Frontera: No todo el que 'pasa' es refugiado

El "Diario de Reyes" también salpica a la carnetización en frontera norte

Registros de ciudadanos colombianos en la franja fronteriza

Datos de manuscrito revelan coincidencias con actividades realizadas por el ex subsecretario de Gobierno


"El ministro (Gustavo) Larrea insiste en nuevas reuniones, si es que voy es pura y dura responsabilidad, pero no porque me haya convencido que esto vaya en serio. En su correo, Nacho Chauvin, prometió absoluta discreción en la carnetización de mis hombres como refugiados, pero los paracos ya han matado a dos de mi mayor confianza, esa información no debió filtrarse".

Esa cita consta en la página 7, con fecha 9 de septiembre de 2007, en las copias del supuesto manuscrito de Raúl Reyes, entregadas a fines de julio por el Gobierno a la Fiscalía. Los datos de ese documento -deslegitimado por el ex ministro y por Chauvin- tienen consonancia con la información contenida en los mails atribuidos al ex líder de las FARC, que señalan presuntos nexos de esos dos personajes con esa organización, así como con varios hechos relativos al proceso del registro de ciudadanos colombianos en la frontera.

Así, El Universo informó, en febrero pasado, en torno a una investigación de campo, que los pobladores de Puerto Nuevo identificaron a José Ignacio Chauvin como el coordinador en Sucumbíos de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), que hasta enero de este año había emitido un total de 5 000 "carnés humanitarios" en la línea de frontera. Además, los pobladores señalaron a José Reyes (supuesto ex integrante de las FARC) y a Francisco Rueda como los colaboradores de Chauvin en el poblado, en donde se había abierto una oficina de esa organización.

Fuentes de la zona mencionaron que Chauvin había tenido influencia en las comunidades asentadas sobre los ríos Putumayo y San Miguel, a través de una red de solidaridad campesina, liderada por promotores de derechos humanos. (LB)

Registro ampliado se anuncian tras el escándalo

Las vinculaciones de José Ignacio Chauvin con la red liderada supuestamente por los hermanos Ostaiza, acusada de narcotráfico, generó una controversia a inicios de año por las actividades del ex subsecretario de Gobierno y de la Aldhu en la frontera.

Tres días antes de la entrega de Chauvin a la Policía -el 7 de febrero-, la Cancillería desautorizó cualquier iniciativa de registro de ciudadanos colombianos y objetó directamente el trabajo de Aldhu.

Tras la polémica surgida con el trabajo de esa organización, su dirección se desmarcó de las actividades de Chauvin, de quien se dijo en un comunicado que lo reconocían como un ex colaborador de la Aldhu, pero que los vínculos de amistad corresponden a su vida privada y en nada comprometían a esa institución.

El Gobierno finalmente retiró la inmunidad que cubría a esa organización tras una vigencia desde los años 80.

En una entrevista en marzo de este año, el presidente Rafael Correa reconoció el problema: "Sí, esa inmunidad era incomprensible, son cosas que uno recién se entera acá, cuando estallan los escándalos. Estábamos muy molestos por la carnetización de Aldhu, tomándose atribuciones que no tiene", dijo.

Pero la carnetización de la Aldhu también fue criticada por otras entidades de derechos humanos que han operado en la zona, pero prefirieron mantener perfil bajo. La influencia de algunas de esas instancias es otro misterio y su gestión también está siendo investigada.

Ese proceso de identificación está bajo la responsabilidad de la Secretaria Técnica del Plan Ecuador y cuenta con el apoyo de la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (Cedegi). Este trabajo requiere un esfuerzo meticuloso, sobre todo por la gestión de organizaciones pequeñas.

Hasta enero de este año, los registros oficiales solo comprendían la cedulación y el registro social que sirve de base para la calificación de los beneficiarios del bono de desarrollo humano.

A esa fecha, las estimaciones oficiales de la población colombiana en condiciones de acogerse a los beneficios de refugiados era de 55 000 personas, entre Sucumbíos, Orellana, Carchi, Imbabura y Esmeraldas. (LB)

Registro ampliado quiere mostrar conflicto en la frontera

El rostro de los "sectores invisibles"

Otorgar 50 mil visas de refugio es la meta del programa que ejecuta el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Acnur. El canciller Fander Falconí indicó que se han invertido $1,3 millones

Desde 2000, las solicitudes de refugio en el Ecuador -por parte de ciudadanos colombianos- se incrementaron de forma drástica.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese año había 359 refugiados colombianos, pero en 2008, la cifra ascendió a 21 mil. El canciller Fander Falconí señaló que alrededor de 600 mil colombianos viven en el país, de ellos, cerca de 135 mil "necesitarían protección".

