Quito. 20 ene 2001. En un hecho alarmante, el Gobierno estaría pensando
en la posibilidad de trasladar el control de los bosques, ahora bajo las
políticas del ministerio del ambiente, al de agricultura.
El Ecuador se encuentra pisando la última frontera forestal. Más allá, es
imposible asegurar la conservación de la biodiversidad, ha declarado en
un informe reciente, el World Resources Institute, una organización
mundial que está constantemente midiendo el progresivo desastre del
planeta. Por tanto, está en riesgo una región que se ubica entre las
siete mayores del mundo en cuanto a riqueza de biodiversidad.
Sin embargo, como si la amenaza evocada por el World Resource Institute
no tuviese mucha importancia, se ha empezado a comentar la intención del
Gobierno de trasladar buena parte o todo el control forestal desde el
Ministerio del Ambiente al Ministerio de Agricultura. Aparentemente se
trata de un simple movimiento burocrático. Pero en buen castellano
aquello significa el traspaso de los que debe ser una acción de
protección de lo poco que queda de bosque nativo, desde la instancia que
se ocupa del ambiente a la que se ocupa de la explotación de los recursos
naturales. Un simple detalle de enormes proporciones.
¿Es cierto ese rumor?
Lo denunció la Unidad Coordinadora para el Desarrollo Forestal Sostenible
de la provincia de Esmeraldas, en carta al presidente Gustavo Noboa. Pero
todavía no ha tenido una respuesta del régimen, a pesar de que la
comunicación fue enviada en diciembre del año pasado. Para la Unidad
Coordinadora parece totalmente desacertado sacar el área forestal del
ámbito de un ministerio especializado, con recursos humanos y técnicos,"y
dársela a un ministerio que no tiene la preparación ni la capacidad
suficiente, menos la experiencia necesaria para desarrollar uno de los
puntos más importantes de la gestión ambiental, que es el Desarrollo
Forestal Sustentable" dice la carta al mandatario, suscrita por Eduardo
Beltrán Nicola.
Es posible suponer que el silencio del Gobierno responde a que ha
desechado ese proyecto de traslado. De todos modos, no hay un
pronunciamiento oficial hasta el momento.
El gráfico habla por sí mismo. La pérdida del bosque nativo en el Ecuador
es uno de los hechos más alarmantes de la segunda mitad del siglo veinte.
Hans Thiel, director forestal del ministerio del Ambiente, entrevistado
por BLANCO Y NEGRO, usa una metáfora suficiente para alrmar a cualquiera:
en el país se deforesta diariamente una extención equivalente a 285
canchas de fútbol.
"No ha existido una política forestal congruente" afirma Thiel, al tiempo
de informar que en 1998 se trabajó una estrategia forestal para el
desarrollo sustentable, en cuya elaboración intervinieron alrededor de
400 actores del problema, desde los madereros hasta las organizaciones
privadas ecológicas, una estrategia que determino como el eje del
problema la necesidad de detener la pérdida del bosque nativo. Una acción
de control que, según el funcionario, no significa no tocar el bosque,
sino el valorarlo y el aprovecharlo de manera sustentable.
El objetivo último sería que el mantenimiento del bosque nativo fuera más
rentable que la tala y la conversión del espacio en una explotación
agrícola.
¿Una utopía?
La estrategia forestal impulsada por el Ministerio del Ambiente considera
algunas acciones para concretar esta utopía: elevar el precio de la
madera, pues no hay una red vial que permita hacer rentable el bosque
además de que el campesino recibe un precio mínimo por su producto,
desenredar y simplificar una maraña legal que genera corrupción en la
explotación del bosque, y valorar los servicios del mismo, como agua y
aire, a partir de una constatación simple: las ciudades no pagan un
centavo por el agua que reciben, únicamente cubren los costos de su
traslado y administración. (JP)
Las sombras del pasado
Parecía que habíamos superado uno de los conceptos de desarrollo más
perversos que conoció el Ecuador agrícola: aquel concepto, aplicado a
raja tabla por el viejo Instituto de Reforma Agraria, IERAC, de reconocer
la propiedad de la tierra colonizada, siempre y cuando el colono
demostrara haber "limpiado" el terreno en posesión. esto es, la
propiedad se definía por la capacidad de deforestación del campesino.
Pero no. Este absurdo parece no haber sido superado del todo. Una
reciente decisión del directorio del INDA (Instituto Nacional de
Desarrollo Agrario), que remplazó al IERAC, ha vuelto a ratificar este
criterio. Es posible suponer que la decisión pecó de ligera y se conoce
que dentro del INDA no es ese concepto, el de "limpiar" los bosques, el
vigente.. Felizmente el INDA ha dejado sin efecto su resolución, con una
nueva, en estos últimos días (el 15 de enero).
Sin embargo, no está demás el referirse a este error rectificado a
tiempo, pues la situación extrema de la frontera forestal obliga a
mantener la vigilancia frente a esos viejos conceptos. Al igual que otro,
frecuentemente evocado por estrategas militares: la creación de fronteras
vivas con el consiguiente efecto sobre el bosque amazónico.
La insólita resolución del INDA comienza evocando la necesidad de frenar
la "indiscriminada transferencia de posesiones de tierras patrimoniales
del Estado que fomentan, inmisericordemente, la tala de los bosques
naturales en perjuiocio del medio ambiente" para resolver, a renglón
seguido, que "la adjudicación de tierras que forman parte del patrimonio
del INDA, se realizará sobre las áreas exclusivamente trabajadas".
