El juez sexto de lo penal del Guayas, Manuel Bustamante, investiga supuesto coyotaje.
El comandante general de la Policía, Gral. Jorge Poveda, calificó de una patraña jurídica orquestada en mi contra, la instrucción fiscal que lo involucra como sospechoso en un caso de coyotaje y destacó que sigue en el cargo porque cuenta con el respaldo del régimen. Llamó a los gendarmes a permanecer vigilantes frente a gente mezquina que quiere dañar la imagen institucional.
No descartó que la instrucción tenga un trasfondo político. Acá puede darse de todo, dijo, al destacar que las denuncias, a más de haber sido fraguadas, las tomó un fiscal (José Menéndez) que no investigó nada y que acogió la versión de un delincuente fichado.
El ministro de Gobierno, Raúl Baca, en declaraciones al noticiario de Canal Uno, afirmó que el Gobierno no ha tomado resolución alguna, porque confiamos en el general Poveda al igual que en el general Vega.
Poveda tuvo un día intenso. Primero estuvo en la Fiscalía para entrevistarse con Mariana Yépez, pero no la encontró. A las 09h30 llegó a la Corte Suprema de Justicia donde fue recibido por su presidente, Hugo Quintana.
Ante él solicitó que la justicia actúe enmarcada en la ley y sin atropellar los derechos que les corresponde a los policías involucrados.
En Guayaquil, el ex candidato presidencial por el PSC, Xavier Neira Menéndez, admitió que es primo hermano del fiscal de delitos migratorios y turismo del Guayas, José Menéndez Cruz, quien involucró a la cúpula policial en el caso de coyotaje, pero aclaró que a pesar del parentesco él y su partido, PSC, nada tienen que ver con la instrucción. Mi primo es abogado y entiendo que cumple con su trabajo en forma responsable, así que descarto cualquier acusación que trate de involucrarnos, alegó.
OFICIALES
Gral. Jorge Poveda
Es Comandante General desde el 16 de junio del 2003. Fue Comandante de Policía de Cuenca desde febrero de 1999 hasta abril del 2001, cuando empezó como Director Nacional de Tránsito. Luego fue director de Logística hasta el 2003.
Gral. Marcelo Vega
Es inspector general de Policía. Fue jefe de la Policía Judicial del Guayas desde noviembre de 1999 hasta octubre del 2001, cuando fue nombrado jefe del Comando de Los Ríos. En el 2003, lo designaron subsecretario de Policía.
Crnel. Luis Cadena
Desde el 28 de enero de 2004 se desempeña como Comandante del Guayas. Antes fue el subjefe de la Inspectoría General. Actualmente está con licencia y lo reemplaza el Crnel. Iván Vallejo, subjefe del Comando Guayas.
Detenido acusó a jefes policiales en su testimonio
Luis Enrique Flores Sarmiento, que por seguridad ayer se lo trasladó a la Cárcel Nº 4 de Quito, declaró ante el juez 2º de lo Penal del Guayas, Luis Santana, que se infiltró en una banda de coyotes, luego que fuera estafado con ocho mil dólares.
Flores reveló que Mariana Ampudia Lucero, esposa de Jorge Abril (ex candidato a diputado por el Prian en Azuay), lideraba esa banda, con la que él colaboró como chofer que llevaba personas desde la terminal terrestre de Cuenca hasta un parque.
Dijo que Ampudia comentaba con los coyotes los nombres de los coroneles de la Policía que pasaron por Cuenca y que recibían dinero, como el comandante Jorge Poveda y el coronel Luis Cadena. Y si dicen que no es cierto que le pregunten cuántos galones de leche les daba la esposa de Luis Zhingri, de la hacienda de los Zhingri; también un coronel Villarreal, y el actual jefe de la PJ de Azogues, Francisco Ramírez Herrera; el coronel Tamayo también recibía dinero.
