Bajo el discurso de que hay "la imperante necesidad del diálogo para buscar los mecanismos que signifiquen designar una Corte Suprema de Justicia despolitizada, "despartidizada" e independiente", el Gobierno arma los escenarios que le permitan salir bien librado de la crisis jurídica que se inició el pasado 9 de diciembre cuando, por pedido del presidente Gutiérrez, se instaló un Congreso extraordinario "para analizar y tomar resoluciones respecto a la Función Judicial".
Uno de esos escenarios es afianzar el respaldo de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de los Estados Unidos, y descalificar a la oposición. De hecho, ayer, el ministro de Defensa, Nelson Herrera, acompañado por el Alto Mando Militar, salió en defensa del régimen y opinó que ciertos actores políticos (ubicados en la oposición) están causando zozobra por "intereses netamente personales y electorales", pese a que recordó que las FFAA "son obedientes y no deliberantes" y que los sucesos que hoy convulsionan a la nación están enmarcados en los campos político y judicial, en los cuales la institución mantiene "total neutralidad"
Herrera también rechazó el llamado que hizo el alcalde de Quito, Paco Moncayo, para que los militares defiendan la nación y de las leyes: "No cometeremos los mismos errores del pasado", aseveró.
El agregado de prensa de la Embajada de los EEUU, Glen Warren, asímismo, dijo que su país no se involucrará en el problema interno del Ecuador, a no ser que sea invitado a mediar en los diálogos. "No vamos a interpretar la Constitución y las leyes del Ecuador, ni vamos a sugerir soluciones", dijo, al tiempo de coincidir con el Gobierno en que la única forma de superar la crisis actual es "mediante el diálogo".
Justamente, de eso se encarga el ministro de Gobierno, Óscar Ayerve, quien, pasado el mediodía, se mostró seguro del éxito de las negociaciones, y redactaba, junto al equipo político y jurídico, "los detalles" del documento que, según él, se consensuó con la oposición la madrugada. "Me siento optimista de que los bloques legislativos sin excepción estén cediendo", afirmó.
El nuevo proyecto insistirá en la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, la cesación de la Corte de facto y el referendo ratificatorio, pero se accede a incluir la cooptación como mecanismo para la futura designación de jueces.
Sin embargo, el analista político Orlando Alcívar desconfía del discurso del Ejecutivo: "Yo no veo que haya una intención real de cesar a la Corte. Lo que se busca es dilatar las soluciones". A su juicio, estamos en un callejón sin salida.
La otra estrategia del Gobierno es neutralizar a los sectores que están en la oposición con contraprotestas, y la conformación de una Asamblea Popular de Quito, cuya misión será "respaldar al presidente".
En ese sentido, desde el lunes, en las afueras de Carondelet, se concentran grupos de comerciantes informales, trabajadores del Ministerio de Bienestar Social, taxistas y delegados de Sociedad Patriótica de Manabí a gritar vivas a favor de Gutiérrez, pese a la presencia de opositores que corean:"Bucaram, llévate a tu edecán". (GC)
CNJ no pagará sueldos a jueces de facto
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto podrían no recibir sus salarios de este mes, porque no acuden a sus despachos a trabajar. Esta será la petición de la asamblea de judiciales que ayer analizó el tema.
La decisión fue tomada por varios directores departamentales del Consejo de la Judicatura (CNJ) y obedece al paro judicial al que se ha unido el CNJ.
Un grupo de jueces se reunió ayer en el hotel Mercure de Quito para tratar de aprobar la resolución que sanciona a los vocales José Robayo y Maya por su participación en el paro judicial, así como analizar la posible renuncia.
Entre tanto, el presidente de la Corte de facto, Guillermo Castro, despachó desde el Swissotel. Ayer emitió las providencias que rechazan las apelaciones de la Fiscalía y la Contraloría en los casos A. Bucaram y G. Noboa. En el Swissotel también se reunieron la embajadora de los EEUU, Kristie Kenney, Carlos Pólit e Ivonne Baki. (MAR)
La oposición y el régimen interesados en votar juntos
Hoy se prevé tener listo el proyecto de consenso entre el Gobierno y la oposición
Luego de tres horas y media de debate, los diputados salieron del Congreso sin tener lista la resolución para salir de la crisis jurídica. Sin embargo, en este lapso, se trabajó en la redacción de un proyecto que contaría con el apoyo de varios bloques gobiernistas y opositores, pero este acercamiento causó la ruptura de la oposición: solo la ID y el PSC apoyan la moción, mientras que PK se quedó al margen.
