los próximos quince años, pues en este sector se requiere
de una gran inversión en programas de estudios y evaluación de
los minerales.
Otra de las áreas que atrae a los inversionistas extranjeros
es la cordillera del Cóndor en la provincia de Zamora
Chinchipe, donde según el Catastro Minero -que aparece en la
red Internet- se efectuan exploraciones para determinar su
potencial minero.
En el sector, ubicado en la región fronteriza con el Perú, que
fue descubierto por mineros informales, hay dudas sobre el
potencial existente en el lugar, pero esto no desanima a los
inversionistas.
800 concesiones
De acuerdo con las estadísticas de la Dinami, el 98% de las
compañías que tienen áreas mineras (existen 800 concesiones)
está en fase de estudios, es decir, que recién se están
ejecutando exploraciones, tomándose muestras, perforando y
realizando análisis de geofísica y geoquímica.
De acuerdo a los entendidos, la inversión en el negocio minero
es considerado como de alto riesgo. Las empresas deben
invertir cerca de 200 millones de dólares, no solo para la
infraestructura sino para los estudios previos a la
explotación, la instalación de campamento, muelles,
carreteras, entre otros.
A ello se suma que la etapa de exploración demora un lapso
calculado entre cinco y quince años; la implementación del
proyecto se estima lleva de uno a cinco años, lo que implica
que la producción de las minas empezaría luego de 10 o 20
años. Actualmente son pocas las empresas que están explotando
productos mineros.
En cuanto a la participación de las compañías mineras, la
Dinami señala que el 10% son transnacionales, y el 20% mixtas,
es decir, las firmas extranjeras que buscaron un socio
nacional, pequeño o grande. "Las más importantes empresas
foráneas especializadas en el negocio minero a nivel mundial
están en el país", se precisó.
Entre los casos de empresas que operan en el país por
asociación, la Dinami menciona a TVX de Canadá, que tiene un
área minera en Nambija y ya ha explotado 300.000 onzas de oro.
Areas concesionadas
Asimimo, la Dinami ha aprobado la concesión de aproximadamente
850.000 hectáreas mineras para la exploración, localizadas en
las provincias de Azuay, Morona Santiago, Cotopaxi,
Chimborazo, Manabí, El Oro, Loja, Carchi, Imbabura, Pichincha,
Sucumbíos y Zamora Chinchipe.
Las héctareas mineras en explotación son 65.000 y corresponden
a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago, Cotopaxi,
Guayas, El Oro, Napo, Pichincha y Zamora Chinchipe.
En los actuales momentos, ni en la provincia del Guayas ni en
Napo existen empresas mineras en su fase de exploración, por
cuanto todas explotan los recursos de la tierra. Además, las
solicitudes para la exploración son pocas en esas dos
provincias, según se detalló.
Catastro minero
En ese contexto, una de las acciones emprendidas por
anteriores gobiernos y continuada por este fue implementar el
catastro minero, que forma parte de un programa financiado por
el Banco Mundial al que se denominó Proyecto de Desarrollo
Minero y Control Ambiental.
Incluye el subcomponente denominado Sistema Computarizado de
Administración de los Derechos Mineros, documentado con los
derechos mineros constituidos y en trámite.
El programa muy pronto contará con un sistema de información
geográfica, sistema de información gerencial y sistema
computarizado de manejos de documentos, que según sus
creadores, tiene como objetivo lograr que la información sirva
para el desarrollo minero.
El sistema está instalado en la Dinami, en Quito, y
próximamente todas las direcciones regionales de la entidad
tendrán acceso a la información, vía computadora. Con ello se
descentralizarán los trámites que deben realizar las compañías
mineras.
Gran inversión
El Director de la Dinami, Galo Romo-Leroux, recordó que el
manejo minero del tercer mundo está en manos de las empresas
transnacionales, "porque la minería es un segmento de la
industria que requiere de una gran inversión, de grandes
capitales que solo lo tienen las compañías extranjeras".