¿Cómo se prueba que una tierra está trabajada? Pues cuando se ha
desbrozado el terreno y se han implantado cultivos alló donde existía
bosque natural.
Y para que no quepan dudas de que el país ha regresado a prácticas de
colonización superadas hace veinte años, la resolución del INDA publicada
en el Registro Oficial de 13 de diciembre de 2000 es mucho más explícita.
Agrega que "no se adjudicarán las tierras que, fundándose en un contrato
de traspaso de posesión, se hallaren cubiertas de vegetación natural, las
mismas que por tal concepto continuarán siendo de patrimonio del INDA".
Difícil encontrar un llamado más claro para deforestar el bosque nativo.
(JP)
Se destruyen 285 canchas al día
Un uso alternativo de los bosques requiere subir el precio de la
madera a nivel del productor, despejar la maraña legal y valorar otros
servicios, como el agua y el aire puro.
El país ha hablado de reforestar, pero, a pesar de 30 años de ese
discurso y del correspondiente endeudamiento público, jamás se reforestó
más de lo que se pierde en un año: 180 mil hectáreas de bosque nativo o
285 canchas de fútbol diarias. Así se expresa el director nacional
forestal, Hans Thiel.
Ese es el contexto del que parten los esfuerzos actuales del Estado, para
darle racionalidad a la explotación del bosque, deslindando campos tanto
de la conservación de la naturaleza (tras una vitrina de museo), como de
una explotación fundada en la corrupción y la ilegalidad.
¿Qué ocurrió, para que la deforestación haya alcanzado esos niveles?
"Simplemente que el Estado propició una colonización a costa del bosque
nativo. Una política agraria expansionista que acabó condenando al
campesino a la miseria, sujeto a pastar unas pocas vacas flacas en el
terreno deforestado", dice Thiel, al tiempo que recuerda los resultados
de un reciente informe del World Resources Institute, que habla de que en
el Ecuador está en riesgo la última frontera forestal, lo que quiere
decir que los ecosistemas son tan pequeños que corren el peligro de no
garantizar la conservación de la biodiversidad.
Es difícil establecer una política de Estado, comenta Thiel. La
estrategia trabajada en 1998 fue posible porque incluyó a más de 400
actores, lo que, a su vez, asegura una continuidad en su ejecución.
El objetivo de la estrategia es valorar el bosque, que tiene que darle al
campesino más utilidad que la ganadería y la agricultura. Al respecto,
Hans Thiel señala que grandes extensiones de pastos, formados a costa del
bosque natural, no son actualmente utilizados. Apenas el 20% de la tierra
deforestada está siendo aprovechada.
Para hacer efectivo un aprovechamiento alternativo de los bosques
existentes, Hans Thiel propone tres medidas: subir el precio de la madera
a nivel del productor y que rentabilice la actividad de explotación
sustentable; despejar la maraña legal que, lejos de controlar la
explotación irracional, favorece la corrupción; y valorar otros servicios
del bosque, como el agua y el aire puro del que se aprovechan las
ciudades sin pagar nada. Al respecto, el director forestal informa que,
en el Municipio de Quito, se está constituyendo un fondo para agua, una
iniciativa inédita que toma en cuenta la necesidad de pagar a quienes
cuidan las fuentes naturales.
Thiel reitera que la intención del Ministerio del Ambiente no es prohibir
la explotación de la madera, sino que se la haga de modo sustentable,
minimizando los impactos y valorizando los productos.
De lo contrario, una prohibición radical solo hará que la corrupción y la
ilegalidad se multiplique. Sobre el posible traspaso del control forestal
a Agricultura, los funcionarios del Ministerio del Ambiente no tienen
información oficial alguna. Sin embargo, el director forestal señala que,
en la medida en que los bosques son los que mantienen uno de los mayores
recursos del país, la biodiversidad, dividir el manejo y control estatal
entre bosques protegidos y no protegidos, no es lógico. "Los ecosistemas
son un solo cuerpo vivo que no puede dividirse y que en su totalidad debe
ser aprovechado de modo sustentable. Además, una separación así, dejaría
a las plantaciones forestales al margen de incentivos, por cumplir un rol
ambiental. Los bosques nativos y las plantaciones forestales forman parte
de la misma problemática medioambiental, concluye el funcionario. (JP)
Una rectificación oportuna
La guerra de rumores causada por los enfrentamientos entre la Asociación
de Trabajadores del Río Onzole y la empresa Botrosa, por la posesión de
tierras en el sector de El Pambilar (Quinindé), en octubre del año
pasado, habría obligado al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario
(INDA) a emitir una resolución que causó polémica en los sectores
ambientalistas.
El primer artículo de esa resolución, emitida el 20 de noviembre de 2000,
decía: "Debido a la indiscriminada transferencia de posesiones de tierras
patrimoniales del estado que fomentan la tala de los bosques naturales",
establecía que la adjudicación de tierras, que están en poder del INDA,
se realizarán en áreas exclusivamente trabajadas. Lo que más sorpresa
causó entre los ambientalistas: "No se adjudicarán las tierras que,
fundándose en un Contrato de traspaso de posesión se hallaren cubiertas
de vegetación natural, las mismas que, por tal concepto, continuarán
siendo del INDA".
