Los votos para una reestructuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de una resolución, objetivo de fondo del Congreso extraordinario convocado para hoy por el presidente Gutiérrez, aún no están seguros. Bloques como el socialista, DP, PK, ID y MPD apoyan la reforma, pero siempre que "se enmarque en la Constitución".
Tal parece que la convocatoria del primer mandatario tomó desprevenidos a los diputados, porque ayer varios bloques se reunieron a puerta cerrada, desde las primeras horas del día, para definir su posición. En la tarde y noche, miembros del PRE, Prian y MPD sesionaron con funcionarios del Gobierno en el hotel Marriot. Luego estaba prevista otra reunión en la casa del asesor presidencial Óscar Ayerve.
Los diputados Luis Villacís (MPD) y Segundo Serrano (socialista) indicaron que los cambios en la CSJ no eran parte del acuerdo de la mayoría que consiguió la cesación de los vocales del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero que "las reformas son necesarias".
Víctor Hugo Sicouret (PRE) dijo que "mañana (hoy) los diputados van a marcar la historia de la liberación de los poderes del Estado".
El prianista Jorge Cevallos, en cambio, ratificó que la moción tiene el apoyo de "más de 51 votos". Sin embargo, dejó entrever que hay aspectos en los cuales no hay consenso.
Se sabe que la estrategia gobiernista sería acogerse a la disposición transitoria vigésimo quinta, que indica que los funcionarios elegidos por el Congreso y el Contralor cesaron en sus funciones en enero de 2003. Sin embargo, la oposición, aunque aún no revela cómo hará frente a los gobiernistas, insistió en que "defenderá la constitucionalidad para que el presidente no se tome los tres poderes del Estado", según dijo Wilfrido Lucero (ID). Además, informó que su bloque y el presidente del Parlamento, Guillermo Landázuri, acudirán a la sesión de esta mañana.
El PSC también ratificó su presencia para proclamar lo ilegal e inconstitucional de la convocatoria hecha por Guitérrez, luego de una reunión de cinco horas en Guayaquil.
En los pasillos del Congreso se rumorea que si Gutiérrez no consiguiera las reformas en la Corte, disolvería el Congreso.
Pero también hubo "comentarios" en la Corte. Estos hablaban de una posible renuncia de los jueces para ser incluidos en la reorganización. No obstante, fueron negados por varios ministros jueces. Además, se habló de conversaciones para buscar apoyo de los trabajadores judiciales a través de una medida de hecho para defender a la Función Judicial, pero esto tampoco fue confirmado. (GFS-AM-MAR)
"Es ilegal aplicar transitoria en la Corte"
Carta Magna establece en qué caso aplicar
La posibilidad de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sean cesados, mediante una resolución parlamentaria con base en la transitoria vigésimo quinta de la Constitución, es calificada como inconstitucional por el jurista Ernesto López, quien aclara que esa disposición no es aplicable para los magistrados. "Ellos fueron designados antes del 10 de agosto de 1998", dice.
La normativa establece que: "Los funcionarios e integrantes de organismos designados por el Congreso Nacional y el Contralor del Estado designado, a partir del 10 de agosto de 1998 para un período de cuatro años, en virtud de las disposiciones de esta Constitución, permanecerán en el desempeño de sus funciones hasta enero de 2003". López explica que la transitoria amplía la labor de esos funcionarios durante cinco meses, luego de cumplido su período, "para coincidir con la extensión del período presidencial hasta inicios de año", pero este plazo tampoco les afecta a los jueces.
El asesor jurídico del Gobierno, José Guerrero, en cambio, asegura que la transitoria es para los funcionarios nombrados antes de 1998. "Para ellos justamente se dictó la norma, si hubieran sido elegidos con la actual Constitución entonces serían vitalicios", agrega. (GC)
Los magistrados defienden de nuevo la institucionalidad
La Corte Suprema decidió publicar una carta abierta en la que rechazan su reorganización
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hugo Quintana, anunció ayer por la tarde que denunciará a la comunidad jurídica internacional los intentos del Congreso Nacional de romper el orden constituido y el Estado de Derecho. Además, dijo que si "los destituyeran vía resolución", no abandonarán la Corte, porque sería inconstitucional.
En la mañana, los ministros jueces se reunieron por dos horas, en sesión reservada, y redactaron una carta abierta al país en el mismo sentido que la declaración de Quintana. Además, recogieron la posición jurídica de los magistrados y analizaron varios artículos de prensa que se pronunciaron por la institucionalidad de la Función Judicial.