En las primeras horas de la sesión de ayer fue evidente que los protagonismos y las intransigencias en sectores de la oposición frenaron, otra vez, la salida a la crisis judicial. Así lo hizo notar Antonio Posso (PK), quien dijo que su bloque solo votará por una resolución que destituya a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Tribunal Constitucional. Por su parte, Guillermo Landázuri manifestó que la ID ha sido un "factor determinante en las movilizaciones" que exigen el cambio de la CSJ, pero, a la hora de concretar el acuerdo, este bloque no se mostró firme.
Precisamente por esto, el PSC, Ramiro Rivera (DP) y los socialistas agilitaron los acercamientos para concretar un proyecto al que se sumaran los bloques gobiernistas. En este acercamiento participaron los independientes Luis Mejía Montesdeoca, Mesías Mora y, tácitamente, Gilmar Gutiérrez (SP).
Según trascendió, esta situación y la advertencia que habría hecho el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de que no se sumaría al paro nacional que anunció la Asamblea de Pichincha si los "naranja" no votan por la propuesta, hizo que la ID se viera obligada a apoyarla.
Básicamente, el proyecto es reformar el art. 12 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, incluyendo la destitución de la CSJ, la elección de los nuevos magistrados por medio de una comisión calificadora y no por colegios electorales, la declaratoria de vacancia judicial por 45 días y el encargo de la Suprema a los tres ministros más antiguos de las cortes superiores, y dar paso a un referendo popular. Estas modificaciones se incluirán en un solo artículo con varios incisos.
Según fuentes parlamentarias, el Gobierno ofreció que varios de sus diputados apoyarán este proyecto que tendría 22 votos PSC, 14 ID,7 (G7), 5 (SP), 4 (DP), 3 (socialistas), Jorge Montero (CFP), Marco Proaño (PRE), los independientes José Columbo, Édgar Ortiz y Mejía. El Prian no se sumaba pese a las gestiones de Pascual del Cioppo (PSC). (GFS)
Para la Iglesia, crisis política nunca ha sido tan grande
Mons. Néstor Herrera fue presentado ayer como presidente de la Conferencia Episcopal
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo un llamado urgente para el restablecimiento del orden constitucional en el país. El pronunciamiento se lo realizó ayer, luego de que los obispos del Ecuador se reunieron, preocupados, para analizar la situación política del Ecuador.
El nuevo presidente del organismo, monseñor Néstor Herrera, aseguró que nunca antes habían asistido a una crisis tan grande de la institucionalidad del país ni tampoco se había registrado un aumento de los grupos que se enfrentan con violencia.
Informó que el Gobierno no ha enviado a la Iglesia un pedido oficial para que sean mediadores en la crisis. Sin embargo, aseguró que cuando se formule el pedido actuarán de inmediato como facilitadores del diálogo: "Estamos preocupados, queremos ayudar, pero solamente ayudar, porque no somos reconstructores". El Gobierno anunció, el martes, que le pedirá a la Conferencia Episcopal que actúe como mediadora en la crisis.
Monseñor Eugenio Arellano Fernández, vicepresidente del organismo, dijo que no basta que una de las partes pida la mediación, sino que todos los actores del conflicto estén de acuerdo con el papel de facilitadores de la Iglesia Católica
Tampoco quiso usar la palabra dictadura, para calificar al Gobierno: "Es muy fuerte, pero que se ha abandonado el orden de derecho, es cierto".
Herrera agregó que en este momento es muy importante crear lugares de encuentro consensuados por todos y que el mejor camino que se puede seguir es el regreso a una "institucionalidad verdadera y objetivamente enmarcada en la Constitución".
Para lograrlo, pidió a los responsables de las tres funciones del Estado un mayor compromiso para el diálogo y el encuentro: "No basta repetir conceptos, queremos ver hechos transparentes de justicia, verdad y paz", aseguró.
