Quito. 04.02.91. (Opinión). Una inflación del 50 % en 1990 y
un crecimiento de la economía de apenas el 1.5 % en el mismo
año, hablan por sí solas del resultado negativo de la política
económica que el gobierno ha aplicado desde agosto de 1988.
Recuérdese -aunque suene cansino- que desde la toma de
posesión las autoridades acusaron al gobierno anterior de
todos los males de la historia, pero aseguraron -más bien se
comprometieron que a fines de ese año de 1988 la inflación se
habría reducido a un 30% y que a partir de 1989 empezaba la
reactivación de la economía.
Así pues, cuando el gobierno va para su último año de vida
activa -pues los últimos 6 meses de 1992 son de simple
transitoriedad por el absurdamente dilatado proceso previsto
en la Ley de Elecciones- las promesas del gobierno han quedado
en solamente eso: promesas. Los esfuerzos y sacrificios que
se pedían diariamente a los ciudadanos, tenían la
justificación de que serían por un tiempo corto, hasta
arreglar el desorden dejado por Febres Cordero; pero que luego
se entraría en una etapa de bonanza y de mejoramiento en la
economía nacional.
Cuando la ciudadanía comprueba que ha sido engañada, pierde
toda esperanza de rehabilitación y pierde confianza en las
autoridades. No solamente en las actuales, está perdiendo en
el sistema; porque palabras más, palabras menos, todos le han
hablado de la misma manera. Todos le han prometido la
felicidad y todos han dicho tener poderes taumaturgos propios
de milagreros para arreglar la situación nacional. En la
práctica se ha visto que no ha habido la capacidad, el valor y
la decisión para realmente modificar las estructuras caducas
del Estado Ecuatoriano y abrir las posibilidades de un cambio
profundo en la orientación de la economía.
Las decisiones adoptadas por las autoridades en los últimos
días generan, ya no el desencanto, sino más bien la
desesperación, cuando se observa que se persiste en la misma
línea que tiende exclusivamente a pasar los problemas de corto
plazo de forma más o menos apretada y dejar intocado el asunto
de fondo. Una macro-mini devaluación de 6 % para corregir el
desequilibrio con la inflación de los últimos 12 meses, el
aumento de los precios de los combustibles y las tarifas
eléctricas, para dar más recursos al insaciable sector
público, y un limitado ajuste a los salarios bajos, son las
mismas acciones que se han tomado desde hace varios años por
los gobiernos de diferente tendencia política. Entonces,
mientras siga el empecinamiento de andar por el mismo sendero,
cuyas posibilidades están totalmente agotadas, no habrá
recuperación de la economía ni, por tanto, mejoramiento del
nivel de vida de la población. Sino, al contrario, un
empobrecimiento general.
No se quiere ver que todos los recursos que el Estado extrae
de la población a través de impuestos o pagos de bienes o
servicios producidos por el sector público, sirven casi
exclusivamente para pagar el ampuloso cuadro burocrático. No
se quiere aceptar que las oficinas públicas desbordan de
empleados, que las instituciones cada día más copan nuevos
edificios (se afirma que el ministerio de Obras Públicas está
desperdigado en 23 edificios, Petroecuador en 14, el Banco
Central en 8, el Banco de la Vivienda en 6). Y la tendencia
se acentúa. Ahora se propone la creación de dos nuevos
ministerios. La Contraloría General del Estado debería
informar periódicamente sobre el aumento de personal en el
sector público y sobre otros gastos de dispendio, como la
adquisición de vehículos, por ejemplo. De las informaciones
disponibles se conoce que en la administración Febres Cordero
se aumentaron 60.000 servidores públicos y que en los 30 meses
de Borja el incremento llega a 80.000 personas.
La frustración ciudadana es el ambiente propicio para los
populismos y las aventuras. De manera que "el partido más
estructurado del centro izquierda" deberá asumir la
responsabilidad por el rumbo que tome el Ecuador a partir de
1992. (A-4).
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