Debido a las fuertes críticas recibidas, el actual director del INDA
derogó esa resolución el 15 de enero pasado.
Cien millones en inversión
La nueva Ley Forestal continúa en los escritorios de la Presidencia de la
República. Se conoce que el Gobierno los enviará al Congreso
próximamente.
Mientras tanto, el Ministerio del Ambiente ha reformado el reglamento de
la ley antigua, introduciendo normas de manejo sustentable. "El Ecuador
es el primer país sudamericano que incorpora estos conceptos al marco
legal" sostiene el director nacional forestal, Hans Thiel, en diálogo
con BLANCO Y NEGRO.
Las reformas, dice, llegan a detalles normativos como los límites del
aprovechamiento del bosque, para que permitan contar con indicadores
verificables, al momento de controlar el comercio ilegal de madera. Este
momento, se calcula en 25 mil el volumen de hectáreas bajo manejo
sustentable.
Las reformas, sostiene el funcionario, han liberalizado de manera
significativa los procesos de aprovechamiento del bosque, para efectos de
combatir la corrupción y la ilegalidad que se alimentan de la rigidez de
las normas.
Esta liberalización ha creado las condiciones para una inversión
inmediata de $60 millones para plantaciones en la Sierra, en tierras que
actualmente no están cubiertas con bosque; y están concretándose otras
inversiones adicionales.
Thiel informa que una alianza entre Expoforestal y las japonesas
Mitsubishi y Sumitomo invertirá en un período de diez años, $100 millones
en plantaciones en el callejón interandino. (JP)
Las debilidades del Estado para la gestión de las reservas naturales
El país cuenta con 26 áreas particularmente importantes en materia de
biodiversidad, ya se trate de reservas como de parques.
¿Qué capacidad tiene el Estado para ponerse a la cabeza de la gestión de
este Sistema nacional de Areas Protegidas? Entre otras razones, porque
las instituciones del Estado, en una curiosa estructura como el Ecuador,
son, con frecuencia, más débiles que las estructuras privadas de
explotación de los recursos naturales.
Aquella pregunta y reflexión se la repiten todos los ambientalistas, ya
sea desde las funciones del Estado o desde las organizaciones no
gubernamentales. Y cualquier aproximación a los conflictos con sectores
polémicos como madereros, camaroneros o palmicultores, permitirán medir
la dimensión de los intereses que encarnan y su capacidad de presión
sobre las cúpulas del poder.
Buena parte de estas áreas están ocupadas por pueblos y naciones que han
habitado allí desde tiempos inmemoriales; y en la memoria de estos
pueblos radica en gran medida la respuesta: es la misma sociedad la
llamada a manejar el ecosistema. Son pueblos que han vivido explotando de
manera sostenible el bosque. (JP)
¿Dejan los bosques de regirse por las políticas ambientales?
El paso del control forestal al Ministerio de Agricultura significa, en
el fondo, un cambio profundo de política, pues queda entre manos del
Ministerio de la Producción lo que es materia de manejo ambiental.
Comunidades de Esmeraldas ven amenazado, una vez más, su entorno, luego
de que han conocido extraoficialmente que el Gobierno estudia la
posibilidad de cambiar el manejo ambiental forestal, que ahora está en
manos del Ministerio del Ambiente, al de Agricultura.
Aunque la versión no ha sido confirmada por las autoridades oficiales, lo
real es que actualmente existe una ley ambiental que promueve el manejo
forestal sustentable y que se ha creado el Ministerio del Ambiente para
encargarse de esa área.
En este sentido, las comunidades plantean que sería más trágico para los
bosques, que en el caso de Esmeraldas sufren una destrucción en volúmenes
de 25 y 30 hectáreas al año, que su manejo pase a manos del Ministerio de
Agricultura.
"Sería un retroceso porque es como volver a fundar el Inefán, que en
realidad no pudo cumplir con los objetivos". "El Ministerio de Ambiente
cuenta con un grupo de expertos en el tema forestal. "El regreso del
manejo al Ministerio de Agricultura sería como empezar de cero", comenta
Eduardo Beltrán, de la Unidad Coordinadora para el desarrollo forestal
sostenible de la provincia de Esmeraldas.
Beltrán ha hecho extensiva su preocupación, por medio de una carta, al
presidente de la República, Gustavo Noboa. En esa comunicación, que aún
no ha recibido contestación, Beltrán plantea que jurídicamente el
traslado de responsabilidades del Miniserio del Ambiente al de
Agricultura, contravendría la Ley de Gestión Ambiental que está vigente
desde 1999, y que señala a la autoridad ambiental nacional (Ministerio
del Ambiente) como la única responsable de esa gestión, orientada a los
principios universales del Desarrollo Sustentable que constan en la
Declaración de Río de Janeiro.
Beltrán insiste, ante el presidente, en que el cambio significaría
terminar con una responsable labor de control forestal, desarrollo
sustentable, forestería comunitaria e incluso acciones legales en contra
de empresas agroindustriales que han inflingido la ley forestal, que
hasta ahora ha llevado adelante el Ministerio de Ambiente.
Para Eduardo Beltrán, el envío al Congreso por parte del Ejecutivo de una
ley forestal es emergente. En la nueva ley, a decir de Beltrán, se
consideran políticas alternativas para los dueños de los bosques.