El presidente del organismo eclesiástico recalcó que el país se cae hecho jirones y que esto se debe a que "han prevalecido los intereses de personas y de los partidos políticos sobre el bien de la Nación"
Las declaraciones se produjeron luego de que fue presentada la nueva directiva de la Conferencia Episcopal, integrada por Herrera, Arellano y los monseñores Luis Sánchez y Jaime Bravo, en calidad de secretarios general y adjunto, respectivamente. (MEC)
Comisión de ONU analiza informe de relator
El Gobierno dice que se trata de un informe sobre algo provisional
GINEBRA.- El Ecuador no podrá salir de la crisis institucional si no adopta cuanto antes medidas para volver al estado de derecho roto por el Parlamento al designar una Corte no conforme con la legalidad, dijo anteayer el relator de la ONU, Leandro Despouy.
"El pueblo ecuatoriano ha pagado muy caro la alta politización en sus cortes y tribunales, por lo que se requiere de forma imperativa la reconstrucción de un sistema institucional preservado de intereses políticos", recomendó.
El relator visitó el país en marzo y presentó el lunes su informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (CDDHH). Ese documento pasó a un comité que lo calificará. Si determina que es procedente iniciar un proceso, las autoridades serán convocadas a la CDDHH donde se determinará si se aisla al país, por incumplir la Carta Democrática Interamericana.
El Ejecutivo minimiza el informe de Despouy: "Se trata de un informe provisional, de lo provisional. El Gobierno tomará medidas cuando halle algo concreto", dijo José Guerrero, asesor presidencial.
Pero, el ex embajador Blasco Peñaherrera dice que aunque no haya iniciado un proceso, el Gobierno debe atender los reparos. (AFP-GC)
Delegación internacional recoge criterios
Mañana se darán a conocer las conclusiones y recomendaciones
La delegación de la Asociación Mundial de Abogados y de Magistrados Europeos por la Democracia, que se encuentra en el país desde el lunes, se reunió ayer con el alcalde Paco Moncayo y otros dirigentes de la Asamblea de Quito.
Moncayo explicó la situación jurídica del Ecuador, cuya crisis se desató el 8 y 9 de diciembre pasado, cuando el Congreso nombró una Corte Suprema inconstitucional.
Los delegados Antonio Doñate, Antonia Saquicuray, Diana Morales y Emilio Cárdenas se reunieron en estos días con los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), los magistrados de la Corte destituida y con varias organizaciones sociales y ciudadanas.
La primera conclusión de la delegación internacional es que el país experimenta una seria crisis jurídica y que se hacen esfuerzos por el retorno al orden constitucional.
Los delegados se reunirán hoy con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y con el ex vicepresidente de la República León Roldós.
Antes de salir del país mañana, darán a conocer sus conclusiones y recomendaciones. (MA)
Uno de esos escenarios es afianzar el respaldo de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de los Estados Unidos, y descalificar a la oposición. De hecho, ayer, el ministro de Defensa, Nelson Herrera, acompañado por el Alto Mando Militar, salió en defensa del régimen y opinó que ciertos actores políticos (ubicados en la oposición) están causando zozobra por "intereses netamente personales y electorales", pese a que recordó que las FFAA "son obedientes y no deliberantes" y que los sucesos que hoy convulsionan a la nación están enmarcados en los campos político y judicial, en los cuales la institución mantiene "total neutralidad"
Herrera también rechazó el llamado que hizo el alcalde de Quito, Paco Moncayo, para que los militares defiendan la nación y de las leyes: "No cometeremos los mismos errores del pasado", aseveró.
El agregado de prensa de la Embajada de los EEUU, Glen Warren, asímismo, dijo que su país no se involucrará en el problema interno del Ecuador, a no ser que sea invitado a mediar en los diálogos. "No vamos a interpretar la Constitución y las leyes del Ecuador, ni vamos a sugerir soluciones", dijo, al tiempo de coincidir con el Gobierno en que la única forma de superar la crisis actual es "mediante el diálogo".
Justamente, de eso se encarga el ministro de Gobierno, Óscar Ayerve, quien, pasado el mediodía, se mostró seguro del éxito de las negociaciones, y redactaba, junto al equipo político y jurídico, "los detalles" del documento que, según él, se consensuó con la oposición la madrugada. "Me siento optimista de que los bloques legislativos sin excepción estén cediendo", afirmó.
El nuevo proyecto insistirá en la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, la cesación de la Corte de facto y el referendo ratificatorio, pero se accede a incluir la cooptación como mecanismo para la futura designación de jueces.
Sin embargo, el analista político Orlando Alcívar desconfía del discurso del Ejecutivo: "Yo no veo que haya una intención real de cesar a la Corte. Lo que se busca es dilatar las soluciones". A su juicio, estamos en un callejón sin salida.
