Gallardo vive la última batalla de la guerra del Cenepa


Publicado el 26/Febrero/2005 | 00:00

La venta de armas al Ecuador es un escándalo sin fin. En Buenos Aires y Quito todavía existen procesos judiciales en marcha, cabos sueltos y una sola verdad: el armamento y las municiones no sirvieron para nada y se cuenta que una parte incluso fue a parar al mar. Ahora, tras la liberación del general José Gallardo el juicio instaurado por el PRE por peculado continúa en manos de Guillermo Castro Dáger, titular de la CSJ de facto

Menem tiene otra cita con la justicia el 1º de marzo

CUANDO EL CASO DE LA VENTA DE ARMAS PARECÍA PERDERSE EN EL OLVIDO, en Ecuador y en Argentina se activan procesos para la indagación sobre las responsabilidades de varias autoridades

El próximo 1.º de marzo, el ex presidente Carlos Menem debe acudir a una nueva citación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, en el caso que se sigue, en Buenos Aires, por la venta de armas al Ecuador y Croacia, durante su Gobierno, en 1995. La orden del juez Julio Speroni busca que el ex presidente explique cómo hizo su fortuna, durante su mandato y cuando ocurrió el escándalo.
Han pasado 10 años y el caso, en la Argentina, palpita sin una conclusión definitiva. En el camino han muerto unas 15 personas, se ha detenido a una decena de ministros, funcionarios y militares involucrados directa o indirectamente. Menem estuvo 167 días bajo arresto domiciliario, desde el 7 de junio de 2001, en la mansión de su amigo Armando Gostanián, en Don Torcuato. El juez federal Jorge Urso lo acusó de ser: "Presunto jefe de una asociación ilícita que hizo posible el contrabando de 6 500 toneladas de armas a Croacia y 75 toneladas al Ecuador, entre 1991 y 1995, cuando, sobre estos países, pesaban embargos internacionales".
En 1995, tras las primeras publicaciones, Menem negó todo y se desencadenó una ola de desmentidos, acusaciones, rectificaciones y la instauración de un juicio. En marzo de ese año, en la Argentina parecía inconcebible que siendo país garante del Protocolo de Río de Janeiro y a la vez participaba, en Croacia, con 800 militares en las tropas de paz ("cascos azules"), se hubiese vendido armamento y mucho más con la firma de decretos reservados y la falsificación de documentos que facilitarían el envío por Caracas y Panamá.
El 17 de marzo de 1995, "Carlitos" afirmó que su país no vendió armamento al Ecuador durante el conflicto limítrofe que mantuvo con el Perú, al subrayar: "Pensamos y seguimos pensando que esas armas con destino a Venezuela fueron descargadas en Venezuela".
Todos los involucrados en el tema y cercanos colaboradores de Menem comenzaron a caer. El primero fue Luis Sarlenga, interventor en Fabricaciones Militares. Su firma aparece en todos los pasos de la operación. Y el primero en aceptar que se produjo la venta indirecta e ilegal fue el secretario de planeamiento del Ministerio de Defensa, Guillermo Etchechury: "Esto es absolutamente categórico, las armas fueron al Ecuador y ahora la justicia deberá encontrar a los responsables". La certeza de Etchechury contrastó con la cautela del presidente y los jueces comenzaron a actuar: el 8 de abril de 2001 se detuvo a personas importantes para Menem como su ex cuñado Emir Yoma. La prensa publicó detalles de la negociación, facturas, informes y órdenes de todo el proceso.

