Guayaquil. 13 oct 98. La autonomía de instituciones que
pertenecen al sector público con sus propios regímenes de
personal, ha convertido en caótico el aparato estatal.
El compromiso político que los gobiernos de turno adquieren en
tiempos de campaña se refleja no solo en el tamaño de la
burocracia del sector oficial que si bien crece año a año, a
falta de un catastro se desconoce en qué magnitud, sino en la
serie de distorsiones que se presentan en las entidades
oficiales que amparadas bajo el título de autónomas han
acumulado beneficios, en muchos casos injustificables.
Pese a que todas las administraciones conocen y están
conscientes de esta realidad, la presión ante la amenaza de
perder respaldo de sus correligionarios las ha obligado a
desistir de buscar cambios y todo sigue igual: largos e
interminables trámites, coimas, abusos, y corrupción,
traducida en carencia de eficiencia estatal.
No existe catastro
Una prueba del quemeimportismo que ha existido sobre el tema
es la falta de un catastro del sector público que controle
ingresos y salidas de personal no solo de las instituciones
que forman el gobierno central, sino de las empresas y el
sector financiero.
Por comentarios de quienes estuvieron al frente del Ministerio
de Finanzas, "ni el mismo gobierno sabe con cuántos empleados
cuenta" y tal vez el único hecho cierto constituye que
aproximadamente 9 billones de sucres del presupuesto general
del Estado, es decir 9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB,
bienes y servicios producidos en el país), se destinan al pago
de remuneraciones en el sector oficial.
Al menos así lo afirmó en mayo del presente año Luis Jácome,
el actual presidente del directorio del Banco Central del
Ecuador, cuando pertenecía al sector privado desde la
dirección académica de la Corporación de Estudios para el
Desarrollo, (Cordes).
En ese entonces, el funcionario dio a conocer que lo normal
entre los años 1993 y 1994 en cuanto a pago de sueldos y
salarios respecta, era destinar alrededor de 7 puntos del PIB.
Las cifras que proporcionan fuentes de la presidencia de la
República y ex autoridades económicas no se alejan mucho de
esta afirmación, ya que sitúan al gasto burocrático en
alrededor del 45% del Presupuesto General del Estado (PGE), lo
que significa aproximadamente 10,5 billones de sucres.
Crecimiento evidente
Tanto los datos recogidos en el ex Servicio Nacional de
Desarrollo Administrativo (Senda), como en el Banco Central
del Ecuador (BCE), dan fe de un crecimiento por lo menos en lo
que respecta al gobierno central.
En el primer caso la Senda ubica en aproximadamente 360.000
los empleados que existían en 1997 y el Banco Central 387.000
en 1998.
Ahora bien, si aún las cifras del sector oficial apoyan la
voluminosidad que ha alcanzado el Estado, ¿qué ha ocurrido con
los grandes anuncios de despidos, reestructuraciones, procesos
de compras de renuncias y de indemnizaciones que los gobiernos
han proclamado con bombos y platillos?
Para María del Carmen Araujo, coordinadora del Proyecto de
Modernización del Estado (Mosta), estos han quedado en meros
enunciados, que "no han dado resultado por falta de decisión
política para concretarlos".
Según explicó los gobiernos no han realizado las famosas
reducciones de personal sino simples "transferencias" para
favorecer con algún puesto a la gente que llevaban y, como
consecuencia de esto, se creaban áreas financieras y
administrativas sobredimensionadas.
Por dar un ejemplo, Araujo comentó que en la presidencia de la
República existían cuatro personas haciendo cheques en el área
financiera, cuando realmente se necesita uno, porque el flujo
diario de cheques no justifica la presencia de tantos
funcionarios dedicados a la misma actividad.
El Mosta, que forma parte de Consejo Nacional de Modernización
del Estado (Conam), cuenta con el financiamiento de organismos
internacionales, especialmente el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y en una primera etapa tiene bajo su
responsabilidad la reestructuración del Ministerio de
Finanzas, Contraloría, Senda, Secretaría General de
Planificación y la presidencia de la República.
En el Ministerio de Finanzas el principal cambio consiste en
el Servicio de Rentas Internas (SRI), donde se redujeron 1.000
partidas de las 1.250 que existían y luego, mediante un
proceso de selección, 50 personas capacitadas han ingresado a
nivel nacional.