Mariana Ampudia y sus hijos eran amigos del general Marcelo Vega desde que era jefe de la PJ del Guayas. Los Abril y Ampudia utilizan barcos viejos, pintados y para evitar los asaltos de los piratas, las patrullas de la Marina los escoltan hasta dejarlos fuera de las 200 millas. Estas patrullas son de Manta, a cargo de un oficial que desconozco su nombre. Similar ayuda brindan los marinos de Guayas, cuando los barcos salen de Balao Chico. Al mando está un suboficial de la Marina, cuyo nombre desconozco, y su esposa es quien alquila las fibras (embarcaciones), y un señor apodado El Manaba coordina con los policías y los de la Marina para que todo salga bien. Es lo que puedo decir en honor a la verdad, afirmó Flores. Marcelo Tamayo, jefe de la PJ de Azuay, calificó de infundadas, maliciosas y temerarias a las acusaciones realizadas por un detenido involucrado en el caso de coyoterismo.
Dos jueces siguen caso coyotes
El comandante general de Policía, Jorge Poveda; el inspector general, Marcelo Vega Gutiérrez; y el jefe policial del Azuay, Marcelo Tamayo, rechazaron la inculpación que les hizo el fiscal de turismo y tráfico ilegal de migrantes.
Una llamada telefónica anónima, que el agente de la Policía Judicial del Guayas (PJ-G), Carlos Blanco, recibió a las 11h00 del 23 de abril pasado con la que se alertaba sobre el funcionamiento de una red de tráfico ilegal de migrantes, originó los operativos Estrella de Mar I y II.
Los operativos permitieron la imputación y detención de más de una decena de personas, entre ellas Luis Enrique Flores Sarmiento, quien en sus declaraciones en la Fiscalía involucró en el caso a la actual cúpula de la Policía Nacional.
Con base al testimonio de Flores Sarmiento, el fiscal de delitos migratorios y turismo de Guayas, José Menéndez Cruz, inició el pasado martes una instrucción por presunto tráfico ilegal de personas contra ocho miembros policiales.
La causa involucra a los generales Jorge Poveda, comandante general de la Policía; y Marcelo Vega Gutiérrez, inspector general de la Policía y primo del presidente Lucio Gutiérrez; el coronel Luis Cadena, jefe policial de Guayas, y otros cinco miembros de la entidad.
Menéndez inició la primera instrucción fiscal (Nº 11-2004), el 22 de mayo del 2004, una vez que dos días antes recibió un informe de la PJ-Guayas sobre las investigaciones que involucraban a diez personas residentes en Cuenca, Guayaquil y Manta.
Entonces, el juzgado 2º de lo Penal del Guayas ordenó la prisión y el 25 de mayo, el entonces jefe del IV Distrito, Crnl. Hugo Robalino, anunció a la prensa los resultados del operativo policial Estrella de Mar, que se dio en instantes en que 69 personas iban a zarpar en el barco Aro, en el sector de Olón (Santa Elena), para ser llevadas a Guatemala y luego, por tierra, a Estados Unidos.
Mariana Lourdes Ampudia Lucero, Luis Enrique Flores Sarmiento, José Arcesio Vásquez Marín, Lorena del Rocío Basantes Ampudia, Édgar Norjot Rivadeneira Álava, José Antonio García Torres, Cristhian Xavier López Ampudia y Jorge Cristóbal Abril Ampudia fueron detenidos. La PJ-Guayas comunicó además que estaban prófugos los sospechosos Jaime Abril, Ximena Abril Ampudia y Bolívar Vásquez Marín.
Durante el proceso investigativo de la Fiscalía, Luis Flores Sarmiento fue la persona clave. Él narró, primero en la PJ-Guayas y luego ante el fiscal Menéndez y ante el juez 2º de lo Penal del Guayas, Luis Santana, detalles sobre los envíos de migrantes y de los supuestos involucrados.
Segunda instrucción
Con las declaraciones de Flores ante el juez Santana, el pasado 2 de septiembre, el fiscal José Menéndez inició una segunda instrucción fiscal (la 22-2004), el pasado 6 de septiembre, que por sorteo pasó (un día después) a conocimiento del juez 6º de lo Penal, Manuel Bustamante.
En la nueva causa, el fiscal involucró en el delito de presunto tráfico ilegal de personas, sin pedido de prisión, al comandante general de la Policía, Jorge Poveda; al inspector general, Marcelo Vega Gutiérrez,; y a los coroneles Luis Cadena, Francisco Ramírez Herrera, Marcelo Tamayo Baldeón, N. Villarreal, y agentes N. Caiza y N. Chacha.
