Quito. 18 ene 98. Un nuevo chivo expiatorio ha nacido: las
fundaciones. Tras el escándalo de la importación de ropa usada
por parte de tres de ellas, denunciado por HOY, varios
funcionarios del Estado anunciaron, con enérgicos golpes de
mano en los escritorios, su intención de "poner orden" al
"caótico" sistema de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Ya se han dado los primero pasos: el fiscal general, Roberto
Gómez, exigió del Ministerio de Bienestar Social el listado de
fundaciones registradas, con teléfono y domicilio, para
realizar una investigación. La ministra Edith de Frías ordenó
la elaboración de la lista y pidió al contralor, Benjamín
Terán, un equipo de auditores.
Asimismo, están suspendidos los trámites para la creación de
nuevas organizaciones La mano dura, con escoba y recogedor, ha
empezado.
No obstante, representantes de diversas ONG manifestaron a HOY
su preocupación de que la iniciativa gubernamental, nacida al
fragor de una denuncia que involucra al Estado antes que a la
iniciativa privada, cometa errores y excesos.
Y temen que el problema de la ropa usada sirva de pretexto
para crear un sistema autoritario de control, como casi ocurre
en 1987, cuando el entonces presidente León Febres Cordero
sostuvo una polémica con la ONG CORDES. Algo similar quiso
crear el bucaramato.
HABLAN LOS DIRECTIVOS DE LAS ONG
No obstante, Miriam Garcés (del Centro de Promoción y Apoyo a
la Mujer y miembro de la Comisión Anticorrupción), Cornelio
Merchán (Esquel), Francisco Rohn (Centro Andido de Acción
Popular) y Mario Cadena (Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio) no se oponen a que se discuta un mecanismo de
control sano, que respete y promueva la actividad social de
las fundaciones.
Los cuatro, representantes de instituciones consolidadas y
prestigiosas, aclaran que las ONGs serias sí realizan un
autocontrol, en el que rinden cuentas a sus donantes y
beneficiarios. Ese método es el más adecuado, de acuerdo a su
experiencia.
Pero Garcés pide que, ya que se menciona el tema del control,
se incluya en la discusión con el Gobierno la falta de
continuidad estatal de políticas sociales, la poca atención
que las autoridades brindan a sus obligaciones, y el escaso
apoyo que el Gobierno ofrecea las tareas comunitarias, temas
más importantes que la vigilancia y la burocracia.
Con todo, hasta que se llegue a un acuerdo, en el Ministerio
de Bienestar Social se trabaja de sol a sol para concluir con
la lista nacional de fundaciones. En Guayas ya se detectaron
2.700. El lunes estará definido el total de Pichincha.
Claro que hubiera sido más fácil que las autoridades leyeran
la Guía Telefónica de ONG, que está a dispoción del público en
cualquier librería.
DONACIONES SE AHUYENTAN
Francisco Rohn (CAAP) grafica el problema legal para
intervenir una fundación: Supongamos que la empresa Súper Rock
realiza una aportación económica a la Fundación XXX, creada
para ayudar a los enfermos mentales. La donación tiene como
fin específico la compra de medicinas y material de higiene.
Pero, por alguna razón, la fundación XXX destinó ese dinero a
comprar bebidas alcohólicas. ¿El Gobierno puede intervenir en
esta irregularidad? No.
El camino legal consiste en que la firma Súper Rock demande a
la Fundación y que el problema se ventile en los juzgados. El
Gobierno no puede saltarse la instancia legal y eliminar a la
fundación XXX ni intervenir en el proceso. Y menos puede
enviar auditores ni policías ni nada, porque la relaciones
entre la firma y la Fundación son parte del derecho privado.
Lo que sí puede hacer el Gobierno es, una vez que el juez
demostró que la Fundación no se dedica a los fines para los
que fue creada, eliminarla del registro. Pero nada más.