Fue así que, en septiembre de 2008, se presentó el Programa de Registro, constituido como "el primer instrumento oficial en América Latina" para reconocer a los colombianos desplazados por el conflicto armado. La iniciativa tiene el apoyo de Acnur y busca regular a 50 mil colombianos, durante este año.


Andrés Ramírez, coordinador del programa en Acnur, indicó que antes del registro había 21 mil personas con visa de refugiado y unas 65 mil con solicitud de refugio. El resto, no ha hecho ningún pedido y es considerado como "sector invisible", dijo.

A decir de Ramírez, el objetivo es dar visa de refugio categoría 12-4, establecida en la Ley de Extranjería, para lo cual se tiene que presentar, en cinco zonas de registro: Esmeraldas, Carchi, Orellana, Sucumbíos e Imbabura.

Inversión

Durante la presentación de la segunda fase del Registro ampliado, que se ejecuta en Sucumbíos, Falconí señaló que para el programa se han dedicado $1,3 millones. De su lado, Acnur ofreció cooperación internacional de $10,5 millones para programas sociales fronterizos.

Selección

Según registros de Acnur, hasta el 20 de julio, acudieron más de 12 mil personas, pero solo 11 967 recibieron la visa de refugiado, tras una previa entrevista a cargo de una comitiva, puesto que las visas solo se dan a colombianos excluidos por el conflicto armado. El resto debe recibir el documento de forma ordinaria. (GCA)

El cruce de datos para evitar crímenes

Andrés Ramírez, coordinador del programa en Acnur, señaló que la visa es un documento con el cual los colombianos adquieren sus derechos de ciudadanía.

Indicó que cada individuo es registrado en una base de datos oficial. Esta es compartida con una de la Policía.

Esto servirá, según Ramírez, para que en caso de que un censado cometa un acto delictivo, las autoridades puedan conocer quién es, de dónde viene y dónde vive, de tal forma que reciba la sanción y se registre los antecedentes penales. "La visa no es una "carta blanca", con la cual los ciudadanos pueden delinquir en el país", aclaró.

La cronología del registro oficial

En diciembre de 2008 se ejecutó el Plan Piloto en Barrancabermeja y La Bonita (Sucumbíos).

Luego el plan fue evaluado y se capacitó al personal de la Cancillería para cumplir con el trabajo en la zona.

Entre el 23 y el 28 de marzo, se ejecutó la primera fase del proyecto en Muisne, provincia de Esmeraldas.

Entre el 30 de marzo y el 9 de mayo se realizaron las jornadas en las parroquias de Quinindé y San Lorenzo.

El 4 de julio concluyó en Esmeraldas la primera etapa y se evaluó el proceso del registro.

El 20 de julio inició el registro en Sucumbíos. El 24 de agosto estarán en Shushufindi durante dos semanas.

Las amistades de ALDHU que "apuntan" a las FARC

Registro humanitario

El organismo suspendió su registro, luego de que se conoció que su colaborador José Ignacio Chauvín, tenía supuesto vínculos con narcotráfico

El 9 de febrero de 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado con el cual aclaró que la Dirección General de Refugiados (unidad de esa Secretaría) es el único organismo autorizado en el Ecuador para expedir documentos o carnés a refugiados o solicitantes de refugio.

El boletín reiteró que la emisión de carnés u otro documento, "por parte de entidades vinculadas a la defensa de derechos humanos", carecen de validez.

Dicho comunicado fue emitido tras conocerse que Diego Benítez, ex asesor de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), era un segundo miembro de ese organismo que estaba implicado en el caso Huracán de la Frontera, el operativo que desmanteló a una supuesta banda de narcotraficantes, en septiembre de 2008.

En el caso también fue implicado José Ignacio Chauvin, ex subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, quien trabajó también en la Aldhu mientras Juan de Dios Parra dirigía el organismo en Ecuador. El vínculo Chauvin-Parra se habría dado a través del ex ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, quien es amigo de ambos y también trabajó en la Aldhu.

