Quito. 10.02.95. El panorama electoral no es totalmente halagüeño
para el presidente Fujimori: se las arregló para restar
importancia la huelga de hambre de su esposa separada, Susana
Higuchi, quien estuvo cuatro días en una clínica, después de que
la autoridad electoral la descalificara como candidata a la
legislatura, el 17 de enero; pero dos encuestas de opinión
mostraron una disminución de la popularidad del presidente,
planteando la posibilidad de que no gane en la primera vuelta, el
9 de abril, o que de lograrlo no cuente con mayoría en el
congreso.
Otra encuesta, dada a conocer el 22 de enero, resultó más
favorable, y a fin de cuentas pocos peruanos creen en las
encuestas. Pero aún así el panorama no resulta tan alentador para
Fujimori, en un marco de escándalos que implican a militares en
el tráfico de drogas.
La encuesta de Apoyo sugiere que Fujimori habría perdido el
respaldo de la mayoría de los limeños de clase media, pero que
sigue contando con el sólido respaldo de votantes de clases alta
y baja. Uno de los factores negativos habría sido su reacción
displicente cuando su esposa inició la huelga de hambre frente a
las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones, que había
rechazado la lista de candidatos en la que figuraba. También
habría sido contraproducente el tratamiento que Fujimori dio al
propio JNE, que intentó poner límites a las actividades
electorales del presidente en ejercicio.
Apoyo e Imagen coincidieron en que la lista de candidatos a la
legislatura también había perjudicado la popularidad de Fujimori
entre la clase media: muchos temen que nadie se oponga a la
tendencia autoritaria del presidente. Las encuestas indican que
la coalición Cambio 90-Nueva Mayoría obtendría menos de 30% de
los votos.
A la cabeza está Martha Chávez, partidaria incondicional de
Fujimori, mientras que su rival más elocuente, Luz Salgado está
en décimo lugar. La lista habría sido compilada por Santiago
Fujimori, hermano de Alberto, al margen tanto de la jefatura de
Cambio 90 como del presidente del congreso, Jaime Yoshiyama.
Lo más inquietante para Fujimori es el aumento de los
"indecisos", de 13% en diciembre a 20% en las últimas encuestas.
Fujimori no habrá olvidado que en 1990 obtuvo la victoria en la
segunda vuelta gracias justamente a los "indecisos".
Los partidos tradicionales siguen sin amenazar al presidente,
pero la competencia por los "indecisos" es enconada: el
economista Alejandro Toledo se presenta como más próximo a los
cholos de los barrios pobres que el presidente, mientras que
Javier Pérez de Cuellar ha reunido un equipo heterogéneo de
asesores y candidatos, concebido para complacer a todos los
matices del espectro político.
AGENDA DE UN NARCO
El Canal 9 de televisión, de propiedad del candidato presidencial
opositor Ricardo Belmont, dio a conocer detalles de la agenda de
José Luis Mendiola, uno de los jefes del llamado "Cartel de Lima"
(también conocido como "de los norteños", porque la mayoría de
los acusados fueron arrestados en la costa norte, el 9 de enero).
En la agenda figuraba el nombre del general Manuel Ortiz Lucero,
jefe de operaciones de la unidad antinarcóticos del ejército.
Ortiz fue relevado de su comando y trasladado a funciones
administrativas en la escuela militar de Chorrillos, mientras se
realizaba una investigación. El general, pariente distante de los
hermanos López Paredes, jefes del Cartel de Lima, hizo
declaraciones contradictorias a los medios: a un reportero de
televisión dijo que había visto a Mendiola en su oficina, como
favor a sus familiares, aunque sospechaba de que podía estar
envuelto en el negocio de la droga; al cronista de un diario dijo
que ni siquiera había oído hablar de Mendiola.
GRABACION SECRETA
Ambas conversaciones fueron grabadas en secreto y transmitidas
por la televisión de Lima. Un elemento político adicional fue el
hecho de que en la agenda también figurara el nombre de la
hermana de Ortiz. Ada, candidata en las elecciones legislativas
de abril. Su partido, Renovación, que apoya a Fujimori, la retiró
de su lista.
Lo más grave para el gobierno fue que la agenda también
mencionaba a Juan Hermoza, legislador y hermano del comandante
del ejército y jefe del Estado Mayor Conjunto, general Nicolás de
Bari Hermoza, mano derecha de Fujimori en las Fuerzas Armadas.
Otros dos episodios llamaron la atención sobre las supuestas
actividades ilícitas de los militares. Primero, una jueza que
investigaba acusaciones de que altos jefes protegieron a narcos
en el valle del Alto Huallaga, llegó a la conclusión de que el
general Jaime Ríos Arayco, ex jefe del Frente del Huallaga, había
estado implicado en el despacho de cocaína a Colombia, junto con
el teniente coronel Enrique Rodríguez y el capitán Mariano
Vizcarra, ambos dados de baja del ejército.