En tanto, la Senda se integró a la presidencia de la República
y de sus 390 funcionarios se indemnizaron a 380, mientras los
10 restantes laboran en la oficina de Servicio Civil que
funciona en el Ejecutivo.
En la presidencia de la República se han disminuido 40
partidas y se eliminó además el Ministerio de Comunicación.
En la Segeplan se contempla próximamente una reducción del 50%
de un personal de 300 personas y en la Contraloría se seguirá
un proceso similar.
Para la coordinadora del Mosta, lo más difícil de este tipo de
procesos es el drama humano que se crea cuando la gente tiene
que abandonar sus puestos de trabajo.
Araujo no comparte el criterio de que el mayor impedimento
para emprender una reestructuración consista en la falta de
recursos para indemnizar a quienes sean separados de la
función pública.
Eso es mentira, aseguró, "que necesitas plata es cierto, pero
es cuestión de decisión política el hacerlo".
Indicó que el financiamiento para este tipo de procesos es
fácil de conseguir, a más que de por sí significa un ahorro
por lo que en tres meses se recupera lo gastado en
indemnizaciones.
Así por ejemplo, liquidar a todo el personal de las regionales
de Senda (alrededor de 140 personas), según Araujo demanda un
egreso de 7.500 millones de sucres, pero mantenerlas solo en
los últimos tres meses del año requiere de 2.500 millones de
sucres.
Reestructuraciones
Adicionalmente, el Mosta inicia procesos de reestructuración
en cuatro frentes de trabajo que son los siguientes: los
ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Salud y Energía y
Minas.
En el primer caso se plantea la selección de la gente sobre la
base del trabajo de la firma consultora Deloitte & Touche,
para transformarlo de ejecutor a un ministerio de transporte y
vialidad encargado de concesionar, contratar y llevar lo
relacionado a las políticas de seguimiento.
En marzo se espera concluir el proceso en el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), para lo cual se está en
conversaciones con el titular de la entidad.
Respecto al sector empresarial oficial, Araujo señala que los
procesos de reestructuración dependerán directamente de los
planes que existan en el campo de privatización de las
empresas estatales.
Laberinto autónomo
No cabe duda que el sector empresarial público es el más
difícil de controlar, ellos manejan sus propios ingresos y
para el resto de entidades es desconocido los beneficios que
percibe.
En opinión del ex Ministro de Energía y Minas, Fernando
Santos, la real cantidad de empleados que existen por ejemplo
en Petroecuador, "es un secreto de Estado", por la dificultad
de conocer con exactitud cómo ha crecido el personal en la
institución.
Como un mecanismo de defensa Iván Narváez, dirigente sindical
de la institución, en varias entrevistas ha especificado que
el número actual de trabajadores es de 4.600 personas, cuyos
sueldos apenas son cubiertos con el 2% de lo que produce la
empresa.
En el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel), al
momento de la firma del último contrato colectivo el 25 de
abril de 1997 existía un total de 1.450 trabajadores, de los
cuales 922 estaban agrupados en el respectivo comité de
empresa denominado CETI.
No obstante, en el proceso de indemnización participarían
apenas 1.275 trabajadores, esto significaría que en la empresa
ha habido una reducción de al menos 170 personas o que el
número de trabajadores fue deliberadamente modificado al
momento de firmar el contrato. Mientras tanto, en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), laboran en total
16.100 personas hasta la firma del último contrato colectivo y
en el sindicato están amparados 5.262 trabajadores.
En instituciones como el IESS y en las entidades autónomas que
no han sido controladas por el Servicio Ecuatoriano de
Desarrollo Administrativo (Senda), ni por el Ministerio de
Trabajo, según ciertos expertos, "resulta sumamente complicado
conocer el número exacto de trabajadores y peor aún el monto
al que ascienden sus remuneraciones debido a que no existe
exigencia alguna para presentar balances actualizados o un
estado de pérdidas y ganancias como sí ocurre en el sector
privado", especificaron.
Después de todo lo expuesto solo surgen interrogantes:
¿existirá la suficiente decisión política que el país demanda
para que se reduzca el tamaño del Estado y que este fortalezca
su papel de regulador y controlador de la iniciativa privada?,
o ¿nuevamente el régimen cederá a la presión que durante toda
la vida democrática e incluso en los gobiernos militares creó
un aparato burocrático hasta ahora incontrolable? (Texto
tomado de El Universo)
pertenecen al sector público con sus propios regímenes de
personal, ha convertido en caótico el aparato estatal.