La otra estrategia del Gobierno es neutralizar a los sectores que están en la oposición con contraprotestas, y la conformación de una Asamblea Popular de Quito, cuya misión será "respaldar al presidente".
En ese sentido, desde el lunes, en las afueras de Carondelet, se concentran grupos de comerciantes informales, trabajadores del Ministerio de Bienestar Social, taxistas y delegados de Sociedad Patriótica de Manabí a gritar vivas a favor de Gutiérrez, pese a la presencia de opositores que corean:"Bucaram, llévate a tu edecán". (GC)
CNJ no pagará sueldos a jueces de facto
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto podrían no recibir sus salarios de este mes, porque no acuden a sus despachos a trabajar. Esta será la petición de la asamblea de judiciales que ayer analizó el tema.
La decisión fue tomada por varios directores departamentales del Consejo de la Judicatura (CNJ) y obedece al paro judicial al que se ha unido el CNJ.
Un grupo de jueces se reunió ayer en el hotel Mercure de Quito para tratar de aprobar la resolución que sanciona a los vocales José Robayo y Maya por su participación en el paro judicial, así como analizar la posible renuncia.
Entre tanto, el presidente de la Corte de facto, Guillermo Castro, despachó desde el Swissotel. Ayer emitió las providencias que rechazan las apelaciones de la Fiscalía y la Contraloría en los casos A. Bucaram y G. Noboa. En el Swissotel también se reunieron la embajadora de los EEUU, Kristie Kenney, Carlos Pólit e Ivonne Baki. (MAR)
La oposición y el régimen interesados en votar juntos
Hoy se prevé tener listo el proyecto de consenso entre el Gobierno y la oposición
Luego de tres horas y media de debate, los diputados salieron del Congreso sin tener lista la resolución para salir de la crisis jurídica. Sin embargo, en este lapso, se trabajó en la redacción de un proyecto que contaría con el apoyo de varios bloques gobiernistas y opositores, pero este acercamiento causó la ruptura de la oposición: solo la ID y el PSC apoyan la moción, mientras que PK se quedó al margen.
En las primeras horas de la sesión de ayer fue evidente que los protagonismos y las intransigencias en sectores de la oposición frenaron, otra vez, la salida a la crisis judicial. Así lo hizo notar Antonio Posso (PK), quien dijo que su bloque solo votará por una resolución que destituya a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Tribunal Constitucional. Por su parte, Guillermo Landázuri manifestó que la ID ha sido un "factor determinante en las movilizaciones" que exigen el cambio de la CSJ, pero, a la hora de concretar el acuerdo, este bloque no se mostró firme.
Precisamente por esto, el PSC, Ramiro Rivera (DP) y los socialistas agilitaron los acercamientos para concretar un proyecto al que se sumaran los bloques gobiernistas. En este acercamiento participaron los independientes Luis Mejía Montesdeoca, Mesías Mora y, tácitamente, Gilmar Gutiérrez (SP).
Según trascendió, esta situación y la advertencia que habría hecho el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de que no se sumaría al paro nacional que anunció la Asamblea de Pichincha si los "naranja" no votan por la propuesta, hizo que la ID se viera obligada a apoyarla.
Básicamente, el proyecto es reformar el art. 12 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, incluyendo la destitución de la CSJ, la elección de los nuevos magistrados por medio de una comisión calificadora y no por colegios electorales, la declaratoria de vacancia judicial por 45 días y el encargo de la Suprema a los tres ministros más antiguos de las cortes superiores, y dar paso a un referendo popular. Estas modificaciones se incluirán en un solo artículo con varios incisos.
Según fuentes parlamentarias, el Gobierno ofreció que varios de sus diputados apoyarán este proyecto que tendría 22 votos PSC, 14 ID,7 (G7), 5 (SP), 4 (DP), 3 (socialistas), Jorge Montero (CFP), Marco Proaño (PRE), los independientes José Columbo, Édgar Ortiz y Mejía. El Prian no se sumaba pese a las gestiones de Pascual del Cioppo (PSC). (GFS)
Para la Iglesia, crisis política nunca ha sido tan grande
Mons. Néstor Herrera fue presentado ayer como presidente de la Conferencia Episcopal
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo un llamado urgente para el restablecimiento del orden constitucional en el país. El pronunciamiento se lo realizó ayer, luego de que los obispos del Ecuador se reunieron, preocupados, para analizar la situación política del Ecuador.