Tres golpes de puño

El diario bonaerense El Clarín desplegó varias entregas para informar en detalle cómo se había producido la negociación y posterior venta de armas al Ecuador. Aquí un resumen de esas publicaciones.
Iniciado el conflicto con el Perú, el 16 de enero de 1995, el empresario ecuatoriano Roberto Sassen van Elsloo, titular de la firma Prodefensa, no apartaba la vista de los diarios: el conflicto con el Perú por la Cordillera del Cóndor se parecía cada día más a una guerra abierta y pasaba a convertirse en una pesadilla. Al menos eso le habían informado sus contactos en la Junta de Defensa Nacional. El desequilibrio de fuerzas con el Perú preocupaba a los generales ecuatorianos.
Sassen y su socio César Torres Herboza se lanzaron al mercado internacional de armas en busca de 8 000 fusiles livianos y 10 millones de municiones. Y dieron con el francés Jean Bernard Lasnaud, presidente de la firma Caribean Group of Companies, con sede en Miami, Florida. Y, a través de él, pudieron establecer contacto con Fabricaciones Militares de la Argentina, en particular con Edgberto González de la Vega, su gerente de comercialización. Este le habría dicho a Sassen: "Despreocúpese. Sabemos que no podemos darle garantías ni documentos por escrito. Pero confíe en nosotros. La Argentina tiene preferencia por el Ecuador. Y aquí estamos hablando entre amigos".
La duda de Sassen fue que la Argentina era garante del Protocolo de Río de Janeiro. Por eso, los militares "gauchos" le dieron una salida: utilizar como firma intermediaria a la uruguaya Hayton Trade, "representante oficial" de la empresa en Venezuela y dirigida por el coronel argentino retirado Diego Palleros, prófugo de la justicia argentina y refugiado en Singapur.
El primer embarque se dio el 17 de febrero de 1995 en un avión de la empresa estadounidense Fine Air, que voló a Santiago de Chile, hizo escala en Lima, pasó a Caracas y terminó su periplo en Guayaquil, un día después de firmada el Acta de Paz de Itamaraty.
El 18 de febrero de 1995 llegó a Guayaquil el segundo envío. Una vez más los fusiles no contaban con el juego de limpieza ni con las bayonetas. La carga había sido manipulada en Ezeiza por soldados argentinos. El tercer embarque llegó a Quito el 23 de febrero de ese mismo año. Las fallas del material eran las mismas. El cuarto envío salió al día siguiente, sin su carga. El escándalo había estallado en Buenos Aires. Y hubo un cuarto embarque que llegó a Guayaquil, procedente de un puerto iraní, el 3 de noviembre de ese año, con 9 200 mil proyectiles. Los ecuatorianos rechazaron el cargamento por extemporáneo. El Clarín preguntó a Sassen adónde fueron a parar esos proyectiles iraníes: "Me dijeron que los tiraron al mar". ¿Y las armas argentinas? "En bodegas del Ejército. Son chatarra, basura".
Sassen viajó el 8 de marzo de 1995 a Buenos Aires, para renegociar la operación con las autoridades de Fabricaciones Militares. Le llevaron a la oficina de González de la Vega y cuenta: "Esperamos al señor Luis Sarlenga. Les advertí que recurriría a Defensa, si no me devolvían el dinero y respondieron que tenían listo un buque para despachar todo lo que falta. Rechacé el ofrecimiento. Me ofertaron armas iraníes, rusas, mexicanas y sudafricanas. Dije que mi cliente no aceptaría el trato". La reunión tuvo momentos de excitación. De la Vega levantó la voz y dijo que se trataba de una operación muy peligrosa.
Sassen se sintió amenazado y replicó en el mismo tono que no estaba solo: "Cinco agentes ecuatorianos de inteligencia me acompañan". Mentía. Cuando volvió la calma, los funcionarios argentinos ofrecieron $100 mil a cambio de un certificado de uso final firmado por las Fuerzas Armadas del Ecuador, del mismo tipo del documento falso venezolano, para ser utilizado eventualmente en otros negocios. "Pagamos $100 mil", dijo De la Vega, batiendo un papel en el aire. El ecuatoriano rechazó la idea, pero iba a consultar sobre las otras ofertas. La reunión terminó.
Sassen aceptó tres reuniones posteriores con el reaparecido Jean Lasnaud, de Caribean Companies en Miami, en abril, con Palleros y Lasnaud, en Panamá, en mayo de 1995. Los representantes de Fabricaciones Militares prometieron enviarle fusiles desarmados y munición iraní. Y la última fue en Curazao, en septiembre siguiente, en la cafetería de un hotel. Sassen estuvo acompañado por el general retirado Marco Villa Jaramillo. "La relación se dañó totalmente", comentó el ecuatoriano al diario bonaerense. Había intercambiado tres golpes de puño con el coronel en servicio pasivo Diego Palleros, uno de los negociadores que le sirvió de chofer en Buenos Aires, y el encuentro derivó en un escándalo. El último contacto entre los funcionarios de Fabricaciones Militares y Sassen ocurrió en octubre. De la Vega se disculpó por el comportamiento de Palleros. Dijo que un buque cargado de proyectiles iraníes llegaría el 1.º de octubre al Ecuador para completar la carga. (OP)