La jueza Jeanette Oyarce también citó a declarar a otro ex jefe
del Huallaga, el general Eduardo Bellido, actualmente agregado
militar en la embajada peruana en Tel Aviv. Ríos y Bellido fueron
acusados por Demetrio Chávez Peñaherrera (Vaticano), traficante
peruano de pasta de cocaína, arrestado en febrero pasado en Cali
y extraditado al Perú.
AMIGOS INFLUYENTES
En Lima se dice que el "Cartel" local había osado competir con
los narcos colombianos, al refinar su propia cocaína y exportarla
a EU, porque contaba con la protección de figuras importantes.
Antes, los colombianos habían aplastado sin miramientos conatos
de independencia de sus abastecedores peruanos de PBC.
La revista Caretas afirmó que Tito y Manuel López Paredes habían
estado operando por lo menos durante ocho años, y que
sobrevivieron tanto tiempo porque pudieron comprar jueces y
funcionarios. Su hermano Jorge, presunto jefe de la organización,
está prófugo, acaso en México.
Otro suceso bochornoso fue la declaración del mayor (r) Evaristo
Castillo a la revista española Cambio 16, según la cual Fujimori
conocía todas estas irregularidades. Dado que Fujimori ofrece una
imagen de honestidad y eficiencia esta acusación podría resultar
muy perjudicial para su campaña.
QUEJAS DE LA OPOSICION
Todos los candidatos opositores han denunciado manipulaciones de
las normas electorales en beneficio de Fujimori, y algunos han
llegado a advertir sobre "fraude" en particular Pérez de Cuellar.
Raúl Diez Canseco de Acción Popular (AP), dijo que las rondas
campesinas organizadas originalmente por los militares como parte
de su campaña antiguerrillera, han sido movilizadas contra los
candidatos de AP y en favor de los partidarios de Fujimori.
Los analistas coinciden en que Fujimori deberá moverse con mucha
rapidez para recuperar su prestigio ante una parte sustancial del
electorado. Esto podría significar la adopción de enérgicas
medidas contra la corrupción, algo nada fácil cuando los
militares figuran entre los acusados.
GENERAL NOMBRADO EN AGENDA DE NARCO
El descubrimiento y aparente destrucción del primer gran "cartel"
peruano de la droga ha originado nuevas pruebas circunstanciales
de vínculos entre traficantes de drogas y altos jefes militares,
y en forma simultánea ha creado un problema político
potencialmente muy grave para el presidente Alberto Fujimori, en
un momento en que su popularidad estaría disminuyendo.
ACUSAN A MONTESINOS
Castillo también sirvió en el Alto Huallaga, donde -según dice-
había sido perseguido por los generales Bellido y Hermosa, a
quienes confió sus sospechas. Castillo afirma que el principal
responsable de las irregularidades era Vladimiro Montesinos,
eminencia gris del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN,
controlado por los militares), quien comenzó a perseguirlo cuando
Castillo informó de lo que había visto en el Huallaga. El
denunciante debió exiliarse en España. Acusaciones similares
fueron hechas por un desertor, el capitán Gilmar Valdivieso.
Castillo informó detalladamente de la forma en que la pasta base
de cocaína (PBC) era recogida y transportada bajo protección
militar a aeropuertos clandestinos, donde era embarcada en
aviones que la llevaban a Colombia. Afirmó que la habían ofrecido
US$20.000 por mes por hacer la vista gorda, y US$70.000 por
transportar 8.000 kg de PBC en helicópteros militares. De ese
total US$50.000 correspondían a oficiales superiores y el resto a
la tripulación.
No todo lo que Castillo dice puede ser tomado con seriedad:
afirma, por ejemplo, que las plantaciones de coca en el Alto
Huallaga aumentaron de 88.000ha en 1990 a 400.000ha en la
actualidad algo que todas las otras fuentes contradicen. Pero la
participación probada en el negocio de la droga de oficiales
importantes; como el general Ríos, arroja sospechas sobre toda la
"cúpula" del ejército.
En ocasiones anteriores, como la muerte del profesor y
estudiantes de La Cantuta, la reacción de Fujimori fue amenazar a
sus acusadores y luego buscar chivos expiatorios.