El nuevo presidente del organismo, monseñor Néstor Herrera, aseguró que nunca antes habían asistido a una crisis tan grande de la institucionalidad del país ni tampoco se había registrado un aumento de los grupos que se enfrentan con violencia.
Informó que el Gobierno no ha enviado a la Iglesia un pedido oficial para que sean mediadores en la crisis. Sin embargo, aseguró que cuando se formule el pedido actuarán de inmediato como facilitadores del diálogo: "Estamos preocupados, queremos ayudar, pero solamente ayudar, porque no somos reconstructores". El Gobierno anunció, el martes, que le pedirá a la Conferencia Episcopal que actúe como mediadora en la crisis.
Monseñor Eugenio Arellano Fernández, vicepresidente del organismo, dijo que no basta que una de las partes pida la mediación, sino que todos los actores del conflicto estén de acuerdo con el papel de facilitadores de la Iglesia Católica
Tampoco quiso usar la palabra dictadura, para calificar al Gobierno: "Es muy fuerte, pero que se ha abandonado el orden de derecho, es cierto".
Herrera agregó que en este momento es muy importante crear lugares de encuentro consensuados por todos y que el mejor camino que se puede seguir es el regreso a una "institucionalidad verdadera y objetivamente enmarcada en la Constitución".
Para lograrlo, pidió a los responsables de las tres funciones del Estado un mayor compromiso para el diálogo y el encuentro: "No basta repetir conceptos, queremos ver hechos transparentes de justicia, verdad y paz", aseguró.
El presidente del organismo eclesiástico recalcó que el país se cae hecho jirones y que esto se debe a que "han prevalecido los intereses de personas y de los partidos políticos sobre el bien de la Nación"
Las declaraciones se produjeron luego de que fue presentada la nueva directiva de la Conferencia Episcopal, integrada por Herrera, Arellano y los monseñores Luis Sánchez y Jaime Bravo, en calidad de secretarios general y adjunto, respectivamente. (MEC)
Comisión de ONU analiza informe de relator
El Gobierno dice que se trata de un informe sobre algo provisional
GINEBRA.- El Ecuador no podrá salir de la crisis institucional si no adopta cuanto antes medidas para volver al estado de derecho roto por el Parlamento al designar una Corte no conforme con la legalidad, dijo anteayer el relator de la ONU, Leandro Despouy.
"El pueblo ecuatoriano ha pagado muy caro la alta politización en sus cortes y tribunales, por lo que se requiere de forma imperativa la reconstrucción de un sistema institucional preservado de intereses políticos", recomendó.
El relator visitó el país en marzo y presentó el lunes su informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (CDDHH). Ese documento pasó a un comité que lo calificará. Si determina que es procedente iniciar un proceso, las autoridades serán convocadas a la CDDHH donde se determinará si se aisla al país, por incumplir la Carta Democrática Interamericana.
El Ejecutivo minimiza el informe de Despouy: "Se trata de un informe provisional, de lo provisional. El Gobierno tomará medidas cuando halle algo concreto", dijo José Guerrero, asesor presidencial.
Pero, el ex embajador Blasco Peñaherrera dice que aunque no haya iniciado un proceso, el Gobierno debe atender los reparos. (AFP-GC)
Delegación internacional recoge criterios
Mañana se darán a conocer las conclusiones y recomendaciones
La delegación de la Asociación Mundial de Abogados y de Magistrados Europeos por la Democracia, que se encuentra en el país desde el lunes, se reunió ayer con el alcalde Paco Moncayo y otros dirigentes de la Asamblea de Quito.
Moncayo explicó la situación jurídica del Ecuador, cuya crisis se desató el 8 y 9 de diciembre pasado, cuando el Congreso nombró una Corte Suprema inconstitucional.
Los delegados Antonio Doñate, Antonia Saquicuray, Diana Morales y Emilio Cárdenas se reunieron en estos días con los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), los magistrados de la Corte destituida y con varias organizaciones sociales y ciudadanas.
La primera conclusión de la delegación internacional es que el país experimenta una seria crisis jurídica y que se hacen esfuerzos por el retorno al orden constitucional.
Los delegados se reunirán hoy con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y con el ex vicepresidente de la República León Roldós.
Antes de salir del país mañana, darán a conocer sus conclusiones y recomendaciones. (MA)
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