Rohn piensa que, de consagrarse un control estatal, los
aportes externos del sector preferirían retirarse, justamente
optan por trabajar con las fundaciones, porque son entes más
versátiles que los Gobiernos.
¿Es necesario el control del Estado? Cornelio Merchán (Esquel)
prefiere la autorregulación, que consiste en que la fundación
presente las cuentas claras a sus donantes, que realice
auditorías externas y que publique en la prensa sus cuentas.
Esto es lo que realizan las fundaciones consultadas por HOY y
lo que recomienda el Banco Interamericano de Desarrollo y el
Banco Mundial.
Pero, si el Estado insiste en aplicar una regulación, Merchán
sugiere la creación de una Contraloría Social que integre
autoridades, organizaciones donantes y fundaciones para un
control equilibrado y justo, que no dé paso a la intromisión
del poder público en las relaciones privadas de las ONG y que,
además, promueva su trabajo.
Por su lado, Mario Cadena (FEPP) sugiere que las fundaciones
establezcan un código ético común para el desenvolvimiento de
sus labores.
SE HACEN DENUNCIAS SIN SU CONTEXTO
Vive y trabaja más de 20 años en el Ecuador, y desde entonces,
lo ha hecho en fundaciones. Erka Hanekamp es Secretaria
General del Comité Ecuménico de Proyectos. Su desacuerdo es
con la forma como el caso de las fundaciones ha sido
presentado.
" El diario HOY está dedicado a denunciar la corrupción. Esto
es importante. Sin embargo, en la exposición de los casos no
se ubican los problemas en su contexto. Por ejemplo, se
denuncia al gobernador de Manabí y a una contadora de Defensa
Civil por haber comprado varios motores fuera de borda y
colchones, con sobreprecio. Pero si yo estoy a cargo de
atender a familias damnificadas, aisladas, no voy a llamar a
concurso de oferta. Se reporta el caso con mucha ligereza. No
se habla de la actitud antisolidaria de muchos comerciantes y
almacenes en momentos de emergencia. Nunca se informa a los
lectores si los motores están en uso, si las canoas realizan
el servicio, etc.", afirma.
Y en el caso más sonado, de Eduardo Sierra, Erika Hanekamp
encuentra que debe ser investigado y enjuiciado, pero al mismo
tiempo considera que la existencia de una disposición de
Finanzas que determina el ingreso de donaciones del exterior
"libre del tedioso (y costoso, por las coimas) proceso de
desaduanización" le parece una disposición de sentido común.
Hace 15 años, recuerda Hanekamp, cinco fundaciones
ecuatorianas y una organización campesina de segundo grado se
encargaron de la atención a los damnificados de dos cantones
de la provincia de Los Ríos: Vinces y Baba. "A mí me tocó
desaduanizar un avión lleno de medicamentos que llegó desde
Alemania. Es posible que el cargamento no haya llegado con
todos los documentos en orden, pues vivíamos una situación de
emergencia. Lo que estaba en orden eran los papeles que
describían en qué consistía el envío. Nadie en el exterior
entiende por qué un país que es república desde hace más de
150 años, mantiene regulaciones impuestas por los
colonizadores españoles. Nadie entiende que un envío de
medicamentos en tiempos de emergencia no puede desaduanizarse
con agilidad y sin costo.
Finalmente, rechaza la idea de nuevas instancias de control de
las fundaciones. "Si una de ellas actúa de manera
fraudulenta, como lo puede hacer cualquier ciudadano,
ciudadana, empresa, basta con denunciarla y enjuiciarla. Claro
que ahí está el otro problema: quién lo hace en una sociedad
donde nadie reclama nada, con un sistema judicial que no
garantiza ningún derecho ciudadano. Una tarea del periodismo
sería interesarse en lo que hacen exactamente las "fundaciones
buenas1/4, que cobraron inusitada fuerza hace algo más de 20
años, ante la ineptitud y el burocratismo de las entidades
estatales." (DIARIO HOY) (P.6-A)
fundaciones. Tras el escándalo de la importación de ropa usada
por parte de tres de ellas, denunciado por HOY, varios
funcionarios del Estado anunciaron, con enérgicos golpes de
mano en los escritorios, su intención de "poner orden" al
"caótico" sistema de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Ya se han dado los primero pasos: el fiscal general, Roberto
Gómez, exigió del Ministerio de Bienestar Social el listado de
fundaciones registradas, con teléfono y domicilio, para
realizar una investigación. La ministra Edith de Frías ordenó
la elaboración de la lista y pidió al contralor, Benjamín
Terán, un equipo de auditores.