El documento fue redactado por una comisión integrada por los magistrados José J. Benítez, Luis Heredia, Eduardo Brito y el conjuez Marco Morales.
El juez Galo Galarza reiteró que los ministros están más unidos que nunca y se mantendrán firmes en la defensa de sus principios. También indicó que otro de los argumentos que se expone en el comunicado es enfatizar en que la reorganización de la Suprema no cabe por simple resolución, sino a través de una ley. Los actos legislativos, dijo, están clasificados en resoluciones, leyes y reformas constitucionales; las resoluciones son actos legislativos de mero trámite y se refieren a procedimientos a seguir, por lo que "no es el camino" para cesar jueces.
Por la noche, en cadena nacional, Quintana, a nombre de los magistrados, se manifestó en los mismos términos. (MAR)
Tribunal Constitucional amenaza a jueces que aceptaron amparos de ex vocales
Hoy, a partir de las 08:00, se realizan tres audiencias en los juzgados 9º, 12º y 8º de lo Civil
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) no acatará las resoluciones de los jueces primero y octavo de lo Civil, que suspendieron temporalmente la resolución del Congreso que cesó en funciones a los anteriores vocales y que aceptaron a trámite los recursos de amparos presentados por Miguel Camba y Oswaldo Cevallos.
Estuardo Gualle, presidente del TC, dijo que no acatarán la decisión de los jueces Alfredo Grijalva y Juan Carlos Cepeda, que pretenden "paralizar a un Tribunal de justicia del más alto nivel". También dijo que en este caso debía plantearse una demanda de inconstitucionalidad y no una acción de amparo, por lo que no descartó iniciar acciones penales contra de jueces que tramitan los recursos.
En el Juzgado Primero, el juez Grijalva recibió ayer en audiencia pública, a Camba y a su abogado Fernando Acosta; al asesor jurídico del Congreso, Ramiro Acosta; y al representante de la Procuraduría, Efrén Gavilanes. En la diligencia, Acosta expuso los argumentos por los que considera que la resolución del Congreso que cesó a los vocales del TC fue ilegal. Grijalva emitirá una resolución hasta mañana.
Camba denunció que los actuales vocales del TC se reunieron en la Presidencia de la República y adoptaron una resolución en la que dicen que se debió presentar una demanda de inconstitucionalidad, con lo cual prevaricaron y podrían ser demandados penalmente.
Hoy habrá audiencias en los juzgados Noveno, Duodécimo y Octavo por los amparos presentados por Jaime Nogales, Luis Rojas y Cevallos. (MAR)
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Si los magistrados son cesados, asumirán esos despachos los conjueces, quienes elegirían a los nuevos integrantes de la Corte.
La elección de los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y el nombramiento de la terna para fiscal también están en juego.
Al Pleno de la Corte le corresponde designar a cuatro vocales de la CNJ, de entre la lista de candidatos de los colegios electorales.
Además, nombra a tres vocales del CNJ en su representación. La designación era el 21 de diciembre, pero el TSE no convocó a los colegios.
En el caso de la Fiscalía, el Consejo Nacional de la Judicatura propone una terna de candidatos, para que el Congreso nomine al Fiscal.
De concretarse los cambios en la Función Judicial, no solo los actuales 28 magistrados (son 31, pero hay tres vacantes) de la Suprema saldrían.
También se afectarían los 200 ministros de las Cortes Superiores, 500 jueces, 400 notarios y 100 registradores de la propiedad.
A la sesión extraordinaria de la Corte no asistieron los ministros Carlos Riofrío, Nicolás Castro y Armando Bermeo, porque están fuera del país.
Luego del encuentro, el primero en abandonar la reunión fue el magistrado Camilo Mena, quien no habló sobre el comunicado de los jueces.
Varios funcionarios judiciales aprovecharon la reunión de los magistrados para abandonar sus puestos y salir de la Corte.
Luis Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Servidores Judiciales (Fenaje), estuvo ayer por el Congreso manteniendo contactos.
Según dijo, conversó con varios bloques legislativos, pero considera que no hay consenso sobre el mecanismo para reestructurar las cortes.
Además, sostuvo que se debe conocer a fondo la propuesta del Gobierno, porque hay problemas de corrupción, como ha dicho el Gobierno.
Los judiciales, agregó, creen que se debe llenar las tres vacantes de la Suprema de inmediato y que se deben disminuir a 16 los magistrados.