Por las declaraciones de Flores, el fiscal asimismo imputó (acusó) a los civiles Daniel Solís, Víctor Guzmán, Luis Jacinto Zhingri Tuba, Rosa Hipatia Zhingri Angamarca, Jorge Armando Pacheco Flores y Jaime Orlando Abril Ampudia.
En la instrucción consta que los jefes policiales presuntamente recibían dinero a cambio de dar información sobre las zonas donde se iban a realizar operativos en contra de los coyotes (traficantes de personas hacia el exterior).
El expediente igualmente revela que los oficiales involucrados hacían pasar civiles como agentes del orden, para enviarlos a Estados Unidos en los cupos de policías que asistían a cursos de preparación. Así, supuestamente se los dotaba de documentos falsos para que pudieran viajar.
Ayer, el juez Bustamante, mediante providencia pidió al fiscal que aclare en el plazo de 48 horas, sobre los nombres y apellidos del cabo Caiza, del agente Chacha y del coronel Villarroel, con el objeto de asegurar la competencia en este proceso.
Código policial no contempla delito de coyotaje
Publicado en el suplemento del Registro Oficial Nº 1202 del 20 de agosto de 1960, el Código Penal Policial no tipifica dentro de sus normas el delito de tráfico ilegal de personas, por cuanto se trata de una figura delictiva nueva.
El fiscal de delitos migratorios y turismo del Guayas, José Menéndez Cruz, inició la tarde del martes pasado una instrucción en contra de varios jefes y agentes policiales, a quienes los involucra en el supuesto delito de tráfico ilegal de migrantes (coyotaje).
El Código Penal que rige para todos los civiles contiene en su artículo 440 (A y B) el delito del tráfico ilegal de migrantes, que se lo incorporó en la reforma publicada en el Registro Oficial Nº 110 del 30 de junio del 2000.
Si un uniformado de Policía comete este delito cuando se encuentre en servicio o en una misión específica, tampoco podría ser enjuiciado por la Corte de su respectivo organismo. Su proceso debe trasladarse a los jueces penales comunes, en relación al fuero de que goce cada uno, en razón de su jerarquía.
El Código Penal de la Policía consta de 335 artículos, los cuales no han sufrido ninguna reforma. Igual situación ocurre con el Código de Procedimiento Penal Policial, en donde se establece como sanción máxima 16 años de reclusión mayor extraordinaria. Esta pena se la aplica en el caso de los delitos de asesinato y traición a la Patria, entre otros.
La Policía también tiene su organigrama, donde se explican las designaciones de los jefes que forman la cúpula.
Al Comandante General lo escoge el Presidente de la República, a base de una terna que envía el Consejo de Generales de la Policía Nacional, con los nombres de quienes le siguen en antigüedad.
Le corresponde al Comandante General escoger, de entre los 60 coroneles activos, a los comandantes provinciales y de Distrito, tomando en cuenta su jerarquía.
El inspector de la Policía, Gral. Marcelo Vega, es nombrado en ese cargo en función de su grado. Actualmente es el tercero en el mando, después del comandante Jorge Poveda y del jefe de Estado Mayor, Marco Cuvero.
Fuero de Corte Suprema
En razón de su grado de general, el comandante de Policía, Jorge Poveda, tiene fuero de Corte Suprema, según lo establece la Ley Orgánica de la Función Judicial, en su artículo 13, numeral 6.
El fuero del General involucra también a los demás uniformados implicados, al igual que a los civiles que constan en la instrucción.
Así, es la ministra fiscal Mariana Yépez quien debe investigar el caso y resolver, en conjunto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hugo Quintana.
El titular de la CSJ debe vigilar que se cumplan con las garantías del debido proceso de los sospechosos.
Ante ello el juez 6º de lo Penal del Guayas, Manuel Bustamante, quien en primera instancia le recayó por sorteo la instrucción, tendría que inhibirse (excusarse) de continuar con el trámite.