Dijo que esta es una de las principales razones que motivaron
la creación de un nuevo marco jurídico que regule la
actividad, "en el que pretendemos dar al inversionista una
estabilidad de quince años, con reglas claras y permanentes".
Romo-Leroux manifestó que el país "necesita exponer al mundo,
a las empresas transnacionales lo que ofrecemos: estabilidad
jurídica en la ley que está por aprobarse; áreas mineras
estudiadas, facilidad, políticas y reglas claras".
Añade que la parte básica de la ley es la reestructuración del
aparato administrativo. "Al momento la Dinami es parte del
mecanismo burocrático, es decir, integra un sistema que no es
ágil, que se atranca, por lo tanto debemos tener un organismo
ágil, dinámico, técnico y transparente", remarcó.
El funcionario explicó que por esa razón plantean la creación
de la Superintendencia de Minas como una entidad de control
que tendrá el respaldo de un departamento de servicio geólogo
minero que reemplazará al Codigem, (Corporación de Desarrollo
e Investigaciones Geológica, Mineras y Metalúrgica del
Ecuador).
Precisó que todas las entidades por crearse se las dotará de
recursos propios, y "no estarán sujetas a las regulaciones del
Estado, serán una Superintendencia que se manejará como las de
Compañías, Bancos y Telecomunicaciones, las cuales operan en
el país".
Fomentar la inversión
Sobre el particular, el ex ministro de Energía y Minas, Jorge
Pareja Cucalón, dijo que el sector minero requiere de
tranquilidad, principalmente en la parte jurídica, así como
eliminar los abusos que cometen las autoridades locales para
atraer inversión extranjera.
En las condiciones actuales, dijo Pareja, al sector puede
calificárselo como complicado porque son los personeros de las
entidades regionales quienes motivan la invasión de las áreas
mineras concesionadas a una empresa nacional o
extranjera."Sitiaciones como las anotadas, ocurren en las
provincias de la Costa y Sierra".
Pareja añadió que en la región Oriental del país no se
registran abusos de autoridad por cuanto el problema es
social, "como en el caso de Nambija, donde los mineros
trabajan con mercurio para la explotación del oro, eso daña la
salud y el ambiente".
Con relación a nuevas inversiones, dijo que las grandes
compañías interesadas en invertir en el país están a la espera
de cambios fundamentales en las leyes, con la finalidad que
les ofrezca estabilidad y que las condiciones no cambien de un
gobierno a otro o de un ministro de Energía a otro.
Asimismo, Pareja Cucalón manifestó que durante su
administración la concesión para la exploración de varias
áreas mineras quedaron en trámite y sería importante que el
actual régimen les dé el impulso necesario para que inicien
sus operaciones en el menor tiempo posible.
Falta seguridad
Así también, el Vicepresidente de la Cámara de Minería de El
Oro, José Mendieta Espinosa, reconoció que en el país no
existe seguridad para las inversiones, especialmente en el
área minera. "Todas las compañías están esperando los cambios
anunciados para decidir colocar sus capitales en el país",
indicó.
Asegura que en El Oro no se registran nuevas inversiones en el
área minera y que la situación es igual en las demás
provincias del país, por lo que considera que resulta
indispensable "la vigencia de un nuevo marco jurídico que dé
confianza a todos, nacional o extranjero".
Mendieta añadió que "cuando existe inestabilidad se pone en
duda la gestión gubernamental, por esa razón nosotros
anhelamos y confiamos que la nueva ley sea concisa, específica
y que cumpla con todos los objetivos propuestos".
Peligra pequeña minería
Renato Guevara, Presidente de la Sociedad de Ingenieros del
Ecuador (SIDE), dijo que la decisión del Gobierno de atraer
capital extranjero es buena, porque tarde o temprano se lo
debe hacer; sin embargo, advirtió que la nueva ley contiene
aspectos que le preocupan.