El compromiso político que los gobiernos de turno adquieren en
tiempos de campaña se refleja no solo en el tamaño de la
burocracia del sector oficial que si bien crece año a año, a
falta de un catastro se desconoce en qué magnitud, sino en la
serie de distorsiones que se presentan en las entidades
oficiales que amparadas bajo el título de autónomas han
acumulado beneficios, en muchos casos injustificables.
Pese a que todas las administraciones conocen y están
conscientes de esta realidad, la presión ante la amenaza de
perder respaldo de sus correligionarios las ha obligado a
desistir de buscar cambios y todo sigue igual: largos e
interminables trámites, coimas, abusos, y corrupción,
traducida en carencia de eficiencia estatal.
No existe catastro
Una prueba del quemeimportismo que ha existido sobre el tema
es la falta de un catastro del sector público que controle
ingresos y salidas de personal no solo de las instituciones
que forman el gobierno central, sino de las empresas y el
sector financiero.
Por comentarios de quienes estuvieron al frente del Ministerio
de Finanzas, "ni el mismo gobierno sabe con cuántos empleados
cuenta" y tal vez el único hecho cierto constituye que
aproximadamente 9 billones de sucres del presupuesto general
del Estado, es decir 9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB,
bienes y servicios producidos en el país), se destinan al pago
de remuneraciones en el sector oficial.
Al menos así lo afirmó en mayo del presente año Luis Jácome,
el actual presidente del directorio del Banco Central del
Ecuador, cuando pertenecía al sector privado desde la
dirección académica de la Corporación de Estudios para el
Desarrollo, (Cordes).
En ese entonces, el funcionario dio a conocer que lo normal
entre los años 1993 y 1994 en cuanto a pago de sueldos y
salarios respecta, era destinar alrededor de 7 puntos del PIB.
Las cifras que proporcionan fuentes de la presidencia de la
República y ex autoridades económicas no se alejan mucho de
esta afirmación, ya que sitúan al gasto burocrático en
alrededor del 45% del Presupuesto General del Estado (PGE), lo
que significa aproximadamente 10,5 billones de sucres.
Crecimiento evidente
Tanto los datos recogidos en el ex Servicio Nacional de
Desarrollo Administrativo (Senda), como en el Banco Central
del Ecuador (BCE), dan fe de un crecimiento por lo menos en lo
que respecta al gobierno central.
En el primer caso la Senda ubica en aproximadamente 360.000
los empleados que existían en 1997 y el Banco Central 387.000
en 1998.
Ahora bien, si aún las cifras del sector oficial apoyan la
voluminosidad que ha alcanzado el Estado, ¿qué ha ocurrido con
los grandes anuncios de despidos, reestructuraciones, procesos
de compras de renuncias y de indemnizaciones que los gobiernos
han proclamado con bombos y platillos?
Para María del Carmen Araujo, coordinadora del Proyecto de
Modernización del Estado (Mosta), estos han quedado en meros
enunciados, que "no han dado resultado por falta de decisión
política para concretarlos".
Según explicó los gobiernos no han realizado las famosas
reducciones de personal sino simples "transferencias" para
favorecer con algún puesto a la gente que llevaban y, como
consecuencia de esto, se creaban áreas financieras y
administrativas sobredimensionadas.
Por dar un ejemplo, Araujo comentó que en la presidencia de la
República existían cuatro personas haciendo cheques en el área
financiera, cuando realmente se necesita uno, porque el flujo
diario de cheques no justifica la presencia de tantos
funcionarios dedicados a la misma actividad.
El Mosta, que forma parte de Consejo Nacional de Modernización
del Estado (Conam), cuenta con el financiamiento de organismos
internacionales, especialmente el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y en una primera etapa tiene bajo su
responsabilidad la reestructuración del Ministerio de
Finanzas, Contraloría, Senda, Secretaría General de
Planificación y la presidencia de la República.
En el Ministerio de Finanzas el principal cambio consiste en
el Servicio de Rentas Internas (SRI), donde se redujeron 1.000
partidas de las 1.250 que existían y luego, mediante un
proceso de selección, 50 personas capacitadas han ingresado a
nivel nacional.