Se trata de adoptar mecanismos como los que existen en Costa Rica sobre
daño y servicios forestales. Esto quiere decir, entre otros temas, que se
entregará cierta cantidad de dinero a quienes conserven el bosque. "Por
ejemplo, en Costa Rica se paga $25 por hectárea al año, por el servicio
de conservación".
La situación de la provincia de Esmeraldas es muy compleja en el tema
ambiental, dice Eduardo Beltrán, de la Unidad de Desarrollo Forestal
Sostenible. El Ministerio del Ambiente informó que en el año 2000 se
talaron, en una de las zonas más ricas en manglares consideradas áreas
protegidas, cuatro mil hectáreas de bosque nativo.
La situación se ha agravado, desde el año 1996, debido a la apertura de
carreteras, por las cuales las empresas madereras transportan la materia
prima.
Las madereras, dice Beltrán, están comprando la tierra y desplazan a la
gente. Entonces se realiza la explotación sin cumplir las reglas
ambientales respectivas.
La Unidad Coordinadora para el Desarrollo Forestal Sostenible de la
Provincia de Esmeraldas se crea para apoyar el Proyecto Subir de la GTZ.
El objetivo es frenar la depredación de la bosque. (PS)
El país más diverso
- El Ecuador, por su pequeña dimensión y su riqueza natural, está
considerado como el país más diverso del mundo.
- El país se encuentra entre los siete con mayor biodiversidad en el
mundo.
- Una comparación (ver gráfico adjunto) entre los niveles de riqueza en
especies animales y aves de cinco países, permiten apreciar las dimensión
del potencial ecuatoriano. En el conjunto, es el país más pequeño en
extensión, de los cinco analizados.
- El país tiene el 10% de los animales y plantas que existen en el
planeta.
- Once de las 121 áreas prioritarias en el mundo para la conservación de
aves, están en el Ecuador.
- La intención del Gobierno actual es involucrar al mayor número posible
de actores sociales, en la gestión de la biodiversidad, para que esta
pase del nivel del control represivo para convertirse en instrumento de
desarrollo.
Vigilancia Verde y regencia forestal, programas novedosos
Al Ecuador le queda, apenas un 30% de su cobertura forestal original. Y
la deforestación no se ha detenido por estas cifras escandalosas. cien
mil hectáreas de bosque se pierden anualmente.
Y por las carreteras de la Costa o la Amazonía, salen esas cien mil
hectáreas en trozas. El Ministerio del Ambiente ha impulsado una forma
inédita de control forestal que ha dado sus primeros frutos: Vigilancia
Verde.
Se trata de una acción conjunta entre el Ministerio, la Policía, las
Fuerzas Armadas y las organizaciones privadas Care, Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio, Fundación Natura, la Corporación de manejo Forestal
Sustentable y la fundación Maquipucuna, para controlar en las carreteras
el transporte de madera. Allí Vigilancia Verde revisa los permisos de
movilización de madera. Esta instancia actúa, en cada caso, con un equipo
integrado por un miembro del Ministerio del Ambiente, uno de la Policía,
uno de las Fuerzas Armadas y un representante de la sociedad civil.
El 50% del financiamiento de este control viene del remate de la madera
confiscada. Se ha constituido un fideicomiso mercantil controlado por las
instituciones integrantes de Vigilancia Verde, de modo que los recursos
obtenidos se ocupen exclusivamente en las acciones de control forestal.
Hasta el momento, las confiscaciones alcanzan decenas de toneladas de
trozas y le han valido ya, al Ministerio el secuestro momentáneo, la
semana pasada, de dos de sus funcionarios, por madereros de Pastaza.
Vigilancia verde actúa, en la actualidad, en cinco sitios: San Mateo en
Esmeraldas y en la Amazoníaen Shell, Baeza, Lita y Maquipucuna. Según los
funcionarios de la Dirección Nacional Forestal, prácticamente se ha
bloqueado el tráfico ilegal en el norte de Esmeraldas y en Shell y Baeza.
El próximo paso es el remate de esa madera, como lo dispone la ley. El
dilema parece haber surgido con respecto a las trozas de aquellas
especies de explotación absolutamente prohibida. En buena ley, habría que
quemarlas, pero el Ministerio del Ambiente está buscando la alternativa
de entregarlas a organizaciones sin beneficios de lucro para que puedan
ser aprovechadas en programas sociales.
Pero el tema no puede quedarse en el control externo, en la represión del
mercadeo ilegal. Es necesario actuar dentro del bosque. En ese sentido,
se ha puesto en marcha un instrumento probado en otros países,
particularmente centroamérica y México: el sistema de regencia forestal.
Se trata de delegar funciones del control forestal a los propios actores
privados. Para el efecto, el Ministerio da el aval a ciertos técnicos
para que hagan el control del manejo del bosque, pagados para el efecto,
por los propios madereros. Este momento existen 40 regentes forestales.
Es posible preguntarse si un programa con estas características, puede
ser transferido al Ministerio de Agricultura, como se pretendería en el
actual Gobierno, un ministerio volcado más bien a fomentar las
actividades productivas, generalmente ejercidas al margen de conceptos y
normas ambientales.
El tema del traspaso, según conoció BLANCO Y NEGRO, está bastante
avanzado en la agenda del régimen de Noboa. De ocurrir, quedará en
evidencia el poco interés que al complejo tema ambiental le presta el
régimen. (JP) (Diario Hoy) (Blanco Negro)
en la posibilidad de trasladar el control de los bosques, ahora bajo las
políticas del ministerio del ambiente, al de agricultura.
