El Gobierno de Ecuador prevé otorgar el estatus de refugiado a unos 60 mil ciudadanos colombianos, que cruzan la frontera hacia Ecuador para huir del conflicto interno que vive su país, en la primera fase del registro ampliado, que inició el 23 de marzo pasado y que durará un año.

La Presidencia ecuatoriana informó hoy de que para esa misión el Gobierno tiene un presupuesto de alrededor de dos millones de dólares en este año, además del apoyo que obtiene del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de "un conjunto de países solidarios en materia de refugio".

El comunicado de la Presidencia hace referencia a la última visita que el canciller ecuatoriano, Fander Falconí, realizó a España, país que ofreció 300 mil euros (unos $408 mil)para ayudar a Ecuador a afrontar la situación que viven los refugiados en la zona de frontera con el país vecino.

El registro ampliado, que se aplica en estos momentos en la provincia de Esmeraldas (frontera norte con Colombia), se extenderá también a Sucumbíos, Orellana, Carchi e Imbabura, "provincias en las que se trabajará a lo largo de los doce meses que durará la primera fase".

Alfonso Morales, director de Refugiados de la Cancillería, explicó que, "según datos de la propia ACNUR, se estima que 135 mil colombianos que se encuentran en Ecuador estarían en condiciones de refugiados, por lo que se piensa en la posibilidad de otorgar este estatus a 10 mil personas más, con lo que sumarían 70 mil".

"Ecuador sigue un filtro riguroso en materia de refugio, mediante evaluaciones y cuestionarios provenientes de organismos internacionales y locales; así como el pasado judicial, que sigue vigente como un mecanismo de prevención para evitar situaciones de colombianos que estén bajo condiciones delictivas", añade el texto.

El pasado domingo el Gobierno informó de que en las siete primeras semanas de funcionamiento del programa de registro ampliado entregó el visado de refugiado a más de 5 500 personas.

Estas personas quedan registradas en una base de datos del Gobierno y, paralelamente, adquieren derechos que les permiten obtener empleo, acceder a servicios de salud y educación, entre otros beneficios. (EFE)
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