Una cadena de muertes

La lista fatal sin ninguna explicación

E- 1996: Un helicóptero Puma del Ejército se precipitó a tierra sobre el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires. Fallecen 11 personas. Una de las víctimas es el coronel Rodolfo Aguilar, ex agregado militar en Lima, Perú. En febrero de 1995, recibió la alerta por parte de la inteligencia peruana, sobre la triangulación de armas al Ecuador. Murió antes de prestar declaración ante el juez .En el mismo hecho, fallece el general Juan Carlos Andreoli, ex titular de la estatal Fabricaciones Militares, de donde salieron los fusiles enviados al Ecuador.
- 1997: Vicente Brussa, un técnico de la Fábrica Militar de Córdoba, Argentina, muere a causa de un paro cardíaco cuando ya había denunciado una serie de irregularidades en esa planta, vinculadas al contrabando de armamento.
- 1998, julio: Muere Franciso Callejas, otro técnico de la fábrica de Río Tercero, a raíz de un paro cardíaco.
- 1998, agosto: El capitán naval Horacio Estrada fue encontrado muerto, con un disparo en la cabeza en su departamento de Buenos Aires. Él estaba acusado de "partícipe necesario" de las maniobras con armas que investigaba el juez Jorge Urso, en el caso de la venta al Ecuador. Días antes de su deceso, había presentado un escrito al juez.
- 1998, julio: fallece Carlos Alberto Alonso, subadministrador de la Aduana de Buenos Aires. (OP)

¿El Ecuador salió ganando?

El seguro devolvió el dinero

El 19 de julio de 1998, el Ministerio de Defensa notificó al contratista Roberto Sassen la terminación unilateral del contrato y que se cobren las garantías a la compañía de Seguros Equinoccial. El proceso culminó en agosto de 1999 con la recepción de $6 149 033,71 acordados en un convenio transaccional firmado el 6 de julio de 1998 por el entonces ministro de Defensa, Ramiro Ricaurte, y Seguros Equinoccial.
Antes, el jefe del Comando Conjunto Paco Moncayo ordenó un nuevo análisis de calidad y el avalúo de los fusiles y municiones. El informe se conoció el 1.º de julio de 1997 y detalló: 28 fusiles con mala precisión; el 11,3% del total con picaduras en el ánima; 62,5% con picaduras en el émbolo; 17,5% con resortes recuperadores deformados; 18,75% con problemas de funcionamiento. Su vida útil se limitaría de 2 000 a 3 000 disparos antes de entrar a mantenimiento correctivo. El nuevo avalúo fue: $332,9 por fusil y $100 por el millar de cartuchos. El valor total de los 4 998 fusiles y de los 1 625 000 cartuchos fue de $1 826 334,20. Este valor los militares le agregaron al seguro recuperado por $6.149.033, 71 y dio un total de $7 975 367, 91. Comparado con los $7 310 mil que costó el contrato, quedó un saldo favorable de $665 367, 91. Este saldo favorable se reduciría con la repotenciación de los fusiles.
La Fábrica de Municiones Santa Bárbara haría el trabajo por $775 310. (OP)

¿Gallardo es un objetivo político del bucaramismo?

