GLBTI: la pelea jurídica es en Bogotá


Publicado el 22/Junio/2013 | 00:58

Las parejas del mismo sexo van a las notarías a legalizar sus uniones

Claudia Zea y Elizabeth Castillo fueron las primeras personas en radicar la solicitud de matrimonio civil en los juzgados del centro de Bogotá, según radio Caracol. Esta pareja que lleva conviviendo un poco más de 4 años, le pidió a las autoridades que obraran en derecho y dieran trámite a las solicitudes que desde el jueves están amparadas en la sentencia C-577 de 2011.

El nuevo contrato fue creado por notarios tras una decisión de la Corte Constitucional, la máxima instancia para dirimir asuntos de la Carta Magna, que usó el término de solemne en un fallo de julio de 2011. En ese caso la Corte, ante una demanda de la comunidad gay, dejó en manos del Congreso la decisión final de legislar sobre los matrimonios de parejas del mismo sexo antes de junio de 2013. La Corte los autorizó a que, si antes del 20 de junio el Congreso no había reglamentado sus uniones, podrían acudir a formalizar y solemnizar su vínculo. En abril, los parlamentarios rechazaron un proyecto de ley que contemplaba reformas al Código Civil para que se incluyera el concepto de unión de parejas del mismo sexo.

“Pidieron matrimonio, porque es el único contrato que regula todos los asuntos de familia y estuvieron acompañados de varios activistas y simpatizantes de la comunidad LGBTI que llevaron sus banderas de arcoíris, claveles blancos y margaritas de todos los colores -dice El Espectador-. Fue el inicio de un trámite que no tiene tiempos legales y que esperan que termine con el respaldo a la justicia y ceremonias de casamiento”.

Marcela Sánchez, de la ONG Colombia Diversa, citada por El Espectador, dijo que la comunidad GLBTI está aprovechando las zonas grises de la decisión del alto tribunal, que planteó dos senderos posibles: habrá notarios y jueces que celebren un contrato de matrimonio a parejas del mismo sexo, con las leyes vigentes, y quienes celebren un contrato, con cláusulas que sean lo más parecidas a esta unión, para suplir el déficit de derechos que tienen las parejas del mismo sexo para proteger a sus familias.

“La Corte Constitucional le dio dos años al Congreso que hace pocos meses hundió el último proyecto. Es a través del alto tribunal que hemos conseguido nuestros derechos que desde 2003 ha sentado 64 decisiones”, dijo Rincón Perfetti al diario colombiano. Según su razonamiento, si algún juez hace un documento que no sea el de matrimonio, la comunidad gay está dispuesta a tutelar sus derechos ante los estrados, o demandar ante las instancias internacionales mediante los pactos ratificados por Colombia, y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en sus sedes de Ginebra y Washington.

El tema ha enfrentado al procurador, Alejandro Ordóñez, y al fiscal, Eduardo Montealegre.

Ordóñez es reacio a otorgar la categoría de matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo y advirtió que los notarios y jueces que casen a una pareja homosexual pueden incurrir en faltas disciplinaras y les pidió acudir a la objeción de conciencia.

El fiscal Montealegre, por su parte, ha descartado la advertencia de Ordóñez. Según su criterio, la Procuraduría no podrá disciplinar a los notarios o jueces que accedan a darle la connotación de matrimonio a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión.



 



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