Esa implicación mereció el retiro de inmunidad al organismo, por parte del Gobierno. Luego, Juan de Dios Parra salió del país, para coordinar su labor desde Chile.

Otros vínculos

Según los sistemas de inteligencia de la Fuerza Pública en Sucumbíos, Freddy Castillo Vicente, uno de los colaboradores en el proceso de carnetización de la Aldhu, no solo era cercano a Chauvin, sino que es catalogado como un miliciano de las FARC, con vínculos con personas que trabajaban para los hermanos Ostaiza, imputados en el caso Huracán de la Frontera. Sin embargo, se convirtió en integrante de la Aldhu y viajó a Puerto Nuevo, poblado que limita con el Frente 48 de la guerrilla.

Diario El Comercio tuvo acceso a un informe de Inteligencia, el cual señaló que el 1 de agosto de 2008, en el destacamento Cooper, ubicado entre Nueva Loja y Puerto Nuevo, se registró una D-Max (placas CBN-275), en la que iban Castillo junto siete miembros de la Aldhu, entre ellos, Diego Benítez.

Labores detenidas

Sergio Gaete, jefe de Aldhu en Ecuador, señaló que el Registro Humanitario tenía previsto encuestar a unas 80 mil personas, pero luego de esas supuestas vinculaciones el trabajo fue suspendido.

La base de datos se entregó a los ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa y Justicia, "pero no sabemos si la información es o ha sido empleada para el Registro Ampliado".

Gaete comparó su registro con el del Gobierno: el de Aldhu tenía acercamientos con los dirigentes de las comunidades y antes de darles su documento, presentaba un informe de honorabilidad. En cambio, el Registro Ampliado "ha inscrito a todo el mundo sin conocer a la gente", sostuvo. (GCA)

Cobo: hay infiltración en el Plan Ecuador

CD con listados y fotos

El coronel (r) Fausto Cobo presentó en abril pasado a la Fiscalía un CD con fotos y documentos que supuestamente tendrían indicios de que en el Plan Ecuador estaban infiltrados gente cercana a las FARC y que pretenderían crear un grupo subversivo en el Ecuador.

Mencionó planes estratégicos, cuentas bancarias, listado de integrantes, "infiltrados...", lo que constituye "una orden de batalla" para desmantelar los organismos de Inteligencia. Dijo que la información provenía del ex subsecretario de Gobierno, José Chauvin, quien tuvo vínculos con la Aldhu (Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos.

Martha Moncada, directora de Plan Ecuador, dijo que no había ningún convenio con Aldhu y pidió un examen especial a la Contraloría. Sin embargo, admitió que imágenes publicadas eran de una actividad oficial, pero que los brigadistas que aparecían no estaban en la nómina del Plan Ecuador.

Cobo dijo el jueves que no ha sido convocado por la Fiscalía para ninguna diligencia en el caso. (LB)

"Delincuentes no buscan registrarse"

Guillermo Robayo

"El Registro Ampliado que ejecuta la Cancillería es una acertada iniciativa", aseguró Guillermo Robayo, director del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes.

El representante del organismo de derechos humanos, no solo aplaudió el proyecto, sino que también se refirió al trabajo de Aldhu y dijo que solo el Gobierno debía haberlo ejecutado.

Robayo mencionó que una de las principales ventajas del proceso será que así se conocerán las necesidades reales de las comunidades (escuelas, centros de salud, centros comunitarios, etc.), sobre todo de aquellas que sufren mayor tensión como por ejemplo, Sucumbíos.

Para el técnico, el Registro de las personas desplazadas es un factor positivo, ya que al cruzarse los datos con la Policía, la información de los individuos que tengan orden de captura pasarán a un listado internacional por parte de la Interpol. Por ello calificó como "una idea descabellada" que las personas que se dediquen a actividades criminales en Colombia se presenten al registro.