Asimismo, están suspendidos los trámites para la creación de
nuevas organizaciones La mano dura, con escoba y recogedor, ha
empezado.
No obstante, representantes de diversas ONG manifestaron a HOY
su preocupación de que la iniciativa gubernamental, nacida al
fragor de una denuncia que involucra al Estado antes que a la
iniciativa privada, cometa errores y excesos.
Y temen que el problema de la ropa usada sirva de pretexto
para crear un sistema autoritario de control, como casi ocurre
en 1987, cuando el entonces presidente León Febres Cordero
sostuvo una polémica con la ONG CORDES. Algo similar quiso
crear el bucaramato.
HABLAN LOS DIRECTIVOS DE LAS ONG
No obstante, Miriam Garcés (del Centro de Promoción y Apoyo a
la Mujer y miembro de la Comisión Anticorrupción), Cornelio
Merchán (Esquel), Francisco Rohn (Centro Andido de Acción
Popular) y Mario Cadena (Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio) no se oponen a que se discuta un mecanismo de
control sano, que respete y promueva la actividad social de
las fundaciones.
Los cuatro, representantes de instituciones consolidadas y
prestigiosas, aclaran que las ONGs serias sí realizan un
autocontrol, en el que rinden cuentas a sus donantes y
beneficiarios. Ese método es el más adecuado, de acuerdo a su
experiencia.
Pero Garcés pide que, ya que se menciona el tema del control,
se incluya en la discusión con el Gobierno la falta de
continuidad estatal de políticas sociales, la poca atención
que las autoridades brindan a sus obligaciones, y el escaso
apoyo que el Gobierno ofrecea las tareas comunitarias, temas
más importantes que la vigilancia y la burocracia.
Con todo, hasta que se llegue a un acuerdo, en el Ministerio
de Bienestar Social se trabaja de sol a sol para concluir con
la lista nacional de fundaciones. En Guayas ya se detectaron
2.700. El lunes estará definido el total de Pichincha.
Claro que hubiera sido más fácil que las autoridades leyeran
la Guía Telefónica de ONG, que está a dispoción del público en
cualquier librería.
DONACIONES SE AHUYENTAN
Francisco Rohn (CAAP) grafica el problema legal para
intervenir una fundación: Supongamos que la empresa Súper Rock
realiza una aportación económica a la Fundación XXX, creada
para ayudar a los enfermos mentales. La donación tiene como
fin específico la compra de medicinas y material de higiene.
Pero, por alguna razón, la fundación XXX destinó ese dinero a
comprar bebidas alcohólicas. ¿El Gobierno puede intervenir en
esta irregularidad? No.
El camino legal consiste en que la firma Súper Rock demande a
la Fundación y que el problema se ventile en los juzgados. El
Gobierno no puede saltarse la instancia legal y eliminar a la
fundación XXX ni intervenir en el proceso. Y menos puede
enviar auditores ni policías ni nada, porque la relaciones
entre la firma y la Fundación son parte del derecho privado.
Lo que sí puede hacer el Gobierno es, una vez que el juez
demostró que la Fundación no se dedica a los fines para los
que fue creada, eliminarla del registro. Pero nada más.