Internamente la Policía tampoco tiene competencia para emitir alguna sanción a los uniformados.
El comandante general de la Policía, Gral. Jorge Poveda, calificó de una patraña jurídica orquestada en mi contra, la instrucción fiscal que lo involucra como sospechoso en un caso de coyotaje y destacó que sigue en el cargo porque cuenta con el respaldo del régimen. Llamó a los gendarmes a permanecer vigilantes frente a gente mezquina que quiere dañar la imagen institucional.
No descartó que la instrucción tenga un trasfondo político. Acá puede darse de todo, dijo, al destacar que las denuncias, a más de haber sido fraguadas, las tomó un fiscal (José Menéndez) que no investigó nada y que acogió la versión de un delincuente fichado.
El ministro de Gobierno, Raúl Baca, en declaraciones al noticiario de Canal Uno, afirmó que el Gobierno no ha tomado resolución alguna, porque confiamos en el general Poveda al igual que en el general Vega.
Poveda tuvo un día intenso. Primero estuvo en la Fiscalía para entrevistarse con Mariana Yépez, pero no la encontró. A las 09h30 llegó a la Corte Suprema de Justicia donde fue recibido por su presidente, Hugo Quintana.
Ante él solicitó que la justicia actúe enmarcada en la ley y sin atropellar los derechos que les corresponde a los policías involucrados.
En Guayaquil, el ex candidato presidencial por el PSC, Xavier Neira Menéndez, admitió que es primo hermano del fiscal de delitos migratorios y turismo del Guayas, José Menéndez Cruz, quien involucró a la cúpula policial en el caso de coyotaje, pero aclaró que a pesar del parentesco él y su partido, PSC, nada tienen que ver con la instrucción. Mi primo es abogado y entiendo que cumple con su trabajo en forma responsable, así que descarto cualquier acusación que trate de involucrarnos, alegó.
OFICIALES
Gral. Jorge Poveda
Es Comandante General desde el 16 de junio del 2003. Fue Comandante de Policía de Cuenca desde febrero de 1999 hasta abril del 2001, cuando empezó como Director Nacional de Tránsito. Luego fue director de Logística hasta el 2003.
Gral. Marcelo Vega
Es inspector general de Policía. Fue jefe de la Policía Judicial del Guayas desde noviembre de 1999 hasta octubre del 2001, cuando fue nombrado jefe del Comando de Los Ríos. En el 2003, lo designaron subsecretario de Policía.
Crnel. Luis Cadena
Desde el 28 de enero de 2004 se desempeña como Comandante del Guayas. Antes fue el subjefe de la Inspectoría General. Actualmente está con licencia y lo reemplaza el Crnel. Iván Vallejo, subjefe del Comando Guayas.
Detenido acusó a jefes policiales en su testimonio
Luis Enrique Flores Sarmiento, que por seguridad ayer se lo trasladó a la Cárcel Nº 4 de Quito, declaró ante el juez 2º de lo Penal del Guayas, Luis Santana, que se infiltró en una banda de coyotes, luego que fuera estafado con ocho mil dólares.
Flores reveló que Mariana Ampudia Lucero, esposa de Jorge Abril (ex candidato a diputado por el Prian en Azuay), lideraba esa banda, con la que él colaboró como chofer que llevaba personas desde la terminal terrestre de Cuenca hasta un parque.
Dijo que Ampudia comentaba con los coyotes los nombres de los coroneles de la Policía que pasaron por Cuenca y que recibían dinero, como el comandante Jorge Poveda y el coronel Luis Cadena. Y si dicen que no es cierto que le pregunten cuántos galones de leche les daba la esposa de Luis Zhingri, de la hacienda de los Zhingri; también un coronel Villarreal, y el actual jefe de la PJ de Azogues, Francisco Ramírez Herrera; el coronel Tamayo también recibía dinero.