Especificó que si bien es necesario alentar la inversión
privada nacional y extranjera en la minería a gran escala, no
debe desalentarse a la pequeña minería que realiza explotación
en forma racional y técnica y que obtiene resultados
positivos.
Según Guevara, constituirá una sentencia de muerte para la
pequeña minería la decisión de cuadruplicar la unidad mínima
de concesión.
Es partidario de una licitación internacional en las áreas
reservadas o zonas especiales (en minería), donde el Estado no
puede invertir.
Además consideró preocupante la desaparición del Codigem
(Corporación de Desarrollo e Investigaciones Geológica,
Mineras y Metalúrgica del Ecuador) y la Dinami. "En el nuevo
marco son reemplazados por la Superintendencia de Minería,
situación que nos preocupa ampliamente", agregó.
Aunque reconoció que ambas entidades, especialmente el
Codigem, no ha funcionado de acuerdo a lo esperado, justificó
este hecho por cuanto "nunca se la dotó de los técnicos que
requería y fue manejada políticamente por los gobiernos de
turno".
Dice que ambas instituciones deben ser fortalecidas tanto en
el área administrativa como económica, "similares a la que
tiene Petroecuador, entidad encargada de las negociaciones
para la exploración y explotación de los recursos
hidrocarburíferos en el país".
Sobre el interés en la minería del Ecuador, dijo el Presidente
del SIDE que tanto los capitales nacionales y extranjeros
participarán pero previamente se requiere de una serie de
condiciones, como seguridad; "noto que la nueva ley mejora ese
aspecto, especialmente seguridad ante las invasiones de las
áreas".
Es de esperarse, que una vez que se apruebe el nuevo marco
jurídico, con las correcciones del caso, se sienten las bases
para el desarrollo de la actividad minera en Ecuador, que
junto con la actividad turístico, constituyen la alternativa
para que el país obtenga mayores ingresos que posibiliten su
crecimiento sostenido.
Hay que poner fin a las invasiones
Según el Director de la Dinami, Galo Romo-Leroux, un mecanismo
para evitar las invasiones de las áreas concesionadas es
eliminar de la Ley el concepto de minería artesanal, porque
"siempre se lo relaciona con la minería informal, aquel que no
paga sus tributos, que no cumple con las leyes, entre otros
aspectos".
Hoy el pequeño, mediano y gran minero -afirmó el directivo-
debe actuar y trabajar dentro de la ley, y con ello se
acabarán las invasiones disfrazadas a través de una minería
artesanal.
Aseguró que al momento la mayoría de los asentamientos están
legalizados. Para el efecto se utilizó una disposición
transitoria de la Ley 126 que otorgó a los mineros artesanales
un plazo, hasta el 5 de enero de 1997, para que se legalicen a
través de la titularidad de las áreas que trabajan.
En cuanto a los mineros artesanales que no se acogieron al
mecanismo, dijo que estos para poder realizar la exploración y
posterior explotación de las áreas deben participar como todas
las compañías o concesionarios, es decir, "unirse a un grupo
corporativo o condominio, en otras palabras legalizarse".
¿Y las canteras?
Un aspecto preocupante, del proyecto de Ley que está en
estudio, radica en que no se contempla el control a las
actividades que se realizan en las canteras, es decir, en las
zonas donde se extraen los materiales para la construcción,
conforme lo indicó el Subsecretario de Minas, Jorge Sevilla.
El justificativo para esa omisión fue "no es una actividad
minera". Sobre este aspecto, el Presidente de la Cámara de la
Construcción de Guayaquil, Ricardo Palau, indicó que en la
anterior ley tampoco estaba precisado este aspecto. "Ciertos
materiales como los calizos era controlados por la Ley de
Minería y otros no", explicó.