Hoy, 200 miembros de la Fenaje seguirán el desarrollo de la sesión para luego emitir un pronunciamiento, con base en la actuación del Congreso.
Tal parece que la convocatoria del primer mandatario tomó desprevenidos a los diputados, porque ayer varios bloques se reunieron a puerta cerrada, desde las primeras horas del día, para definir su posición. En la tarde y noche, miembros del PRE, Prian y MPD sesionaron con funcionarios del Gobierno en el hotel Marriot. Luego estaba prevista otra reunión en la casa del asesor presidencial Óscar Ayerve.
Los diputados Luis Villacís (MPD) y Segundo Serrano (socialista) indicaron que los cambios en la CSJ no eran parte del acuerdo de la mayoría que consiguió la cesación de los vocales del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero que "las reformas son necesarias".
Víctor Hugo Sicouret (PRE) dijo que "mañana (hoy) los diputados van a marcar la historia de la liberación de los poderes del Estado".
El prianista Jorge Cevallos, en cambio, ratificó que la moción tiene el apoyo de "más de 51 votos". Sin embargo, dejó entrever que hay aspectos en los cuales no hay consenso.
Se sabe que la estrategia gobiernista sería acogerse a la disposición transitoria vigésimo quinta, que indica que los funcionarios elegidos por el Congreso y el Contralor cesaron en sus funciones en enero de 2003. Sin embargo, la oposición, aunque aún no revela cómo hará frente a los gobiernistas, insistió en que "defenderá la constitucionalidad para que el presidente no se tome los tres poderes del Estado", según dijo Wilfrido Lucero (ID). Además, informó que su bloque y el presidente del Parlamento, Guillermo Landázuri, acudirán a la sesión de esta mañana.
El PSC también ratificó su presencia para proclamar lo ilegal e inconstitucional de la convocatoria hecha por Guitérrez, luego de una reunión de cinco horas en Guayaquil.
En los pasillos del Congreso se rumorea que si Gutiérrez no consiguiera las reformas en la Corte, disolvería el Congreso.
Pero también hubo "comentarios" en la Corte. Estos hablaban de una posible renuncia de los jueces para ser incluidos en la reorganización. No obstante, fueron negados por varios ministros jueces. Además, se habló de conversaciones para buscar apoyo de los trabajadores judiciales a través de una medida de hecho para defender a la Función Judicial, pero esto tampoco fue confirmado. (GFS-AM-MAR)
"Es ilegal aplicar transitoria en la Corte"
Carta Magna establece en qué caso aplicar
La posibilidad de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sean cesados, mediante una resolución parlamentaria con base en la transitoria vigésimo quinta de la Constitución, es calificada como inconstitucional por el jurista Ernesto López, quien aclara que esa disposición no es aplicable para los magistrados. "Ellos fueron designados antes del 10 de agosto de 1998", dice.
La normativa establece que: "Los funcionarios e integrantes de organismos designados por el Congreso Nacional y el Contralor del Estado designado, a partir del 10 de agosto de 1998 para un período de cuatro años, en virtud de las disposiciones de esta Constitución, permanecerán en el desempeño de sus funciones hasta enero de 2003". López explica que la transitoria amplía la labor de esos funcionarios durante cinco meses, luego de cumplido su período, "para coincidir con la extensión del período presidencial hasta inicios de año", pero este plazo tampoco les afecta a los jueces.
El asesor jurídico del Gobierno, José Guerrero, en cambio, asegura que la transitoria es para los funcionarios nombrados antes de 1998. "Para ellos justamente se dictó la norma, si hubieran sido elegidos con la actual Constitución entonces serían vitalicios", agrega. (GC)
Los magistrados defienden de nuevo la institucionalidad
La Corte Suprema decidió publicar una carta abierta en la que rechazan su reorganización
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hugo Quintana, anunció ayer por la tarde que denunciará a la comunidad jurídica internacional los intentos del Congreso Nacional de romper el orden constituido y el Estado de Derecho. Además, dijo que si "los destituyeran vía resolución", no abandonarán la Corte, porque sería inconstitucional.
En la mañana, los ministros jueces se reunieron por dos horas, en sesión reservada, y redactaron una carta abierta al país en el mismo sentido que la declaración de Quintana. Además, recogieron la posición jurídica de los magistrados y analizaron varios artículos de prensa que se pronunciaron por la institucionalidad de la Función Judicial.
El documento fue redactado por una comisión integrada por los magistrados José J. Benítez, Luis Heredia, Eduardo Brito y el conjuez Marco Morales.