VICEMINISTRO
La agenda de Mendiola también contenía el nombre del viceministro
del Interior Edgar Solís, cuyo jefe, Juan Briones Dávila, es
general del ejército. Briones ordenó una investigación, pero
Solís retuvo sus funciones de coordinador de las operaciones
antinarcóticos de la policía. (7A)
para el presidente Fujimori: se las arregló para restar
importancia la huelga de hambre de su esposa separada, Susana
Higuchi, quien estuvo cuatro días en una clínica, después de que
la autoridad electoral la descalificara como candidata a la
legislatura, el 17 de enero; pero dos encuestas de opinión
mostraron una disminución de la popularidad del presidente,
planteando la posibilidad de que no gane en la primera vuelta, el
9 de abril, o que de lograrlo no cuente con mayoría en el
congreso.
Otra encuesta, dada a conocer el 22 de enero, resultó más
favorable, y a fin de cuentas pocos peruanos creen en las
encuestas. Pero aún así el panorama no resulta tan alentador para
Fujimori, en un marco de escándalos que implican a militares en
el tráfico de drogas.
La encuesta de Apoyo sugiere que Fujimori habría perdido el
respaldo de la mayoría de los limeños de clase media, pero que
sigue contando con el sólido respaldo de votantes de clases alta
y baja. Uno de los factores negativos habría sido su reacción
displicente cuando su esposa inició la huelga de hambre frente a
las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones, que había
rechazado la lista de candidatos en la que figuraba. También
habría sido contraproducente el tratamiento que Fujimori dio al
propio JNE, que intentó poner límites a las actividades
electorales del presidente en ejercicio.
Apoyo e Imagen coincidieron en que la lista de candidatos a la
legislatura también había perjudicado la popularidad de Fujimori
entre la clase media: muchos temen que nadie se oponga a la
tendencia autoritaria del presidente. Las encuestas indican que
la coalición Cambio 90-Nueva Mayoría obtendría menos de 30% de
los votos.
A la cabeza está Martha Chávez, partidaria incondicional de
Fujimori, mientras que su rival más elocuente, Luz Salgado está
en décimo lugar. La lista habría sido compilada por Santiago
Fujimori, hermano de Alberto, al margen tanto de la jefatura de
Cambio 90 como del presidente del congreso, Jaime Yoshiyama.
Lo más inquietante para Fujimori es el aumento de los
"indecisos", de 13% en diciembre a 20% en las últimas encuestas.
Fujimori no habrá olvidado que en 1990 obtuvo la victoria en la
segunda vuelta gracias justamente a los "indecisos".
Los partidos tradicionales siguen sin amenazar al presidente,
pero la competencia por los "indecisos" es enconada: el
economista Alejandro Toledo se presenta como más próximo a los
cholos de los barrios pobres que el presidente, mientras que
Javier Pérez de Cuellar ha reunido un equipo heterogéneo de
asesores y candidatos, concebido para complacer a todos los
matices del espectro político.
AGENDA DE UN NARCO
El Canal 9 de televisión, de propiedad del candidato presidencial
opositor Ricardo Belmont, dio a conocer detalles de la agenda de
José Luis Mendiola, uno de los jefes del llamado "Cartel de Lima"
(también conocido como "de los norteños", porque la mayoría de
los acusados fueron arrestados en la costa norte, el 9 de enero).
En la agenda figuraba el nombre del general Manuel Ortiz Lucero,
jefe de operaciones de la unidad antinarcóticos del ejército.
Ortiz fue relevado de su comando y trasladado a funciones
administrativas en la escuela militar de Chorrillos, mientras se
realizaba una investigación. El general, pariente distante de los
hermanos López Paredes, jefes del Cartel de Lima, hizo
declaraciones contradictorias a los medios: a un reportero de
televisión dijo que había visto a Mendiola en su oficina, como
favor a sus familiares, aunque sospechaba de que podía estar
envuelto en el negocio de la droga; al cronista de un diario dijo
que ni siquiera había oído hablar de Mendiola.
GRABACION SECRETA
Ambas conversaciones fueron grabadas en secreto y transmitidas
por la televisión de Lima. Un elemento político adicional fue el
hecho de que en la agenda también figurara el nombre de la
hermana de Ortiz. Ada, candidata en las elecciones legislativas
de abril. Su partido, Renovación, que apoya a Fujimori, la retiró
de su lista.
Lo más grave para el gobierno fue que la agenda también
mencionaba a Juan Hermoza, legislador y hermano del comandante
del ejército y jefe del Estado Mayor Conjunto, general Nicolás de
Bari Hermoza, mano derecha de Fujimori en las Fuerzas Armadas.
Otros dos episodios llamaron la atención sobre las supuestas
actividades ilícitas de los militares. Primero, una jueza que
investigaba acusaciones de que altos jefes protegieron a narcos
en el valle del Alto Huallaga, llegó a la conclusión de que el
general Jaime Ríos Arayco, ex jefe del Frente del Huallaga, había
estado implicado en el despacho de cocaína a Colombia, junto con
el teniente coronel Enrique Rodríguez y el capitán Mariano
Vizcarra, ambos dados de baja del ejército.