Mariana Ampudia y sus hijos eran amigos del general Marcelo Vega desde que era jefe de la PJ del Guayas. Los Abril y Ampudia utilizan barcos viejos, pintados y para evitar los asaltos de los piratas, las patrullas de la Marina los escoltan hasta dejarlos fuera de las 200 millas. Estas patrullas son de Manta, a cargo de un oficial que desconozco su nombre. Similar ayuda brindan los marinos de Guayas, cuando los barcos salen de Balao Chico. Al mando está un suboficial de la Marina, cuyo nombre desconozco, y su esposa es quien alquila las fibras (embarcaciones), y un señor apodado El Manaba coordina con los policías y los de la Marina para que todo salga bien. Es lo que puedo decir en honor a la verdad, afirmó Flores. Marcelo Tamayo, jefe de la PJ de Azuay, calificó de infundadas, maliciosas y temerarias a las acusaciones realizadas por un detenido involucrado en el caso de coyoterismo.
Dos jueces siguen caso coyotes
El comandante general de Policía, Jorge Poveda; el inspector general, Marcelo Vega Gutiérrez; y el jefe policial del Azuay, Marcelo Tamayo, rechazaron la inculpación que les hizo el fiscal de turismo y tráfico ilegal de migrantes.
Una llamada telefónica anónima, que el agente de la Policía Judicial del Guayas (PJ-G), Carlos Blanco, recibió a las 11h00 del 23 de abril pasado con la que se alertaba sobre el funcionamiento de una red de tráfico ilegal de migrantes, originó los operativos Estrella de Mar I y II.
Los operativos permitieron la imputación y detención de más de una decena de personas, entre ellas Luis Enrique Flores Sarmiento, quien en sus declaraciones en la Fiscalía involucró en el caso a la actual cúpula de la Policía Nacional.
Con base al testimonio de Flores Sarmiento, el fiscal de delitos migratorios y turismo de Guayas, José Menéndez Cruz, inició el pasado martes una instrucción por presunto tráfico ilegal de personas contra ocho miembros policiales.
La causa involucra a los generales Jorge Poveda, comandante general de la Policía; y Marcelo Vega Gutiérrez, inspector general de la Policía y primo del presidente Lucio Gutiérrez; el coronel Luis Cadena, jefe policial de Guayas, y otros cinco miembros de la entidad.
Menéndez inició la primera instrucción fiscal (Nº 11-2004), el 22 de mayo del 2004, una vez que dos días antes recibió un informe de la PJ-Guayas sobre las investigaciones que involucraban a diez personas residentes en Cuenca, Guayaquil y Manta.
Entonces, el juzgado 2º de lo Penal del Guayas ordenó la prisión y el 25 de mayo, el entonces jefe del IV Distrito, Crnl. Hugo Robalino, anunció a la prensa los resultados del operativo policial Estrella de Mar, que se dio en instantes en que 69 personas iban a zarpar en el barco Aro, en el sector de Olón (Santa Elena), para ser llevadas a Guatemala y luego, por tierra, a Estados Unidos.
Mariana Lourdes Ampudia Lucero, Luis Enrique Flores Sarmiento, José Arcesio Vásquez Marín, Lorena del Rocío Basantes Ampudia, Édgar Norjot Rivadeneira Álava, José Antonio García Torres, Cristhian Xavier López Ampudia y Jorge Cristóbal Abril Ampudia fueron detenidos. La PJ-Guayas comunicó además que estaban prófugos los sospechosos Jaime Abril, Ximena Abril Ampudia y Bolívar Vásquez Marín.
Durante el proceso investigativo de la Fiscalía, Luis Flores Sarmiento fue la persona clave. Él narró, primero en la PJ-Guayas y luego ante el fiscal Menéndez y ante el juez 2º de lo Penal del Guayas, Luis Santana, detalles sobre los envíos de migrantes y de los supuestos involucrados.
Segunda instrucción
Con las declaraciones de Flores ante el juez Santana, el pasado 2 de septiembre, el fiscal José Menéndez inició una segunda instrucción fiscal (la 22-2004), el pasado 6 de septiembre, que por sorteo pasó (un día después) a conocimiento del juez 6º de lo Penal, Manuel Bustamante.
En la nueva causa, el fiscal involucró en el delito de presunto tráfico ilegal de personas, sin pedido de prisión, al comandante general de la Policía, Jorge Poveda; al inspector general, Marcelo Vega Gutiérrez,; y a los coroneles Luis Cadena, Francisco Ramírez Herrera, Marcelo Tamayo Baldeón, N. Villarreal, y agentes N. Caiza y N. Chacha.
