BOGOTÁ. El gobierno colombiano autorizó este martes la reanudación "para los próximos días" del proceso de liberación de dos rehenes de la guerrilla FARC, frustrada el domingo por el supuesto incumplimiento de los rebeldes en la entrega, aseguró el delegado presidencial Eduardo Pizarro.
"La primera decisión es autorizar la continuidad del proceso de liberación del mayor de la policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejército Salín Sanmiguel en los próximos días, pero para ello hemos tomado muchas precauciones", declaró Pizarro a la prensa.
El delegado presidencial para las liberaciones aseguró que por ello se determinará "la hora cero para iniciar las operaciones de liberación de los dos secuestrados solamente cuanto todo esté dispuesto en la ciudad de Cali (500 km al suroeste de Bogotá)".
"Es decir, cuando estén listos los helicópteros que el gobierno de Brasil ha prestado con tanta generosidad, cuando (estén dadas condiciones de) el clima, y tengamos la absoluta certeza sobre las coordenadas (del lugar de la entrega), el gobierno nacional determinará la hora cero para iniciar las operaciones de la liberación de los dos secuestrados", precisó.
Las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían ofrecido dejar en libertad el pasado domingo a Solórzano y a Sanmiguel, pero la comisión humanitaria que fue a buscarles en una zona rural de la provincia del Tolima (sur) no pudo recogerles porque la guerrilla dio coordenadas erradas del lugar de la entrega, según denunció el gobierno.
Las FARC liberaron el domingo al patrullero de la policía Carlos Ocampo, que entregaron en Tolima a la misión humanitaria. Sin embargo, Solórzano y Sanmiguel no se encontraban en esa región, sino en la vecina provincia de Cauca (sur), indicó el gobierno.
Pizarro dijo este martes que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos aceptó autorizar un nuevo operativo para la liberación de estos dos rehenes por compromiso con ellos y sus familias, pero pidió a la guerrilla "no hacer shows mediáticos" y dejar en libertad a 16 uniformados más que mantienen en su poder.
Estos operativos, en los que median la ex senadora Piedad Córdoba y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), requieren de la autorización del gobierno, que para facilitarlos suspende las operaciones militares en la zona de la entrega de los rehenes.
La decisión de permitir un nuevo operativo fue tomada por el gobierno de Santos después de sostener reuniones el lunes con los delegados del CICR.
"El gobierno quiere facilitar la liberación del cabo y del mayor como es nuestro compromiso, pero no estamos dispuestos a aceptar que las FARC vuelvan a incumplir sus compromisos y por consiguiente les exigimos que en esta ocasión haya total responsabilidad y compromiso con lo que han asumido", enfatizó Pizarro.
Estas liberaciones son la última fase de un operativo que comenzó la semana pasada y que permitió, entre el 9 y 11 de febrero que también los concejales Marcos Baquero y Armando Acuña así como el infante de marina Henry López quedaran en libertad.
Las FARC, la principal guerrilla del país con unos 8 000 combatientes, mantiene cautivos al menos a 18 policías y militares --a los que considera "canjeables" por sus guerrilleros presos-- y a cerca de un centenar de civiles secuestrados por motivos económicos. (AFP)
"La primera decisión es autorizar la continuidad del proceso de liberación del mayor de la policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejército Salín Sanmiguel en los próximos días, pero para ello hemos tomado muchas precauciones", declaró Pizarro a la prensa.
El delegado presidencial para las liberaciones aseguró que por ello se determinará "la hora cero para iniciar las operaciones de liberación de los dos secuestrados solamente cuanto todo esté dispuesto en la ciudad de Cali (500 km al suroeste de Bogotá)".
"Es decir, cuando estén listos los helicópteros que el gobierno de Brasil ha prestado con tanta generosidad, cuando (estén dadas condiciones de) el clima, y tengamos la absoluta certeza sobre las coordenadas (del lugar de la entrega), el gobierno nacional determinará la hora cero para iniciar las operaciones de la liberación de los dos secuestrados", precisó.
Las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían ofrecido dejar en libertad el pasado domingo a Solórzano y a Sanmiguel, pero la comisión humanitaria que fue a buscarles en una zona rural de la provincia del Tolima (sur) no pudo recogerles porque la guerrilla dio coordenadas erradas del lugar de la entrega, según denunció el gobierno.
Las FARC liberaron el domingo al patrullero de la policía Carlos Ocampo, que entregaron en Tolima a la misión humanitaria. Sin embargo, Solórzano y Sanmiguel no se encontraban en esa región, sino en la vecina provincia de Cauca (sur), indicó el gobierno.
Pizarro dijo este martes que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos aceptó autorizar un nuevo operativo para la liberación de estos dos rehenes por compromiso con ellos y sus familias, pero pidió a la guerrilla "no hacer shows mediáticos" y dejar en libertad a 16 uniformados más que mantienen en su poder.
Estos operativos, en los que median la ex senadora Piedad Córdoba y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), requieren de la autorización del gobierno, que para facilitarlos suspende las operaciones militares en la zona de la entrega de los rehenes.
La decisión de permitir un nuevo operativo fue tomada por el gobierno de Santos después de sostener reuniones el lunes con los delegados del CICR.
"El gobierno quiere facilitar la liberación del cabo y del mayor como es nuestro compromiso, pero no estamos dispuestos a aceptar que las FARC vuelvan a incumplir sus compromisos y por consiguiente les exigimos que en esta ocasión haya total responsabilidad y compromiso con lo que han asumido", enfatizó Pizarro.
Estas liberaciones son la última fase de un operativo que comenzó la semana pasada y que permitió, entre el 9 y 11 de febrero que también los concejales Marcos Baquero y Armando Acuña así como el infante de marina Henry López quedaran en libertad.
Las FARC, la principal guerrilla del país con unos 8 000 combatientes, mantiene cautivos al menos a 18 policías y militares --a los que considera "canjeables" por sus guerrilleros presos-- y a cerca de un centenar de civiles secuestrados por motivos económicos. (AFP)
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