El Ecuador se encuentra pisando la última frontera forestal. Más allá, es
imposible asegurar la conservación de la biodiversidad, ha declarado en
un informe reciente, el World Resources Institute, una organización
mundial que está constantemente midiendo el progresivo desastre del
planeta. Por tanto, está en riesgo una región que se ubica entre las
siete mayores del mundo en cuanto a riqueza de biodiversidad.
Sin embargo, como si la amenaza evocada por el World Resource Institute
no tuviese mucha importancia, se ha empezado a comentar la intención del
Gobierno de trasladar buena parte o todo el control forestal desde el
Ministerio del Ambiente al Ministerio de Agricultura. Aparentemente se
trata de un simple movimiento burocrático. Pero en buen castellano
aquello significa el traspaso de los que debe ser una acción de
protección de lo poco que queda de bosque nativo, desde la instancia que
se ocupa del ambiente a la que se ocupa de la explotación de los recursos
naturales. Un simple detalle de enormes proporciones.
¿Es cierto ese rumor?
Lo denunció la Unidad Coordinadora para el Desarrollo Forestal Sostenible
de la provincia de Esmeraldas, en carta al presidente Gustavo Noboa. Pero
todavía no ha tenido una respuesta del régimen, a pesar de que la
comunicación fue enviada en diciembre del año pasado. Para la Unidad
Coordinadora parece totalmente desacertado sacar el área forestal del
ámbito de un ministerio especializado, con recursos humanos y técnicos,"y
dársela a un ministerio que no tiene la preparación ni la capacidad
suficiente, menos la experiencia necesaria para desarrollar uno de los
puntos más importantes de la gestión ambiental, que es el Desarrollo
Forestal Sustentable" dice la carta al mandatario, suscrita por Eduardo
Beltrán Nicola.
Es posible suponer que el silencio del Gobierno responde a que ha
desechado ese proyecto de traslado. De todos modos, no hay un
pronunciamiento oficial hasta el momento.
El gráfico habla por sí mismo. La pérdida del bosque nativo en el Ecuador
es uno de los hechos más alarmantes de la segunda mitad del siglo veinte.
Hans Thiel, director forestal del ministerio del Ambiente, entrevistado
por BLANCO Y NEGRO, usa una metáfora suficiente para alrmar a cualquiera:
en el país se deforesta diariamente una extención equivalente a 285
canchas de fútbol.
"No ha existido una política forestal congruente" afirma Thiel, al tiempo
de informar que en 1998 se trabajó una estrategia forestal para el
desarrollo sustentable, en cuya elaboración intervinieron alrededor de
400 actores del problema, desde los madereros hasta las organizaciones
privadas ecológicas, una estrategia que determino como el eje del
problema la necesidad de detener la pérdida del bosque nativo. Una acción
de control que, según el funcionario, no significa no tocar el bosque,
sino el valorarlo y el aprovecharlo de manera sustentable.
El objetivo último sería que el mantenimiento del bosque nativo fuera más
rentable que la tala y la conversión del espacio en una explotación
agrícola.
¿Una utopía?
La estrategia forestal impulsada por el Ministerio del Ambiente considera
algunas acciones para concretar esta utopía: elevar el precio de la
madera, pues no hay una red vial que permita hacer rentable el bosque
además de que el campesino recibe un precio mínimo por su producto,
desenredar y simplificar una maraña legal que genera corrupción en la
explotación del bosque, y valorar los servicios del mismo, como agua y
aire, a partir de una constatación simple: las ciudades no pagan un
centavo por el agua que reciben, únicamente cubren los costos de su
traslado y administración. (JP)
Las sombras del pasado
Parecía que habíamos superado uno de los conceptos de desarrollo más
perversos que conoció el Ecuador agrícola: aquel concepto, aplicado a
raja tabla por el viejo Instituto de Reforma Agraria, IERAC, de reconocer
la propiedad de la tierra colonizada, siempre y cuando el colono
demostrara haber "limpiado" el terreno en posesión. esto es, la
propiedad se definía por la capacidad de deforestación del campesino.
Pero no. Este absurdo parece no haber sido superado del todo. Una
reciente decisión del directorio del INDA (Instituto Nacional de
Desarrollo Agrario), que remplazó al IERAC, ha vuelto a ratificar este
criterio. Es posible suponer que la decisión pecó de ligera y se conoce
que dentro del INDA no es ese concepto, el de "limpiar" los bosques, el
vigente.. Felizmente el INDA ha dejado sin efecto su resolución, con una
nueva, en estos últimos días (el 15 de enero).
Sin embargo, no está demás el referirse a este error rectificado a
tiempo, pues la situación extrema de la frontera forestal obliga a
mantener la vigilancia frente a esos viejos conceptos. Al igual que otro,
frecuentemente evocado por estrategas militares: la creación de fronteras
vivas con el consiguiente efecto sobre el bosque amazónico.
La insólita resolución del INDA comienza evocando la necesidad de frenar
la "indiscriminada transferencia de posesiones de tierras patrimoniales
del Estado que fomentan, inmisericordemente, la tala de los bosques
naturales en perjuiocio del medio ambiente" para resolver, a renglón
seguido, que "la adjudicación de tierras que forman parte del patrimonio
del INDA, se realizará sobre las áreas exclusivamente trabajadas".