Aunque se mostró partidario de que los materiales de
construcción estén bajo la jurisdicción de los municipios,
dijo que no se deben generalizar los tipos de piedras o
materiales. "No es lo mismo el mármol o el granito, que el
cascajo o la arcilla", manifestó.
Por su parte, el Presidente del SIDE, Renato Guevara, dice que
la minería no metálica siempre fue considerada dentro de la
ley del sector, pero "al parecer los funcionarios del Gobierno
realizaron un análisis y acordaron no incluirlos".
Hizo referencia que en una reciente reunión con el
Subsecretario Sevilla, se les aseguró que los materiales de
construcción, en toda Latinoamérica, no están incluidos dentro
de la Ley de Minería. "El Gobierno reconoce que existirá
problema en este aspecto", agregó.
Opinó que no cree que los materiales de construcción deban ser
de propiedad del dueño del predio ni que se supediten a la Ley
de Desarrollo Agrario, porque la carta fundamental preserva
los minerales y productos del suelo al Estado, que es el único
que puede cederlos.
Agrega que esos materiales pueden ser utilizados en otros
procesos industriales, que también atraen a los inversionistas
nacionales y extranjeros. (Texto Tomado del periódico El
Universo)
están en trámite para iniciar los procesos de exploración, en
los que participarán empresas nacionales y extranjeras, que de
concretarse representaría el ingreso de ingentes recursos para
impulsar nuevos proyectos que significarán el resurgir de la
actividad en el país.
Un caso específico es la zona de Junín, ubicada al
Suroccidente de Imbabura, en la que mostraron su interés
firmas internacionales, cuando se detectó gran cantidad de
cobre como resultado de las investigaciones hechas por la
Dinami (Dirección Nacional de Minería), en cooperación con
Japón.
Interés de Codelco
Entre las interesadas por explotar el área está la compañía
chilena Codelco. Varios de sus técnicos realizaron estudios
preliminares y para mediados de este mes llegaría al país otra
misión, confirmó el titular de la Dinami, Galo Romo-Leroux.
Pero la exploración y posterior explotación del área afronta
un problema: la oposición de los pobladores y grupos
ecologistas que consideran que la actividad provocaría un
grave daño al medio ambiente.
El Subsecretario de Minas, Jorge Sevilla, anunció que llegarán
a un acuerdo entre las partes para permitir el ingreso de una
de las principales compañías mineras de Latinoamérica. "No
solo son los capitales, sino la tecnología que traerán y
beneficiarán al país", manifestó.
Un segundo gran sector, después de Junín, donde existe otro
yacimiento de cobre es Chaucha, cerca de Cuenca. La Dinami y
varias empresas realizan los estudios para determinar las
cantidades y calidad del material que existe en el lugar.
Los resultados de estos proyectos de exploración minera,
conjuntamente con aquellos que están en trámite, se conocerán
en los próximos quince años, pues en este sector se requiere
de una gran inversión en programas de estudios y evaluación de
los minerales.
Otra de las áreas que atrae a los inversionistas extranjeros
es la cordillera del Cóndor en la provincia de Zamora
Chinchipe, donde según el Catastro Minero -que aparece en la
red Internet- se efectuan exploraciones para determinar su
potencial minero.
En el sector, ubicado en la región fronteriza con el Perú, que
fue descubierto por mineros informales, hay dudas sobre el
potencial existente en el lugar, pero esto no desanima a los
inversionistas.
800 concesiones
De acuerdo con las estadísticas de la Dinami, el 98% de las
compañías que tienen áreas mineras (existen 800 concesiones)
está en fase de estudios, es decir, que recién se están
ejecutando exploraciones, tomándose muestras, perforando y
realizando análisis de geofísica y geoquímica.
De acuerdo a los entendidos, la inversión en el negocio minero
es considerado como de alto riesgo. Las empresas deben
invertir cerca de 200 millones de dólares, no solo para la
infraestructura sino para los estudios previos a la
explotación, la instalación de campamento, muelles,
carreteras, entre otros.