Rohn piensa que, de consagrarse un control estatal, los
aportes externos del sector preferirían retirarse, justamente
optan por trabajar con las fundaciones, porque son entes más
versátiles que los Gobiernos.
¿Es necesario el control del Estado? Cornelio Merchán (Esquel)
prefiere la autorregulación, que consiste en que la fundación
presente las cuentas claras a sus donantes, que realice
auditorías externas y que publique en la prensa sus cuentas.
Esto es lo que realizan las fundaciones consultadas por HOY y
lo que recomienda el Banco Interamericano de Desarrollo y el
Banco Mundial.
Pero, si el Estado insiste en aplicar una regulación, Merchán
sugiere la creación de una Contraloría Social que integre
autoridades, organizaciones donantes y fundaciones para un
control equilibrado y justo, que no dé paso a la intromisión
del poder público en las relaciones privadas de las ONG y que,
además, promueva su trabajo.
Por su lado, Mario Cadena (FEPP) sugiere que las fundaciones
establezcan un código ético común para el desenvolvimiento de
sus labores.
SE HACEN DENUNCIAS SIN SU CONTEXTO
Vive y trabaja más de 20 años en el Ecuador, y desde entonces,
lo ha hecho en fundaciones. Erka Hanekamp es Secretaria
General del Comité Ecuménico de Proyectos. Su desacuerdo es
con la forma como el caso de las fundaciones ha sido
presentado.
" El diario HOY está dedicado a denunciar la corrupción. Esto
es importante. Sin embargo, en la exposición de los casos no
se ubican los problemas en su contexto. Por ejemplo, se
denuncia al gobernador de Manabí y a una contadora de Defensa
Civil por haber comprado varios motores fuera de borda y
colchones, con sobreprecio. Pero si yo estoy a cargo de
atender a familias damnificadas, aisladas, no voy a llamar a
concurso de oferta. Se reporta el caso con mucha ligereza. No
se habla de la actitud antisolidaria de muchos comerciantes y
almacenes en momentos de emergencia. Nunca se informa a los
lectores si los motores están en uso, si las canoas realizan
el servicio, etc.", afirma.
Y en el caso más sonado, de Eduardo Sierra, Erika Hanekamp
encuentra que debe ser investigado y enjuiciado, pero al mismo
tiempo considera que la existencia de una disposición de
Finanzas que determina el ingreso de donaciones del exterior
"libre del tedioso (y costoso, por las coimas) proceso de
desaduanización" le parece una disposición de sentido común.
Hace 15 años, recuerda Hanekamp, cinco fundaciones
ecuatorianas y una organización campesina de segundo grado se
encargaron de la atención a los damnificados de dos cantones
de la provincia de Los Ríos: Vinces y Baba. "A mí me tocó
desaduanizar un avión lleno de medicamentos que llegó desde
Alemania. Es posible que el cargamento no haya llegado con
todos los documentos en orden, pues vivíamos una situación de
emergencia. Lo que estaba en orden eran los papeles que
describían en qué consistía el envío. Nadie en el exterior
entiende por qué un país que es república desde hace más de
150 años, mantiene regulaciones impuestas por los
colonizadores españoles. Nadie entiende que un envío de
medicamentos en tiempos de emergencia no puede desaduanizarse
con agilidad y sin costo.
Finalmente, rechaza la idea de nuevas instancias de control de
las fundaciones. "Si una de ellas actúa de manera
fraudulenta, como lo puede hacer cualquier ciudadano,
ciudadana, empresa, basta con denunciarla y enjuiciarla. Claro
que ahí está el otro problema: quién lo hace en una sociedad
donde nadie reclama nada, con un sistema judicial que no
garantiza ningún derecho ciudadano. Una tarea del periodismo
sería interesarse en lo que hacen exactamente las "fundaciones
buenas1/4, que cobraron inusitada fuerza hace algo más de 20
años, ante la ineptitud y el burocratismo de las entidades
estatales." (DIARIO HOY) (P.6-A)
Más en el