¿Cómo se prueba que una tierra está trabajada? Pues cuando se ha
desbrozado el terreno y se han implantado cultivos alló donde existía
bosque natural.
Y para que no quepan dudas de que el país ha regresado a prácticas de
colonización superadas hace veinte años, la resolución del INDA publicada
en el Registro Oficial de 13 de diciembre de 2000 es mucho más explícita.
Agrega que "no se adjudicarán las tierras que, fundándose en un contrato
de traspaso de posesión, se hallaren cubiertas de vegetación natural, las
mismas que por tal concepto continuarán siendo de patrimonio del INDA".
Difícil encontrar un llamado más claro para deforestar el bosque nativo.
(JP)
Se destruyen 285 canchas al día
Un uso alternativo de los bosques requiere subir el precio de la
madera a nivel del productor, despejar la maraña legal y valorar otros
servicios, como el agua y el aire puro.
El país ha hablado de reforestar, pero, a pesar de 30 años de ese
discurso y del correspondiente endeudamiento público, jamás se reforestó
más de lo que se pierde en un año: 180 mil hectáreas de bosque nativo o
285 canchas de fútbol diarias. Así se expresa el director nacional
forestal, Hans Thiel.
Ese es el contexto del que parten los esfuerzos actuales del Estado, para
darle racionalidad a la explotación del bosque, deslindando campos tanto
de la conservación de la naturaleza (tras una vitrina de museo), como de
una explotación fundada en la corrupción y la ilegalidad.
¿Qué ocurrió, para que la deforestación haya alcanzado esos niveles?
"Simplemente que el Estado propició una colonización a costa del bosque
nativo. Una política agraria expansionista que acabó condenando al
campesino a la miseria, sujeto a pastar unas pocas vacas flacas en el
terreno deforestado", dice Thiel, al tiempo que recuerda los resultados
de un reciente informe del World Resources Institute, que habla de que en
el Ecuador está en riesgo la última frontera forestal, lo que quiere
decir que los ecosistemas son tan pequeños que corren el peligro de no
garantizar la conservación de la biodiversidad.
Es difícil establecer una política de Estado, comenta Thiel. La
estrategia trabajada en 1998 fue posible porque incluyó a más de 400
actores, lo que, a su vez, asegura una continuidad en su ejecución.
El objetivo de la estrategia es valorar el bosque, que tiene que darle al
campesino más utilidad que la ganadería y la agricultura. Al respecto,
Hans Thiel señala que grandes extensiones de pastos, formados a costa del
bosque natural, no son actualmente utilizados. Apenas el 20% de la tierra
deforestada está siendo aprovechada.
Para hacer efectivo un aprovechamiento alternativo de los bosques
existentes, Hans Thiel propone tres medidas: subir el precio de la madera
a nivel del productor y que rentabilice la actividad de explotación
sustentable; despejar la maraña legal que, lejos de controlar la
explotación irracional, favorece la corrupción; y valorar otros servicios
del bosque, como el agua y el aire puro del que se aprovechan las
ciudades sin pagar nada. Al respecto, el director forestal informa que,
en el Municipio de Quito, se está constituyendo un fondo para agua, una
iniciativa inédita que toma en cuenta la necesidad de pagar a quienes
cuidan las fuentes naturales.
Thiel reitera que la intención del Ministerio del Ambiente no es prohibir
la explotación de la madera, sino que se la haga de modo sustentable,
minimizando los impactos y valorizando los productos.
De lo contrario, una prohibición radical solo hará que la corrupción y la
ilegalidad se multiplique. Sobre el posible traspaso del control forestal
a Agricultura, los funcionarios del Ministerio del Ambiente no tienen
información oficial alguna. Sin embargo, el director forestal señala que,
en la medida en que los bosques son los que mantienen uno de los mayores
recursos del país, la biodiversidad, dividir el manejo y control estatal
entre bosques protegidos y no protegidos, no es lógico. "Los ecosistemas
son un solo cuerpo vivo que no puede dividirse y que en su totalidad debe
ser aprovechado de modo sustentable. Además, una separación así, dejaría
a las plantaciones forestales al margen de incentivos, por cumplir un rol
ambiental. Los bosques nativos y las plantaciones forestales forman parte
de la misma problemática medioambiental, concluye el funcionario. (JP)
Una rectificación oportuna
La guerra de rumores causada por los enfrentamientos entre la Asociación
de Trabajadores del Río Onzole y la empresa Botrosa, por la posesión de
tierras en el sector de El Pambilar (Quinindé), en octubre del año
pasado, habría obligado al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario
(INDA) a emitir una resolución que causó polémica en los sectores
ambientalistas.
El primer artículo de esa resolución, emitida el 20 de noviembre de 2000,
decía: "Debido a la indiscriminada transferencia de posesiones de tierras
patrimoniales del estado que fomentan la tala de los bosques naturales",
establecía que la adjudicación de tierras, que están en poder del INDA,
se realizarán en áreas exclusivamente trabajadas. Lo que más sorpresa
causó entre los ambientalistas: "No se adjudicarán las tierras que,
fundándose en un Contrato de traspaso de posesión se hallaren cubiertas
de vegetación natural, las mismas que, por tal concepto, continuarán
siendo del INDA".