La jueza Jeanette Oyarce también citó a declarar a otro ex jefe
del Huallaga, el general Eduardo Bellido, actualmente agregado
militar en la embajada peruana en Tel Aviv. Ríos y Bellido fueron
acusados por Demetrio Chávez Peñaherrera (Vaticano), traficante
peruano de pasta de cocaína, arrestado en febrero pasado en Cali
y extraditado al Perú.
AMIGOS INFLUYENTES
En Lima se dice que el "Cartel" local había osado competir con
los narcos colombianos, al refinar su propia cocaína y exportarla
a EU, porque contaba con la protección de figuras importantes.
Antes, los colombianos habían aplastado sin miramientos conatos
de independencia de sus abastecedores peruanos de PBC.
La revista Caretas afirmó que Tito y Manuel López Paredes habían
estado operando por lo menos durante ocho años, y que
sobrevivieron tanto tiempo porque pudieron comprar jueces y
funcionarios. Su hermano Jorge, presunto jefe de la organización,
está prófugo, acaso en México.
Otro suceso bochornoso fue la declaración del mayor (r) Evaristo
Castillo a la revista española Cambio 16, según la cual Fujimori
conocía todas estas irregularidades. Dado que Fujimori ofrece una
imagen de honestidad y eficiencia esta acusación podría resultar
muy perjudicial para su campaña.
QUEJAS DE LA OPOSICION
Todos los candidatos opositores han denunciado manipulaciones de
las normas electorales en beneficio de Fujimori, y algunos han
llegado a advertir sobre "fraude" en particular Pérez de Cuellar.
Raúl Diez Canseco de Acción Popular (AP), dijo que las rondas
campesinas organizadas originalmente por los militares como parte
de su campaña antiguerrillera, han sido movilizadas contra los
candidatos de AP y en favor de los partidarios de Fujimori.
Los analistas coinciden en que Fujimori deberá moverse con mucha
rapidez para recuperar su prestigio ante una parte sustancial del
electorado. Esto podría significar la adopción de enérgicas
medidas contra la corrupción, algo nada fácil cuando los
militares figuran entre los acusados.
GENERAL NOMBRADO EN AGENDA DE NARCO
El descubrimiento y aparente destrucción del primer gran "cartel"
peruano de la droga ha originado nuevas pruebas circunstanciales
de vínculos entre traficantes de drogas y altos jefes militares,
y en forma simultánea ha creado un problema político
potencialmente muy grave para el presidente Alberto Fujimori, en
un momento en que su popularidad estaría disminuyendo.
ACUSAN A MONTESINOS
Castillo también sirvió en el Alto Huallaga, donde -según dice-
había sido perseguido por los generales Bellido y Hermosa, a
quienes confió sus sospechas. Castillo afirma que el principal
responsable de las irregularidades era Vladimiro Montesinos,
eminencia gris del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN,
controlado por los militares), quien comenzó a perseguirlo cuando
Castillo informó de lo que había visto en el Huallaga. El
denunciante debió exiliarse en España. Acusaciones similares
fueron hechas por un desertor, el capitán Gilmar Valdivieso.
Castillo informó detalladamente de la forma en que la pasta base
de cocaína (PBC) era recogida y transportada bajo protección
militar a aeropuertos clandestinos, donde era embarcada en
aviones que la llevaban a Colombia. Afirmó que la habían ofrecido
US$20.000 por mes por hacer la vista gorda, y US$70.000 por
transportar 8.000 kg de PBC en helicópteros militares. De ese
total US$50.000 correspondían a oficiales superiores y el resto a
la tripulación.
No todo lo que Castillo dice puede ser tomado con seriedad:
afirma, por ejemplo, que las plantaciones de coca en el Alto
Huallaga aumentaron de 88.000ha en 1990 a 400.000ha en la
actualidad algo que todas las otras fuentes contradicen. Pero la
participación probada en el negocio de la droga de oficiales
importantes; como el general Ríos, arroja sospechas sobre toda la
"cúpula" del ejército.
En ocasiones anteriores, como la muerte del profesor y
estudiantes de La Cantuta, la reacción de Fujimori fue amenazar a
sus acusadores y luego buscar chivos expiatorios.
VICEMINISTRO
La agenda de Mendiola también contenía el nombre del viceministro
del Interior Edgar Solís, cuyo jefe, Juan Briones Dávila, es
general del ejército. Briones ordenó una investigación, pero
Solís retuvo sus funciones de coordinador de las operaciones
antinarcóticos de la policía. (7A)
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