Por las declaraciones de Flores, el fiscal asimismo imputó (acusó) a los civiles Daniel Solís, Víctor Guzmán, Luis Jacinto Zhingri Tuba, Rosa Hipatia Zhingri Angamarca, Jorge Armando Pacheco Flores y Jaime Orlando Abril Ampudia.
En la instrucción consta que los jefes policiales presuntamente recibían dinero a cambio de dar información sobre las zonas donde se iban a realizar operativos en contra de los coyotes (traficantes de personas hacia el exterior).
El expediente igualmente revela que los oficiales involucrados hacían pasar civiles como agentes del orden, para enviarlos a Estados Unidos en los cupos de policías que asistían a cursos de preparación. Así, supuestamente se los dotaba de documentos falsos para que pudieran viajar.
Ayer, el juez Bustamante, mediante providencia pidió al fiscal que aclare en el plazo de 48 horas, sobre los nombres y apellidos del cabo Caiza, del agente Chacha y del coronel Villarroel, con el objeto de asegurar la competencia en este proceso.
Código policial no contempla delito de coyotaje
Publicado en el suplemento del Registro Oficial Nº 1202 del 20 de agosto de 1960, el Código Penal Policial no tipifica dentro de sus normas el delito de tráfico ilegal de personas, por cuanto se trata de una figura delictiva nueva.
El fiscal de delitos migratorios y turismo del Guayas, José Menéndez Cruz, inició la tarde del martes pasado una instrucción en contra de varios jefes y agentes policiales, a quienes los involucra en el supuesto delito de tráfico ilegal de migrantes (coyotaje).
El Código Penal que rige para todos los civiles contiene en su artículo 440 (A y B) el delito del tráfico ilegal de migrantes, que se lo incorporó en la reforma publicada en el Registro Oficial Nº 110 del 30 de junio del 2000.
Si un uniformado de Policía comete este delito cuando se encuentre en servicio o en una misión específica, tampoco podría ser enjuiciado por la Corte de su respectivo organismo. Su proceso debe trasladarse a los jueces penales comunes, en relación al fuero de que goce cada uno, en razón de su jerarquía.
El Código Penal de la Policía consta de 335 artículos, los cuales no han sufrido ninguna reforma. Igual situación ocurre con el Código de Procedimiento Penal Policial, en donde se establece como sanción máxima 16 años de reclusión mayor extraordinaria. Esta pena se la aplica en el caso de los delitos de asesinato y traición a la Patria, entre otros.
La Policía también tiene su organigrama, donde se explican las designaciones de los jefes que forman la cúpula.
Al Comandante General lo escoge el Presidente de la República, a base de una terna que envía el Consejo de Generales de la Policía Nacional, con los nombres de quienes le siguen en antigüedad.
Le corresponde al Comandante General escoger, de entre los 60 coroneles activos, a los comandantes provinciales y de Distrito, tomando en cuenta su jerarquía.
El inspector de la Policía, Gral. Marcelo Vega, es nombrado en ese cargo en función de su grado. Actualmente es el tercero en el mando, después del comandante Jorge Poveda y del jefe de Estado Mayor, Marco Cuvero.
Fuero de Corte Suprema
En razón de su grado de general, el comandante de Policía, Jorge Poveda, tiene fuero de Corte Suprema, según lo establece la Ley Orgánica de la Función Judicial, en su artículo 13, numeral 6.
El fuero del General involucra también a los demás uniformados implicados, al igual que a los civiles que constan en la instrucción.
Así, es la ministra fiscal Mariana Yépez quien debe investigar el caso y resolver, en conjunto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hugo Quintana.
El titular de la CSJ debe vigilar que se cumplan con las garantías del debido proceso de los sospechosos.
Ante ello el juez 6º de lo Penal del Guayas, Manuel Bustamante, quien en primera instancia le recayó por sorteo la instrucción, tendría que inhibirse (excusarse) de continuar con el trámite.
Internamente la Policía tampoco tiene competencia para emitir alguna sanción a los uniformados.
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