En tanto, la Senda se integró a la presidencia de la República
y de sus 390 funcionarios se indemnizaron a 380, mientras los
10 restantes laboran en la oficina de Servicio Civil que
funciona en el Ejecutivo.
En la presidencia de la República se han disminuido 40
partidas y se eliminó además el Ministerio de Comunicación.
En la Segeplan se contempla próximamente una reducción del 50%
de un personal de 300 personas y en la Contraloría se seguirá
un proceso similar.
Para la coordinadora del Mosta, lo más difícil de este tipo de
procesos es el drama humano que se crea cuando la gente tiene
que abandonar sus puestos de trabajo.
Araujo no comparte el criterio de que el mayor impedimento
para emprender una reestructuración consista en la falta de
recursos para indemnizar a quienes sean separados de la
función pública.
Eso es mentira, aseguró, "que necesitas plata es cierto, pero
es cuestión de decisión política el hacerlo".
Indicó que el financiamiento para este tipo de procesos es
fácil de conseguir, a más que de por sí significa un ahorro
por lo que en tres meses se recupera lo gastado en
indemnizaciones.
Así por ejemplo, liquidar a todo el personal de las regionales
de Senda (alrededor de 140 personas), según Araujo demanda un
egreso de 7.500 millones de sucres, pero mantenerlas solo en
los últimos tres meses del año requiere de 2.500 millones de
sucres.
Reestructuraciones
Adicionalmente, el Mosta inicia procesos de reestructuración
en cuatro frentes de trabajo que son los siguientes: los
ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Salud y Energía y
Minas.
En el primer caso se plantea la selección de la gente sobre la
base del trabajo de la firma consultora Deloitte & Touche,
para transformarlo de ejecutor a un ministerio de transporte y
vialidad encargado de concesionar, contratar y llevar lo
relacionado a las políticas de seguimiento.
En marzo se espera concluir el proceso en el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), para lo cual se está en
conversaciones con el titular de la entidad.
Respecto al sector empresarial oficial, Araujo señala que los
procesos de reestructuración dependerán directamente de los
planes que existan en el campo de privatización de las
empresas estatales.
Laberinto autónomo
No cabe duda que el sector empresarial público es el más
difícil de controlar, ellos manejan sus propios ingresos y
para el resto de entidades es desconocido los beneficios que
percibe.
En opinión del ex Ministro de Energía y Minas, Fernando
Santos, la real cantidad de empleados que existen por ejemplo
en Petroecuador, "es un secreto de Estado", por la dificultad
de conocer con exactitud cómo ha crecido el personal en la
institución.
Como un mecanismo de defensa Iván Narváez, dirigente sindical
de la institución, en varias entrevistas ha especificado que
el número actual de trabajadores es de 4.600 personas, cuyos
sueldos apenas son cubiertos con el 2% de lo que produce la
empresa.
En el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel), al
momento de la firma del último contrato colectivo el 25 de
abril de 1997 existía un total de 1.450 trabajadores, de los
cuales 922 estaban agrupados en el respectivo comité de
empresa denominado CETI.
No obstante, en el proceso de indemnización participarían
apenas 1.275 trabajadores, esto significaría que en la empresa
ha habido una reducción de al menos 170 personas o que el
número de trabajadores fue deliberadamente modificado al
momento de firmar el contrato. Mientras tanto, en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), laboran en total
16.100 personas hasta la firma del último contrato colectivo y
en el sindicato están amparados 5.262 trabajadores.
En instituciones como el IESS y en las entidades autónomas que
no han sido controladas por el Servicio Ecuatoriano de
Desarrollo Administrativo (Senda), ni por el Ministerio de
Trabajo, según ciertos expertos, "resulta sumamente complicado
conocer el número exacto de trabajadores y peor aún el monto
al que ascienden sus remuneraciones debido a que no existe
exigencia alguna para presentar balances actualizados o un
estado de pérdidas y ganancias como sí ocurre en el sector
privado", especificaron.
Después de todo lo expuesto solo surgen interrogantes:
¿existirá la suficiente decisión política que el país demanda
para que se reduzca el tamaño del Estado y que este fortalezca
su papel de regulador y controlador de la iniciativa privada?,
o ¿nuevamente el régimen cederá a la presión que durante toda
la vida democrática e incluso en los gobiernos militares creó
un aparato burocrático hasta ahora incontrolable? (Texto
tomado de El Universo)
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