A ello se suma que la etapa de exploración demora un lapso
calculado entre cinco y quince años; la implementación del
proyecto se estima lleva de uno a cinco años, lo que implica
que la producción de las minas empezaría luego de 10 o 20
años. Actualmente son pocas las empresas que están explotando
productos mineros.
En cuanto a la participación de las compañías mineras, la
Dinami señala que el 10% son transnacionales, y el 20% mixtas,
es decir, las firmas extranjeras que buscaron un socio
nacional, pequeño o grande. "Las más importantes empresas
foráneas especializadas en el negocio minero a nivel mundial
están en el país", se precisó.
Entre los casos de empresas que operan en el país por
asociación, la Dinami menciona a TVX de Canadá, que tiene un
área minera en Nambija y ya ha explotado 300.000 onzas de oro.
Areas concesionadas
Asimimo, la Dinami ha aprobado la concesión de aproximadamente
850.000 hectáreas mineras para la exploración, localizadas en
las provincias de Azuay, Morona Santiago, Cotopaxi,
Chimborazo, Manabí, El Oro, Loja, Carchi, Imbabura, Pichincha,
Sucumbíos y Zamora Chinchipe.
Las héctareas mineras en explotación son 65.000 y corresponden
a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago, Cotopaxi,
Guayas, El Oro, Napo, Pichincha y Zamora Chinchipe.
En los actuales momentos, ni en la provincia del Guayas ni en
Napo existen empresas mineras en su fase de exploración, por
cuanto todas explotan los recursos de la tierra. Además, las
solicitudes para la exploración son pocas en esas dos
provincias, según se detalló.
Catastro minero
En ese contexto, una de las acciones emprendidas por
anteriores gobiernos y continuada por este fue implementar el
catastro minero, que forma parte de un programa financiado por
el Banco Mundial al que se denominó Proyecto de Desarrollo
Minero y Control Ambiental.
Incluye el subcomponente denominado Sistema Computarizado de
Administración de los Derechos Mineros, documentado con los
derechos mineros constituidos y en trámite.
El programa muy pronto contará con un sistema de información
geográfica, sistema de información gerencial y sistema
computarizado de manejos de documentos, que según sus
creadores, tiene como objetivo lograr que la información sirva
para el desarrollo minero.
El sistema está instalado en la Dinami, en Quito, y
próximamente todas las direcciones regionales de la entidad
tendrán acceso a la información, vía computadora. Con ello se
descentralizarán los trámites que deben realizar las compañías
mineras.
Gran inversión
El Director de la Dinami, Galo Romo-Leroux, recordó que el
manejo minero del tercer mundo está en manos de las empresas
transnacionales, "porque la minería es un segmento de la
industria que requiere de una gran inversión, de grandes
capitales que solo lo tienen las compañías extranjeras".
Dijo que esta es una de las principales razones que motivaron
la creación de un nuevo marco jurídico que regule la
actividad, "en el que pretendemos dar al inversionista una
estabilidad de quince años, con reglas claras y permanentes".
Romo-Leroux manifestó que el país "necesita exponer al mundo,
a las empresas transnacionales lo que ofrecemos: estabilidad
jurídica en la ley que está por aprobarse; áreas mineras
estudiadas, facilidad, políticas y reglas claras".
Añade que la parte básica de la ley es la reestructuración del
aparato administrativo. "Al momento la Dinami es parte del
mecanismo burocrático, es decir, integra un sistema que no es
ágil, que se atranca, por lo tanto debemos tener un organismo
ágil, dinámico, técnico y transparente", remarcó.
El funcionario explicó que por esa razón plantean la creación
de la Superintendencia de Minas como una entidad de control
que tendrá el respaldo de un departamento de servicio geólogo
minero que reemplazará al Codigem, (Corporación de Desarrollo
e Investigaciones Geológica, Mineras y Metalúrgica del
Ecuador).