El juez Galo Galarza reiteró que los ministros están más unidos que nunca y se mantendrán firmes en la defensa de sus principios. También indicó que otro de los argumentos que se expone en el comunicado es enfatizar en que la reorganización de la Suprema no cabe por simple resolución, sino a través de una ley. Los actos legislativos, dijo, están clasificados en resoluciones, leyes y reformas constitucionales; las resoluciones son actos legislativos de mero trámite y se refieren a procedimientos a seguir, por lo que "no es el camino" para cesar jueces.
Por la noche, en cadena nacional, Quintana, a nombre de los magistrados, se manifestó en los mismos términos. (MAR)
Tribunal Constitucional amenaza a jueces que aceptaron amparos de ex vocales
Hoy, a partir de las 08:00, se realizan tres audiencias en los juzgados 9º, 12º y 8º de lo Civil
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) no acatará las resoluciones de los jueces primero y octavo de lo Civil, que suspendieron temporalmente la resolución del Congreso que cesó en funciones a los anteriores vocales y que aceptaron a trámite los recursos de amparos presentados por Miguel Camba y Oswaldo Cevallos.
Estuardo Gualle, presidente del TC, dijo que no acatarán la decisión de los jueces Alfredo Grijalva y Juan Carlos Cepeda, que pretenden "paralizar a un Tribunal de justicia del más alto nivel". También dijo que en este caso debía plantearse una demanda de inconstitucionalidad y no una acción de amparo, por lo que no descartó iniciar acciones penales contra de jueces que tramitan los recursos.
En el Juzgado Primero, el juez Grijalva recibió ayer en audiencia pública, a Camba y a su abogado Fernando Acosta; al asesor jurídico del Congreso, Ramiro Acosta; y al representante de la Procuraduría, Efrén Gavilanes. En la diligencia, Acosta expuso los argumentos por los que considera que la resolución del Congreso que cesó a los vocales del TC fue ilegal. Grijalva emitirá una resolución hasta mañana.
Camba denunció que los actuales vocales del TC se reunieron en la Presidencia de la República y adoptaron una resolución en la que dicen que se debió presentar una demanda de inconstitucionalidad, con lo cual prevaricaron y podrían ser demandados penalmente.
Hoy habrá audiencias en los juzgados Noveno, Duodécimo y Octavo por los amparos presentados por Jaime Nogales, Luis Rojas y Cevallos. (MAR)
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Si los magistrados son cesados, asumirán esos despachos los conjueces, quienes elegirían a los nuevos integrantes de la Corte.
La elección de los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y el nombramiento de la terna para fiscal también están en juego.
Al Pleno de la Corte le corresponde designar a cuatro vocales de la CNJ, de entre la lista de candidatos de los colegios electorales.
Además, nombra a tres vocales del CNJ en su representación. La designación era el 21 de diciembre, pero el TSE no convocó a los colegios.
En el caso de la Fiscalía, el Consejo Nacional de la Judicatura propone una terna de candidatos, para que el Congreso nomine al Fiscal.
De concretarse los cambios en la Función Judicial, no solo los actuales 28 magistrados (son 31, pero hay tres vacantes) de la Suprema saldrían.
También se afectarían los 200 ministros de las Cortes Superiores, 500 jueces, 400 notarios y 100 registradores de la propiedad.
A la sesión extraordinaria de la Corte no asistieron los ministros Carlos Riofrío, Nicolás Castro y Armando Bermeo, porque están fuera del país.
Luego del encuentro, el primero en abandonar la reunión fue el magistrado Camilo Mena, quien no habló sobre el comunicado de los jueces.
Varios funcionarios judiciales aprovecharon la reunión de los magistrados para abandonar sus puestos y salir de la Corte.
Luis Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Servidores Judiciales (Fenaje), estuvo ayer por el Congreso manteniendo contactos.
Según dijo, conversó con varios bloques legislativos, pero considera que no hay consenso sobre el mecanismo para reestructurar las cortes.
Además, sostuvo que se debe conocer a fondo la propuesta del Gobierno, porque hay problemas de corrupción, como ha dicho el Gobierno.
Los judiciales, agregó, creen que se debe llenar las tres vacantes de la Suprema de inmediato y que se deben disminuir a 16 los magistrados.
Hoy, 200 miembros de la Fenaje seguirán el desarrollo de la sesión para luego emitir un pronunciamiento, con base en la actuación del Congreso.
Más en el