"A un antisocial e incluso un miembro de grupos irregulares no le interesa ir a dar su nombre, a sabiendas que será compartido con los registros de inteligencia militar", concluyó. (GCA)

Plan Ecuador: registros fronterizos "transitan" entre la realidad y el mito

Informe de 2008 destaca dos registros

Directora de programa de Gobierno admite la posibilidad de la "infiltración" de personas no idóneas en los registros oficiales, pero destaca que los canales de coordinación son la mejor estrategia para fortalecer los controles

Gustavo Larrea, ex ministro de coordinación de Seguridad Interna y Externa, señaló en su informe de labores de 2008 como uno de los logros emblemáticos de la Secretaría Técnica del Plan Ecuador las campañas de cedulación de 34 mil personas en la frontera norte y el registro social de otras 20 000 en esa zona. La presentación enviada al congresillo, en abril pasado, por su sucesor, Miguel Carvajal, sin embargo, no incluyó el detalle del trabajo hecho por esa dependencia y el destino final que se le dio a esa información.

Martha Moncada, directora del Plan Ecuador, confirmó la participación de este organismo en esa gestión, pero como instancia de coordinación de las diversas actividades de los estamentos públicos que operan en la frontera norte, en el marco de los programas oficiales previstos para la zona.

Aclaró que las actividades de cedulación son competencia exclusiva del Registro Civil, como el registro social lo es del Ministerio de Coordinación del Área Social y el Inec, que levantan una encuesta que sirve de base para calificar las solicitudes del bono de desarrollo humano.

Esa gestión, precisó, ha ido acompañada de acciones que permiten crear alternativas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población. En 2009, a esa tarea se dio un enfoque especial debido a que un importante segmento de la población, en especial del sector rural, no tiene acceso al beneficio del bono de desarrollo.

Frente a dudas generadas por la posibilidad de que personas no idóneas hayan ingresado en la base de datos oficiales, Moncada aceptó el riesgo por ser procesos abiertos. "Puede suceder que en todo esto alguna persona que no es precisamente refugiada pueda acceder a este registro, pero lo mismo sucede cuando se saca una cédula o la licencia", señaló a la par de definir esa opción como otro de los mitos que se tejen en torno al trabajo de frontera.

Por ello justificó el afán de fortalecer los mecanismos de control a partir de una coordinación permanente, particularmente, con la Policía y FFAA.

Junto a una brigada de registro ampliado debe haber un centro de registro migratorio, dijo. Y desde esa perspectiva, destacó el valor del registro ampliado que se realiza bajo la responsabilidad de Cancillería, su dirección general de Refugio y el acompañamiento técnico de la Acnur, como un proceso acelerado de trámite de las solicitudes de visa.

"La peor estrategia de seguridad para un país es no conocer quiénes viven en su territorio, dónde están, quiénes son, etc. Nosotros consideramos que el registro ampliado es una estrategia que permite responder rápidamente, por un lado, a temas de seguridad y, por otro, al tema de derechos humanos", sentenció.

"Lo que estamos haciendo es básicamente atender a aquellas personas que ya viven en el Ecuador, seguramente desde hace algunos años, y que por desconocimiento de sus derechos no han podido acceder a ningún documento de identidad", acotó. (LB)

La cooperación internacional suma $61 millones desde 2008

"Otro de los mitos que se han montado alrededor del Plan Ecuador es que se trata de una instancia que maneja grandes recursos, comentó Martha Moncada", directora de ese organismo.

Desde su creación, a mediados de 2007, se han destinado a inversión valores similares a los fijados para 2009. Esto es unos $2 000 000.

"No es una gran bolsa de recursos. El Plan Ecuador ha contado con pequeños recursos que básicamente permiten la participación en la frontera norte", aseguró.

Precisamente, la gestión de la Secretaría Técnica del Plan Ecuador está bajo un análisis de la Contraloría. Los resultados finales posiblemente estén listos en un mes.

Ese estudio se implementó desde fines de mayo tras la serie de comentarios surgidos sobre una supuesta distorsión de los objetivos de ese programa.

En diciembre de 2008, el presidente Correa cuestionó la falta de resultados de esa dependencia. A inicios de enero, se comentó, desde el Gobierno, la implementación de programas para la frontera en el orden de los $129 millones.

Una de las fuentes de recursos para programas en esa zona son los convenios de cooperación internacional. Desde 2008 se han firmado acuerdos por $61 millones, según señala Moncada, en programas que están en ejecución y otros recién iniciados en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos.

Esa información, parcial proviene del inventario de organismos internacionales y ONG grandes que operan en la zona. Este se realiza con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional. (LB)

>>> Continuar