Precisó que todas las entidades por crearse se las dotará de
recursos propios, y "no estarán sujetas a las regulaciones del
Estado, serán una Superintendencia que se manejará como las de
Compañías, Bancos y Telecomunicaciones, las cuales operan en
el país".
Fomentar la inversión
Sobre el particular, el ex ministro de Energía y Minas, Jorge
Pareja Cucalón, dijo que el sector minero requiere de
tranquilidad, principalmente en la parte jurídica, así como
eliminar los abusos que cometen las autoridades locales para
atraer inversión extranjera.
En las condiciones actuales, dijo Pareja, al sector puede
calificárselo como complicado porque son los personeros de las
entidades regionales quienes motivan la invasión de las áreas
mineras concesionadas a una empresa nacional o
extranjera."Sitiaciones como las anotadas, ocurren en las
provincias de la Costa y Sierra".
Pareja añadió que en la región Oriental del país no se
registran abusos de autoridad por cuanto el problema es
social, "como en el caso de Nambija, donde los mineros
trabajan con mercurio para la explotación del oro, eso daña la
salud y el ambiente".
Con relación a nuevas inversiones, dijo que las grandes
compañías interesadas en invertir en el país están a la espera
de cambios fundamentales en las leyes, con la finalidad que
les ofrezca estabilidad y que las condiciones no cambien de un
gobierno a otro o de un ministro de Energía a otro.
Asimismo, Pareja Cucalón manifestó que durante su
administración la concesión para la exploración de varias
áreas mineras quedaron en trámite y sería importante que el
actual régimen les dé el impulso necesario para que inicien
sus operaciones en el menor tiempo posible.
Falta seguridad
Así también, el Vicepresidente de la Cámara de Minería de El
Oro, José Mendieta Espinosa, reconoció que en el país no
existe seguridad para las inversiones, especialmente en el
área minera. "Todas las compañías están esperando los cambios
anunciados para decidir colocar sus capitales en el país",
indicó.
Asegura que en El Oro no se registran nuevas inversiones en el
área minera y que la situación es igual en las demás
provincias del país, por lo que considera que resulta
indispensable "la vigencia de un nuevo marco jurídico que dé
confianza a todos, nacional o extranjero".
Mendieta añadió que "cuando existe inestabilidad se pone en
duda la gestión gubernamental, por esa razón nosotros
anhelamos y confiamos que la nueva ley sea concisa, específica
y que cumpla con todos los objetivos propuestos".
Peligra pequeña minería
Renato Guevara, Presidente de la Sociedad de Ingenieros del
Ecuador (SIDE), dijo que la decisión del Gobierno de atraer
capital extranjero es buena, porque tarde o temprano se lo
debe hacer; sin embargo, advirtió que la nueva ley contiene
aspectos que le preocupan.
Especificó que si bien es necesario alentar la inversión
privada nacional y extranjera en la minería a gran escala, no
debe desalentarse a la pequeña minería que realiza explotación
en forma racional y técnica y que obtiene resultados
positivos.
Según Guevara, constituirá una sentencia de muerte para la
pequeña minería la decisión de cuadruplicar la unidad mínima
de concesión.
Es partidario de una licitación internacional en las áreas
reservadas o zonas especiales (en minería), donde el Estado no
puede invertir.
Además consideró preocupante la desaparición del Codigem
(Corporación de Desarrollo e Investigaciones Geológica,
Mineras y Metalúrgica del Ecuador) y la Dinami. "En el nuevo
marco son reemplazados por la Superintendencia de Minería,
situación que nos preocupa ampliamente", agregó.
Aunque reconoció que ambas entidades, especialmente el
Codigem, no ha funcionado de acuerdo a lo esperado, justificó
este hecho por cuanto "nunca se la dotó de los técnicos que
requería y fue manejada políticamente por los gobiernos de
turno".