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL GENERAL y los dirigentes del PRE vienen desde 1996, durante las elecciones presidenciales. El debate de la crisis bancaria agitó la pugna

La controversia entre dirigentes roldosistas y el general José Gallardo tuvo un punto de quiebre antes de la polémica de las armas argentinas: las acciones legales contra funcionarios bucaramistas por parte del ex ministro de Defensa, como director del Banco del Estado, en el Gobierno interino (1997-1998).
Ese aspecto es visto por Gallardo como la causa para que el presidente de la Corte de facto, Guillermo Castro, militante roldosista y amigo confeso del ex presidente Abdalá Bucaram, ordenara su detención.
Pero es solo el colofón de una trama que se inicia un año después del conflicto bélico con el Perú y la controvertida adquisición de armas, en febrero de 1995, con la decisión de Gallardo de terciar en las elecciones presidenciales de 1996 y su posterior apoyo a Jaime Nebot en la segunda vuelta, por considerarlo mejor que Bucaram.
Paradójicamente, el triunfo del roldosismo abrió un paréntesis, pese a que el tema de las armas empieza a rondar en el ámbito político y en los círculos del contralor del PRE, Fernando Rosero, en cuya gestión (enero de 1997) se emitió un informe sobre el caso, donde se deslindó de responsabilidades a Gallardo y a otros que participaron directamente de la compra, entre ellos, el entonces ministro de Defensa del bucaramato, general Víctor Hugo Vayas, quien fue jefe del Comando Conjunto en 1995.
Tras la defenestración de Bucaram, la controversia de las armas se apagó hasta que se reavivó con las deliberaciones del colapso del sistema bancario, en el Gobierno de Jamil Mahuad, en el cual nuevamente Gallardo fue ministro de Defensa y el ex contralor bucaramista Fernando Rosero se desempeñaba como diputado.
En más de una ocasión, como lo revela el mismo Rosero en una carta del 20 de enero de 2005 a diario El Universo, el tema fue motivo de indagaciones legislativas y de abierta polémica entre ese legislador, el general Gallardo y el entonces diputado Paco Moncayo, quien fue tildado desde Panamá de traidor por sus actuaciones como jefe del Comando Conjunto durante los hechos que provocaron la caída de Bucaram.
Las críticas a Gallardo tuvieron su clímax tras el operativo de apresamiento del ex presidente del Banco del Progreso Fernando Aspiazu. La decisión fue calificada de arbitraria, entre otros por Rosero, quien fue uno de los interlocutores contra Gallardo y cuyas críticas tuvieron despliegue en El Telégrafo, hasta ese entonces controlado por Aspiazu.
La orden de apresamiento agitó la polémica política con una guerra de demandas, en medio de las cuales surgió la calificación de ‘chatarreros del Cenepa’, atribuida a Fernando Rosero, y la posterior denuncia del PRE ante la Fiscalía por el caso de las armas, en 2001, tras la detención del ex presidente argentino Carlos Menem. (LB)

LOS HECHOS
GUERRA DE LAS DEMANDAS


En febrero de 1995, la Junta de Defensa, integrada entre otros por el diputado roldosista Santiago Bucaram, resuelve que todos los pedidos que se hagan para efectos del conflicto serán de responsabilidad de quien lo solicite.
Por pedido del jefe del Comando Conjunto, Víctor Hugo Vayas, se autoriza contratar la compra de armas para las reservas. En las operaciones, se detecta que las armas no corresponden a las especificaciones y se cobran las garantías.
Contraloría emite un informe en enero de 1997, que señala que si las armas son necesarias, se haga la valoración y se reciban como parte de pago de las garantías.
En 2001, el PRE presenta una denuncia ante la Fiscalía. El fiscal Carlos Morales, en septiembre de 2003, presenta un auto de instrucción que es negado por el presidente de la Corte Suprema, Armando Bermeo, por el fuero. La fiscal Mariana Yépez, de forma escueta, decide adherirse al informe de su inferior.
En octubre de 2002 y febrero de 2003, se desechan las demandas por injurias y por detención arbitraria, presentadas por Fernando Aspiazu contra Gallardo.
En 2000 y 2001, Gallardo y Rosero se demandan entre sí, por injurias. Versiones de prensa dicen que el PRE propuso el retiro de la demanda contra Rosero a cambio del apoyo de Castro Dáger, vocal del TC, al amparo contra las FFAA presentado por el coronel Luis Hernández. Rosero, en su carta a El Universo, lo desmiente. (LB) (Blanco y Negro)

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