Debido a las fuertes críticas recibidas, el actual director del INDA
derogó esa resolución el 15 de enero pasado.
Cien millones en inversión
La nueva Ley Forestal continúa en los escritorios de la Presidencia de la
República. Se conoce que el Gobierno los enviará al Congreso
próximamente.
Mientras tanto, el Ministerio del Ambiente ha reformado el reglamento de
la ley antigua, introduciendo normas de manejo sustentable. "El Ecuador
es el primer país sudamericano que incorpora estos conceptos al marco
legal" sostiene el director nacional forestal, Hans Thiel, en diálogo
con BLANCO Y NEGRO.
Las reformas, dice, llegan a detalles normativos como los límites del
aprovechamiento del bosque, para que permitan contar con indicadores
verificables, al momento de controlar el comercio ilegal de madera. Este
momento, se calcula en 25 mil el volumen de hectáreas bajo manejo
sustentable.
Las reformas, sostiene el funcionario, han liberalizado de manera
significativa los procesos de aprovechamiento del bosque, para efectos de
combatir la corrupción y la ilegalidad que se alimentan de la rigidez de
las normas.
Esta liberalización ha creado las condiciones para una inversión
inmediata de $60 millones para plantaciones en la Sierra, en tierras que
actualmente no están cubiertas con bosque; y están concretándose otras
inversiones adicionales.
Thiel informa que una alianza entre Expoforestal y las japonesas
Mitsubishi y Sumitomo invertirá en un período de diez años, $100 millones
en plantaciones en el callejón interandino. (JP)
Las debilidades del Estado para la gestión de las reservas naturales
El país cuenta con 26 áreas particularmente importantes en materia de
biodiversidad, ya se trate de reservas como de parques.
¿Qué capacidad tiene el Estado para ponerse a la cabeza de la gestión de
este Sistema nacional de Areas Protegidas? Entre otras razones, porque
las instituciones del Estado, en una curiosa estructura como el Ecuador,
son, con frecuencia, más débiles que las estructuras privadas de
explotación de los recursos naturales.
Aquella pregunta y reflexión se la repiten todos los ambientalistas, ya
sea desde las funciones del Estado o desde las organizaciones no
gubernamentales. Y cualquier aproximación a los conflictos con sectores
polémicos como madereros, camaroneros o palmicultores, permitirán medir
la dimensión de los intereses que encarnan y su capacidad de presión
sobre las cúpulas del poder.
Buena parte de estas áreas están ocupadas por pueblos y naciones que han
habitado allí desde tiempos inmemoriales; y en la memoria de estos
pueblos radica en gran medida la respuesta: es la misma sociedad la
llamada a manejar el ecosistema. Son pueblos que han vivido explotando de
manera sostenible el bosque. (JP)
¿Dejan los bosques de regirse por las políticas ambientales?
El paso del control forestal al Ministerio de Agricultura significa, en
el fondo, un cambio profundo de política, pues queda entre manos del
Ministerio de la Producción lo que es materia de manejo ambiental.
Comunidades de Esmeraldas ven amenazado, una vez más, su entorno, luego
de que han conocido extraoficialmente que el Gobierno estudia la
posibilidad de cambiar el manejo ambiental forestal, que ahora está en
manos del Ministerio del Ambiente, al de Agricultura.
Aunque la versión no ha sido confirmada por las autoridades oficiales, lo
real es que actualmente existe una ley ambiental que promueve el manejo
forestal sustentable y que se ha creado el Ministerio del Ambiente para
encargarse de esa área.
En este sentido, las comunidades plantean que sería más trágico para los
bosques, que en el caso de Esmeraldas sufren una destrucción en volúmenes
de 25 y 30 hectáreas al año, que su manejo pase a manos del Ministerio de
Agricultura.
"Sería un retroceso porque es como volver a fundar el Inefán, que en
realidad no pudo cumplir con los objetivos". "El Ministerio de Ambiente
cuenta con un grupo de expertos en el tema forestal. "El regreso del
manejo al Ministerio de Agricultura sería como empezar de cero", comenta
Eduardo Beltrán, de la Unidad Coordinadora para el desarrollo forestal
sostenible de la provincia de Esmeraldas.
Beltrán ha hecho extensiva su preocupación, por medio de una carta, al
presidente de la República, Gustavo Noboa. En esa comunicación, que aún
no ha recibido contestación, Beltrán plantea que jurídicamente el
traslado de responsabilidades del Miniserio del Ambiente al de
Agricultura, contravendría la Ley de Gestión Ambiental que está vigente
desde 1999, y que señala a la autoridad ambiental nacional (Ministerio
del Ambiente) como la única responsable de esa gestión, orientada a los
principios universales del Desarrollo Sustentable que constan en la
Declaración de Río de Janeiro.
Beltrán insiste, ante el presidente, en que el cambio significaría
terminar con una responsable labor de control forestal, desarrollo
sustentable, forestería comunitaria e incluso acciones legales en contra
de empresas agroindustriales que han inflingido la ley forestal, que
hasta ahora ha llevado adelante el Ministerio de Ambiente.
Para Eduardo Beltrán, el envío al Congreso por parte del Ejecutivo de una
ley forestal es emergente. En la nueva ley, a decir de Beltrán, se
consideran políticas alternativas para los dueños de los bosques.