Dice que ambas instituciones deben ser fortalecidas tanto en
el área administrativa como económica, "similares a la que
tiene Petroecuador, entidad encargada de las negociaciones
para la exploración y explotación de los recursos
hidrocarburíferos en el país".
Sobre el interés en la minería del Ecuador, dijo el Presidente
del SIDE que tanto los capitales nacionales y extranjeros
participarán pero previamente se requiere de una serie de
condiciones, como seguridad; "noto que la nueva ley mejora ese
aspecto, especialmente seguridad ante las invasiones de las
áreas".
Es de esperarse, que una vez que se apruebe el nuevo marco
jurídico, con las correcciones del caso, se sienten las bases
para el desarrollo de la actividad minera en Ecuador, que
junto con la actividad turístico, constituyen la alternativa
para que el país obtenga mayores ingresos que posibiliten su
crecimiento sostenido.
Hay que poner fin a las invasiones
Según el Director de la Dinami, Galo Romo-Leroux, un mecanismo
para evitar las invasiones de las áreas concesionadas es
eliminar de la Ley el concepto de minería artesanal, porque
"siempre se lo relaciona con la minería informal, aquel que no
paga sus tributos, que no cumple con las leyes, entre otros
aspectos".
Hoy el pequeño, mediano y gran minero -afirmó el directivo-
debe actuar y trabajar dentro de la ley, y con ello se
acabarán las invasiones disfrazadas a través de una minería
artesanal.
Aseguró que al momento la mayoría de los asentamientos están
legalizados. Para el efecto se utilizó una disposición
transitoria de la Ley 126 que otorgó a los mineros artesanales
un plazo, hasta el 5 de enero de 1997, para que se legalicen a
través de la titularidad de las áreas que trabajan.
En cuanto a los mineros artesanales que no se acogieron al
mecanismo, dijo que estos para poder realizar la exploración y
posterior explotación de las áreas deben participar como todas
las compañías o concesionarios, es decir, "unirse a un grupo
corporativo o condominio, en otras palabras legalizarse".
¿Y las canteras?
Un aspecto preocupante, del proyecto de Ley que está en
estudio, radica en que no se contempla el control a las
actividades que se realizan en las canteras, es decir, en las
zonas donde se extraen los materiales para la construcción,
conforme lo indicó el Subsecretario de Minas, Jorge Sevilla.
El justificativo para esa omisión fue "no es una actividad
minera". Sobre este aspecto, el Presidente de la Cámara de la
Construcción de Guayaquil, Ricardo Palau, indicó que en la
anterior ley tampoco estaba precisado este aspecto. "Ciertos
materiales como los calizos era controlados por la Ley de
Minería y otros no", explicó.
Aunque se mostró partidario de que los materiales de
construcción estén bajo la jurisdicción de los municipios,
dijo que no se deben generalizar los tipos de piedras o
materiales. "No es lo mismo el mármol o el granito, que el
cascajo o la arcilla", manifestó.
Por su parte, el Presidente del SIDE, Renato Guevara, dice que
la minería no metálica siempre fue considerada dentro de la
ley del sector, pero "al parecer los funcionarios del Gobierno
realizaron un análisis y acordaron no incluirlos".
Hizo referencia que en una reciente reunión con el
Subsecretario Sevilla, se les aseguró que los materiales de
construcción, en toda Latinoamérica, no están incluidos dentro
de la Ley de Minería. "El Gobierno reconoce que existirá
problema en este aspecto", agregó.
Opinó que no cree que los materiales de construcción deban ser
de propiedad del dueño del predio ni que se supediten a la Ley
de Desarrollo Agrario, porque la carta fundamental preserva
los minerales y productos del suelo al Estado, que es el único
que puede cederlos.
Agrega que esos materiales pueden ser utilizados en otros
procesos industriales, que también atraen a los inversionistas
nacionales y extranjeros. (Texto Tomado del periódico El
Universo)
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