Se trata de adoptar mecanismos como los que existen en Costa Rica sobre
daño y servicios forestales. Esto quiere decir, entre otros temas, que se
entregará cierta cantidad de dinero a quienes conserven el bosque. "Por
ejemplo, en Costa Rica se paga $25 por hectárea al año, por el servicio
de conservación".
La situación de la provincia de Esmeraldas es muy compleja en el tema
ambiental, dice Eduardo Beltrán, de la Unidad de Desarrollo Forestal
Sostenible. El Ministerio del Ambiente informó que en el año 2000 se
talaron, en una de las zonas más ricas en manglares consideradas áreas
protegidas, cuatro mil hectáreas de bosque nativo.
La situación se ha agravado, desde el año 1996, debido a la apertura de
carreteras, por las cuales las empresas madereras transportan la materia
prima.
Las madereras, dice Beltrán, están comprando la tierra y desplazan a la
gente. Entonces se realiza la explotación sin cumplir las reglas
ambientales respectivas.
La Unidad Coordinadora para el Desarrollo Forestal Sostenible de la
Provincia de Esmeraldas se crea para apoyar el Proyecto Subir de la GTZ.
El objetivo es frenar la depredación de la bosque. (PS)
El país más diverso
- El Ecuador, por su pequeña dimensión y su riqueza natural, está
considerado como el país más diverso del mundo.
- El país se encuentra entre los siete con mayor biodiversidad en el
mundo.
- Una comparación (ver gráfico adjunto) entre los niveles de riqueza en
especies animales y aves de cinco países, permiten apreciar las dimensión
del potencial ecuatoriano. En el conjunto, es el país más pequeño en
extensión, de los cinco analizados.
- El país tiene el 10% de los animales y plantas que existen en el
planeta.
- Once de las 121 áreas prioritarias en el mundo para la conservación de
aves, están en el Ecuador.
- La intención del Gobierno actual es involucrar al mayor número posible
de actores sociales, en la gestión de la biodiversidad, para que esta
pase del nivel del control represivo para convertirse en instrumento de
desarrollo.
Vigilancia Verde y regencia forestal, programas novedosos
Al Ecuador le queda, apenas un 30% de su cobertura forestal original. Y
la deforestación no se ha detenido por estas cifras escandalosas. cien
mil hectáreas de bosque se pierden anualmente.
Y por las carreteras de la Costa o la Amazonía, salen esas cien mil
hectáreas en trozas. El Ministerio del Ambiente ha impulsado una forma
inédita de control forestal que ha dado sus primeros frutos: Vigilancia
Verde.
Se trata de una acción conjunta entre el Ministerio, la Policía, las
Fuerzas Armadas y las organizaciones privadas Care, Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio, Fundación Natura, la Corporación de manejo Forestal
Sustentable y la fundación Maquipucuna, para controlar en las carreteras
el transporte de madera. Allí Vigilancia Verde revisa los permisos de
movilización de madera. Esta instancia actúa, en cada caso, con un equipo
integrado por un miembro del Ministerio del Ambiente, uno de la Policía,
uno de las Fuerzas Armadas y un representante de la sociedad civil.
El 50% del financiamiento de este control viene del remate de la madera
confiscada. Se ha constituido un fideicomiso mercantil controlado por las
instituciones integrantes de Vigilancia Verde, de modo que los recursos
obtenidos se ocupen exclusivamente en las acciones de control forestal.
Hasta el momento, las confiscaciones alcanzan decenas de toneladas de
trozas y le han valido ya, al Ministerio el secuestro momentáneo, la
semana pasada, de dos de sus funcionarios, por madereros de Pastaza.
Vigilancia verde actúa, en la actualidad, en cinco sitios: San Mateo en
Esmeraldas y en la Amazoníaen Shell, Baeza, Lita y Maquipucuna. Según los
funcionarios de la Dirección Nacional Forestal, prácticamente se ha
bloqueado el tráfico ilegal en el norte de Esmeraldas y en Shell y Baeza.
El próximo paso es el remate de esa madera, como lo dispone la ley. El
dilema parece haber surgido con respecto a las trozas de aquellas
especies de explotación absolutamente prohibida. En buena ley, habría que
quemarlas, pero el Ministerio del Ambiente está buscando la alternativa
de entregarlas a organizaciones sin beneficios de lucro para que puedan
ser aprovechadas en programas sociales.
Pero el tema no puede quedarse en el control externo, en la represión del
mercadeo ilegal. Es necesario actuar dentro del bosque. En ese sentido,
se ha puesto en marcha un instrumento probado en otros países,
particularmente centroamérica y México: el sistema de regencia forestal.
Se trata de delegar funciones del control forestal a los propios actores
privados. Para el efecto, el Ministerio da el aval a ciertos técnicos
para que hagan el control del manejo del bosque, pagados para el efecto,
por los propios madereros. Este momento existen 40 regentes forestales.
Es posible preguntarse si un programa con estas características, puede
ser transferido al Ministerio de Agricultura, como se pretendería en el
actual Gobierno, un ministerio volcado más bien a fomentar las
actividades productivas, generalmente ejercidas al margen de conceptos y
normas ambientales.
El tema del traspaso, según conoció BLANCO Y NEGRO, está bastante
avanzado en la agenda del régimen de Noboa. De ocurrir, quedará en
evidencia el poco interés que al complejo tema ambiental le presta el
régimen. (JP) (Diario Hoy) (Blanco Negro)
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